Después de las tormentas
Después de las tormentas
Lo que dejaron las tormentas. El hambre, la inseguridad, el abandono
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Eta y Iota asolaron el norte de Centroamérica en noviembre de 2020. Cuatro meses después, Agencia Ocote recorrió parte de la ruta de estas tormentas en Guatemala. En este especial contamos las historias de algunas de las casi dos millones de personas que fueron damnificadas. Las tormentas dejaron a muchas comunidades aún más abandonadas, y más vulnerables de lo que ya estaban antes frente a los fenómenos naturales y el cambio climático.


Se venía alertando desde días atrás. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) emitió un aviso público el sábado 31 de octubre, en el que indicó que una depresión tropical se estaba formando en el Caribe, y llegaría a Centroamérica en forma de huracán.

Desde ese día, el Centro pronosticó que la lluvia provocaría “inundaciones catastróficas y potencialmente mortales, junto con deslizamientos de tierra en áreas de terrenos más altos de Centroamérica”.

Al menos siete días antes de que Eta llegara a Guatemala, los pronósticos meteorológicos anticiparon la posibilidad de lluvias extremas en áreas que fueron afectadas por las tormentas.

[Puedes leer aquí el análisis de Rüdiger Escobar Wolf sobre los fenómenos naturales, su impacto en las personas y el riesgo a futuro]

El lunes 2 de noviembre de 2020, Eta entró en Nicaragua como huracán de categoría 4.

Tres días después de la alerta del NHC, el martes siguiente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) envió una notificación a gobernadores departamentales y alcaldes en la que indicó que “para los próximos días se podrían presentar lluvias importantes en el país asociados a efectos indirectos” de Eta.

La Conred pidió que se socializara la información a Centros de Operaciones de Emergencia (COE) organizaciones, instituciones y representantes de sociedad civil, y que se realizaran  las acciones preventivas que se consideraran necesarias “para salvaguardar la vida e integridad de la población en sus territorios”.

Eta entró a Guatemala el jueves 5 de noviembre, como tormenta tropical: como un ciclón con vientos y lluvias intensas. Lo hizo cinco días después de la alerta científica y dos días después del anuncio de la Conred.  Pero el aviso no llegó a todas las comunidades afectadas y a varias lo hizo tarde.

Porque nadie fue a avisarles, porque cuando lo hicieron a través de las radios o las televisiones, ya estaban incomunicados o porque no tenían cómo moverse.

Algunas personas, a pesar de los avisos, prefirieron quedarse en sus casas, ante la amenaza de robos. Muchas confiaron en que el agua de las inundaciones no les llegaría y algunas nunca imaginaron que sus viviendas quedarían soterradas por los deslizamientos.

Después de Eta, llegó una calma de días, en la que mucha gente que se había logrado evacuar no pudo regresar a sus viviendas. Las casas seguían inundadas (a pesar de que la lluvia había parado, el agua de las inundaciones en algunos lugares no dejaría de subir), sumergidas en lodo, o directamente habían desaparecido bajo la tierra. Entonces la Conred habló de 144 mil personas afectadas, 116 desaparecidas y al menos 12 fallecidas.

Una semana después, apareció Iota.

Deslizamiento en Quejá, San Cristóbal Verapaz. Fotografía: Carlos Alonzo.

Alcanzó la categoría 5 y a Guatemala llegó el 17 de noviembre. La Conred emitió avisos tres días antes, similares a los de Eta. El 16 de noviembre, además, instó a los alcaldes a que realizaran las evacuaciones que considerara necesarias.

Los avisos de la coordinadora no fueron suficientes, ni con Eta, ni con Iota. Según la Conred, en total, 1,794,671 personas fueron damnificadas en los siete departamentos. Alta Verapaz, Izabal y Quiché fueron los departamentos más dañados. Huehuetengango, Petén, Zacapa y Chiquimula también sufrieron daños graves.

Solo en Alta Verapaz, se registraron 471,378 personas afectadas.

