Lorena Díaz sintió miedo cuando colocó su mochila sobre la capa de hielo que cubría el suelo del contenedor del tráiler en el que debió viajar por quince horas, junto a otros migrantes, hasta Ciudad de México: «solo nos podíamos parar y sentar, parar y sentar», recuerda Lorena, durante la llamada virtual que sostuvimos para este reportaje. 

Quince horas permaneció en el tráiler aquel, sin comer ni beber nada. 

Lorena salió de su casa en Sipacapa, San Marcos, el 1 de septiembre de 2022. Viajó en tráiler, en buses, microbuses y automóviles particulares. Caminó seis días en el desierto y llegó a Estados Unidos el 20 de septiembre. Allí, a sus 22 años, conoció por fin a su padre.

Para viajar en el contenedor metálico de un tráiler, con mínima ventilación y en hacinamiento, es necesario mantener temperatura fresca en el interior, y para eso se instala algún sistema de aire acondicionado, o, como en este caso, una rudimentaria cama fría. Lorena estima que, para hacer esa cama fría, los traficantes de personas conocidos como «coyotes», a quienes Lorena llama «guías», vaciaron alrededor de 25 sacos de hielo. 

«Se sentía mucho frío y el guía nos dio una pastilla para no ir al baño, porque no teníamos que ir, íbamos demasiado apretados ahí, en el tráiler». Y no podían salir del compartimiento.

Además de las molestias físicas, Lorena tenía presente una noticia reciente: varios migrantes habían sufrido un accidente viajando de la misma forma que ella: 55 migrantes murieron encerrados en un tráiler, y eran 105 personas las que viajaban. Algunas de las víctimas apenas tenían unos años menos que Lorena. Veintidós de las personas lesionadas en ese accidente eran mujeres.

Según información publicada por elPeriódico, entre octubre de 2021 y julio de 2022, al menos 200,479 migrantes guatemaltecos habían sido interceptados en la frontera con México. Los datos de organismos oficiales concentrados en el portal Datosmacro.com, indican que la migración de mujeres en 2019 supuso el 50.58 % del total de migrantes de origen guatemalteco. 

Las cifras del INE publicadas en 2020 revelan que en 2018 había 388,828 personas inscritas en universidades en Guatemala, el 53 % eran mujeres (206,186) , y el 47 % hombres (182,642). Sin embargo, el Compendio estadístico con enfoque de género, también del INE, registra que, en 2018, de la población total del país, solo el 5.9 % de mujeres tenía un título de licenciatura, versus un 6.6 % de hombres. Eso muestra que, son más mujeres las que no logran completar la educación superior.

Por su parte, el Documento Analítico de Juventudes en Guatemala, publicado por el UNFPA en 2020, indica que, aproximadamente, solo 6 de cada 100 mujeres jóvenes, entre 19 y 24 años, consigue iniciar estudios superiores. Lorena fue una de esas seis entre sus contemporáneas, lo había logrado. «Me dolió dejar mis estudios», reconoce, pero sabe que no podría haber costeado su educación con los 600 quetzales que recibía por dar clases de inglés en un instituto. 

Pero el viaje no solo implicó dejar sus estudios y cambiar de residencia. 

Lorena presentía que habría muchas dificultades, como cansancio, hambre, sed e inseguridad. Incluso llegó a considerar inyectarse un anticonceptivo para evitar un embarazo si acaso la violaban: «Me quería planificar por eso, ¿verdad? de tener miedo a que abusaran de mí, pero la otra causa fue por estar viajando y (evitar) que le baje a uno la regla, ¿verdad?»

Lorena, con 22 años, nunca había usado anticonceptivos. Su hermana la acompañó a una clínica, pero le indicaron que el método le haría más daño que bien y decidió no ponerse la inyección. Lorena atravesó México con un grupo de aproximadamente 30 mujeres y dice que su guía fue respetuoso, y que advirtió a los hombres del grupo sobre no propasarse con ellas. 

