«Yo morí ese día, la Adriana que había sido», dice Adriana Portillo-Bartow. Habla de un dolor que describe como el impacto de una bala en un vidrio, un impacto que hace un daño puntual pero que agrieta, se expande a su círculo más cercano, a sus familiares y comunidad.

Ese día, al que se refiere Adriana, fue el 11 de septiembre de 1981. El día en que se perpetró la desaparición forzada de su familia, en la ciudad de Guatemala, durante el gobierno del ex general Fernando Romeo Lucas García.

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico detalla lo que pasó ese 11 de septiembre: Ángel Portillo, el hermano de Adriana, dijo a la Comisión que ese día unos hombres amenazaron con pistola a su papá en una oficina de zona 1 y se lo llevaron en un carro sin placas. Después de la detención, él quería alertar a su familia. Al llegar a la residencia de su padre en la zona 11, se encontró con un fuerte operativo militar y no quiso entrar a la casa por temor a que lo detuvieran. 

Adriana cuenta que horas más tarde, junto con su cuñada y dos sobrinos, también acudieron a la vivienda de su papá. En los alrededores había agentes de la Policía Nacional, Policía Militar Ambulante, Policía Judicial y soldados. Adriana preguntó por sus familiares, uno de los hombres que le pareció era el jefe, le dijo que no estaban. Luego admitió que sí se encontraban en la residencia y les invitó a entrar. Tenían miedo, prefirieron no ingresar y retirarse. Ella recuerda que vio cuando unas personas limpiaban el piso de la casa con mangueras y escobas.

Desde ese día, Adriana Ella no volvió a ver a sus familiares: sus dos hijas, Rosaura Margarita, de 10 años, y Glenda Corina, de 9 años; su hermana menor, Alma Argentina Portillo Muñoz, de un año y medio; su padre, Adrián Portillo Alcántara; su madrastra, Rosa Elena Muñoz Latín; y su cuñada, Edilsa Álvarez Morales. 

Hoy, Adriana Portillo-Bartow tiene 69 años, es activista y ha trabajado en organizaciones internacionales de derechos humanos. Vive en Estados Unidos desde 1984. Tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, regresa cada año a Guatemala para pedir justicia por la desaparición de sus familiares. Durante algunos años Adriana esperaba encontrar a sus hijas y a su hermana vivas, pero con el paso del tiempo ha perdido la esperanza. 

Años después, un periodista le dijo que sus hijas salieron vivas de la casa de la zona 11 y que él pensaba que habían sido adoptadas en Europa. En otra ocasión, le hablaron de una mujer en Tabasco, México, cuya historia coincidía con la de sus hijas. Ninguno de estos indicios condujo a encontrarlas. 

Durante estos 42 años, le ha tocado escuchar a diversas personas que tratan de excusar las desapariciones forzadas en el hecho de que su padre era miembro de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), y sus hermanos eran militantes de la guerrilla.

Adriana vivía entonces en Jutiapa, a 125 kilómetros al sur oriente de la capital. Tras la desaparición forzada de sus familiares, se mudó y permaneció tres años en la ciudad de Guatemala. Dice que durante los días posteriores vivía con mucho temor, que recibía intimidaciones y asegura que cerca de su casa dejaban cadáveres. 

Como mecanismo de sobrevivencia y por miedo a que también la detuvieran, Adriana inventó una mentira que llegó a creerse: les decía a todos que sus hijas vivían en México, con su abuelo Adrián.

Eran tiempos de violencia institucional y total impunidad, según consta hoy en documentos, investigaciones y procesos judiciales, entre los que destaca el caso del hermano del expresidente Lucas García, Manuel Benedicto Lucas García, quien es acusado por cometer genocidio contra comunidades ixiles en ese periodo.

A tres años de la desaparición, dos hombres vestidos de negro y con lentes oscuros llegaron a tocar la puerta de la casa de Adriana. No les abrieron. Entonces, los hombres subieron al techo y desde ahí les interrogaron sobre una guerrillera nicaragüense que, según ellos, estaba escondida en la casa. Los hombres desistieron y se fueron.

