Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, fue condenada a cuatro años de prisión. La pena es conmutable por una multa de Q10 diarios. El Tribunal Octavo de Sentencia Penal resolvió en su fallo que Laparra cometió el delito de abuso de autoridad en forma continuada, porque no estaba facultada para presentar denuncias administrativas en contra del entonces juez Lesther Castellanos.
El 16 de diciembre de 2022, la jueza del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Oly González, condenó a Virginia Laparra, exfiscal de la FECI en Quetzaltenango, por el delito de abuso de autoridad de forma continuada.
El Ministerio Público (MP) acusó a la exfiscal por haber presentado cuatro denuncias administrativas contra Castellanos en octubre de 2018. La fiscalía argumentó que Laparra hizo uso de su investidura y cargo de fiscal para presentar estas denuncias sin tener la facultad para hacerlo por no existir una instrucción escrita del superior inmediato. El superior inmediato era el jefe de la FECI en esa época, Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido en julio de 2021 y vive en Estados Unidos desde entonces. Actualmente Sandoval tramita asilo alegando persecución política del Gobierno de Guatemala.
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El proceso judicial contra Laparra se originó por la denuncia presentada por Lesther Castellanos, exjuez de primera instancia en procesos de mayor riesgo en Quetzaltenango, a quien el Congreso de la República eligió como Relator Titular de la Oficina de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes, en marzo de 2022. Castellanos asumió el nuevo cargo un mes después de la captura de Laparra, quien ha permanecido en prisión preventiva por casi 10 meses.
Noé Rivera, fiscal de Asuntos Internos del MP, había solicitado una condena de ocho años de prisión inconmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada, sin embargo, la jueza decidió imponer una pena de cuatro años de prisión conmutables por una multa de Q10 diarios.
El MP también había solicitado una inhabilitación especial para ejercer su profesión de abogada y desempeñar un cargo en la administración pública. Pero la sentencia únicamente incluye la inhabilitación especial de pérdida del empleo que Laparra ejercía como agente fiscal de la FECI y la prohibición para desempeñar cargos públicos por cuatro años, pero no la inhabilita para ejercer como abogada.
Lesther Castellanos, Omar Barrios y la Fundación contra el Terrorismo (FCT) se adhirieron como querellantes y secundaban las peticiones de la fiscalía.
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La jueza Oly González argumentó, en su fallo, que Laparra no estaba autorizada para presentar las denuncias administrativas contra Castellanos.
«No tengo la menor duda que los actos propios del delito fueron ejecutados por la acusada, porque ella era una funcionaria pública, era agente fiscal en Quetzaltenango. Ella interpuso las denuncias administrativas, ella las firmó, ¿Estaba autorizada? No», puntualizó la jueza.
González se refirió al acuerdo 6-2016 del MP, que crea la FECI de Quetzaltenango, para argumentar que esta fiscalía está bajo el control de la FECI, con sede en ciudad de Guatemala, que su ámbito territorial se delimita a Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, y las funciones de esa fiscalía.
«Dentro del acuerdo no le da la facultad a ella (Laparra) para presentar las denuncias», indicó la jueza. «Aquí se dijo que la acusada podía interponer esas denuncias como cualquier habitante, pero el funcionario público, como ella, se presenta ante la Junta de Disciplina Judicial, tiene que respetar la norma», razonó.
La Ley de la Carrera Judicial establece que toda persona que tenga conocimiento de que un juez o magistrado ha cometido una falta, podrá presentar una denuncia administrativa o queja. Esto implica una investigación de la Junta Disciplinaria Judicial para determinar si se incurrió en la falta. Los jueces y magistrados tienen derecho a presentar pruebas para desvanecer los señalamientos. Si no logran probar su inocencia, las sanciones pueden ser la suspensión o destitución.
La defensa de Laparra pidió que se incluyera como prueba un documento en el cual se consignan más de 200 denuncias administrativas que fiscales han presentado contra jueces, y por esta vía demostrar que es una práctica común de fiscalización. Pero la jueza González no aceptó la nueva prueba porque consideró que no era pertinente y útil en el proceso judicial.
El fiscal Rivera hizo alusión a una denuncia que Castellanos presentó contra Laparra. «Estas denuncias administrativas se trataban de un interés particular, derivado de la denuncia penal que había presentado Lesther Castellanos (en contra de Laparra)». Se refiere a la denuncia que Castellanos presentó contra Laparra por supuesta revelación de información confidencial y reservada, en julio de 2018, antes de que la exfiscal presentara las quejas administrativas contra el exjuez. Esta otra denuncia de Castellanos fue reactivada en 2022, en el tribunal de Quetzaltenango.