[Consulta el especial: Los nuevos caminos de la migración centroamericana]

Las mujeres migrantes enfrentan varios tipos de violencia sexual, como violación, acoso, trata de personas y prostitución forzada. Lorena piensa que la relativa seguridad que vivió durante la travesía tiene relación con el costo de su viaje: 15 mil dólares (120 mil quetzales aproximadamente), que le garantizaron ciertas comodidades como comida en algunos sitios donde el resto de migrantes debía comprar su alimentación. También tuvo acceso a agua para asearse en algunos lugares, como la bodega en la que estuvo encerrada tres días. Los mismos tres días que le duró la menstruación.

Con el salario que recibía como maestra, Lorena no podría haber pagado aquel viaje. Pero en Estados Unidos, trabajando 14 horas como empacadora, a 20 dólares la hora (160 quetzales aproximadamente), diariamente podría ganar 280 dólares (2,240 quetzales aproximadamente). Este ingreso es el equivalente a más de tres meses de salario en el instituto en Guatemala. Un poco más que el ingreso promedio mensual de 2,207 quetzales (274 dólares aproximadamente), reportado en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) de 2021, para personas de 15 años o más. En esos datos también se identifica que el salario que reciben las mujeres en esa edad, en promedio, es más bajo que el de los hombres: ellas cobran 1,788 quetzales, mientras que ellos, 2,432 quetzales.

La violencia no es exclusiva de las fronteras, es una causa de migración

«Todos dicen el migrante, pero no nos mencionan a nosotras, las mujeres migrantes», dice Lety Barán, quien llegó a Estados Unidos desde finales de los años 90 y preside la Asociación Primaveral, una organización de personas originarias de Guatemala para unificar y apoyar a migrantes, y a sus familias, en Washington DC, Estados Unidos.

«A veces el familiar cruzó tal día y nunca saben nada de ellos, entonces la gente nos llama para pedir apoyo. Vienen hombres, pero ahorita la mayoría son mujeres. La familia en Guatemala llama para pedirnos que averigüemos si están detenidas».

No hay datos precisos sobre la migración irregular. Las desapariciones en el trayecto son difíciles de rastrear. En México, del total de personas reportadas desaparecidas, el 1.83 % son extranjeras y del 10.52 % no se tiene información sobre su nacionalidad. El miedo, la desconfianza ante las autoridades y la discriminación estructural dificultan la denuncia, según el Informe de la Secretaría de Gobernación de México para el Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas. 

Barán opina que las mujeres están migrando para cambiar la manera en que viven, para dejar las violencias que están sufriendo. Ella misma migró pensando en mejores oportunidades de vida para su hijo, de nueve meses, al que tuvo que dejar en Guatemala. 

Astrid Gámez coincide: «la necesidad es más grande que el miedo a tomarse el riesgo», dice.

Gámez es Directora ejecutiva de Family Services Network, una organización que trabaja con mujeres y niños migrantes en temas de prevención de violencia sexual, bullying y crianza segura, además de un programa de desarrollo preescolar.

Algunas mujeres con las que trabaja son de origen maya mam, tienen hijos y quieren darles un mejor futuro. «Donde viven [en Guatemala] faltan fuentes de trabajo, falta seguridad y salud», comenta Astrid. 

«Aquí [en Estados Unidos] no te piden papeles para inscribir a un niño en la escuela, solamente tienes que decir cuántos años tiene y mostrar tu dirección, pero no te preguntan tu estatus legal, cualquiera puede inscribirse en la escuela pública en este país», dice Astrid, quien considera que las mujeres aseguran así educación para sus hijos, pero también ha escuchado casos de mujeres que van huyendo de violencia y que aún tienen miedo de hablar de lo que han pasado.

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En la Encuesta de Medios de Vida a Población Migrante Retornada en Guatemala, de la OIM, en el marco del COVID-19, el 67 % de las mujeres indicaron que su motivo para migrar fue el trabajo, un 44 % indicó como razón el mejorar sus condiciones de vida. 