Más de 300 mil personas tuvieron que ser evacuadas de sus casas durante el paso de las dos tormentas aunque, según los registros de la Conred, albergaron a menos de 43 mil. Las demás se quedarían en casas de vecinos, familiares o en salones improvisados en centros sociales, escuelas e iglesias.

La institución indica que hay 100 personas desaparecidas y 54 fallecidas, aunque algunos especialistas afirman que es posible que exista un subregistro. Según el análisis de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), al menos 60 personas murieron por ahogamiento o sepultadas.

La Conred registró más de 6 mil viviendas en riesgo, casi 19 mil con daños leves, 56 mil con daños moderados y más de 4 mil con daños severos.

La Segeplan registra en su evaluación de daños y pérdidas 2,242 casas con daños severos y 37,465 con daños moderados en toda Guatemala. Las cifras de la Conred son casi el doble.

Además, hubo carreteras, puentes y escuelas que no resistieron.

Una casa destruida y desplazada en Sesajal, San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Fotografía: Carlos Alonzo.

Una reconstrucción que no es

Agencia Ocote solicitó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda información acerca de proyectos desarrollados a partir de las tormentas para reconstruir viviendas, carreteras y puentes dañados.

El ministerio indicó que en noviembre, el Fondo Social de Solidaridad realizó la limpieza de un derrumbe en la aldea Belejú, en Chicamán (Quiché) y de otro en el cruce San Mateo Tiactac, en San Mateo Ixtatán (Huehuetenango). La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) inició 19 proyectos a partir de las tormentas, aunque solo uno de ellos se había terminado a finales de marzo de 2021. La mayoría había avanzado apenas entre el 30% y 50% su ejecución de fondos y tres de ellos estaban en 0%.

El 9 de diciembre de 2020, más de un mes después de que Eta llegara a Guatemala y semanas después de Iota, el Gobierno creó el Gabinete Específico de Reconstrucción por los Daños Causados por las Depresiones Tropicales Eta y Iota.

Inicialmente, Alejandro Giammattei, presidente del Gobierno, en conferencia de prensa aseguró que el vicepresidente Guillermo Castillo coordinaría el gabinete. Sin embargo, el Acuerdo Gubernativo 199-2020 estableció que el presidente preside la entidad y el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda es el coordinador técnico de la misma.

Se asignó un presupuesto de más Q553 millones para atender la emergencia. Hoy, casi seis meses después de las tormentas, hay pocos avances por parte del gobierno y de las autoridades encargadas. Según el tablero de control del “estado de calamidad pública por la depresión tropical Eta”, del Ministerio de Finanzas Públicas, a finales de abril apenas se había ejecutado el 20.2% del presupuesto asignado.

Algunas instituciones, como la municipalidad de San Cristóbal Verapaz y la de Camotán aún no han ejecutado nada del monto asignado a las alcaldías para cubrir la emergencia. El Ministerio de Comunicaciones apenas ha ejecutado el 11.74%.

El 27 de abril, casi seis meses después del paso de las tormentas, integrantes del gabinete especial realizaron una conferencia de prensa para hablar de las acciones que llevarían a cabo próximamente.

Sobre la baja ejecución de la cartera a su cargo, Josué Lemus, ministro de Comunicaciones, explicó que se debe a que el Estado de Calamidad se decretó únicamente por tres meses y el tiempo fue insuficiente para realizar las contrataciones.

Lemus añadió que muchas zonas se encontraban aún inundadas, y eso impidió que pudieran determinar las necesidades para cada municipio. “No tuvimos tiempo, no pudimos ejecutar como hubiéramos deseado. Cuando fue la tormenta Agatha (en 2010) el Estado de Calamidad duró ocho meses“, se justificó.

Ricardo Barrientos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscale (Icefi), asegura que la excusa del ministro no es válida, pues el Estado de Calamidad libera de controles las compras y contrataciones con el fin de hacer más ágiles las compras. “Es una justificación sin sustento técnico“, apunta.