Después de esa noche, Adriana y su entonces esposo decidieron huir de Guatemala para salvar a sus otras dos hijas, Ingrid y Sarina.

El 16 de diciembre de 1984, partieron hacia Estados Unidos sin papeles. Tardaron un mes en cruzar el desierto, hasta que llegaron a Texas. Miembros de una iglesia luterana les apoyaron con alimentos y refugio.

Hasta que llegaron a ese país, Adriana tuvo el valor de enfrentar la realidad y realizar una denuncia pública por la desaparición forzada de sus familiares, ante medios de comunicación de ese país y de la congregación religiosa. «Aquí en Guatemala yo nunca dije nada, hasta que llegamos a Estados Unidos pude hablar y mis hijas se enteraron».

Cinco meses después, su esposo decidió regresar a Guatemala y poco después se divorciaron. Adriana permaneció en Estados Unidos con sus hijas, tenía miedo de ser deportada, así que usaba otro nombre. «Me tuve que cambiar el nombre por temor a que la inmigración me detuviera y deportara de regreso a Guatemala a una muerte segura para mí y mis hijas sobrevivientes. Yo era Ana María, a mí se me olvidó que yo me llamaba Adriana». 

Ella logró retomar su identidad y regular su situación migratoria en 1989, tras contraer matrimonio con su actual pareja Jeff Bartow.

En 2023 se cumplen 42 años de la desaparición forzada de sus familiares. También se cumplirán 25 años desde que, en 1998, Adriana interpuso la denuncia por la desaparición forzada de su familia ante el Ministerio Público (MP). 

Adriana no sabe dónde se encuentra su familia pero, en su discurso como activista y denunciante de este tipo de crimen, es contundente asumiendo que sufrieron torturas, violaciones o fueron asesinados por las prácticas que ha conocido y estudiado en otros casos de desaparición forzada.

El proceso judicial lleva abierto más de dos décadas, y aún se encuentra en etapa intermedia, es decir en invetigación. El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) es la organización querellante que acompaña a Adriana. Todavía no hay capturas por este caso, el MP continúa en la fase indagatoria. En 2022 la PDH empezó, en paralelo, un proceso de averiguación especial, con la misma potestad de investigación que el MP, por lo que podrá, al concluir su investigación, presentar una acusación y convertirse en querellante del proceso.

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¿En qué momento decidió denunciar y emprender su búsqueda de justicia?

En Estados Unidos yo daba charlas de derechos humanos, todo a la luz de mi propia experiencia. Fui parte del buró de oradores de Amnistía Internacional, que fue mi plataforma desde la que yo denunciaba las violaciones de derechos humanos en Guatemala. Yo denunciaba de esa forma porque no podía regresar. Había gente que no me creía. Un día se me acercó un señor y me dijo: “lo que está contando es tremendo, pero yo digo que usted está mintiendo”. Le pregunté por qué creía eso y me dijo que porque no lloraba. Yo le dije que tengo tantos años de estar llorando, de llorar a mi familia. Estoy cansada de llorar.  

Otra persona me dijo que yo era una comunista, que [mi familia] tenía merecido lo que les pasó por guerrilleros. Yo le respondí que si amar a mi pueblo, luchar por mi pueblo es ser comunista, yo sí soy comunista. Y cuando me decían que yo había sido culpable, les preguntaba ¿o sea que yo fui la responsable? ¿Y ellos [las fuerzas de seguridad y el gobierno de ese entonces] qué papel jugaron en esto? ¡Yo no desaparecí a mis hijas! ¡No fui yo la que violó a mi madrastra y a mi cuñada! ¡No fui yo la que los torturé! ¡No fui yo la que mató a mi papá!

¿Cuándo fue la primera vez que regresó a Guatemala? 

