Los familiares de Sabrina María Véliz Castañeda, activista de Prosperidad Ciudadana y asesora del diputado Jorge Adolfo de Jesús García Silva, empezaron trabajar este año para el Insivumeh, Inde y Ministerio de Ambiente. Justo cuando el partido obtuvo tres diputaciones en el Congreso y otros cargos en entidades públicas.
Sobre Véliz, abogada que comenzó su carrera municipal en Villa Nueva, y el legislador pesa una denuncia ante el Ministerio Público por abuso de autoridad, asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
Ambos son afiliados del partido fundado en 2016 para llevar a Edwin Escobar, entonces alcalde de Villa Nueva, a la Presidencia. Véliz figura en los informes de financiamiento que la agrupación presentaba al Tribunal Supremo Electoral con aportes mensuales de Q20,000. En tanto que García los daba en especie. En marzo 2019 pagó Q73,254,76 por publicidad en Vea Canal, cubrió gastos de la asambleas y conferencia de prensa.
La familia feliz
Juan Carlos Véliz Castañeda trabaja en el INDE y el ministerio de Ambiente, y Ana Cristina Véliz Castañeda en el Insivumeh. Ambos son hermanos de Sabrina Véliz Castañeda, la asesora del diputado y jefe de bancada del partido Prosperidad Ciudadana (PC), Jorge de Jesús García Silva.
El primero es bachiller en electricidad y la segunda arquitecta. La tercera es abogada que se dio a conocer por trabajar en la municipalidad de Villa Nueva, el Instituto Nacional de Fomento Municipal (Infom), la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), todas dirigidas e integradas entonces por Edwin Escobar que intentó ser candidato a la presidencia por PC.
Sabrina Véliz, de 38 años, labora en el Legislativo y en simultáneo en el Insivumeh. Los tres hermanos no necesitan cumplir con un horario de oficina porque no son cargos permanentes, solo entregar cada mes un informe con los servicios técnicos o profesionales que cada entidad les requirió.
Estos contratos los obtuvieron entre marzo y abril después de que asumieron las nuevas autoridades del actual gobierno. Uno de estos puestos fue el de director del Insivumeh. Asumió Yéison Bróderson Samayoa Velásquez¸ informático y administrador que compitió como candidato a diputado por PC por Quiché en 2019.
El funcionario contrató a Sabrina Veliz y su hermana, de 34 años, en un lapso de dos semanas entre 16 y el 30 de abril. Samayoa buscó a la abogada porque conoció su experiencia en el área jurídica cuando trabajaron en el Infom, esto fue lo que respondió por mensajes de texto.
Véliz fungió como asesora en esta entidad entre febrero a abril de 2017. Samayoa, en tanto, fue director de informática hasta febrero de este año.
El contrato de la asesora menciona, entre otros puntos, que su función es “apoyar en la revisión de documentos utilizados en los procedimientos de adquisiciones que se sigan”. La relación laboral está vigente del 16 de marzo al 31 de diciembre.
Uno de los dictámenes que dio fue a las bases del concurso para adquirir equipo para fortalecimiento de la red de vulcanología. Esta se adjudicó por Q3.3 millones a Outsourcing Total S.A, constituida en enero de 2008.
Véliz figura como notaria en una escritura de modificación de sociedad y del cambio de directiva, donde Jorge García fue nombrado presidente de la compañía, el 15 de octubre de 2014.
También resalta como abogada de BPO Marketing, registrada en 2006, en distintas asambleas de accionistas celebras entre 2014 y 2015. Esta empresa ganó una licitación por Q1.9 millones para las poblaciones vulnerables en zonas de alto riesgo.
Veliz y Samayoa enfrentan una denuncia en la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público por autorizar licitaciones que suman Q16 millones por compras de equipos para estaciones meteorológicas y un estudio para poblaciones en zonas de riesgo ante desastres naturales. La denuncia alcanza al diputado.
La acción penal la presentó el propio Edwin Escobar donde señala a Véliz y al congresista de abuso de autoridad, asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias.
Sin claridad de servicios
En Guatecompras no figura qué actividades realizó Véliz desde que empezó a trabajar para el Insivumeh en abril con horarios por Q15 mil cada mes. Este informe, según Samayoa, está en el portal de información del Insivumeh, pero no se encontraron estos documentos.