El economista asegura que la baja ejecución de los ministerios y otras instituciones puede explicarse por dos factores principales: el personal a cargo de las compras y contrataciones desconoce las leyes que las regulan y además, la corrupción retrasa la ejecución del  presupuesto de las instituciones.

Un ejemplo de esto último son las coimas que pagan los proveedores: “Algún servicio o producto puede ser adjudicado a una empresa que ofreció precios razones, pero esta es impugnada y condicionada al pago de sobornos. Esto además encarece los precios”, dice.

Solicitamos una entrevista a Lemus para profundizar más en este tema. Respondió que nos indicaría una fecha para realizarla, pero cuando publicamos este texto todavía no nos la había dado.

Carretera en Uspantán, Quiché. Fotografía: Carlos Alonzo.

En Agencia Ocote solicitamos información de proyectos y programas realizados y bonos entregados a partir de las tormentas, a los ministerios que forman parte del gabinete de reconstrucción, pero no todos entregaron datos.

Además, solicitamos una entrevista con la persona responsable del Gabinete de Reconstrucción, para conocer qué acciones se han llevado a cabo los últimos meses, cuál es la estrategia a futuro, cómo es la gestión de riesgos que se trabaja y qué se está haciendo para que desastres como el de noviembre no vuelvan a ocurrir, tomando en cuenta que es posible que fenómenos naturales extremos ocurran con más frecuencia debido al cambio climático.

[Lee aquí la entrevista a Tania Guillén Bolaños sobre los efectos del cambio climático]

Durante semanas, las personas responsables de comunicación nos enviaron de una institución a otra: de la Secretaría de la Presidencia (que preside el gabinete) a la vicepresidencia, al ministerio de Comunicaciones, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan)… A la fecha todavía no han designado a una persona que responda las preguntas.

El hambre

Segúnlos datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), comunidades y municipios de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén, Quiché, Santa Rosa y Zacapa reportaron, después del paso de Eta y Iota, daños a cultivos de maíz, frijol, café, cardamomo, árboles frutales y hortalizas, entre otros. La mayoría de estos cultivos eran de subsistencia.

El ministerio estima un área dañada de casi 136 mil hectáreas y más de 200 mil familias afectadas. La pérdida económica sería de casi Q900 millones.

A pesar de estas cifras, según información proporcionada a Agencia Ocote por el mismo ministerio, hasta el 24 de marzo de 2021, únicamente se habían entregado libras de arroz y frijol a 16 mil personas damnificadas en todo el país.

El MAGA asegura que se compraron tuberías para reparar las dañadas por la tormenta Eta, pero solo beneficiaron a 1,208 familias de las 204,500 afectadas.  

Según el Ministerio de Finanzas, el MAGA apenas ejecutó el 16.73% de los más de Q26 millones que se le asignaron para cubrir la emergencia. José Angel López, ministro de Agricultura, dice que la baja ejecución se debe a que los contratos no fueron adjudicados por las juntas de licitación, aunque no explica las razones para no aprobarlos. “Yo no puedo llegar y decirles que adjudiquen un evento, eso legalmente no me corresponde”, asegura.

El gabinete de reconstrucción anunció que el MAGA y el Mides destinarían Q445 millones para ayudar a las familias afectadas. López admite que no cuentan con esa cifra, ya que no está incluida dentro del presupuesto de este año. Para conseguir los recursos espera que ambas carteras puedan modificar alguna partida o utilizar fondos que no se hayan ejecutado de otros rubros.

El monto, dice el funcionario, se invertiría en un bono especial que se entregaría a 105 mil familias afectadas por Eta y Iota. Sin embargo, explica que hasta ahora no tienen una posible fecha para empezar a entregarlo.

A comunidades de Alta Verapaz, Izabal y Quiché visitadas por Agencia Ocote entre febrero y marzo, el MAGA no había llegado. Ni para entregar semillas, ni fertilizantes ni insecticidas ni plaguicidas que pudieran terminar con brotes de gusanos de que surgieron en los cultivos de maíz. 

Gusano cogollero, que afecta las plantaciones de milpa en El Estor, Izabal. Fotografía: Carlos Alonzo.

