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Los prófugos acusados por crímenes de guerra no son prioridad en Guatemala

Al menos 34 personas, acusadas por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, están prófugas de la justicia. Militares retirados, exministros y exagentes de la extinta Policía Nacional se encuentran entre los fugitivos. La búsqueda de estas personas no es una prioridad para el actual gobierno de Alejandro Giammattei. En la lista de los 100 más buscados del Ministerio de Gobernación (Mingob) no se incluyó a ningún prófugo por crímenes de guerra.

Al menos 34 personas permanecen prófugas por crímenes cometidos durante la guerra en Guatemala.

Ocote obtuvo datos para perfilar a 25 de las personas prófugas con información de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) y del Organismo Judicial (OJ). 

También se solicitó al Ministerio Público (MP) los nombres de las personas pendientes de captura por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Sin embargo, el MP no proporcionó esta información. Argumentó que puede obstaculizar las investigaciones y brindó solamente la cantidad de prófugos a septiembre de 2022. Por esta limitación en el acceso a información no fue posible identificar y perfilar a nueve de las personas buscadas dentro de Guatemala.

La búsqueda de los prófugos por crímenes de guerra no es una prioridad para el actual gobierno, ni lo ha sido para gobiernos anteriores. 

Institucionalmente, existe un proceso e instituciones responsables para la búsqueda de fugitivos. El MP se encarga de realizar las pesquisas para solicitar al OJ girar órdenes de captura contra personas señaladas de cometer un delito. El Mingob está a cargo de la búsqueda y detención a través de la Policía Nacional Civil (PNC). Mientras la persona señalada no sea ubicada y detenida se considera fugitiva. Cuando el MP tiene indicios de la ubicación de un fugitivo, comparte estos datos con el Mingos para lograr ejecutar la detención dentro del país. En caso de que los indicios del MP apunten a que la persona salió de Guatemala, el MP puede pedir al Mingob que solicite a Interpol activar una alerta roja para buscarla en el extranjero.

Recientemente, en 2021, el Mingob publicó la lista de las 100 personas más buscadas en Guatemala. Son señalados por delitos como violación y agresión sexual; femicidio y, asesinato; extorsión, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; lavado de dinero; y plagio o secuestro. El lanzamiento de esta plataforma pretendía impulsar la cultura de denuncia en la ciudadanía. Desde su lanzamiento, el Mingob reporta que se ha logrado la detención de 32 personas de las 100 más buscadas en un año.

Esta plataforma no incluyó en el listado a los fugitivos por delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales en casos de memoria histórica. Esta omisión se da a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) refiere que esos delitos no prescriben, es decir que la persecución es permanente. 

Captura animada de la página losmasbuscados.mingob.gob.gt del Ministerio de Gobernación.

Aunque no están en esta lista prioritaria del Mingob, el Organismo Judicial tiene órdenes de captura nacional para localizar a los 34 fugitivos por casos de crímenes de guerra. Interpol mantiene 14 alertas rojas para buscar internacionalmente a prófugos que el MP tiene indicios de que podrían estar fuera del territorio guatemalteco.

Ante esta situación, el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, explica que existe un protocolo del Viceministerio de Seguridad del Mingob para definir los criterios que permiten declarar la prioridad de búsqueda de personas prófugas. Algunos de estos son: la gravedad del delito, si la orden de detención tiene varios años de haberse emitido, el perfil de la persona fugitiva. «Por tratarse de delitos de lesa humanidad (la búsqueda prioritaria), seguramente aplica», analiza Rivas.  

El exfuncionario también identifica dos impases en la búsqueda de prófugos: por una parte, la falta de coordinación entre el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) para la ubicación y aprehensión de las personas prófugas; y, por otro lado, la falta de colaboración y coordinación con las fuerzas de seguridad en el extranjero. «Básicamente es falta de voluntad política», enfatiza.

Jorge Aguilar, vocero del Mingob, refiere que el acuerdo 538-2015 define la conformación de un comité que se encarga de establecer las disposiciones para obtener información que permita la captura, recaptura o localización de personas prófugas. El comité está integrado por el Primer Viceministro de Gobernación, Director de la PNC, Director de Inteligencia Civil de la PNC y Subdirector de Investigación Criminal de la PNC. 

Este comité creó el listado de los 100 más buscados con los siguientes criterios: nivel de peligrosidad; bien jurídico tutelado (la vida, la libertad, indemnidad sexual); impacto del delito o del daño en la sociedad; reincidencia; si se determinaron circunstancias agravantes; que después de varias búsquedas, no fue localizado para su captura; delitos cometidos en contra niños, niñas y adolescentes.