Según Claudia González, abogada defensora, la exfiscal estaba facultada para presentar denuncias con el fin de proteger la investigación a su cargo. Además, señaló que el jefe inmediato, Juan Francisco Sandoval, había dado la instrucción verbal a Laparra de presentar las denuncias. El fiscal Noé Rivera refutó que la instrucción debía haberse registrado por vía escrita.
La defensa presentó como pruebas tres oficios que Laparra envió a Sandoval para demostrar que el exjefe de la FECI dio la instrucción. Sin embargo, la jueza no admitió las pruebas, porque dijo que había diferencias en las fechas de presentación de las denuncias y las indicadas en los oficios. «Estos documentos no me son útiles. No tengo certeza y tampoco puedo decir que hubo un acuerdo previo con Juan Francisco Sandoval», mencionó.
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, fue propuesto como testigo para declarar en el juicio, pero la defensa renunció a su testimonio. Sandoval indicó que no podía presentarse a declarar por videoconferencia al consulado de Guatemala, en Washington, porque estaba tramitando asilo en Estados Unidos por la persecución del gobierno de Guatemala.
«Es un terrible precedente, porque nunca más un fiscal se va a atrever a presentar una denuncia», declaró Virginia Laparra después de conocer el fallo. Esta es la primera sentencia contra una exfiscal de la FECI que investigó casos de corrupción en conjunto con la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Afuera de la Torre de Tribunales, algunas personas con pancartas y mantas manifestaron su apoyo a la exfiscal durante las jornadas del proceso judicial. «Denunciar no es un delito, Virginia estaba haciendo su trabajo. Es un caso de venganza y criminalización hacia los operadores de justicia», comentó Saúl Interiano, uno de los manifestantes.
Laparra continuará en prisión preventiva. Aunque pagara la multa no podría salir de prisión de manera inmediata, debido a que tiene una orden de captura activa en su contra, que le fue notificada el 19 de octubre de 2022. Esta acusación es por los delitos que denunció Lesther Castellanos, en 2018. El fiscal Noé Rivera también está a cargo de la investigación del caso conocido en Quetzaltenango.
Las cuatro denuncias que originaron la acusación
La jueza recalcó que ella no hizo un análisis del contenido de las denuncias y la resolución de la Junta Disciplinaria Judicial. «Aquí lo que se discutió es si ella estaba autorizada por la ley para interponer las denuncias administrativas que presentó en calidad de funcionaria pública», insistió.
La primera queja administrativa presentada por Laparra contra Castellanos está relacionada con anomalías en la solicitud de copia certificada de audios sin cumplir con la Ley Orgánica del Organismo Judicial (OJ), que Castellanos utilizó como pruebas de descargo ante la Junta de Disciplina Judicial para desvanecer una denuncia de Flor Gálvez, quien ejercía como mandataria de la CICIG.
En la denuncia de CICIG, de 2017, se planteaba que Castellanos reveló información de un caso bajo reserva al abogado Omar Barrios y él publicó el documento de una resolución en su cuenta de Facebook. Barrios acudió al despacho de Virginia Laparra y ella grabó la conversación para pedirle que se retirara la mención de su nombre en la denuncia de CICIG contra Castellanos.
Durante el juicio, Laparra recordó unas palabras que Barrios le dijo en esa reunión: «Antes de venir a su oficina, a usted la investigué y no le encontré nada. Usted es una persona con principios y valores, por eso usted está ahí (en la FECI) y yo no, eso es lo que me dijo. Es cierto, soy una persona con principios y valores», resaltó la exfiscal, con la voz entrecortada.
El caso en referencia, que tenía reserva, es contra el exfutbolista René Villavicencio por venta de información. Laparra estaba a cargo de la investigación y el juez que conocía la causa era Castellanos.
A Villavicencio se le acusaba en dos procesos judiciales, por investigaciones a cargo de Laparra. El primero, por extorsión a concejales de Xela –conocido por la jueza Betzy Alvarado–, y el segundo, por venta de información al exalcalde Jorge Rolando Barrientos sobre investigaciones de la FECI en su contra. Durante una audiencia del proceso judicial, conocido por la jueza Alvarado, en julio, la fiscalía indicó que el juez Castellanos no había aceptado la solicitud de que Villavicencio se convierta en colaborador eficaz en el caso por venta de información y apelaría la decisión.
