Desde hace siete años, la población xinka hace relevo de turnos cada 24 horas contra la explotación minera en varios puntos del suroriente del país. El 7 de junio de este año cumplirán más de 2,500 días en protesta pacífica permanente.
Para ordenar los turnos, cada comunidad lleva dos tipos de agendas, una propia y otra general, donde se anotan los nombres de las personas, el día y hora en que deberán acudir a cumplir con su servicio.
Es un trabajo ad honorem, porque es un servicio a la comunidad. La importancia de ese trabajo comunal ha sido ampliamente abordada por Gladys Tzul doctora en sociología de origen maya k’iche’.
“El trabajo comunal es la columna vertebral que sostiene la vida política comunitaria… Es lo que hace que la comunidad se encuentre. No es energía social para producir mercancías, sino la que se necesita para transformar lo que necesitamos para vivir”, explicó Tzul durante su intervención en la ponencia La política comunal, algunas dinámicas para comprender su expansión.
Desde los años 90 las comunidades indígenas xinkas, con presencia en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, se habían enfocado en recuperar las formas de organización y trabajo comunitario, que por diversos factores fueron desarticuladas o disminuidas.
Ya en la década del 2000, de esos procesos surgieron estructuras como el Parlamento Xinka, con representación de las distintas comunidades.
También había procesos de rescate de la espiritualidad o la cultura, que incluían el idioma, con apoyo de las universidades Rafael Landívar y Francisco Marroquín en Guatemala, y la de Utah en Estados Unidos.
Hicieron frente a la narrativa sobre la supuesta «desaparición xinka», que se basaba en el Censo de Población 2002 y que estimaba que solo había 16,214 xinkas.
No eran tulipanes, era minería
En 2008 se encendieron las alarmas en las comunidades. Comenzaron a percibir que sobre su territorio existía un grave peligro. Se escuchaban rumores que decían que en San Rafael las Flores, Santa Rosa, se empezarían a sembrar tulipanes.
Pero poco tiempo después se dieron cuenta de que se trataba del proyecto minero Escobal que buscaba extraer minerales y no colmar las montañas de flores.
Patricia Eugenia Gregorio de Arreaga, autoridad del Parlamento Xinka en representación de Nueva Santa Rosa y quien forma parte de la resistencia contra la minería de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, confirma que ninguna comunidad sabía del proyecto minero.
«Se oía que venía una empresa que había comprado todo el pedazo que tiene la mina. Nos dijeron que iban a sembrar tulipanes, cuando eso nunca se había dado en nuestro territorio. Somos gente de caña, maíz, chile, tomate, cebolla».
Gregorio recuerda que al inicio también hubo una serie de temblores que causaban grietas en las casas y que alarmaron a la población, que acusó a la minera de usar dinamita para extraer plata.
La aldea La Cuchilla, donde vivían unas 300 personas, quedó casi sin habitantes. Abandonaron sus casas por temor a que se derrumbaran y por las rápidas diligencias que la empresa hizo para comprar los terrenos.
En una publicación de Plaza Pública, Andrés Dávila, entonces representante de comunicación de la minera, confirmó que se habían comprado los terrenos como «ayuda humanitaria» y señaló que no tenían responsabilidad sobre el daño.
Así, las comunidades xinkas pasaron de enfrentar las interpretaciones culturalistas centradas en el desuso del idioma y la indumentaria, a organizar en asambleas la defensa del territorio.
El Estado parecía utilizar todos los mecanismos y recursos para poner en marcha el proyecto minero. Antes de los rumores sobre los tulipanes, en 2007 se otorgó la licencia de exploración Oasis a la empresa Entre Mares.
Entre Mares es una de las subsidiarias de Goldcorp, que luego fue vendida a Tahoe Resources y después a Pan American Silver.
«La licencia abarca tres municipios, San Rafael las Flores y Casillas, en Santa Rosa, y San Carlos Alzatate en Jalapa, y autoriza a la empresa la exploración a profundidades ilimitadas bajo la superficie. Es una de las concesiones (suman más de una docena) que solicitaría la empresa para conformar el proyecto Escobal», se cita en una cronología del proceso en el portal web fuera Minera Escobal.
