Con el ceño fruncido y la tez levemente sudorosa, un hombre de pequeña estatura se dirige, alterado, a un grupo de periodistas que le rodean. El hombre está en la sala de mayor capacidad del Organismo Judicial, en el quinto nivel de la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala.

Es José Rafael Curruchiche Cacul, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, una dependencia del Ministerio Público guatemalteco que se creó para investigar casos de corrupción. En los últimos cinco años, en su lugar, se ha dedicado a abrir expedientes en contra de fiscales, jueces, abogados, políticos y periodistas incómodos para el sistema.

La carpeta más reciente la creó contra el Movimiento Semilla, el partido que llevó al progresista Bernardo Arévalo a la presidencia, y contra el Tribunal Supremo Electoral que avaló su victoria. La OEA ya acusó a la fiscalía de un intento de golpe de Estado.

Este día, el 14 de junio de 2023, Curruchiche responde las preguntas que le hacen a la salida de la audiencia en la que el periodista José Rubén Zamora Marroquín —expresidente de elPeriódico— acaba de ser condenado a seis años de prisión por lavado de dinero. Le cuestionan por la persecución a la prensa en Guatemala.

Para José Rubén Zamora —en el primer caso en su contra de cuatro que han iniciado en el último año— esta fiscalía pedía 40 años de cárcel. Solicitaba incluso que aumentaran las penas porque el periodista «menospreciaba la autoridad» de los fiscales. Como si la crítica, el cuestionamiento y el rechazo a «la autoridad» fuera un delito que debe perseguirse.

«Acá lo que hay muchas veces no son periodistas; son activistas», dice Curruchiche, ante la pregunta de una periodista extranjera, de la que dice que debe tener una «visión distorsionada» de lo que pasa, por lo publicado por medios de comunicación guatemaltecos.

La frase del fiscal es muestra de una narrativa que empezó hace unos años en Guatemala, de seleccionar y decidir quiénes son buenos y quiénes malos periodistas, a criterio de un sistema corrupto. Un sistema que alimenta a personajes que se han enriquecido ilícitamente y han buscado perpetuarse en el poder. Y que, claro, ha castigado a todo aquel que se ha atrevido a denunciarlo, a investigarlo, a condenarlo.  

Esto, que no es nuevo ni en Centroamérica ni en el mundo, en Guatemala tiene un matiz: quienes no son considerados «buenos periodistas», quienes son catalogados de «periodistas activistas» de «malos periodistas», se han convertido en los últimos tres años en el nuevo enemigo interno de un país con las heridas de una guerra civil aún abiertas.

Una guerra que duró 36 años, de 1960 a 1996. Que dejó tras de sí 45 mil desaparecidos. En la que el Ejército mató a miles de personas indígenas bajo el argumento de apoyar o ser parte de la guerrilla. Que terminó con unos acuerdos de paz que no fueron suficientes para erradicar unas estructuras incrustadas en el poder.

Ahora, el nuevo enemigo interno —los periodistas que denuncian precisamente todo esto—      se enfrentan, día a día, al hostigamiento y a la criminalización

Para quienes se encargan de contar lo que pasa, de revelar lo que alguien más no quiere que se sepa, la amenaza por parte del sistema es clara: «o preso o prófugo».

Los inicios de la regresión

«El periodismo está por sufrir cambios drásticos en Guatemala. La corrupta gente de prensa que gozó de impunidad gracias a servir como caja de resonancia para Iván Velásquez, está próxima a caer. Esos espacios deberán tomarse por periodistas comprometidos con la verdad y la ética».

La cita es de hace dos años. De noviembre de 2021. La escribió en su cuenta de Twitter Ricardo Méndez Ruíz, presidente de la llamada “Fundación Contra el Terrorismo”. “La FCT” “la Fundaterror” o, como algunas personas la han renombrado, la “Fundación del Terrorismo”.

Iván Velásquez fue el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una dependencia de Naciones Unidas cuyas investigaciones ayudaron a juzgar a expresidentes, ministros, empresarios, abogados, militares….  Los mismos personajes que ahora señalan a Velásquez.