La inseguridad fue nombrada más veces por ellas, el 8 % la identificó como razón de migración frente a un 4 % de los hombres entrevistados. Una de cada diez personas en ese estudio reportó al menos un factor de vulnerabilidad por violencia. De estos factores en específico, los más mencionados fueron haber migrado por violencia o inseguridad, desplazamiento interno forzado por violencia, y que no puedan volver a su comunidad de origen porque su vida corre peligro.

En la frontera, según la investigadora Menara Lube Guizardi, «las mujeres constituyen un elemento a ser expoliado corporalmente, psicológicamente, emocionalmente». Pero la violencia no es un asunto exclusivo de las fronteras, donde tiende a acentuarse. Es también una causa que las lleva a migrar. 

El Observatorio de las mujeres del Ministerio Público indica que los delitos contra la niñez y las mujeres son los más denunciados en el Sistema de Justicia de Guatemala. Pero no todas las víctimas denuncian. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil de 2014-2015, solo cuatro de cada diez mujeres que sufrieron violencia buscaron algún tipo de ayuda. Es decir, la cantidad de casos de violencia podría ser más del doble de los registrados.«Whom should I tell» (A quién se lo digo) es un programa de Family Services Network, en Estados Unidos, dirigido a la prevención y detección del abuso sexual infantil.

Astrid cuenta que, al elaborar el programa piloto para este proyecto, trabajó con 298 mujeres latinoamericanas, y detectó que alrededor del 93 % habían sido abusadas sexualmente cuando eran pequeñas. Algunas de ellas eran madres y habían migrado buscando una nueva vida, pensando en llevar algún día también a sus hijos a los Estados Unidos. El tiempo y los recursos no lo permitían de inmediato y algunas se encontraron con que sus hijos también fueron abusados sexualmente, algunas veces incluso por la misma persona que les había agredido a ellas.

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Violencias múltiples y reiteradas 

La violencia sexual no es la única que enfrentan las mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2020, Guatemala, sólo el 14.5 % de la población tenía cobertura de, al menos, un beneficio de protección social. La tasa de desempleo en mujeres es de 2.9 y en hombres de 1.8. La tasa de desempleo en la juventud (de 15 a 24 años) aumenta en las mujeres a 5.7 y en los hombres a 4. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo total es de 3.6.

El Compendio estadístico con enfoque de género, publicado por el INE en 2021, detalla que de la población de 15 años o más que trabaja, 72.9 % de las mujeres trabaja en el sector informal, mientras que el 27.1 % en el sector formal, teniendo mayor presencia de mujeres que hombres en el sector informal. Para los hombres, el 67.8 % trabajan en el sector informal mientras que el 32.2% en el sector formal.

Según la Organización de Naciones Unidas, en 2020, Guatemala descendió al puesto 127 de entre 189 países, en el Índice de Desarrollo Humano. Descendió una posición respecto a 2019.

En el informe «Migración de Huehuetenango en el Altiplano Occidental de Guatemala», del Migration Policy Institute y Asociación Pop No´j, se cita que las mujeres tenían el doble de probabilidades que los hombres de indicar que la violencia fue su principal motivo para irse, «lo que sugiere un vínculo entre la violencia doméstica y la migración».

La brecha de género mide la desigualdad entre hombres y mujeres en varios aspectos. En Guatemala es de 66.4 %, según Datosmacro, el puesto 113 de 155 países analizados. Datosmacro es un portal que genera información a partir de los institutos de estadística de varios países y otras fuentes, recopila variables económicas y sociodemográficas de manera global.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), en Guatemala, las mujeres, aunque vivan más, no necesariamente disfrutan de una mayor calidad de vida. Oxfam, en el informe «Entre el suelo y el cielo. Radiografía multidimensional de la desigualdad en Guatemala» indica que las mujeres realizan cinco veces más tareas domésticas y de cuidado que los hombres. 