Regresé en 1989, vine para poder entrar a Estados Unidos legalmente. Tuve que venir a pedir perdón por haber ingresado sin documentos. En la Embajada de Estados Unidos, ante el embajador, pidiendo perdón por haber entrado a rastras a ese país.

En un periódico vimos que un ex cuñado mío había sido encontrado muerto un día antes de nuestra llegada. Carlos Cabrera, esposo de la hermana de mi exmarido, era uno de los cadáveres que aparecieron junto a otros estudiantes de la Universidad de San Carlos. 

Cuando fuimos a la Embajada, les enseñé el periódico. Teníamos una semana fijada, con fechas que nos habían dado ellos para diferentes reuniones. Con el periódico en la mano, les dije que no podíamos quedarnos una semana en Guatemala. Necesitábamos que nos dieran la visa para salir ese día o al siguiente.

¿Vino con sus hijas esa vez?

Mi esposo, Jeff Bartow, y mis hijas vinieron conmigo. Mis hijas también eran indocumentadas ¡Hasta mis niñas tuvieron que pedir perdón! 

¿Cuál fue la reacción en la Embajada?

Les enseñé el periódico porque el Departamento de Estado de Estados Unidos me envió a Guatemala a la fuerza, diciendo que aquí se respetaban los derechos humanos. Durante ese mes de septiembre desaparecieron estudiantes de la Universidad de San Carlos. 

También solicitamos hacer el trámite de visa en Canadá o México, pero lo negaron argumentando que en Guatemala se respetaban los derechos humanos. Entonces, con el periódico en la mano, nos dijeron que pasáramos a recoger la visa al día siguiente en la Embajada. Cambiamos los boletos para salir directamente a Estados Unidos ese mismo día.

[Puede escuchar el episodio del podcast Radio Ocote: Recuperar el control de la vida. Familias que buscan a sus desaparecidos]

Luego de ese viaje forzado, ¿cuándo volvió a Guatemala voluntariamente? 

Regresé por mi propia voluntad en 1993, cuando ya no tenía ningún problema para volver a Estados Unidos. Entonces vine un 11 de septiembre. Quería pasar ese día en el lago de Atitlán, así que alquilamos un bote que estuvo flotando con nosotros, porque el lago y el agua me traen mucha paz. Me sentí muy fuerte, muy unida con mi familia que ya no está, o que está, pero quién sabe dónde.

Después de eso, regresé para la firma de la paz en diciembre de 1996. Ya volví como Adriana Portillo. En marzo de 1997, denuncié por primera vez en mi propio país el secuestro y desaparición de mi familia en el REMHI (Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica), y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico lo registró como el caso ilustrativo número 87 en el informe. 

¿Qué apoyo tuvo en esos momentos?

En ese momento, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) estaba a cargo del caso. La ODHAG es la que me acompaña al Ministerio Público, tuvimos un año para preparar la denuncia que presentamos en 1998. Cuando empecé a venir, organizaron una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación. Hice la denuncia pública y acusé al Ministerio Público de ser ineficiente y de querer negarme la justicia deliberadamente desde el principio. Fui la persona que sacó a la luz las desapariciones de niñas y niños. La gente no creía que existieran desapariciones de niños. Fui a todas las organizaciones de derechos humanos, y solo la ODHAG y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) me respondieron.

Este año se cumplen 42 años de la desaparición de su familia y 25 años desde que interpuso esta denuncia al Ministerio Público ¿Cómo describiría su búsqueda de la justicia? 

Ha sido un proceso doloroso y difícil. A pesar de todo, creo en la justicia. En Guatemala son capaces de impartir justicia, lo que pasa es que no quieren. También pasa que no hay suficiente gente que les ponga el dedo y les diga «este es su deber».  Soy beligerante porque conozco mis derechos, como la víctima sobreviviente, tengo derechos. 

¿Ha tenido miedo durante estos años?