La Fundación Contra el Terrorismo es una agrupación que en los últimos años se ha dedicado a impulsar acciones legales en contra de periodistas, fiscales y jueces que develan, investigan y juzgan la corrupción en Guatemala. Al menos 43 de ellos —según el cálculo de Amnistía Internacional— se vieron obligados a salir del país. Desterrados, exiliados, por hacer su trabajo. Una muerte simbólica.

La FCT es el brazo legal de un sistema que ha sembrado el miedo: presentan denuncias en contra de personas incómodas para que la Fiscalía inicie investigaciones en su contra. Y cuando comienza un proceso penal, se adhieren como querellantes; una figura establecida en la ley, que les faculta para estar presentes en todas las audiencias, tener acceso a los expedientes judiciales y plantear los recursos que consideren.

Hace dos años, en noviembre de 2021, cuando Méndez Ruíz hizo esa publicación en su cuenta de Twitter, en Guatemala ya había claros indicios de una regresión democrática sin precedentes.

En julio de ese año, María Consuelo Porras Argueta, la Fiscal General y jefa del Ministerio Público—que sería reelegida por Alejandro Giammattei un año después— destituyó a Juan Francisco Sandoval, fiscal anticorrupción que había trabajado codo con codo con la CICIG. .

En paralelo, el Congreso de la República llevaba esos mismos dos años sin elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que hasta noviembre de 2023 se habían aferrado a sus cargos.

En julio de 2021, Sandoval se fue al exilio. Antes de él, magistradas y exfiscales que denunciaron casos de corrupción ya habían decidido salir de Guatemala, después de ser amenazadas o criminalizadas.

Los ataques contra los operadores de justicia aumentaron a partir de ese año. La expulsión de estos actores anticorrupción, permitió que otros personales se instalaran en puestos clave. Fiscalía, juzgados, Tribunal Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría de Derechos Humanos.

E inmediatamente después, empezó el asedio a la prensa.

Juan Luis Font es un periodista con una larga trayectoria en medios guatemaltecos. Fue director de elPeriódico, de ContraPoder y ahora de ConCriterio. En sus 35 años de carrera ha liderado equipos periodísticos que destaparon sonados casos de corrupción y de violencia estatal. También ha vivido constantes abusos e intimidaciones en los gobiernos de turno. Incluso amenazas y agresiones durante la guerra civil.

«En aquellos años, nuestros temores eran físicos. Te mostraban el arma o te mandaban coronas de flores cuando publicabas algo que no les gustaba», recuerda, de su trabajo a finales de los ochenta y durante los noventa.

Otros periodistas también vivieron esta violencia, como el mismo José Rubén Zamora.

Su hijo, Ramón Zamora —quien tuvo que salir de Guatemala a raíz de los casos abiertos contra su padre— hace memoria de lo que vivió su familia durante la década de los noventa e inicios de los 2000.

«Yo recuerdo cuando era niño, hubo casos donde le cortaron los frenos del carro a mi papá, donde tiraron granadas debajo de su carro. En el 96, cuando estaban planificando lanzar elPeriódico, pasaron ametrallando el restaurante donde se había juntado con los periodistas. En el 2008 fue el secuestro de mi papá… Era una violencia más abierta contra el periodismo y las personas que eran incómodas para el sistema. Esto fue cambiando en la medida en que el costo político era muy alto para el sistema».

Aun así, las tensiones entre medios y poder nunca desaparecieron. «Cada gobierno que ha llegado suele iniciar con una buena relación con la prensa, y esta relación se agria en poco tiempo», explica Font. Esa hostilidad, que aparecía más o menos tardíamente, con menor o mayor intensidad, era producto de los cuestionamientos del periodismo al trabajo de funcionarios y funcionarias.

Los periodistas en Guatemala estaban acostumbrados a esta dinámica. La mala relación se basaba en no dar entrevistas a determinados medios o en reducir la pauta publicitaria para minarlos financieramente.

