«El papel de la memoria», se lee en una pared. Abajo se observan las figuras de cartón de una mujer y un hombre que visten batas, usan mascarillas y cubren su cabello con gorros quirúrgicos, cargan cientos de hojas de papel que llevan hacia una silla vacía frente a una antigua máquina de escribir. 

Esta escena es un mural que da la bienvenida a las personas que acuden actualmente a las instalaciones del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). Es una alegoría para advertir que se está entrando a un espacio altamente especializado en resguardo de la memoria histórica. 

Al pasar del espacio donde está el mural, el sitio luce desolado. La sala para investigadores está vacía, no hay personas realizando solicitudes de información o en visitas guiadas. Esta situación se da a pesar de que no se han restringido los procesos para el acceso a la información ahí archivada, sin embargo, hay limitaciones debido a la falta de personal. Hoy en día 20 personas trabajan en el AHPN, luego de haber tenido hasta 200 personas contratadas en los primeros años de trabajo. 

«El archivo es un tesoro para la memoria de Guatemala, pero no ha sido una prioridad para los últimos gobiernos. La estrategia es debilitar la institución para después justificar su desaparición. Es preocupante porque está en condiciones deficitarias y no hay planes para su fortalecimiento», señala Nery Estuardo Rodenas Paredes, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

La escena aquí descrita era muy distinta en los años de su fundación. Todo empezó en 2005, cuando la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) descubrió, por casualidad, millones de documentos de la extinta Policía Nacional (PN). El hallazgo se dio durante una supervisión de campo por la denuncia de la existencia de explosivos en las instalaciones del antiguo Hospital de la Policía Nacional, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. 

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Según relata el PNUD Guatemala en su página web, el acervo documental desde un inicio estaba bajo la jurisdicción del Ministerio de la Gobernación. También se explica que «el PNUD brinda acompañamiento técnico y financiero al AHPN para la recuperación, operación archivística y digitalización de millones de documentos accesibles para las instituciones del sector justicia, instituciones de investigación académica y para  la sociedad guatemalteca en general». Inidica que este apoyo se daba en el marco del Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición (PAJUST), financiado por la cooperación de la Embajada de Suecia, el Gobierno del País Vasco y el Fondo  de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz (PBF).

Desde esa epoca, se inició un intenso trabajo interinstitucional para que el AHPN se consolidara como un fondo de archivo que cumpliera con los estándares para investigadores de todo tipo. 

Los tribunales de justicia pusieron los documentos recuperados a disposi­ción de la PDH y de las causas de investigación en materia de violación de derechos humanos. 

En julio de 2009, la titularidad del AHPN pasó del Ministerio de Gobernación al Ministerio de Cultura y Deportes, asignando la responsabilidad y custodia del acervo al Archivo General de Centro América (AGCA).

Historias humanas durante la guerra

Las imágenes que hoy se ven en el mural representan al personal del AHPN, cuyo trabajo brinda esperanza a quienes buscan a sus familiares desaparecidos durante la guerra en Guatemala. Entre cartas, oficios, fichas policiales y otros documentos se registran 116 años de las operaciones de la Policía Nacional.

El archivo ha sido fundamental procurando una fuente documental para investigaciones judiciales del Ministerio Público (MP) y de instituciones académicas nacionales e internacionales. Sus funciones prioritarias son buscar documentos y conservarlos, una tarea compleja cuando algunos tienen páginas quemadas, otras deterioradas por el tiempo y las plagas de insectos. 

El AHPN es uno de los fondos de archivo más grandes de Latinoamérica. Los casi 80 millones de documentos, que representan ocho kilómetros lineales de hojas de papeles, son evidencia de crímenes, prácticas institucionales y otros hechos susceptibles a documentarse. 

Hasta 2018, en la sede del AHPN se habían digitalizado cerca de 24 millones de documentos. Además, la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, maneja un repositorio digital con alrededor de 10 millones de documentos del AHPN. Este proceso conjunto con la Universidad de Austin se llevó a cabo en los primeros años de trabajo, bajo la dirección de Gustavo Meoño, y según sus declaraciones, cuando fue destituido durante el gobierno de Jimmy Morales se le acusó, entre otras cosas, de no tener la potestad para decidir el traslado de copias fuera del país.