Somos víctimas sobrevivientes, pero no somos víctimas que las inmoviliza el terror. Somos víctimas que hemos logrado, a pesar de tener miedo, continuar en la lucha por la justicia y la verdad. Yo tengo miedo, no lo niego. Pero a mí no me va a detener el miedo. Yo soy una víctima diferente, y así como yo, hay muchas.

¿Qué avances ha tenido el MP ante los tribunales?

El primer fiscal pidió amnistía [a través de la Ley de Reconciliación Nacional buscaba desistir de la investigación], después metió el caso a la Fiscalía de Delitos Administrativos [El MP decidió asignar a esta fiscalía por tratarse de posibles delitos cometidos por agentes del Estado, en esa época no existía la Fiscalía de Derechos Humanos]. Luego se perdió el expediente, por años permaneció el expediente extraviado. 

Hace unos cuatro años, yo me presenté ante la jueza para declarar en anticipo de prueba para que tengan mi declaración por si me pasa algo. Teníamos una cita con ella, pero tuve que hacer cinco viajes porque nos cancelaban la audiencia. A pesar de que la ley establece que, si uno vive en el extranjero, el juzgado debe hacer espacio a la persona. 

Hasta que al fin tuvimos la audiencia y resulta que la jueza dijo que ella tenía un expediente por tenencia ilegal de armas. Después vimos que sí tenía mi expediente, pero las primeras 37 páginas no eran del caso por la desaparición forzada de mi familia. Esto es claramente un intento de obstaculizar la justicia. 

En septiembre de 2022, por orden de la Corte Suprema de Justicia, la PDH empezó una investigación especial por la desaparición de su familia, ¿hay algún avance significativo o nuevos hallazgos?

El proceso de averiguación especial vino a cambiar las cosas. Con un poco de temor, llegué a una reunión con el señor Alejandro Córdova (actual Procurador de Derechos Humanos), porque no se dicen cosas buenas de él. Yo no llegué con una actitud defensiva. Yo llegué como madre, hija y hermana de personas desaparecidas. Al principio, él decía «nosotros nos basamos en la ley, nosotros no podemos hacer conjeturas, nosotros nos vamos con la verdad y nada más que la verdad». Está bien, le dije yo. Eso yo lo tengo muy claro, porque ese es su mandato: siempre hablar con la verdad y dar a conocer la verdad. Además, es un magistrado de conciencia y tiene el deber de vernos como seres humanos. Entonces, las cosas se revirtieron y fue una reunión preciosa. 

La PDH siempre me ha apoyado. Todos los procuradores estuvieron muy involucrados en mi caso. La reunión con el actual procurador estuvo excelente, cuando nos despedimos me agarró mis manos en las manos de él. Me dijo: váyase sin pena, confíe en mí, que nosotros vamos a llegar al fondo. 

Nosotros íbamos a solicitarles un reporte y ya lo tenían. Tienen mucha información, no puedo dar detalles, pero tienen información relacionada con la Policía Nacional, el Comando Seis, nombres de quienes estaban de alta en ese mes. 

Esta información estaba en el Archivo Histórico de la Policía Nacional ¿No la tenía el MP? 

Sí, la información la tenía el MP. Pero los fiscales tienen más de 5 mil casos y este es un caso muy complejo, no tienen el tiempo. Este problema se empieza a solucionar cuando la Corte Suprema de Justicia autoriza este procedimiento con la PDH. En la PDH hicieron el trabajo con toda la información que estaba en manos del MP, que nunca tuvo a alguien que hiciera ese trabajo. 

Además, me dijeron que están buscando a las niñas. Me dijeron que tenían archivos de adopciones, muchas fotografías de niñas adoptadas. En mi próximo viaje me van a presentar las fotos, habrá psicólogos presentes. 

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El acompañamiento psicológico es importante para manejar las expectativas. 