Pero, para Font, el gobierno de Jimmy Morales (2016 – 2020) supuso un antes y un después. «En el gobierno de Morales se articuló con más estructura este esfuerzo por confrontar de manera más institucional a la prensa», sentencia. Tal vez, como Morales venía del show televisivo, no estaba acostumbrado a la crítica sino al aplauso, y eso lo llevó a perseguir lo que no le gustaba.

El periodista considera que la animosidad con medios y periodistas se materializó a partir del enfrentamiento de Jimmy Morales con la CICIG, que había iniciado un caso penal contra su hermano y su hijo. En las mafias siempre el asunto es de La familia. Morales nombró non grato a Iván Velásquez e hizo desaparecer a la comisión de Naciones Unidas.

Entonces, recuerda Font, empezó a tomar acciones más contundentes en contra de la libertad de prensa. Entre ellas, «recortar toda posibilidad de ingreso en las instituciones públicas a medios independientes que eran considerados favorables a CICIG». Esto, sumado a presiones para reducir todavía más la pauta publicitaria estatal en los medios y suprimir completamente las conferencias de prensa.

Cuando Alejandro Giammattei tomó el relevo de la presidencia en 2020, siguió la misma dinámica, sin dejar apenas ese «tiempo de gracia» que describe Font.

Y pronto empezó la persecución penal.

El primer afectado: Juan Luis Font.

«Creo que la criminalización a periodistas se destapa con ese caso. Cuando Rafael Curruchiche acude personalmente al condominio en Mariscal Zavala donde vive Alejandro Sinibaldi (exministro de Comunicaciones) a recoger su testimonio en mi contra», relata Font.

Sinibaldi dijo a Curruchiche que había entregado alrededor de 1.5 millones de quetzales (más de US$195 mil) a Font, a cambio de que en la revista ContraPoder se realizaran publicaciones periodísticas positivas sobre su gestión. El periodista siempre lo negó.

En octubre de 2021, el Ministerio Público solicitó que se llevara el caso ante un juzgado.

No fue la única denuncia contra periodistas que el Ministerio Público judicializó.

Históricamente, personajes de la política guatemalteca habían intentado usar la vía penal para atacar al periodismo: constantes querellas contra medios o funcionarias que denunciaron a periodistas por violencia contra la mujer.

Por lo general, estas denuncias eran desestimadas o reconducidas a la vía que establece la ley: un juicio de imprenta. Pero eso ha cambiado en los últimos tres años. La Fiscalía comenzó a respaldar e investigar este tipo de denuncias.

«Ahora tienen todo el control para hacerlo», dice Font. El periodista celebra, en cierto modo, que cuando abrieron el caso en su contra todavía no estaban totalmente cooptadas la fiscalía y los juzgados. Esto le permitió tener un margen para defenderse y para salir del país. Lo hizo en abril de 2022. En un breve comunicado aseguró que se iría por unas semanas y que confiaba en regresar pronto. Hoy, un año y medio después, no ha vuelto a Guatemala.

«Cuando tramitan mi caso, todavía no tenían articulado este sistema de jueces ad hoc como (Fredy) Orellana y (Jimi) Bremer», dice Font. Estos dos jueces han cobrado protagonismo en los últimos meses en Guatemala, por procesar a periodistas y por autorizar investigaciones contra ellos.

Así, con el control del Ministerio Público y de los juzgados, denuncias que antes caían en saco roto en la fiscalía o casos que planteaba el Ministerio Público y que los jueces archivaban, ahora avanzan sin frenos.

«Nunca una alianza había tenido el control de tantas instituciones como ahora. Por eso ha logrado perfeccionar el sistema de persecución», lamenta Font. Justicia al servicio de la persecución de las libertades.

«Utilizan la ley de una manera espuria, confusa», agrega Ramón Zamora, quien ha sido involucrado en uno de los casos que abrieron contra su padre. «Agarran fragmentos de las declaraciones y los sacan de contexto. De mí dicen que heredé la organización criminal de mi papá y me quedé extorsionando y lavando dinero una vez que mi papá se fue a la cárcel».

Desde Colombia, Juanita Goebertus, Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, ha cuestionado activamente el deterioro de la libertad de prensa en Guatemala.