Tampoco están los de Ana Cristina Véliz, quien también devenga Q15 mil mensuales. Según su contrato se encarga de la “supervisión y diseño de obras”. El director del Insivumeh se limitó a responder que la contrató porque su perfil encuadra para desempeñarse como “apoyo técnico”.
Según el reglamento de la Ley de Contrataciones toda entidad que contrata este tipo de asesorías debe publicar los términos de referencia para conocer los objetivos del servicio requerido, perfil de la persona, exigir los resultados del servicio contratado y evaluar su cumplimiento.
La Contraloría confirmo al diario La Hora, el 27 de noviembre, que empezó a revisar los contratos denunciados por Escobar. Se le consulto al subcontralor José Ramírez Crespín si también fiscalizarán las contrataciones de estas asesorías y si es permitido que dos familiares trabajen en una misma institución. Pero no respondió las llamadas ni mensajes.
Por su lado, Oscar Dávila, director de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, confirmó que detuvo la investigación administrativa que comenzó en el Insivumeh para no entorpecer el proceso, ya que el Ministerio Público realizó allanamientos la última semana de noviembre en las oficinas de la entidad. “Estaremos en comunicación para ponernos a las órdenes y colaborar en lo que corresponde al Organismo Ejecutivo”, indicó.
Se intentó abordar a Sabrina Véliz para conocer su versión sobre los señalamientos. Al principio dijo estar en disposición de responder, pero en la mañana del miércoles 2 de diciembre canceló la entrevista por recomendación de sus abogados. “Le reitero mi disposición para platicar, pero por el momento no me es posible, espero poder colaborar con usted más adelante”, explicó por mensaje.
Otro familiar en el Estado
Por otro lado, Juan Carlos Véliz consiguió trabajo en dos entidades gubernamentales distintas. La primera, en el Instituto Nacional de Electrificación (Inde), el 24 de abril, y luego en el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) a partir del 16 de octubre.
Es bachiller en electricidad, pero en el Inde realiza “gestión de la procuración de los expedientes que se tramiten en asesoría jurídica, así como en la conformación que sean requeridos”. Por esta función cobra Q10 mil por mes y su contrato está vigente por ocho meses desde abril a diciembre de este año.
Se consultó en la oficina del gerente del instituto, Oscar Eduardo Cáceres Oxom, sobre la contratación que avaló y referencias del asesor. La asistente prometió consultarle y devolver la llamada, esto no ocurrió.
Otra de las entidades donde Véliz labora es el ministerio de Ambiente para el Departamento de Ventanillas de Gestión Ambiental. El contrató se firmó el 16 de octubre.
En su primer informe del 1 al 15 de noviembre destaca cinco actividades que se resumen en monitoreos y reportes sobre los trámites realizados. A esta oficina ingresan solicitudes, por ejemplo, de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Por la primera quincena cobró Q4 mil.
Juan Carlos Véliz también fue presidente de la Liga Nacional de Futbol de Playa. Se intentó localizarlo en las oficinas, pero el personal mencionó que ya no labora ahí.
El papel en el Congreso
Sabrina Veliz empezó a trabajar en el Congreso a partir de marzo donde asesora al jefe de bancada por Q18 mil mensuales. Entre los informes entregados los últimos meses destaca que analiza distintas iniciativas de ley que los diputados discuten cada vez que se reúnen en sesión plenaria o de jefes de bloque.
Por ejemplo, en octubre realizó análisis de solicitudes de inclusión dentro del Presupuesto 2021.
Otra de sus funciones es acompañar a Jorge García a las comisiones de trabajo y reuniones donde él es integrante. Entre estas están la de Finanzas y Moneda, Asuntos Electorales; y Municipales.
Esta última sala legislativa la preside el diputado José Quezada, exalcalde de Pachalum de 2016 a 2020. Desde ahí y en la Comisión de Finanzas dictaminaron las reformas a la Ley de Contrataciones que buscar reducir los plazos de las compras y aumentar los techos de los montos con que se pueden realizar compras directas, cotizaciones y licitaciones.
Esta publicación se originó a partir de una filtración que llegó a Guatemala Leaks.
Guatemala Leaks es una plataforma independiente y segura para compartir información de interés público de forma confidencial. La información filtrada es recibida e investigada por los medios de comunicación Agencia Ocote, El Intercambio, Ojoconmipisto y Plaza Pública.
Agencia Ocote , El Intercambio, Ojoconmipisto y Plaza Pública –con el impulso de la organización PODER, de México, y la gestión institucional de Red Ciudadana–, gestionarán la plataforma la cual garantizará que la información y los documentos sean enviados de forma segura, confidencial y anónima. Los medios investigarán y corroborarán el material recibido, y a partir de esto publicarán las historias.