A muchas de las familias, que se dedican a la agricultura para autoconsumo o para ventas en mercados y que viven casi al día, las tormentas les golpearon aún más fuerte. Arrasaron con sus cosechas, que estaban listas para ser recogidas en noviembre, y ahora, meses después, o no han podido volver a plantar porque el terreno fue demasiado afectado, o lo han hecho a destiempo, ya que la época de siembra era en noviembre y diciembre. No tienen garantía de que los cultivos se den con la misma calidad.

El hambre llegó a algunas comunidades, pero en otras, alejadas de los municipios, siempre había estado.

Datos del Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (Siinsan), indican que de enero al 17 de abril de 2021, se registraron 68,242 casos de desnutrición aguda en niños de menos de cinco años y 15 fallecidos por desnutrición crónica.

Según datos del Censo de Población, la principal fuente de agua para consumo en municipios afectados por Eta y Iota, como San Pedro Carchá, en Alta Verapaz, es el agua de lluvia. Muchas de las viviendas no contaban con tuberías de agua potable antes del año pasado, y en otras quedaron destrozadas después de las tormentas.

La vivienda

Miles de personas perdieron sus casas después de las tormentas. Muchas otras viviendas quedaron inhabitables o debieron reconstruirse para evitar que se cayeran. En las comunidades que visitamos de Alta Verapaz, Quiché e Izabal, la misma gente está arreglando sus construcciones. La mayoría pone parches: un tablón aquí, una lámina allá.

Hasta ahora, según información entregada a Agencia Ocote por el Ministerio de Comunicaciones, se sabe que el Fondo de Desarrollo Social compró láminas en diciembre y materiales en enero para construir 600 viviendas, pero la institución no explicó en qué lugar ni si ya se construyeron.

Únicamente se indicó que se habían visitado a 309 personas para “constatar la situación actual, tomar fotografías, levantar coordenadas y determinar los trabajos necesarios previo a la realización de cualquier construcción”.

Patricia Letona, la secretaria de comunicación de la Presidencia, tampoco aclara cuándo se comenzarán a construir viviendas ni qué municipios se priorizarán. “Este es el año de la reconstrucción”, dice. Asegura que ya “se ha ordenado” hacer un inventario de terrenos estatales a los que se puede trasladar a las personas que quieran irse de terrenos que son inhabitables. Tampoco concreta fechas.

En la conferencia de prensa del 27 de abril, Josué Lemus, el ministro de Comunicaciones, anunció que la construcción de las 600 viviendas podría empezar en la segunda semana de mayo.

Lemus aseguró que estas viviendas pertenecen a una primera fase y que después se edificarán 800 más. El ministro no dio ninguna fecha o un posible plazo en el que realizarán los trabajos.

Vivienda destrozada en Quejá, Alta Verapaz. Fotografía: Carlos Alonzo.

En las recomendaciones de la evaluación de Segeplan, en el apartado de vivienda, se indica que “el momento de la recuperación es una oportunidad para corregir problemas estructurales de los asentamientos humanos”. También se aconseja tomar en cuenta los medios de las familias como un asunto central para la reconstrucción e involucrar a los municipios en todo el proceso. 

Los problemas con el acceso a una vivienda y la inseguridad alimentaria han hecho que en algunas comunidades haya personas que decidieran migrar a Estados Unidos para ayudar a sus familias. No hay cifras, porque el Estado no las ha generado y porque es complicado conocer qué migraciones se deben a las tormentas y cuáles no. La defensoría del migrante de la oficina del Procurador de Derechos Humanos todavía no tiene información al respecto. El Consejo de Atención al Migrante (Conamigua) nunca respondió a Agencia Ocote si tenía datos al respecto.

Julia González, de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), indica que la falta de prevención y de acompañamiento por parte del Estado ante eventos naturales que causan desastres, implica desplazamientos internos y migración internacional. Hasta el momento, dice, en la Menamig no cuentan con cifras de guatemaltecos que migraron hacia Estados Unidos debido a Eta y Iota.