La segunda denuncia administrativa de Laparra contra Castellanos es porque incluyó como prueba las entrevistas a René Villavicencio ante la Junta de Disciplina Judicial, cuando ya no era el juez que conocía el proceso judicial, debido a que la CICIG había presentado recusación para apartarlo del caso bajo el argumento de que estaba en duda su imparcialidad.
La tercera y cuarta quejas administrativas que presentó Laparra contra Castellanos son por revelar información de la investigación en declaraciones que el entonces juez brindó en los medios de comunicación Canal Antigua y Vea Canal.
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Tuits, publicaciones en medios y señalamientos a la CICIG
La jueza Oly González no dio valor probatorio a las 54 publicaciones de medios de comunicación, redes sociales y una carta abierta de Virginia Laparra, que el querellante Lesther Castellanos presentó como pruebas.
Entre las cuales se incluyó tuits del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; el exprocurador de los derechos humanos, Jordán Rodas; la exfiscal general del MP, Thelma Aldana; la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (Udefegua) y la organización Justicia Ya.
Todas las publicaciones se realizaron después de la captura de Virginia Laparra, efectuada el 23 de febrero de 2022. La abogada defensora Claudia González protestó que no se debieron incluir como medios de prueba porque son elementos posteriores a su detención. Sin embargo, el juez de primera instancia Sergio Mena –quien envió a juicio a Laparra– sí las incluyó.
«Yo nunca había visto que un proceso judicial se litigara con tuits, pero pues me tocó, siempre hay una primera vez», expuso Laparra a la jueza González.
La jueza dijo que no analizó esas pruebas porque no son útiles para establecer los hechos. «¿De qué me sirve a mí esto para sostener los hechos? Absolutamente de nada. En las redes sociales se maneja cualquier tema, todos dicen cualquier cosa», refirió.
Durante sus conclusiones, el abogado querellante de la FCT, Raúl Falla Ovalle, señaló con el dedo a Laparra y a sus abogadas defensoras e indicó que la CICIG y FECI tenían una estrategia de sembrar «terror» mediático, a través de los medios de comunicación.
«Que quede acreditado y todos sepan que ese experimento derrotado, llamado CICIG, que vino a trasladar capacidades de supuesta investigación, se basó en persecución a nuestros jueces, violación a los derechos humanos y las garantías procesales», declaró Falla en sus conclusiones.
Laparra recordó las constantes menciones de la CICIG que hicieron los querellantes para manifestar que se trata de una venganza por el trabajo de la CICIG y FECI.
«Ha sido mencionada varias veces una entidad que ya no existe: la CICIG. ¿Por qué hacen esas enunciaciones a cada momento? Esto, señora juez, es una venganza de todo lo que estas personas no estuvieron de acuerdo con lo que en su momento hizo la CICIG y algunos personajes incómodos para ellos de la FECI. Estoy aquí por presentar cuatro denuncias administrativas», expresó Laparra un día antes de la sentencia.
Tras escuchar la resolución de la jueza, las personas presentes en la sala de audiencias gritaron: «Resiste, Virginia», «Estamos contigo» y «La corrupción se va a caer».
La exfiscal se pronunció al finalizar la audiencia. «La jueza es amiga de Omar Barrios, (uno de los querellantes) ella lo dijo acá. Confiábamos en la experiencia que ella ha tenido como jueza, claro, debemos tomar en consideración que la Fundación contra el Terrorismo ha ejercido presión sobre varios jueces», declaró a los periodistas.
Mientras Laparra brindaba declaraciones a medios de comunicación, los querellantes sonreían y se abrazaban. Raúl Falla Ovalle, abogado querellante de la FCT, gritaba al teléfono que se trataba de una sentencia histórica y aludía a la CICIG y a la FECI. «CICIG y FECI, nunca más», dijo.
Virginia Laparra, conmovida, aseguró que no se avergüenza de ninguna de sus acciones. Tomó su cuaderno y leyó unas palabras entrelazadas con citas de Albert Camus: «En medio del caos descubrí que había, dentro de mí, una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo, que en medio del invierno descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible. Y eso me hace feliz, porque no importa lo duro que el mundo empuja contra mí; en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta».