Según el abogado Kelvin Jiménez, asesor jurídico del Parlamento Xinka y coordinador general del equipo técnico, a partir de 2011 fue cuando se incrementa la defensa del territorio porque Escobal implicaba más que los 19 kilómetros cuadrados que tiene para explotación.
Según Jiménez, Escobal representa una especie de «llave» que abriría la puerta a una serie de licencias que en la actualidad amenazan la totalidad del territorio xinka.
El abogado añade que son alrededor de 2 mil kilómetros cuadrados los que la compañía tiene en su plan de explotación.
«La licencia de reconocimiento El Silencio busca empezar a identificar las nuevas licencias de exploración, es un proyecto de explotación a 50 años, que abarca cinco departamentos», dice.
«Los departamentos son: parte de Guatemala, parte de Jalapa, El Progreso, Jutiapa y Santa Rosa”, señala Jiménez mientras muestra los mapas que contienen los trazos y otros detalles.
Crece la represión
Durante el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) se otorga la licencia para el proyecto Escobal y se establece un Estado de sitio para controlar a la población.
En los años siguientes se registran ataques, asesinatos no esclarecidos y el secuestro de cuatro líderes xinkas, incluido Roberto González Ucelo, presidente del Parlamento Xinka.
A criterio de Kelvin Jiménez, nada parecía detener el avance del proyecto.
«Se otorga la licencia sin cumplir los procedimientos, incluso habíamos presentado 300 oposiciones administrativas debido a la contaminación industrial en el río Los Esclavos, con afectaciones en los cultivos desde la fase de exploración».
Reitera que a él le otorgan un amparo en agosto de 2013 «que le ordena al Ministerio de Energía y Minas conocer mi oposición y al día de hoy no se ha conocido».
A partir de ese momento, las comunidades exigen consultas municipales de vecinos, que aunque según aclara el abogado no son vinculantes para el Ministerio de Energía y Minas, sí pueden tener un efecto a nivel municipal.
El abogado recuerda que la negativa de realizar la consulta era grande. En una reunión en 2011, un viceministro de Energía y Minas dijo que no se hacía consulta para otorgar una licencia de conducir, «en una comparación tan absurda entre una licencia de conducir y una licencia minera», dice.
«Nuestro objetivo es limitar el otorgamiento de licencias de construcción, pues aunque el ministerio diera la licencia de explotación no iban a tener las municipales de construcción».
Esa acción constituye un hito histórico, pues las comunidades xinkas sientan precedente de una consulta que la Corte de Constitucionalidad (CC) reconoce como vinculante.
Establece que más que un derecho del Concejo Municipal de consultar a su municipio, es una obligación establecida en el Código Municipal.
«No solo debe quedar como una declaración de buena voluntad de las comunidades. Tiene que emitirse reglamentos, ordenanzas y cualquier resolución para hacer valer la voluntad de los vecinos».
«Vimos en las consultas municipales una herramienta para frenar la expansión a pesar de que las licencias ministeriales ya estaban otorgadas, al día de hoy ni siquiera han podido entrar a Mataquescuintla por ejemplo», destaca Jiménez.
La resistencia y los plantones como estrategia
Para frenar las acciones de la minera y exigir que se reconociera la existencia de las comunidades xinkas y, por lo tanto, se hiciera la consulta sobre cualquier tipo de proyectos en sus territorios, también utilizaron la estrategia de establecer plantones permanentes en Casillas, Santa Rosa; Mataquescuintla, Jalapa y frente a la CC.
Santa Rosa: @PNCdeGuatemala antimotines lanzaron gases y atacaron sin motivo a la población mientras realizaban manifestación contra minera. pic.twitter.com/rJpE2R8JTn
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 22, 2017
El único plantón que se retiró fue el de la CC, porque el 3 de septiembre de 2018 resolvió detener el proyecto minero en beneficio de las comunidades Xinka según el expediente 4785-2017 (páginas 516-517).
La corte tomó en cuenta la jurisprudencia internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas a su identidad y a la consulta, según lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este reconocimiento también lo respalda la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros.