El consultor, experto en migración, Pedro Pablo Solares explica que, aunque las causas de la migración están atravesadas por el hambre, la pobreza y la falta de vivienda —y las tormentas pudieron empeorarlas— esta situación es estructural y no empezó hace meses. Son años de desatención a cientos de miles de personas, que han provocado que para muchas de ellas, la migración, aun en condiciones de inseguridad, sea la única forma de crear un futuro.

La salud

Eta y Iota llegaron en mitad de una pandemia, aunque en algunas comunidades hacía meses que no seguían las recomendaciones del Ministerio de Salud: algunos las desconocían y otros las consideraban innecesarias. En otras, no estaban enteradas de que había un nuevo virus ni una enfermedad llamada COVID-19.

A esos lugares no llegaron mascarillas, ni alcohol en gel, pero tampoco información del Ministerio de Salud, según los habitantes del lugar.

Hay municipios de Alta Verapaz y de Quiché, por ejemplo, en los que se han hecho menos de mil pruebas desde que comenzó la pandemia desde hace más de un año. En algunas municipalidades de estos dos departamentos, se ha vacunado a poco más de 100 o 200 personas en los últimos dos meses. Se desconoce el dato por aldea.

En varias de las comunidades más alejadas, o nunca hubo un centro de salud —las personas han tenido que trasladarse siempre a aldeas o municipios cercanos—, o quedaron inhabilitados durante las tormentas.

Personas de zonas de Alta Verapaz aseguraron que, semanas después de las lluvias, les salieron ronchas en la piel, que al rascarse sangraban. La mayoría, se alivió con remedios naturales. No tenían dinero para pagar la medicina ni para llegar a los puestos de salud. En el Ministerio de Salud dicen que se deben a la mala higiene de las personas y descartan que se produjeran a consecuencia de las lluvias de noviembre.

***

Las tormentas Eta y Iota llegaron a agrandar con toda su fuerza una herida que ya estaba en carne viva. La de la inseguridad alimentaria, la pobreza, la enfermedad, la precariedad. Pusieron en evidencia la desatención del Estado hacia las personas que habitan en medio de montañas, a la orilla de lagos y ríos, en cerros pelados, a la intemperie.

En lugares donde una diarrea puede ser mortal, donde la lluvia hace que se muevan laderas y se corten caminos y carreteras, donde, cuando tiembla, la tierra parece convertirse en polvo bajo los pies. Miles de personas viven vulnerables a los fenómenos naturales y al cambio climático.

Es un ciclo. Después de las tormentas: el hambre, la miseria, el olvido.

Las personas de comunidades de Alta Verapaz, de Izabal, de Quiché, perdieron sus casas, sus cosechas y, algunos, a sus familias.

Son personas que se han tenido que acostumbrar, a la fuerza, a estar solas. A tener que aguantar hambre; a ver cómo levantar sus casas de la nada una vez más; a decirles a sus hijos que no, que la escuela no es para ellos, que toca trabajar; a no recibir ninguna ayuda del Estado. A sacar fuerzas para lograr unos derechos básicos —a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la vida— que están garantizados en la ley pero no en la realidad.

Son personas a las que las tormentas del año pasado golpearon más fuerte que a nadie. Las dejaron aún más solas y aún más desamparadas. Hoy han tenido que ver cómo siguen con sus vidas, después de meses de un silencio estatal.

En Agencia Ocote trabajamos este especial, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation (SIF), en el que contamos qué fue de las personas y de las comunidades después de este tiempo. Qué ha hecho el Gobierno con unos fondos asignados para apoyarlas, que no han llegado a su destino. Cómo sobrevive la gente, en medio de la inseguridad alimentaria y el hambre.

También cómo influyó el cambio climático en estos fenómenos y qué se está haciendo para prevenir sus efectos: cómo se miden los riesgos y cómo se trabaja para que las personas no tengan que vivir en constante alerta, a la espera de que algo malo pueda pasar.

Qué pasó Después de las tormentas.

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