Las estrategias de comunicación en redes sociales, coordinadas en redes de usuarios, granjas de bots o netcenters, como se les conoce en Guatemala, muta para sobrevivir a los protocolos de moderación. Ha sucedido desde que, en mayo de 2019, la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) emitió un informe revelando cómo operaban en ese tiempo.
Ahora, tres años después, Ocote, con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) encontró que estas cuentas tienen una nueva estructura que publica información privada, desinformaciones y ataca a la prensa y a rivales políticos, masifica sus mensajes y pasa por miembros de una fundación muy cercana al Ministerio Público (MP) guatemalteco.
La Fundación Contra el Terrorismo niega estar involucrada en el funcionamiento de esta operación coordinada, aunque su presidente, Ricardo Méndez Ruíz, admitió a esta alianza periodística que él y otros miembros de la organización interactúan frecuentemente con estas cuentas anónimas.
El informe de la CICIG, denominado Bots, netcenters y combate a la impunidad, revelaba una forma básica de operación: 1) creación de una cuenta madre; 2) a partir de esta, una serie de cuentas falsas; 3) cuentas reales de personas afines se unían al discurso; 4) todos en conjunto viralizaban el contenido falso, de odio o cualquier otro ataque.
Pero eso dejaba dos problemas a estas redes de operación coordinada. Primero, que las cuentas reales eran suspendidas temporalmente o bloqueadas por difundir discursos de odio, revelar información sensible o mentiras, ya fuera porque el mismo sistema lo detectara o por denuncias de otros usuarios.
Y segundo, que esas publicaciones desde cuentas personales también exponían a los mismos a ser señalados por cometer delitos por revelar información confidencial y reservada y a demandas penales.
A criterio de abogados consultados para este reportaje, existen delitos que se pueden encuadrar dentro de sus acciones, tanto por filtrar esta información reservada como por acosar e intimidar.
Ahora, una nueva forma de operar les permite seguir difundiendo sus mensajes sin los problemas descritos, asegura al CLIP un ingeniero guatemalteco que realiza consultorías informáticas para organismos internacionales con representación en el país y que prefirió mantenerse en el anonimato porque sus contratos exigen confidencialidad.
“El vocabulario que utilizan ya no es de ataque. Saben usar palabras que no infrinjan las normas de Twitter, aunque el mensaje que difundan sea de odio, mentiras o revelen información sensible de sus víctimas. Con eso pasan los controles de la red social debido a que el sistema no logra detectar la intención, sino solo palabras clave”, explica el experto, que ha estudiado y emitido informes sobre este nuevo fenómeno.
Así lo establece la Política relativa a los contenidos multimedia falsos y alterados de Twitter. La red social indica que “compartir material multimedia con ediciones que solo agregan comentarios, reseñas, opiniones o reacciones permite desarrollar el debate y el discurso relacionado con varios temas y no incumple esta política”.
También especifica que, “debido a los desafíos que representa verificar de forma concluyente si existe un Tweet, una publicación o un mensaje problemático, no solemos controlar el cumplimiento en los Tweets, las publicaciones en redes sociales o los mensajes de chat falsos o manipulados en virtud de esta política”.
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El CLIP analizó el comportamiento que entre agosto de 2021 y agosto de 2022 tuvieron 42 de las cuentas de Twitter que más publican, comparten y comentan información privilegiada, descréditos o que acosan a determinados actores.
El análisis mediante la aplicación de estadísticas Twitonomy y el software Meltware se basó en el contenido publicado por cada una de estas cuentas a lo largo de un año, además de las interacciones en conjunto.
Estas cuentas publicaron 14 mil tuits, los cuales fueron retuiteados 121 mil veces, tuvieron 52 mil respuestas y fueron citados en 28 mil ocasiones. Esto sin contar las publicaciones y reacciones que otros usuarios tuvieron sobre el mismo tema, pero sin interactuar con ellos.