«Se da un abuso de legislaciones cuyo propósito no era perseguir periodistas por sus opiniones. Haciendo uso de estas leyes de una manera muy leguleya, tergiversan su sentido. Como el uso de la ley contra el lavado de activos o de violencia de género», critica Goebertus.

La abogada y politóloga recuerda que Guatemala se encuentra en los últimos puestos del Índice de Chapultepec, que mide la libertad de expresión y prensa en Latinoamérica. Sólo está por encima de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La guerra: los buenos y malos

«Quiero dejar claro que la aprehensión no tiene ninguna relación con su calidad de periodista, sino con su labor de empresario». La frase es del fiscal Curruchiche. La dijo en  un video, publicado el 29 de julio de 2022, en el que  explicó los motivos de la detención de José Rubén Zamora.

El discurso —ese «no es por periodista, es por empresario»— se mantuvo durante los siguientes meses, en los que avanzaron las audiencias del caso abierto por lavado de dinero (y se abrieron otros tres expedientes en su contra).

Pero la idea, repetida hasta la saciedad por la Fiscalía y por la FCT, que se querelló en el proceso penal, distaba de las acciones que el mismo Ministerio Público realizaba: el 29 de julio también allanó las oficinas de elPeriódico y retuvo durante horas al personal del medio.

Además, en la acusación mencionaron las publicaciones que Zamora hacía en elPeriódico; hicieron referencia a su relación con las fuentes; e incluso se inició una investigación contra nueve periodistas por la cobertura periodística que se hizo del proceso judicial. Investigación que ha estado en reserva durante meses.

El día de la sentencia contra Zamora, fue cuando Rafael Curruchiche dio declaraciones a los medios y aseguró que en Guatemala hay periodistas que no hacen periodismo, sino activismo.

Es el mismo discurso al que se han subido otros jueces, fiscales, miembros de la Fundación Contra el Terrorismo (o contra el periodismo) y cuentas anónimas de redes sociales que están vinculadas a estas instituciones. No sólo señalan cuál es el buen periodismo, también determinan cuáles «deberían ser» los enfoques de las publicaciones de los medios.

Estas son algunas de las decenas de publicaciones en las que cuentas anónimas y de miembros de la FCT han atacado el trabajo de periodistas, alegando que son activistas encubiertos:

• #ÚltimaHora 2do pollo del día. Sala 4ta de apelaciones NO otorgó el amparo provisional solicitado por @AcGuatemala @ManfredoGuate por virtud del cual pretendían dejar sin efecto la orden del juez 10mo penal para investigar y activistas disfrazados de periodistas. SERVIDOS.
• Caso Zamora es usado para empezar a investigar a periodistas y medios independientes | Plaza Pública . Una cosa es informar y otra muy distinta es usar un medio para atentar en contra de la administración de justicia. https://t.co/UAlgylHGU6
• Caso Virginia Laparra: difícil determinar quiénes de ellos son activistas y quiénes son verdaderos periodistas.
• De nuevo, en una audiencia del caso contra Virginia Laparra, pocos periodistas de verdad, y muchos activistas disfrazados de periodistas, además de chalecos celestes de @UDEFEGUA con la intención de presionar a la juez Carmen Acú. Se hará justicia.
• Mi sincera felicitación en su día a los periodistas. Me refiero a los auténticos periodistas; a esos que se ganan la vida informándonos apegados a la ética de su profesión, y no a los activistas disfrazados de periodistas. Para estos últimos, va mi total desprecio.
• No solo es necesario limpiar el sistema de justicia; también es imperativo limpiar la prensa de activistas disfrazados de periodistas, y más aún si se han enriquecido con dinero producto de la corrupción, como en el caso de Font.

Juan Luis Font recuerda que, precisamente, fue Méndez Ruiz quien en un video publicado hace unos años en sus redes sociales, decretó que tanto él como José Rubén Zamora debían «desaparecer» como referentes del periodismo de Guatemala.

«Él dice que hay que crear otro tipo de prensa, que sea más afín a sus intereses —añade el periodista—, aunque en términos reales es una prensa que no cuestione la impunidad para la corrupción, que no persiga los crímenes de los militares por violaciones de derechos humanos durante la guerra».