El acervo del AHPN es una fuente documental en algunos procesos judiciales emblemáticos como la desaparición forzada del líder sindicalista Edgar Fernando García, el Diario Militar, el caso Molina Theissen, la quema de la embajada de España o el caso de un policía que mataron cuando investigaba el asesinato de la antropóloga Myrna Mack. Estos documentos son pruebas que involucran a altos mandos militares y de la Policía Nacional en los crímenes, y muchos evidencian la relación que había entre las cúpulas de estas instituciones. 

Nineth Montenegro Cottom buscó por muchos años a su esposo Edgar Fernando García, desaparecido en 1984, preguntó en muchas comisarías y no obtuvo respuestas. Ella conoció la verdad en los documentos del AHPN.

«Para mi familia, el archivo fue de suma importancia porque a través de los documentos se arrojaron pruebas del día, hora, lugar y personas que ilegalmente capturaron a Fernando. Para nosotros fue muy útil como lo puede ser para otras personas». Montenegro, quien fue diputada del Congreso, ve el archivo «más aminorado en su capacidad de brindar apoyo porque no tiene suficientes recursos y personal».

Paulo Estrada, un investigador y arqueólogo, encontró respuestas en el AHPN. Su padre es una de las personas desaparecidas en el caso Diario Militar, Estrada es víctima y querellante en ese proceso judicial. 

«A nivel personal, para mí es muy grave lo que pasa en el archivo, porque es una fuente de búsqueda de personas para víctimas y querellantes. El debilitamiento institucional es fuerte, se debilita el equipo del AHPN y el enfoque en investigación. Ha cambiado la dinámica, es un archivo, pero ya no queda aquel archivo con aires de centro de memoria», resalta Estrada. 

La caída

Desde su fundación, el archivo funcionaba con fondos de la cooperación internacional y al inicio llegó a tener alrededor de 200 empleados. A partir de 2019, es administrado con fondos únicamente del Estado y debe operar con 20 trabajadores.

Gustavo Meoño Brenner, abogado defensor de los derechos humanos, coordinó el archivo desde su fundación hasta 2018, año en que fue destituido y denunciado por Elder Súchite, quien fue ministro de Cultura durante la administración del gobierno de Jimmy Morales.

El exministro acusaba a Meoño de no tener la potestad para decidir el traslado de copias fuera del país y «malos manejos» administrativos, que involucran también a la entonces directora del Archivo General de Centro América, Anna Carla Ericastilla Samayoa. La exdirectora es señalada por realizar convenios para abrir una cuenta bancaria donde habrían recaudado dinero de organizaciones para contratar personal, sin el conocimiento del Ministerio de Cultura. La denuncia contra Meoño continúa en investigación, todavía no hay un proceso judicial abierto en el Organismo Judicial.

Meoño decidió salir del país por amenazas, según señaló, en 2018, en una entrevista con Prensa Comunitaria. Su decisión fue motivada por presiones relacionadas con su labor en el AHPN, que consistía en dar acceso a evidencia en casos judiciales que implican a fuerzas de seguridad. 

También durante la presidencia de Jimmy Morales, el entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, cuestionaba que la Policía Nacional Civil no tuviera participación en el manejo de los documentos porque se trata de información sensible. En 2019, Degenhart retrasó la renovación del convenio para el resguardo de los documentos en el inmueble de la zona 6, lo cual implicaba un riesgo de daño en el traslado a otra sede. En junio de 2019, el Ministerio de Cultura le informó al PNUD que asumiría la gestión del AHPN con recursos propios del Estado. Con la salida del PNUD de la administración, también cesó la búsqueda de financiamiento de la cooperación internacional. 

Alberto Fuentes Rosales trabajó durante 13 años en el AHPN desempeñando funciones de un subdirector, pero sin nombramiento oficial. Fuentes confirmó que el dinero de la cooperación internacional era gestionado por el PNUD para evitar corrupción. Según el exfuncionario, el presupuesto alcanzó un millón y medio de dólares anuales, entre 2006 y 2008. El financiamiento se redujo paulatinamente. En 2017, cuando él se retiró del AHPN, afirma que el presupuesto anual rondaba en 200 mil dólares y había cerca de 80 empleados. 