Así operan
Esta investigación analizó la red de usuarios con esta nueva forma de operar y encontró vínculos en la interacción de sus publicaciones con las de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
La Fundación es una organización fundada en 2013 por un grupo de exmilitares que inicialmente rechazaban las investigaciones y detenciones de altos cargos del Ejército que durante el conflicto armado interno (1960-1996) participaron o dirigieron políticas de exterminio de poblaciones, muchos de los cuales han sido juzgados por crímenes de lesa humanidad, según documenta este reportaje de Plaza Pública en el cual los mismos protagonistas reconocen el surgimiento de la entidad y sus motivaciones.
En lo que va del año, de forma coordinada, esta red de usuarios ha publicado información privilegiada o bajo reserva sobre operativos y diligencias –contra fiscales, jueces, periodistas y activistas sociales–, que por ley están a resguardo del Ministerio Público (MP) o de los jueces contralores de cada caso.
Según el análisis de redes sociales realizado, dos cuentas anónimas en Twitter, @Eriol_Gt y @__VaderGT, suelen publicar los primeros mensajes con ataques a operadores de justicia y defensores de derechos humanos, según se puede establecer en su historial de publicaciones.
Estas cuentas y otras que se autodescriben como parte del “netcenter La Bendición” publican información bajo reserva con horas de anticipación a diligencias judiciales e incluso crean expectativa en días previos a publicar esa información.
En el análisis se pudo identificar que Ricardo Méndez Ruiz (presidente de la FCT) y Raúl Falla (abogado de la entidad) luego comparten, comentan y emiten nuevos mensajes desde sus cuentas personales en relación con la idea original. Incluso, la cuenta de la Fundación interactúa con los mensajes de las cuentas anónimas.
El mensaje original no es publicado por sus cuentas personales o institucionales. Una estrategia que podría usarse para evitar una suspensión y dar pruebas con las que luego puedan ser acusados de delito por revelación de información confidencial y reservada o por acoso.
Tras los comentarios o citas de Méndez y Falla, decenas de cuentas reales, de personas afines con la ideología o la forma de expresión de ambos, hacen crecer su difusión.
Se consultó a Méndez Ruiz sobre la interacción con estas cuentas es instrumental para las comunicaciones de la la Fundación, y respondió que es “una conclusión por demás absurda y, sobre todo, extremadamente irresponsable”.
“Lo que publico yo y lo que publica Raúl Falla es compartido no solamente por esas dos cuentas, sino por muchas más, lo que de ninguna manera implica que haya algún tipo de coordinación y mucho menos subordinación hacia nosotros. Simplemente, lo que publicamos es del interés de una gran cantidad de personas, muchas de las cuales, a su vez, deciden compartirlo”, dijo. “Yo eventualmente comparto lo que ellos publican, y viceversa”.
Sin embargo, el análisis de las publicaciones de estas cuentas, realizado a través de la aplicación de estadísticas Twitonomy, muestra que esta interacción es más sistemática de lo que Méndez asegura.
En los últimos nueve meses, entre febrero y noviembre de 2022, se identificó, por ejemplo, que la cuenta que más retuitea Raúl Falla es la de @_VaderGT, seguida de @Eriol_Gt y la cuenta personal de Ricardo Méndez Ruiz.
Algo similar ocurre con la cuenta de Méndez Ruiz. El presidente de la FCT retuitea, en este orden, a Falla, a él mismo, a @Eriol_GT y a @_VaderGT.
Además, en ambos casos se identificó que entre las publicaciones que más comparten también están las de Omar Barrios, abogado querellante en el caso contra la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.
De las cuatro cuentas, la de Raúl Falla es la que más actividad diaria registra. Hay días en los que suma más de 130 tuits, retuits y comentarios. El 19 de octubre, cuando la exfiscal Laparra fue notificada en la Torre de Tribunales de una segunda orden de detención en su contra, mientras estaba en una diligencia, y se anunció la cuarta orden de captura en contra del exfiscal Sandoval, sus interacciones subieron a 187.
Se consultó a Méndez Ruiz si él y Falla han filtrado a estas cuentas información privilegiada a la cual tienen acceso por ser querellantes en varios procesos judiciales. Su respuesta fue: “No, no lo hago”. Y aseguró que la única interacción que tienen él y Falla con las cuentas anónimas, es que se comparten en las redes sociales mutuamente.