Según el vocero del Mingob, no se incluyó en el listado de 100 más buscados a fugitivos por delitos de lesa humanidad porque «la selección se realizó en consecuencia al índice de criminalidad (atendiendo a la necesidad de seguridad pública de ese momento) y el riesgo social ante los prófugos de la justicia responsables de los ilícitos penales descritos, los cuales deben ser neutralizados para evitar consecuencias ulteriores o se sumen más víctimas y en tanto estos no sean puestos a disposición del sistema de justicia».

Oswaldo Samayoa, abogado e integrante del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (FOSS), opina que los prófugos por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno deberían aparecer entre los 100 más buscados, porque están involucrados en graves delitos, calificados así en convenciones internacionales. 

El abogado tiene un análisis al respecto: «Lo que hacen estos gobiernos, como el de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, es buscar anular e invisibilizar, porque están basados en la creencia de que los militares cumplieron su deber y no realizaron violaciones al derecho internacional y nacional», dice Samayoa, quien menciona la «falta de oficiosidad del MP» como agravantes de la situación.

Tomás Ramírez López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, asegura que realizan las diligencias necesarias de coordinación para brindar indicios que permitan ubicar a las personas fugitivas. «La ejecución de las capturas es competencia del Ministerio de Gobernación, la Dirección General de la PNC tiene la información de todas las órdenes de aprehensión. Cada año, o cada cierto tiempo, los agentes fiscales reiteran a la PNC las órdenes de captura pendientes a modo de recordatorio».

Ramírez López plantea que el Ministerio Público y el Organismo Judicial deberían participar en la definición del listado de los 100 más buscados, pero recalca que tendría que analizar los criterios y el listado elaborado por el Mingob para poder emitir una opinión acerca de por qué no se incluyó a prófugos por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. 

Ante la falta de prioridad en la búsqueda de los fugitivos por crímenes de guerra, cada año que transcurre, debido a la avanzada edad de varios fugitivos, las posibilidades de localizarlos con vida disminuyen. Esto, sumado a las debilidades en el sistema de justicia y el aparato de seguridad del Estado, permiten que, en Guatemala, huir de la justicia sea una práctica exitosa para mantener la impunidad.

Búsqueda internacional por ocho casos

La Interpol tiene activadas alertas rojas para buscar a 14 de estos prófugos en el extranjero. También son buscados en Guatemala.

Las alertas rojas de Interpol se emiten cuando los fugitivos han sido señalados o condenados en procesos judiciales. Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de los 195 países miembros de Interpol para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.

Caso Creompaz 

Base militar Creompaz.

Ocho militares retirados están prófugos por desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad en el llamado caso Creompaz. Esta investigación por desaparición forzada masiva se centra en el descubrimiento de las osamentas de 565 personas, en 85 fosas clandestinas, en la antigua Zona Militar 21, en Cobán, Alta Verapaz. Siete tienen orden de captura internacional desde 2016, y un año después, en 2017, se dictó orden de captura internacional para localizar al exdiputado Edgar Ovalle Maldonado.

Los prófugos son:

1. Ángel Aníbal Guevara Rodríguez – Ministro de la Defensa entre 1980 y 1981. Fue presidente electo en 1982, pero no llegó a asumir el cargo debido al golpe de Estado liderado por José Efraín Ríos Montt.

2. Edgar Justino Ovalle Maldonado – Oficial de operaciones (S3) en 1983. Diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia en 2015. Ovalle era integrante de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). 

3. Luis Felipe Miranda Trejo – Oficial de inteligencia (S2) de 1979 a 1983. Diputado del Frente Republicano Guatemalteco, partido que postuló a la presidencia a Alfonso Portillo en 1999. Miranda fue secretario general adjunto de FCN-Nación.

4. José Isauro Oliva Vásquez – Secretario del Estado Mayor de la Defensa en 1983. Fue segundo comandante en la Zona Militar 21 durante 1986.

5. Mario Roberto García Catalán – Oficial de operaciones (S3) en 1983.

6. Erick Rolando Guzmán Anleu – Oficial de inteligencia (S2) entre 1984 y 1985.

7. Otto Erick Ponce Morales – Comandante de la Zona Militar 21 en 1983.

8. Edgar Otoniel Peláez Morales – Comandante capitán primero en la Zona Militar 21 durante 1982 y 1983.

9. Luis René Mendoza Palomo – jefe del Estado Mayor General del Ejército entre 1980 y 1981 y ministro de la Defensa en 1981, también tenía alerta roja de Interpol por este caso, pero fue desactivada tras su fallecimiento en 2018. Mendoza Palomo se encontraba en Guatemala. Fue velado en una funeraria de la zona 9 de Ciudad de Guatemala. 