De igual manera, en octubre de 2020 se establece un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y el Parlamento del Pueblo Xinka. Se establece que la primera acción dentro del proceso de preconsulta a las comunidades será la Evaluación del Impacto Cultural y Espiritual del proyecto minero Escobal en el Pueblo Xinka.
#JuntosSaldremosAdelante | El Ministerio de Energía y Minas y el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala informan:#UnidosTransformamosGuatemala#AccionesQueTransforman pic.twitter.com/zpJGrzHcOG
— Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) October 6, 2021
El estudio se realizó bajo la coordinación de la doctora Claudia Dary y la investigación de Guadalupe García. Fue publicado el 15 de junio de 2022.
Mientras el proceso de preconsulta avanza —alterado por la llegada de la pandemia de COVID-19— fue hasta febrero de 2024 que las comunidades xinkas y el MEM se reunieron para retomar el cronograma de trabajo acordado.
Las comunidades ahora entrarán a un proceso de revisión de la documentación necesaria bajo los lineamientos establecidos en la sentencia de la CC.
Entre tanto, las comunidades de Casillas, Santa Rosa y Mataquescuintla, Jalapa, celebrarán 7 años de resistencia pacífica en junio de este año, porque sus plantones siguen activos y sin dar paso a combustible o materiales a la mina.
Aura Marisol Guerra, de Santa Rosa de Lima, también autoridad xinka y parte de la resistencia contra la minería en Casillas, cuenta que no es fácil resumir todo lo que ha vivido en siete años de oposición al proyecto Escobal, pero resalta que «uno no se imagina todo lo que se puede lograr cuando hay unidad».
La dirigente hace una pausa para continuar. Está tranquila, pero recuerda que es una de las personas atacadas por manifestar. No quiere brindar detalles e indica que no hablará más del incidente.
Sus ojos verdes se iluminan cuando reitera que «basta con que la gente se entere de que nos han lastimado para ver (el respaldo) atrás de uno. Eso nos fortalece y ayuda a seguir en el plantón en cada turno».
Los turnos a los que Guerra hace referencia son un mecanismo que ordena y establece un horario para la participación de cada persona de las comunidades en resistencia. Esos turnos se relevan cada 24 horas.
Por lo general se tienen dos agendas, una para que cada comunidad lleve su propio sistema de control y otra general para que todas las comunidades sepan cuándo les toca asumir.
«Estamos involucrados todos los que pertenecemos al territorio xinka, porque no queremos proyectos mineros. No pueden señalar a Santa Rosa de Lima, a Nueva Santa Rosa, a San Rafael, porque hay gente de Jalapa o de Santa Rosa en el plantón día a día», señala.
Durante las protestas ciudadanas del llamado Octubre de 2023, en el marco del Paro Nacional que duró 106 días, liderado por diversos pueblos indígenas, la experiencia de organización por turnos fue un aporte de las comunidades xinkas.
El abogado Jiménez afirma que la experiencia en la movilización y resistencia permanente xinka en contra de la minería también forma parte de los aprendizajes para otros pueblos después de las movilizaciones de 2023.
La dinámica de generar turnos a cargo de una comunidad diferente frente a la sede central del Ministerio Público fue una propuesta xinka que se implementó, asegura.
Para Aura Guerra, el tiempo que llevan en resistencia permanente también ha servido «para que la gente haga conciencia y para que más personas se involucren».
«Siempre hago mención que, supongamos que vamos en un avión y se daña, no puedo decir que no me importa, porque yo también voy en ese avión. También voy a salir lastimada».
Asegura que «toda la contaminación que la empresa (minera) trae, no me perjudica solo a mí y a mis hijos, dañará a todos”.
De igual forma, para Patricia Gregorio las condiciones no han sido fáciles. Destaca que a las mujeres les toca asumir y cumplir tareas adicionales con sus hijos, hijas, esposos y el hogar.
Recuerda que al terminar los turnos deben preparar los alimentos, atender tareas como amas de casa o en otros espacios de participación como los consejos comunitarios de desarrollo.
«Como mujeres también hemos sido agredidas por personas que se oponen a que estemos en la resistencia. Nosotras descuidamos a nuestros hijos o hijas en la casa, hasta nuestros animalitos».
«Nos implica mucho y es difícil, pero tenemos la convicción como mujeres xinkas de que es algo importante y tenemos esposos abiertos a que participemos», explica Gregorio.