Sí, exactamente. Yo tengo la esperanza de que Almita (su hermana) aparezca allí. Yo pienso que mis hijas estaban demasiado grandes para que las adoptaran. Tal vez las mataron, algún soldado del Ejército se las llevó, o las regalaron. Ellas ya estaban grandes, sabían quiénes eran sus papás, donde vivían, sus nombres. Si ellas estuvieran vivas, ellas hubieran buscado a su abuela o a sus papás. Supongamos que les hubieran dicho que habían matado a toda su familia, el mismo trauma las hubiera hecho no querer reencontrarse, pero ya tenían edad para recordar. Yo no tengo ninguna esperanza de que mis hijas aparezcan en los expedientes de adopciones. 

¿Tuvo indicios de que sus hijas fueron adoptadas?

Un periodista, quien ya murió, estaba en la casa donde llevaron a mis hijas. Él declaró en el MP que había llegado la mamá, pero eso no es cierto. Él sabía qué pasó con las niñas. El periodista dijo que empezó a buscar a la familia de apellido Latín, ese es el segundo apellido de mi madrastra. Él me dijo que las niñas estaban en los países escandinavos. 

¿No tuvo más indicios que la declaración de esta persona?

Hubo otro señor que me dijo que él había vivido en Villa Hermosa, Tabasco (México), y allí había conocido a una muchacha que se llama Glendy. Ella es adoptada y le contó que andaba en busca de sus familiares de Guatemala, pero creía que los habían matado. Él me dijo que estaba seguro de que era Glenda, mi hija. Se hicieron dos viajes a buscarla, pero no la encontramos. 

¿Cómo ha logrado vivir con esta pérdida y con el peso de la incógnita?

Yo siempre he recibido terapia, pero en esas dos ocasiones yo estaba en un estado demasiado alterado. Pensaba que eran ellas y estaban vivas. Yo me preparé psicológica y emocionalmente para reencontrarme con mis hijas. Cuando eso falló, para mí fue terrible. Es como haberlas perdido de nuevo. Una depresión profunda, terrible. 

Ahora no tengo ninguna esperanza. Tengo los pies bien puestos sobre la tierra, yo sé lo que puedo esperar y lo que no. De mi hermanita, yo espero y deseo que pudiera ser adoptada porque tenía un año y seis meses, es la edad en que los buscan adoptar.Luego, en Estados Unidos nos hicieron unas fotos actualizadas de las tres niñas, de cómo se verían siendo adultas. Eso lo hacen con una computadora, con inteligencia artificial. La foto de Almita era la cara idéntica de una muchacha en la capital (de Guatemala), ella es huérfana y había sido adoptada por la familia de un militar. Pensamos que podía ser Almita. La Liga Guatemalteca de Higiene Mental tuvo el caso un tiempo.

¿Y qué sucedió?

Hicieron la prueba de ADN. La primera vez se equivocaron y la pusieron como mi hija, en lugar de mi hermana. Cuando vieron el error, hicieron otra vez la prueba. Dio un 3 mil por ciento que no era mi hermana. Dijeron que, para poder realmente determinar, necesitan tener una prueba de ADN de la mamá, no hay prueba de ella. La del papá sí porque es la mía, por el parentesco sanguíneo. Eso así se va a quedar. 

¿Tuvieron contacto con ella?

No, ella se negó a conocernos. Tenía razón porque hay sentimientos involucrados. No tuvimos ningún tipo de comunicación, absolutamente nada. Fue sólo a través de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental. 

¿Cuáles son las próximas etapas que seguirán para el avance de la investigación?

La PDH probablemente pida prórroga para presentar de manera pública su investigación, porque es mucha información. En el siguiente viaje, que es en tres meses, me van a enseñar a mí las fotografías de adopciones. También avanzaremos junto con el equipo del GAM en el caso que se lleva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

¿Considera que el hecho de pertenecer a una familia militante de izquierda ha afectado el avance del caso ante la justicia?