Los periodistas se convierten en «terroristas» por denunciar la corrupción (de los políticos), el atentado contra los derechos humanos (de los militares) y la verdad de dioses (de la justicia). Raro que ahora los poderes que fundan la democracia ataquen su libertad más fundamental: la libertad de expresión.

Es un discurso y una persecución, añade Ramón Zamora, que se basa, según estos actores, en que «esto no tiene nada que ver con su función de periodistas, sino que se trata de que son periodistas malos, que se escudan en la libertad de expresión para hablar mal y difamar personas. Así, empiezan a hacer esta distinción».

«No es nuevo el uso de categorías para decir cuál es el periodismo bueno y cuál es el periodismo malo», recuerda Juanita Goebertus. «Es una forma de deslegitimar al periodismo, hay una intención de suprimirlo. Evidentemente el periodismo es incómodo para el poder; es parte de la lógica del buen periodismo: escrutar el poder».

La abogada considera que este tipo de discursos generan un ambiente propenso a la censura y a la generación de discursos estigmatizantes y violentos.

De hecho, este tipo de narrativas suelen ir acompañadas de mensajes de odio, sexistas, misóginos, homófobos y racistas. Dime qué odias y te diré qué defiendes.

«A mí Baldizón me presentó en sus medios como homosexual, como drag queen, como pedófilo… y cuando eso no le funcionó, me presentó como adúltero —dice Font—. Pero me pareció una escalada insoportable cuando sacaron una fotografía de mi casa, cuando fueron a bajar fotos de las cuentas de redes sociales de mi hija o de mi hijo y los presentaban tratando de estigmatizarlos como “patojos que llevan una buena vida gracias a la corrupción de su papá”». Se suma la persecución a los derechos y a la diversidad. Más pecados de terroristas.

Los ataques se han dirigido también, con mucha virulencia, hacia mujeres periodistas. Diariamente, Michelle Mendoza, periodista de CNN, recibe insultos amenazantes —algunos públicos, otros (aún más dañinos) privados— donde le advierten que no puede regresar a Guatemala, la tildan de «mala madre» por haber dejado a sus hijas o directamente la amenazan con violarla.

Este tipo de mensajes de odio, añade Goebertus, suelen generar un clima violento. Crean dinámicas de ataques desde diferentes sectores, que pueden implicar impactos psicológicos en la persona o que incitan a la violencia física de parte de la población.

El fenómeno de catalogar a periodistas en buenos y malos, dice la abogada, «lo hemos visto muy extendido, tanto en gobiernos de izquierda como de derecha».

«En Colombia, (Gustavo) Petro está hablando ahora de “narrativas periodísticas“, en la línea de (Donald) Trump y los “alternative facts“. La idea de que hay unos hechos alternos que algunos periodistas quieren mover, pero no es la realidad. Puedes coger una transmisión de La Mañanera de Andrés Manuel López Obrador en México y sería extraño no encontrar una referencia a periodistas que por criticarlo son rotulados de obstaculizar la cuarta transformación, de ser intervencionistas, de estar pagados internacionalmente…. de ser el enemigo. De rotularlos de enemigos».

En la misma línea, Font explica que hay una convicción dentro del poder de que la prensa independiente o la prensa crítica del status quo es su enemiga y, por eso mismo, busca sofocarla.

El nuevo enemigo interno

La premisa de la prensa como enemiga evoca, inevitablemente, a un discurso bélico.

Guatemala tiene una historia y unas heridas de guerra muy recientes. El conflicto armado terminó hace menos de 30 años. Y muchos de los personajes que se han mantenido en el poder a pesar de la firma de la paz, o que han estado vinculados a los gobiernos de turno, eran actores clave durante el conflicto.

Sin ir más lejos, la Fundación Contra el Terrorismo nació con el objetivo de defender a militares retirados que habían sido señalados de cometer crímenes de guerra. El lenguaje militarista toma la justicia, la política y la sociedad.