Pero hay cosas que le provocan mayor angustia. Gregorio también sufrió un atentado el 23 de abril de 2021. Su casa fue impactada con tres disparos. Dice que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
«Yo amo la vida, el derecho a la vida. Amamos la naturaleza, el agua, porque sin agua no podemos vivir. Vienen nuevas generaciones, nuestros nietos, bisnietos. Como personas responsables pensamos qué les vamos a dejar… Somos mujeres de lucha, empoderadas, tenemos valentía”, afirma.
A la fecha, más de 250 personas de las comunidades xinkas están criminalizadas y 18 han sido asesinadas.
Se han registrado otros secuestros, además del que vivió Roberto González Ucelo, presidente del Parlamento Xinka en 2013. También ataques por grupos armados, seguimiento y vigilancia.
El territorio está en uno mismo
Aleisar Arana, originario de Quezada, Jutiapa, quien fue Huxi Hurak (presidente) de la Junta Directiva del Parlamento Xinka en 2020, cuenta que el proceso de preconsulta «está bastante avanzado. Ha costado bastante, pero nos ha permitido avanzar en la defensa de nuestro territorio».
Enfatiza en que cuando se refiere al territorio es como hablar de sí mismo. «Yo lo veo como mi persona, porque soy parte de este territorio. Yo me quiero y me cuido mucho, doy lo mejor para que mi cuerpo esté bien. Eso es el territorio, un espacio donde se deben enfocar las energías y la buena voluntad para que todo salga bien».
Durante el período en que fue electo como Huxi Hurak, que se puede traducir del idioma xinka como «el hombre que dirige» o «el guía de la comunidad», dice que esa visión del territorio también le hizo entender que «cuando uno es autoridad sabe que tiene una gran responsabilidad».
Arana también cuenta que le «dolía» que hayan dicho que no existían las comunidades xinkas cuando autorizaron la licencia minera. Recuerda que cuando hablaba con representantes del Ministerio de Cultura, les cuestionaba ese extremo.
«A nosotros no nos van a poner a bailar con un trajecito. No quiero que nos pongan a bailar y nos tomen una foto para que digan que el pueblo está bien y que el gobierno nos da lo que necesitamos. Eso no es ser xinka. Tenemos nuestra identidad y queremos que se nos reconozca», repetía a las instituciones estatales cuando visitaban el territorio.
Según el Censo de Población de 2018, la población xinka está conformada por 268,223 personas, un aumento de 1,600% respecto al censo de 2002. Esto catapultó la identidad que venían trabajando desde los años 90 con la firma de los Acuerdos de Paz.
«Fue un espacio grande donde nosotros trabajamos para hacerle consciencia a la gente, porque hablamos de nuestras raíces, del territorio comunal, cómo se administra y cómo nos enseñaron los abuelos».
El dirigente dice que también implica un proceso donde se tiene que «olvidar lo que nos enseñaron en la escuela» en referencia a la educación formal donde se intentó hacer ver que los xinkas no eran indígenas.
«A nosotros nos dijeron que no somos indígenas, como queriéndonos poner encima de los demás pueblos. Pero era una estrategia que se hacía para individualizar, para apoderarse de nuestros territorios, que no pensáramos en colectivo».
La esperanza de cambio
Ante la llegada del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, las comunidades xinkas tienen claro que el proceso que iniciaron a partir de la sentencia que suspendió el proyecto minero (en 2018) seguirá su curso.
Ahora se dedican a revisar la documentación necesaria para que sea conocida por todas las comunidades.
Pero a partir de las movilizaciones del Paro Nacional 2023, del que las comunidades xinkas fueron protagonistas, algo cambió y se traduce en esperanza.
Aleisar Arana sabe que queda mucho trabajo por hacer. «Tenemos que ser realistas, la corrupción no se va a acabar de la noche a la mañana. Tenemos que seguirnos fortaleciendo».
«Debemos hacer esta brecha más grande. Ahorita es un caminito y tenemos que ampliarlo, porque en este camino debemos caber todos para encontrar una vida digna, donde todos tengamos oportunidades».
Fotografía de portada: Colectivo Anpük