Sí y no. Pareciera que sí, porque la jueza le dijo al abogado «pero ellos eran guerrilleros». Ese comentario lo hizo fuera de cámara, no lo dijo en la audiencia. Yo conozco la Constitución de la República y el Código Penal. Ninguna entidad del Estado tiene derecho a detener, desaparecer, torturar, violar, matar a ningún individuo, aunque sea guerrillero. Para eso existe el sistema de justicia. Ellos tenían su propio sistema de justicia que trabajaba a su favor, porque no los detuvieron y metieron a la cárcel para castigarlos si estaban violando la ley. Ellos violaron sus propias leyes y las leyes internacionales. Todos los acuerdos internacionales.

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¿A qué conclusiones personales ha llegado?

Para mí, como madre, hija y hermana de desaparecidos, la desaparición es la perfección de la tortura. Tiene un impacto que alcanza varios círculos alrededor. 

Cuando iba a dar charlas, me encontré una foto que es un diseño perfecto de cómo funciona la tortura de las desapariciones: es la foto de un balazo en un vidrio. Está donde entra la bala y hay el mayor daño. Sigue una rueda donde es menos el daño, pero es mucho más alargado. Claro, no puede ser igual que el impacto que recibí el día en que se llevaron a mi familia. Luego va abarcando a la familia más cercana, mis hijas, mi esposo, hermanos, tíos, primos y se va extendiendo, que incluso llega a alcanzar la misma comunidad en la que vive ese individuo porque provoca terror. Es que no hay tortura más efectiva que la desaparición porque te inmoviliza, el terror es tan grande que te inmoviliza y las secuelas duran toda una vida porque no se puede recuperar uno del daño causado. 

¿Cree que llegará a haber una sanación?

No es cierto que puede uno curar o sanar. El dolor está allí siempre. El daño está hecho y ya no se puede revertir. No es fácil. Se pierde la confianza en todo el mundo. Si tu gobierno, tu país, que debe protegerte y garantizar los derechos humanos, es capaz de hacerte una cosa semejante, uno pierde la esperanza. Uno pierde la creencia en la bondad, en la generosidad, en la humanidad de la gente. 

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El proceso judicial está en fase intermedia en el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia, que dirige la jueza Sara Griselda Yoc Yoc. Se consultó a la PDH acerca de los avances del proceso de averiguación especial.  La Dirección de Comunicación del Procurador de los Derechos Humanos indicó que realizaría gestiones para atender la solicitud, pero todavía no brindan información.  

El MP respondió que el caso se encuentra en investigación, dos testigos declararon en anticipo de prueba y han efectuado múltiples diligencias, a través de las cuales se persigue individualizar a los responsables. Aún no se cuenta con órdenes de aprehensión.

Maynor Alvarado, abogado del Grupo de Apoyo Mutuo, comenta que el proceso judicial avanza a paso lento y el Ministerio Público aún no concluye la fase indagatoria. Alvarado explica que la PDH reportó el análisis de información de contexto y adopciones irregulares. Sin embargo, no tiene hallazgos específicos relacionados con el caso de la familia de Adriana Portillo-Bartow.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que «el delito de desaparición forzada cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil constituye un crimen de lesa humanidad». 

[Recuerda cuando Claudia Paz y Paz fue finalista a fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional]

La Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, de la Organización de Estados Americanos (OEA) también lo define como un delito de derecho internacional que no prescribe: «Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima», y en su artículo 13 dispone que «Los Estados Partes se prestarán recíproca cooperación en la búsqueda, identificación, localización y restitución de menores que hubieren sido trasladados a otro Estado o retenidos en éste, como consecuencia de la desaparición forzada de sus padres, tutores o guardadores». 

El Estado de Guatemala se adhirió al Estatuto de Roma en marzo de 2012, y ratificó la Convención Interamericana en septiembre de 2001. A pesar de la obligación que estos compromisos implican, muchos casos como el de la familia de Adriana Portillo-Bartow aún no han tenido acceso a la justicia. Recientemente, el 10 de marzo de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado de Guatemala «abstenerse de liberar a 3 condenados por violaciones a los derechos humanos del menor Marco Antonio Molina Theissen», cuya desaparición forzada se perpetró en 1981 por agentes militares.

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