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Luego de que los dirigentes de la Fundación Contra el Terrorismo comparten los contenidos, actores como políticos, periodistas, funcionarios públicos y empresarios, que comulgan con ellos, los comentan y distribuyen, dándoles otros matices a las publicaciones originales y llevando a estos contenidos a alcanzar públicos amplios.
El mensaje se traslada de Twitter a Facebook y a redes de mensajería como WhatsApp y Telegram, como ellos mismos piden a sus seguidores. En horas, logran el efecto multiplicador.
Pero, ¿por qué este procedimiento? El asesor informático consultado asegura que con ello se garantizan no solo el éxito del mensaje, sino que cuando usuarios de redes sociales denuncian publicaciones y usuarios, las cuentas falsas son las que corren el peligro de ser suspendidas.
Las cuentas de la FCT, junto con las de sus líderes, no correrían este riesgo, pues simplemente retuitean y comentan y así evadirían al algoritmo o los protocolos de denuncias de la Política de contenidos ya descrita.
El impacto de la desinformación
El análisis evidenció tres momentos con un aumento de más del doble de la cantidad de publicaciones en el ataque a operadores de justicia y defensores sociales, y que coincidieron con acciones legales promovidas por el MP. Se trató de febrero, el período entre abril y mayo, y entre julio y agosto de 2022.
El primer momento fue en febrero de 2022, cuando fueron detenidas Siomara Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Leyli Santizo, exabogada de la CICIG. Días después, también detuvieron a Virginia Laparra, entonces jefa de la FECI en el occidental departamento de Quetzaltenango.
Durante las diligencias por el primer caso, el MP indicó a la prensa que no daría información de los procesos porque estaban en reserva. Sin embargo, la cuenta @PanelBlanca88 (ya suspendida) dio detalles de la diligencia a sus seguidores, según documentó el medio digital Plaza Pública.
Algunas cuentas catalogadas como netcenter también se sumaron a dar más detalles sobre los allanamientos. pic.twitter.com/M1xySdZJA4
— Plaza Pública (@PlazaPublicaGT) February 10, 2022
Aunque el Ministerio Público no ha dado detalles del caso, Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, adelantó que los operativos deriva de una denuncia que él presentó. pic.twitter.com/p9tCWXQl0T
— Plaza Pública (@PlazaPublicaGT) February 10, 2022
En varios replies o respuestas que hicieron Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla a esa cuenta, este último añadió información que en ese momento solo el Ministerio Público conocía y de la cual no quiso explicar a la prensa, con el argumento de la reserva.
Mediante un comunicado, la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) denunció que “el patrón es claro: tras forzar al exilio a jueces y fiscales, buscan castigar a abogados y abogadas que les han defendido ante los abusos de quienes controlan el sistema de justicia actualmente. Además, destaca que el Ministerio Público aduce la reserva del caso, al mismo tiempo que actores anónimos y radicales en redes sociales filtran la información a la opinión pública”.
Organizaciones sociales y diversos actores han cuestionado los posibles vínculos entre la FCT y la Fiscalía. Se consultó a Juan Luis Pantaleón, vocero de la Fiscalía, sobre esto. Pantaleón aseguró que “es totalmente falso señalar tal extremo” y lo definió como “una narrativa malintencionada con la única finalidad de demeritar el trabajo de la institución”. “Toda la información oficial de la institución se da a conocer únicamente a través de las cuentas oficiales de la institución”, concluyó.
Según el abogado penalista Rootman Pérez, el artículo 314 del Código Procesal Penal de Guatemala establece que “quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación estarán obligados a guardar reserva. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, el incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la Ley del Organismo Judicial y disposiciones reglamentarias”.
Esto, afirma Pérez, confirma que existe una ilegalidad en revelar información reservada. Luego de eso, se tiene que analizar cada caso, para determinar los posibles delitos que se cometan y deducir responsabilidades a quien corresponda.
“Esto aplica para todas las partes en un proceso, incluyendo a entidades que estén como querellantes adhesivas. Y dependiendo la filtración de información, puede cometer un delito el funcionario del MP que la filtre, u otro delito si quien lo hace es el querellante. De igual forma se comete un delito si la filtración es para afectar a alguien o es para beneficiarlo”, asegura la abogada Flor de María Salazar, coordinadora en Guatemala de la organización Cristosal.