«La FCT tiene una pretensión de reminiscencia casi como de Guerra Fría —analiza Goebertus—, de un discurso supuestamente anticomunista que nada tiene que ver con la coyuntura actual de las discusiones en las que estamos. Es un anacronismo histórico».

Zamora hace el paralelismo de que, igual que en la guerra en Guatemala había grupos paramilitares, ahora empieza a haber «grupos parajudiciales», como la FCT. El enemigo antes era el pueblo y los indígenas, ahora son los periodistas, los defensores de derechos humanos y la gente que sale a las calles.

«En Guatemala siempre ha habido esta lucha entre derecha e izquierda y a veces esta polarización elimina toda discusión —añade Zamora—. Lo que tratan de instalar es que “o sos de ultraderecha, o sos de izquierda y sos el enemigo”. El Estado y específicamente los militares en Guatemala han tenido muy buenas herramientas de propaganda que han mezclado la idea de que, si luchas contra la corrupción y la impunidad, eres comunista».

Font considera que hay un esfuerzo de instalar de nuevo la narrativa de enemigo interno, utilizada durante conflictos armados latinoamericanos para referirse a personas u organizaciones opositoras que había que eliminar.

Aún así y a pesar de todo este panorama, aún hay espacio para el optimismo. Para Font, las recientes elecciones en Guatemala —que dieron la victoria a Bernardo Arévalo— ponen en evidencia que la población no aceptó el discurso que intentaron implantar en contra de la izquierda, del periodismo y de los supuestos aliados de la CICIG.

«Aunque trataron de construir esa realidad alternativa de que los periodistas independientes éramos traidores, anti libre empresa, que estábamos aliados con una izquierda internacional, yo creo que la gente no se los compró», concluye Font.

Ahora, ante las posibles luces que se encienden en Guatemala con la entrada de un presidente que ha cuestionado la corrupción y la cooptación del Estado y que ha solicitado la renuncia de la Fiscal General, las perspectivas son de esperanza. Aunque también hay cierto recelo.

Ramón Zamora cuenta que, desde la cárcel, su padre teme que, al ir perdiendo poder y apoyos, los actores corruptos pierdan también el miedo a tomar acciones más drásticas, irresponsables y al margen de la ley para aferrarse al poder. «Nosotros decíamos: “Bueno, esto ya no lo pueden hacer porque sería demasiado descarado y se están vendiendo como una democracia”. Y semana a semana, desde el 29 de julio de 2022, nos han sorprendido».

«Hace poco hablábamos de que lo único que falta es que tomen acciones como la violencia física y lleguen a un magnicidio. Y diciendo eso, nos enteramos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había dos planes para asesinar a Arévalo», resalta Zamora.

En un clima de incertidumbre: hay perspectivas de cambio para el 2024, pero con la sombra de la batalla contra el nuevo gobierno la situación de la libertad de prensa en Guatemala se mantiene crítica.

Los periodistas que han decidido irse de Guatemala ante la perspectiva de no poder hacer su trabajo con libertad o con la amenaza de acciones penales abiertas en su contra ya se cuentan por decenas.

Aún así, desde el exilio, o desde Guatemala, con todo en contra, son —somos— decenas de periodistas los que siguen —lo que seguimos—. 

Al final, este trabajo, el de «los malos periodistas» consiste en esto, en contar lo que algunos —que pueden parecer muchos pero no son tantos— no quieren que se sepa.

Unas cuantas personas —que podemos parecer pocas pero somos bastantes— estamos seguras de que, ante la duda, el periodismo siempre va a ser la respuesta, le pese a quien le pese.

Este texto hace parte de ¡SEGUIREMOS INFORMANDO! [Libertad de expresión y seguridad en América Latina y el Caribe], un especial periodístico de FES Seguridad y FES Comunicación, en alianza con Distintas Latitudes, que reúne relatos de ocho países sobre cómo, a pesar de los contextos precarios de las democracias latinoamericanas, los y las periodistas de la región luchan por seguir contando historias y no dejarse silenciar. El especial completo está disponible en https://seguiremosinformando.distintaslatitudes.net/