Las desigualdades se agudizan no sólo por género sino por origen étnico. Oxfam identifica que «las mujeres indígenas rurales reciben ingresos promedios que sólo equivalen a una tercera parte de lo que ganan los hombres mestizos urbanos».

Elizabeth Raymundo es de origen popti’, nació en Jacaltenango. Trabajó un tiempo como vendedora de kiosko en la cabecera departamental de Huehuetenango, pero volvió a su lugar de origen cuando nació su hija. Buscó trabajo, pero no encontró. Emprender un negocio le pareció una buena idea y abrió una tienda en Jacaltenango, donde vendía abarrotes, productos mexicanos y por catálogo. De esa tienda dependía su subsistencia y la de su hija. 

Raymundo es madre soltera, el padre de su hija la reconoció cuando esta había cumplido dos años, y durante dos años aportó alrededor de 500 quetzales mensuales para la manutención. Luego dejó de comunicarse.

«Nunca logré juntar capital para crear mi negocio y, como todo mundo cuando empieza, opté por hacer un préstamo al banco», cuenta Elizabeth. «Agarré un préstamo que no era exageradamente grande, pero para mí lo era, y opté por venirme a Estados Unidos porque ya no podía pagarlo. Tenía ya solo para pagarle al banco. Estaba viviendo al día», cuenta durante la entrevista que fue realizada en una llamada virtual. 

Elizabeth pagó 29,000 quetzales (3,444 dólares) por el viaje de ella y su hija de nueve años. Al igual que Lorena, hizo el trayecto en buses, carros particulares y camiones, pero solo pudo pagar un viaje que la dejaba entregarse en la frontera a las autoridades estadounidenses. La promesa era que al entregarse ya en territorio estadounidense y llevando a su hija consigo, podrían solicitar asilo.

«Suerte. Buenos contactos. Dios.»

Lorena, aunque estuvo retenida en el último trayecto, fue liberada en territorio estadounidense después de un pago extra de mil dólares, que no había acordado con el «coyote».

Elizabeth hizo el trayecto con un grupo proveniente de Unión Cantinil, y cree que recibió más consideración por ser de la misma comunidad (son municipios cercanos con Jacaltenango). Aun así, viajar cuidando a una menor le representó una vigilia constante: «nunca descansé, quizá un pestañazo, pero estuve atenta todo el tiempo porque una no sabe, por la nena, yo (pensaba) tal vez me puedo defender», recuerda.

Ella atravesó una buena parte de México haciéndose pasar por jornalera, y su hija aprendió a fingir que estaba dormida cada vez que pasaban un control policial. Cree que tuvo suerte porque el «coyote» tenía buenos contactos y la policía mexicana “solo” los extorsionó una vez. Tuvieron que pagar 10,000 pesos, unos 3,900 quetzales, para que los dejaran continuar. Conoce el caso de otras migrantes que fueron secuestradas o separadas de sus compañeros de viaje. 

«Llegamos como a la una de la mañana a la frontera, nos íbamos a entregar el siguiente día y, supuestamente, nos íbamos a quedar a dormir en un hotel. El guía dijo que mejor no, porque estaba muy caliente la frontera y que estaban llegando mucho los policías a revisar en los hoteles, que mejor en ese mismo momento nos íbamos a entregar», cuenta Elizabeth.

Entregarse implica pasar a territorio estadounidense y desde ahí solicitar asilo. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el Asilo Afirmativo puede solicitarse al no estar en proceso de expulsión. Si son elegibles para asilo, podrían permanecer en Estados Unidos mientras se resuelve su situación y presentar una solicitud de permiso para trabajar 365 días después. A eso le apostó Elizabeth.

«Nos fueron a traer en unas trocas. Solo como cinco minutos caminó el carro y llegamos a donde teníamos que llegar, y dicen ellos: “bueno, aquí se bajan, solo van allá y lleguen ahí al muro”. Media cuadra tal vez caminé, ya estaba un hombre haciendo el hoyo [túnel] para que nos metiéramos porque es pura arena ahí. Ya estábamos en la frontera. Dijo: “solo que de plano no van a meter sus maletas”. Yo solo llevaba un pequeño maletín, con dos o tres mudas para cada una».