Los expertos también consideran que el acoso o la revelación de información privada de una persona puede acarrear sanciones judiciales a quien lo expone, pues no existe consentimiento de quien en ese momento pasa a ser víctima de esos ataques.
Según Pantaleón, vocero del MP, la institución ha recibido denuncias de amenazas, injuria y calumnia en redes sociales, aunque sólo hay una que mencione la palabra netcenter, en la Fiscalía de Asuntos Internos.
Se le consultó si las personas detrás de las cuentas de redes sociales podrían estar cometiendo algún delito. Pantaleón respondió que “depende de cada caso en particular” y añadió que debe analizarse el contexto.
En febrero de 2022 también empezaron a conocerse destituciones, renuncias y traslado de personal de la FECI a otras dependencias del MP. Fiscales que investigaron a militares por delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado también fueron separadas de sus cargos.
Todas esas acciones en contra de operadores de justicia que una vez libraron la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala fueron motivo de interacción de estas cuentas.
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El segundo momento en el que estas cuentas aumentaron su interacción en redes sociales ocurrió entre abril y mayo pasado, cuando, entre otras acciones, el juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez envió a juicio a un grupo de exmilitares por crímenes de lesa humanidad. Ese mismo mes fue electo, de forma fraudulenta, el rector de la estatal Universidad de San Carlos, por lo que las denuncias de ilegalidades también despertaron constantes publicaciones de odio de estas cuentas.
Un reportaje de la revista estadounidense The New Yorker sobre la criminalización de exfiscales y exjueces en el exilio también fue motivo de la activación de las cuentas.
Un ejemplo de las publicaciones “de expectativa” (previo a allanamientos y órdenes de captura) fue hecha el 11 de mayo con comentarios despectivos sobre una diligencia judicial y el mensaje “estén muy atentos”.
Un día después, un periodista informó sobre una serie de allanamientos y órdenes de captura, incluida la de una activista de derechos humanos hoy en el exilio. Ese mes, continuó el acoso al juez Gálvez —a quien definen como “prevaricador”— y encendió el discurso de odio. Hoy, Gálvez también está fuera de Guatemala.
Para el abogado Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala, la FCT y las demás cuentas persiguen tres objetivos: “Primero, intimidar diciendo que tienen más información de la que deberían tener. Segundo, crear el estigma social que termine validando culpar a la víctima de lo que le ha pasado”.
“Pero su fin mayor es construir las bases de argumentación supuestamente legales para revertir los procesos en contra de personas que fueron sindicadas por la CICIG por actos de corrupción o a los responsables de masacres durante el conflicto armado”, asegura Samayoa.
Con esas narrativas, según el análisis de Samayoa, lo que buscan es declarar que, mediante el artículo 455 del Código Procesal Penal, todas las actuaciones del juez Miguel Ángel Gálvez “fueron realizadas con prevaricación (resolución emitida sabiendo que es injusta) para que sus decisiones pasadas queden sin efecto”.
“La figura del juez Gálvez es primordial. Él conoció procesos contra el crimen organizado, pandillas, funcionarios corruptos y militares acusados por delitos de lesa humanidad”, recuerda.
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El análisis de las cuentas realizado para este reportaje permitió identificar un tercer pico de publicaciones con ataques, que ocurrió entre finales de julio y principios de agosto pasados, con la criminalización y captura del periodista José Rubén Zamora y el allanamiento a las oficinas de elPeriódico, manteniendo encerrados a los trabajadores del medio durante más de dieciséis horas.
Entre protestas de periodistas nacionales e internacionales, las diligencias de primera declaración de Zamora y la decisión del juez para mantenerlo en prisión, mientras se sigue investigando el caso, duraron al menos dos semanas. “Todo el tiempo tuvimos ataques y publicaciones de cuentas anónimas y de la Fundación contra el Terrorismo”, aseguró Ramón Zamora, hijo del periodista.
En este caso fue el mismo Méndez Ruiz quien la tarde del 29 de julio, a las 15:30 horas, tuiteó la frase “Lo único más despreciable que un activista disfrazado de periodista, es un periodista chantajista” como un preámbulo a las acciones judiciales que iniciaban. Al mismo tiempo, el Ministerio Público allanaba la casa de Zamora, según Ramón Zamora.