Desde 2006 a 2018, el PNUD reportó que había administrado 18 millones de dólares, utilizados en infraestructura, tecnología, capacitación de recurso humano y en un equipo de profesionales que al inicio sumaba alrededor de 200 expertos en el AHPN.

Sin los fondos de la cooperación internacional, la operación se vio afectada y el personal se redujo sustancialmente. En 2023, las 20 personas el AHPN trabajan brindando sus servicios profesionales bajo la modalidad de contratos con renovación anual. 

Ocote conversó con una investigadora independiente, que consulta el AHPN desde 2007 y que mantiene contacto con otros investigadores y organizaciones que utilizan esta fuente documental. «Los cambios fueron políticos y administrativos. Los mecanismos de solicitud de información no los cambió el Ministerio de Cultura. Lo que ha cambiado es la prioridad, cada vez hay menos personal y pueden responder menos. No te dicen que no, pero si la información no está sistematizada, es difícil que busquen nueva información», explicó la investigadora, que pidió omitir su nombre por motivos laborales. 

Nulo esfuerzo por fortalecer la institución

La Asociación de Amigos de la Unesco en Guatemala, que vela por preservar el patrimonio documental, presentó un monitoreo realizado al cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta sentencia ordena al Estado garantizar la protección y funcionamiento del AHPN y exhortaba a declararlo Patrimonio Cultural de la Nación. 

En este monitoreo, se analizó el presupuesto con datos obtenidos del Ministerio de Cultura. Desde 2019, el archivo no tiene financiamiento de la cooperación internacional. 

José Rafael Herrarte Méndez, miembro de la asociación y quien fue presidente de la agrupación hasta noviembre de 2022, asegura que la actual administración de Alejandro Giammattei optó por el «silencio» como respuesta a la búsqueda de fortalecer el AHPN. Aunque no han mostrado una postura confrontativa, como sí lo hizo el gobierno de Jimmy Morales. 

«No hay una posición expresa de rechazo del Ministerio de Cultura a la cooperación internacional. Pero todos los gestos y mensajes han sido negativos respecto a esa cooperación. Hay silencio administrativo», apunta Herrarte.

Herrarte comenta que, en febrero de 2021, la asociación envió un memorial a las actuales autoridades ministeriales para que el AHPN sea parte del programa de memoria del mundo de la Unesco y así tener mayor protección, interés y reconocimiento en la comunidad internacional, pero no hubo ningún pronunciamiento del Ministerio de Cultura desde hace un año.  

Ocote solicitó una entrevista con autoridades del Ministerio de Cultura, pero el comunicador Daniel Guillén indicó que «por ahora no es posible proceder con la entrevista». 

Alberto Fuentes opina que buena parte del personal contratado actualmente en el AHPN necesita tener capacitación en archivística, aunque su profesión o estudios no estén relacionados con esa área.

«La doctora Trudy Peterson es una de las personas que más saben de archivística en el mundo, ella nos enseñó a aplicar la norma internacional para organizar y describir los documentos del archivo. También tuvimos asesoría en conservación documental, seguridad informática y otros temas, de tal manera que se fue creando una escuela profesional desde adentro. No había dónde aprender. Aquí en Guatemala, la archivística era una ciencia abandonada», apunta Fuentes.

Según información pública del Ministerio de Cultura, la mayoría de las nuevas personas contratadas no tienen una profesión relacionada a la archivística. Contrataron a 29 personas en 2020. La profesión de la mayoría de nuevos trabajadores del AHPN hace referencia a estudios de nivel diversificado: bachilleres, peritos contadores o docentes.

En contraste a comentarios de Fuentes, el Ministerio reportó que durante los últimos dos años, las autoridades ministeriales coordinaron tres capacitaciones en archivística para el personal del AHPN. Se trata de un curso en línea impartido por la Dirección General del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y dos jornadas a cargo de la Dirección del Patrimonio Documental y Bibliográfico del Ministerio de Cultura. 