Elizabeth apuró a su hija para vestirse con una pieza sobre otra y se deslizaron por el agujero. Poco después las encontró la patrulla fronteriza, habían llegado a Estados Unidos.

A Elizabeth, que entendía alguna palabra en inglés, la dejaron hacer una llamada que a otros no les permitieron hacer directamente. Para su hija proveían sopa, algunas galletas y jugo, pero no había para los adultos. El lugar donde estaban recluidos empezó a llenarse de gente. 

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«Tenemos que tener algo en el estómago, m’ija, le decía yo a la nena, y agua de chorro tomamos con ella», recuerda Elizabeth. Tres días pasaron hacinadas, y detenidas, mientras las autoridades de migración contactaban a sus familiares.

«Cuando ella se dormía, me ponía yo a llorar, “dios mío, qué hice yo” (pensaba), me arrepentía en ese momento», 

Había tanta gente, que algunas familias tuvieron que ocupar los cuartos de baño para acomodarse. El calor, el mal olor, la historia de la compañera que contaba que tenía quince días detenida, desesperaban a Elizabeth, quien pensaba, incluso, en pedir que la deportaran. 

Llegó un sábado, salió el siguiente lunes a las 7 de la mañana.

Suerte. Buenos contactos. Dios. Son las palabras que Elizabeth menciona mientras mece a su bebé y se queja de que el aire acondicionado no funciona. Cuatro años han pasado desde su viaje a Estados Unidos.

Elizabeth tiene ahora permiso de trabajo y está solicitando asilo. Paga impuestos en Estados Unidos y trabaja en una fábrica. El dinero que gana le alcanza para invertirlo y seguir vendiendo, que es lo que le apasiona.

Cree que si en Guatemala hubiese tenido capital semilla para emprender, quizá no habría migrado, pero también recuerda las múltiples dificultades que encontró para emplearse, como cuando hubo ofertas de empleo en un banco, pero evitó asistir para no tener qué hacerse una prueba de embarazo obligatoria que pedían, según se rumoraba. 

Astrid Gámez, de Family Services Network, considera que todas las violencias a las que se enfrentan las personas migrantes requieren un proceso de recuperación posterior: «todo el que viene a este país de esa forma necesita después una terapia, de meses, quizás años para recuperarse de todo por lo que pasó», dice. «Es un camino fuerte y todavía ellas tienen la fortaleza de llegar aquí y seguir adelante. Eso es admirable».

Pero la violencia no siempre se queda en la frontera, «se sigue reproduciendo cuando cambian de país», anota Astrid, «es parte de la maleta, del equipaje». 

El miedo a la deportación o a perder apoyo económico no permite que muchas denuncien la violencia que reciben de sus parejas, «pero hay programas que las ayudan», dice Astrid, quien también le apuesta a los proyectos que acerquen a las mujeres a la independencia económica: «a veces esa parte es la que las deja metida en una relación de abuso». Son violencias a lo largo de la vida.

Lety Barán reconoce también la importancia de la independencia económica para las mujeres y le apuesta a la capacitación. De su época en Guatemala recuerda que las opciones al no estudiar eran casarse y tener hijos. Ella decidió migrar. Su primer trabajo fue cosechar tomates y hoy lidera una asociación de apoyo a otros migrantes.«Las mujeres vienen aquí a trabajar duro para mantener a la familia. Es duro para nosotras, como mujeres, pasar todo ese riesgo», asegura Lety. Y refiriéndose al gobierno, dice: «nosotros no somos nada para ellos, pero sí para las remesas, y no reconocen que la economía de Guatemala la tiene de pie el migrante». Y las migrantes, que ante la violencia que enfrentan en sus sitios de origen, corren los riesgos de la migración irregular en la búsqueda de mejores condiciones de vida.