“Fue como a las 15:30 horas que a mí me avisaron. No sé si (Méndez Ruiz) publicó algo antes o al mismo tiempo que el MP y la Policía llegaron a la casa, pero seguro él sabía lo que ocurría y por eso publicaron la información tan rápido”, explica Zamora.
La Fundación Contra el Terrorismo es querellante adhesiva en este proceso. “De plano por eso sabían todo desde antes. Él siguió publicando todo el tiempo mentiras contra mi padre”, afirma.
A las 16:59 horas de ese día, la cuenta @Eriol_GT oficializaba la detención de José Rubén Zamora por el delito de lavado de dinero, cuando el mismo periodista era informado del motivo de su captura.
Varias de estas cuentas realizaron diversas publicaciones antes de que la prensa tuviera acceso a información de la diligencia y de la oficialización del MP, según confirmó el medio ConCriterio. Con el pasar de los días y el avance de las audiencias judiciales contra Zamora, siguieron publicando información en poder del ente investigador.
Deslices y los costos de la impunidad
Además de publicar información privilegiada del sistema de Justicia, estas cuentas de operación coordinada han sido ligadas a personajes de poder. En mayo de 2021, periodistas pusieron en evidencia que Vitalina Orellana, una de 13 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, habría tomado unas fotografías a la corresponsal de CNN Michelle Mendoza —en el exilio tras el acoso y criminalización sufridos— que minutos después fueron publicadas por @LordVaderGT, (cuenta suspendida) con la cual Méndez Ruiz también mantenía interacción.
Un día después del incidente, Méndez Ruiz publicó un montaje sobre una fotografía de esa actividad y el siguiente texto:
“Agradezco a @LordVaderGT y a @BerenDagor (otra cuenta suspendida) su labor en pro del Estado de Derecho. Con información veraz y un muy agudo sentido del humor abarcan un espacio que la izquierda trata de llenar con mentiras e insultos. Mis respetos para ellos, sean quienes sean” .
Otro momento y otra persona que habría filtrado fotografías e información fue el mismo Ricardo Méndez Ruiz, asegura la abogada Wendy López.
López afirma que el 19 de octubre, cuando estaba junto a su colega Claudia González en una audiencia de su defendida, la exfiscal Virginia Laparra, presa desde hace casi diez meses por supuesto abuso de autoridad, Méndez tomó fotografías que minutos después fueron publicadas en las cuentas anónimas.
“Estoy segura de que fueron ellos, porque Ricardo Méndez Ruiz estaba a la par mía e incluso hay una foto en donde sale medio rostro mío porque él estaba a la par. Como le hacen, no sé, pero nuestra lógica nos dice que son ellos, porque quienes estaban ahí tomando fotos solo eran ellos”, recuerda la profesional.
“Esa cuenta le hizo una publicación con una foto a la licenciada Claudia, ridiculizándola y diciendo que era una huisache (ejercer la profesión de abogacía sin tener título) y luego Méndez Ruiz publicó otra foto acusándola de una acción malintencionada. Incluso, en ese momento se le hizo ver al juez Sergio Mena, porque seguíamos en la audiencia, la licenciada Claudia sacó el teléfono y le mostró las publicaciones. El juez nos dijo que no estábamos ahí para discutir eso y que dejáramos de hablar tanto”, reclama la abogada López.
Sobre este señalamiento, Méndez indicó: “Yo no me dedico a tomar fotos en las audiencias, y si alguna vez lo he hecho, las he publicado en mi perfil personal. Eso suena a queja de niños de escuela primaria, y no a una actitud de un profesional del Derecho”.
Para el periodista Juan Luis Font, director del programa radial y televisivo ConCriterio, quien se encuentra en el exilio como consecuencia de una criminalización en su contra, es evidente la coordinación de la FCT y de Méndez Ruiz en el acoso a personas incómodas para el sistema de impunidad.
“A mí la Fundación me ha señalado directamente y particularmente. La cuenta de Méndez Ruiz ha mantenido una actividad constante, con picos en determinados momentos de embate hacia mí. Esa cuenta, @Eriol_GT, es otra que con frecuencia me ataca”, asegura Font.