En 2020, el AHPN fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por su «alto valor moral para la memoria histórica de la sociedad guatemalteca».

El archivo contribuye a reconstruir la historia del país. Aníbal Chajón, historiador, sociólogo e investigador del Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala (CECEG) de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC) menciona su importancia. «Los archivos nos permiten saber qué ocurrió, cómo, dónde y cuándo ocurrió porque esto es lo que reconstruye la historia. No solamente para nuestra generación, sino para las generaciones del futuro», comenta Chajón.

Proceso de solicitud y búsqueda

Las solicitudes al AHPN se pueden realizar de manera presencial, visitando la sede en la zona 6. Un empleado orienta a las personas de acuerdo con su perfil: familiares, investigadores, periodistas, representantes de instituciones, abogados(as). Se debe completar un formulario de solicitud de información pública. 

También existe la opción de empezar la gestión a través de este correo electrónico: solicitudes@fdaahpn.gob.gt. El usuario solicita si necesita versión impresa de los documentos o en formato digital, vía correo o CD. El plazo de respuesta es de diez días hábiles, en caso de que el AHPN pidiera una prórroga, podría demorar hasta 20 días.

Si se desea realizar búsquedas directas en el archivo digital, debe hacerse una solicitud para obtener autorización y que se asigne una computadora en la sede de zona 6. Los usuarios no tienen acceso a los documentos físicos, pueden solicitar una visita guiada y no se permite tomar fotografías. 

Cada vez que se realiza una búsqueda se crea un expediente. Si la información se ha solicitado en un proceso judicial o en alguna ocasión alguien ha pedido datos de una persona en particular, es probable que se cumpla con el plazo de diez días de entrega. Pero con las nuevas búsquedas existen limitantes de tiempo y de búsqueda, debido al poco personal. 

Las visitas guiadas para recorrer las instalaciones del AHPN, donde se encuentra «La Isla», una antigua cárcel clandestina de la PN, deben solicitarse por vía escrita. Si el personal recibe la autorización del director del AHPN el mismo día de la solicitud, puede gestionarse en el momento. En caso contrario, se asigna una fecha y hora para la vista. 

El recorrido de dos horas incluye las áreas de digitalización, organización documental, acceso a la información y custodia documental. En las visitas guiadas se pueden conocer los archivos físicos.

El AHPN se divide en cinco áreas: intervención archivística, digitalización de documentos, investigación, seguridad, y custodia documental. Además, contaban con seis escáneres y un escáner para libros. 

En 2021, el Ministerio de Cultura publicó un comunicado para informar que compraron escáneres con capacidad para 40 mil imágenes diarias, y se aseguró que digitalizarían 1 millón de documentos del AHPN en ese año. En los registros del Ministerio de Cultura se reporta que en 2019 escanearon 101,901 documentos y en 2021 fueron 716,775. Este número se redujo en 2022, cuando se alcanzaron 481 mil.  

En el informe anual del AHPN de 2018, bajo la administración del PNUD, se detalla que en ese año ingresaron 5,589 solicitudes de información pública. En comparación, en el informe anual de 2021 se muestra una caída en las solicitudes: 415 respuestas positivas y 101 respuestas negativas. 

La investigadora independiente consultada por Ocote dice que estos datos deben matizarse, porque hay factores externos, que podría reflejar una reducción en las solicitudes del AHPN. Entre estos: un menor financiamiento en organizaciones no gubernamentales que en otros años tenían personal para investigar; la incertidumbre que algunos investigadores e instituciones manifestaron tras los cambios políticos y administrativos en el AHPN pudo reducir la motivación por buscar en el archivo. 

El AHPN permanece como una fuente valiosa de consulta, a pesar del debilitamiento institucional en los últimos dos gobiernos. 

Las condiciones precarias del AHPN muestran falta de interés por fortalecer el archivo. La contraofensiva directa en el gobierno de Jimmy Morales se transformó en silencio en la actual administración de Alejandro Giammattei. El silencio es la respuesta.