GuatemaLeaks hace pública su plataforma el 18 de febrero de 2020, y replica la experiencia de decenas de países y regiones, en los que proyectos con características similares han sido imprescindibles para revelar información que afecta a la población y que, por opacidad y malas prácticas, se había mantenido oculta.
La alianza de estos cuatro medios –nativos digitales, todos– busca dar confianza a la población al utilizar rigurosas prácticas tecnológicas para garantizar la seguridad de las fuentes. Además, espera generar en los habitantes una cultura ciudadana de transparencia.
GuatemalaLeaks está basado en GlobalLeaks, el software de referencia mundial que cifra y anonimiza de manera automática todos los documentos, e imposibilita obtener datos de la persona, del dispositivo usado o del dispositivo electrónico de donde se envía.
En Guatemala surge por iniciativa del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), de México, y Red Ciudadana, organización guatemalteca sin fines de lucro creada con el fin de incentivar la auditoría cívica. PODER se dedica a investigar y transparentar las prácticas empresariales y fomentar la rendición de cuentas en América Latina, y participa también en MéxicoLeaks, Chileleaks y PerúLeaks.
Ambas entidades, interesadas en incentivar la participación, la fiscalización y el fortalecimiento de la democracia, convocaron a los medios participantes convencidos de que a través de la tecnología y la comunicación, es posible construir ciudadanía.
“La idea surge de conformar un espacio seguro para compartir información de interés público con medios de comunicación”, explica Julio Herrera, miembro de Red Ciudadana y GuatemalaLeaks.
Violaciones a derechos humanos, mal manejo de fondos públicos o adjudicaciones gubernamentales opacas, son algunos ejemplos de la información que podría filtrarse para que los medios desarrollen investigaciones periodísticas.
“No es común que exista un esfuerzo como este para que la gente tenga el poder de denunciar de forma segura. Esta plataforma es una ventana para que cualquiera pueda hablar”, dice Elsa Cabria, periodista y codirectora de El Intercambio, miembro de GuatemalaLeaks.
Marizza Herrera, coordinadora de asuntos institucionales de Plaza Pública, explica que “uno de los aportes más valiosos de GuatemalaLeaks es salvaguardar la identidad de quien hace una filtración”. Los usuarios que poseen documentos que consideran relevantes y que deben ser conocidos por la población, obtienen en la plataforma digital instructivos claros para enviarlos de manera segura por diversas vías.
Alejandra Gutiérrez Valdizán, cofundadora y directora editorial de Agencia Ocote, expresa que este proyecto responde a la lógica del trabajo colaborativo entre medios de comunicación; y en la necesidad de que estos tengan canales abiertos con la ciudadanía. “Resulta imprescindible tener herramientas para recoger datos sobre lo que sucede dentro de las instituciones que, de otra forma, dada la naturaleza de determinada información, nos sería casi imposible descubrir”, dice Gutiérrez.
En el mismo sentido, Ana Carolina Alpírez, coordinadora de Ojoconmipisto, considera que esta es la oportunidad para que la ciudadanía ponga a prueba su confianza en el periodismo. “Vamos a investigar y corroborar la información recibida. Publicaremos aquellas historias que sean de interés público”.
Todas las piezas periodísticas publicadas que surjan de las filtraciones indicarán que la información inicial se obtuvo a través de GuatemalaLeaks. Además, en el sitio se compilarán los trabajos publicados por los medios que podrán trabajar de manera individual –si el usuario decide compartir la información solo con uno– o de manera colectiva.
Herrera, de Red Ciudadana, agrega que “la alianza está compuesta por medios que han demostrado que el periodismo de profundidad es clave para acompañar las denuncias ciudadanas”, sin cerrar la puerta a que otros puedan adherirse a este grupo en el futuro.
GuatemalaLeaks es creada luego de que otros proyectos internacionales han demostrado su utilidad y han hecho revelaciones de impacto sobre gestión pública y prácticas anómalas de los sectores público y privado que afectaban a los ciudadanos.
Esta alianza y el proyecto se ampara en la Constitución de Guatemala que garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información y el secreto periodístico. El derecho a denunciar, criticar o imputar “contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, es ley.
GuatemalaLeaks cuenta con el apoyo técnico de Red Ciudadana y PODER.
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