Masacre Dos Erres (1982)

Hay una orden de captura internacional en contra de César Adán Rosales Batres. El fugitivo era el teniente a cargo de una patrulla élite kaibil que participó en la matanza de 200 personas en la comunidad Dos Erres. Según el Ministerio Público, la patrulla al mando de Rosales cometió actos de violación sexual en contra de mujeres de la comunidad Dos Erres.

Caso del asalto y quema de la embajada de España en 1980

Donaldo Álvarez Ruiz, exministro de Gobernación, mantiene activa una orden de captura internacional por delitos contra los deberes de la humanidad y asesinato. En la quema de la embajada murieron 37 personas calcinadas. 

La Audiencia Nacional de España también pide su captura, señalado por los delitos de tortura y asesinato. La orden de detención se originó de una querella por genocidio presentada en España por Rigoberta Menchú Tum, premio Nobel de la Paz de Guatemala, en la cual se denuncia la quema de la embajada española y el asesinato de cuatro sacerdotes españoles.

Desaparición forzada de Édgar Fernando García

La Interpol tiene una alerta roja para buscar a Alfonso Guillermo de León Marroquín, exagente de la extinta Policía Nacional (PN), por el delito de desaparición forzada del estudiante y líder sindical Édgar Fernando García. 

García era cónyuge Nineth Montenegro, quien años después sería diputada del Congreso. El líder sindical fue detenido por la Policía Nacional en 1984. La investigación de la Fiscalía y los documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional permitieron probar el hecho y condenar a 40 años de prisión a Héctor Bol de la Cruz, exdirector de la Policía Nacional, y a Jorge Alberto Gómez López, exjefe del cuarto cuerpo de la PN. Ambos cumplen su pena en prisión. 

En 2019, Hugo Rolando Gómez Osorio, otro exagente señalado que tenía alerta roja de Interpol por el delito de desaparición forzada en este caso, fue capturado en Estados Unidos por agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE). Gómez era pastor evangélico y trabajaba en jardinería en ese país. Todavía no ha sido entregado a la justicia de Guatemala, debido a que su abogado ha presentado apelaciones para retrasar la deportación. El caso se encuentra en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en Estados Unidos.

Caso Plan de Sánchez

José Antonio Solares González, quien fue capitán primero de infantería de la segunda compañía del Primer Batallón de la Zona Militar 21, es buscado internacionalmente por la matanza de 268 personas –la mayoría de la etnia achí– en la aldea Plan de Sánchez, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz. El comandante Otto Erick Ponce Morales, fugitivo, también es señalado por delitos contra los deberes de la humanidad en este proceso judicial y en el caso de Creompaz. 

En 2004, el Estado de Guatemala admitió su responsabilidad por esta masacre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) señaló que el Estado debía iniciar una investigación seria de los hechos, juzgar y sancionar a los responsables de la masacre ocurrida en Plan de Sánchez.

Secuestro y desaparición de Edgar Enrique Sáenz Calito

El crimen contra el estudiante universitario Edgar Enrique Sáenz Calito fue cometido en 1981, por agentes policiales del Comando Seis. Se busca a Rigoberto Pineda Sánchez, quien era el jefe del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional cuando se registró el secuestro del estudiante.

Asesinato de Myrna Mack Chang

Juan Valencia Osorio, coronel y director del Departamento de Seguridad Presidencial del Estado Mayor Presidencial, es señalado como uno de los autores intelectuales del homicidio de la antropóloga Myrna Mack Chang, quien fue vigilada y asesinada en 1990 por un comando operativo del Ejército. 

El Ministerio Público empezó una investigación contra los militares Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Guillermo Oliva Carrera y Juan Valencia Osorio. En 2002, el Tribunal Tercero de Sentencia absolvió a Godoy y a Oliva. Valencia fue condenado, pero tras una apelación logró recuperar su libertad un año después. En 2004, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la resolución del tribunal que condenó a Valencia y se ordenó nuevamente su captura. Valencia Osorio se encuentra prófugo desde el 2004.