Méndez Ruiz aseguró al CLIP que “hay una diferencia entre Eriol y Yes Master, y nosotros: para nosotros las redes sociales son secundarias. Lo más importante es lo que hacemos en los tribunales de justicia. Actuamos en ambos ámbitos”.
En el inicio del juicio que se desarrolla esta semana en contra de la exfiscal Laparra, Méndez le dijo: “Nosotros somos una reacción a la politización del sistema de administración de justicia y estamos reparando el daño que se le hizo a la certeza jurídica en el país”. Además, acusó a “la globalización de la izquierda en Guatemala” de haber permitido este “daño”.
Y así como niega tener relación con las cuentas anónimas, dice que tampoco conoce a quienes las administran. Pero, según dijo cuando fue consultado para esta investigación, se “atrevería a afirmar” que son “conocedores del Derecho”. “No los conozco, pero me atrevería a afirmar que Eriol es un abogado, lo cual resulta obvio. Yes Máster no, pero sí tiene mucho conocimiento del Derecho”.
El ingeniero en informática consultado explica que para que quienes están detrás de esas cuentas anónimas “trabajen tranquilos” sin el temor a ser descubiertos, necesitan un sistema de seguridad en sus dispositivos que, en promedio, está costando unos US$125 dólares mensuales, por usuario.
La única cifra documentada de “prestación de servicios” por troles data de 2018, cuando el periodista y consultor digital Luis Assardo, hoy viviendo en Europa, explicó que durante las Elecciones Generales de 2015, se ofreció el servicio de levantar imagen o atacar contrarios políticos, con paquetes de hasta US$ 250 mil mensuales.
Más recientemente, en julio de 2021, el medio Vox Populi documentó a partir de filtraciones cómo operaba otro netcenter, esta vez en defensa del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Según la investigación, el grupo es coordinado por el asesor presidencial y jefe de campaña durante las elecciones de 2019, Poll Anria, de origen panameño.
Desde las filtraciones, ni el Gobierno ni Poll Anria se han pronunciado al respecto, pese a que tanto la prensa en Guatemala como en Panamá intentaron obtener en repetidas ocasiones su posición sobre el uso de los recursos económicos y del personal para ese fin.
En el reportaje se revela que este ejército de troles, según las fuentes, compuesto por más de sesenta personas que administran cuentas para atacar a rivales políticos o detractores del Gobierno, es dirigido por la salvadoreña Pamela Morán Peña, contratada para administrar las cuentas personales de las redes sociales del gobernante Giammattei.
Los salarios de todas esas personas provienen del Estado, según reveló la investigación, pues son personas a quienes les consiguieron plazas de trabajo con la condición de asumir la tarea de que cuando el gobernante era atacado en redes sociales, debían responder en su defensa.
Aunque víctimas de ese acoso y criminalización, como los periodistas Font y Zamora, señalan que grupos de poder financian esas cuentas anónimas, los costos que representa su operación siguen sin ser revelados, en gran medida porque el Ministerio Público evita hablar de ello y menos lo ha investigado.
La misma fiscal general, María Consuelo Porras; el secretario general del MP, Ángel Pineda; y el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, fueron incluidos entre septiembre de 2021 y julio de 2022 en una lista de actores corruptos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los dos dirigentes de la Fundación Contra el Terrorismo también están en ese listado.
Este listado de “actores corruptos o antidemocráticos” —como los define el Departamento de Estado— es el resultado de una ley creada en el Congreso de Estados Unidos, a través de la cual se busca apoyar desde los ámbitos económico y social a los países del norte de Centroamérica, lo cual incluye identificar y sancionar a personas que buscan socavar la democracia y mantener la impunidad en la región.
Política Falaz es una investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con Animal Político (México), Aos Fatos (Brasil), Bolivia Verifica (Bolivia), Chequeado (Argentina), ColombiaCheck (Colombia), Efecto Cocuyo (Venezuela), y Ocote (Guatemala).
El Veinte y la Fundación Karisma contribuyeron a estos reportajes con revisión o información especializada.