[Aquí puedes ver el documental «Helen»]

Caso mujeres achí

El expatrullero Pedro Cuxum Alvarado mantiene activa una alerta roja de Interpol desde 2018 por delitos contra los deberes de la humanidad en el caso de violencia sexual contra un grupo de mujeres achi. Pero falleció en 2021, por lo que el Ministerio Público informó que actualmente no hay prófugos en este proceso.

Según su acta de defunción, Cuxum Alvarado murió en la aldea Xococ, de Rabinal, Baja Verapaz el 1 de julio de 2021. 

Búsqueda nacional por tres casos

En Guatemala, las autoridades intentan localizar a 20 prófugos por crímenes de guerra. 

Masacre de Xamán

Una mujer camina en una calle de la aldea Aurora 8 de Octubre donde ocurrió la Masacre de Xamán. Fotografía: Diego León

En 1995 miembros de una patrulla del Ejército asesinaron a 11 personas e hirieron a 27 en la comunidad Aurora 8 de octubre, dentro de la finca Xamán, en Chisec, Alta Verapaz. Seis soldados permanecen prófugos desde el 2000 por esta matanza:

1. Fernando Caal Coc

2. Manuel Tec Caal

3. Marcelino Caal Chub

4. Marcelino Caal Sacul

5. Mauricio Juc Caal

6. Pedro Beb Xol

[Lee aquí: Masacre de Xamán, la justicia inconclusa y la deuda del Estado]

Masacre de Dos Erres

Además del teniente César Adán Rosales Batres, –quien tiene alerta de Interpol–, cuatro personas más permanecen prófugas y tienen orden de captura a nivel nacional por los delitos de asesinato, delitos contra los deberes de la humanidad y hurto agravado.

1. Roberto Aníbal Rivera Martínez – Teniente instructor kaibil.

2. Carlos Humberto Oliva Martínez – Sargento segundo especialista.

3. Manuel Cupertino Montenegro Hernández – Cabo especialista de ayudas en la Escuela Kaibil.

4. Cirilo Benjamín Caal Ac – Cabo especialista.

Masacre de Tululche

El excomisionado militar Juan Alecio Samayoa Cabrera es acusado de participar en la masacre de más de 10 personas, cometer asesinatos, violaciones y otros delitos en la finca estatal de Tululche, en El Quiché. 

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Santa Cruz, en Quiché, desestimó el caso en enero de 2020. Las víctimas apelaron la decisión judicial y se volvió a emitir una orden de detención contra Samayoa en noviembre de 2020. 

Nueve prófugos sin identificar

Juzgados de Guatemala han girado órdenes de captura para localizar a otras nueve personas que no fue posible identificar, porque el Ministerio Público no proporcionó la información. 

Caso Diario Militar 

Familiares de las víctimas del caso Diario Militar durante una audiencia. Archivo Ocote.

En este caso permanecen prófugos tres señalados por delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada. 

El Diario Militar es un documento que registra un allanamiento, operaciones de vigilancia, y fichas de activistas, sindicalistas y miembros de organizaciones consideradas subversivas por el aparato estatal y que fueron víctimas de detenciones ilegales, torturas y ejecuciones.

[Escucha aquí el episodio de Radio Ocote Podcast: El diario del horror]

Caso Tactic 

Por la desaparición forzada de tres dirigentes comunitarios en la aldea Tampó en Tactic, Alta Verapaz hay una persona pendiente de captura.

Genocidio maya ixil

En el caso por genocidio maya ixil durante el gobierno de Fernando Romero Lucas García (1978-1982) una persona está fugitiva. El Ejército masacró al pueblo ixil por considerarlo base de apoyo a los movimientos guerrilleros bajo el régimen de Lucas García.

Masacre de Río Negro 

Familiares entierran la osamenta de una mujer asesinada en la masacre de Río Negro. Fotografía: Plaza Pública

Las autoridades buscan a tres personas prófugas por la matanza cometida en 1982. Son buscadas por participar en la masacre de 143 mujeres, niñas y niños en la comunidad de Xococ, próxima a Río Negro, en Rabinal, Baja Verapaz. 

Masacre Rancho Bejuco (1982) 

Una mujer sostiene el retrato de un familiar asesinado durante el conflicto armado interno. de Fotografía: Plaza Pública

Masacre Rancho Bejuco (1982) 

Hay un fugitivo en este caso por matar a 25 personas, en el caserío El Rancho Bejuco, en Baja Verapaz. La mayoría de las víctimas eran niñas y niños.

Angélica Medinilla

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