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Fiscalía usa la ley contra el crimen organizado para perseguir a periodistas

El Ministerio Público pidió a un juez que ordenara investigar a ocho periodistas de elPeriódico y a medios de comunicación independientes. Un día después, negó perseguir a la prensa. Periodistas, medios y organizaciones e instancias internacionales se han mostrado preocupados de que se continúe vulnerando la libertad de expresión y se criminalice a la prensa en Guatemala. Después de los cuestionamientos, el MP asegura que la investigación contra periodistas se enmarca en la Ley contra la Delincuencia Organizada.

En la tarde del 28 de febrero, en una reducida sala en la Torre de Tribunales de la capital de Guatemala, se llevó a cabo una audiencia del segundo proceso …

En la tarde del 28 de febrero, en una reducida sala en la Torre de Tribunales de la capital de Guatemala, se llevó a cabo una audiencia del segundo proceso contra el periodista José Rubén Zamora, expresidente de elPeriódico.

Luego de que el juez Décimo de Primera Instancia Jimi Rodolfo Bremer Ramírez decidiera ligar a proceso a Zamora —eso implica que el periodista debe enfrentar un segundo juicio— la fiscal Cinthia Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) señaló a otros seis periodistas y a dos columnistas de ese medio. 

Monterroso aseguró que Zamora —quien está implicado por obstrucción de la justicia por, supuestamente, haber desviado una investigación en su contra— no podía haber actuado solo. 

Este es el segundo caso abierto contra el periodista. El primero, por el que fue detenido en julio de 2022, se originó por una denuncia del exdirectivo del Banco de los Trabajadores, Ronald García Navarijo, quien lo acusó de lavado de dinero por, según dijo, intentar que ingresara Q300 mil al sistema bancario. Desde entonces, el periodista continúa en prisión preventiva.

[Lee aquí: Juez liga a proceso penal y envía a prisión a Zamora y Gómez]

La fiscal señaló que las publicaciones de elPeriódico fueron «algo orquestado» para perseguir a «jueces, fiscales y demás sujetos procesales, denunciantes y querellantes, afectando su integridad física, el honor». Esto, «con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones».

Por eso, solicitó al juez que «certificara lo conducente» contra los periodistas, todos trabajadores, extrabajadores o colaboradores de elPeriódico. Es decir, que ordenara al MP iniciar investigaciones en su contra. 

Monterroso hizo esta solicitud a pesar de que, según su ley orgánica, la Fiscalía debe actuar independientemente, por lo que puede iniciar investigaciones sin que haya una orden de juez de por medio.

Según la fiscal, también deben investigarse las fuentes de financiamiento, incluidas la de otros medios de comunicación, ya que se debían «deducir responsabilidades», en caso hubieran recibido el mismo financiamiento.

El juez Bremer accedió a la solicitud de Monterroso y argumentó que «si se está afectando maliciosamente a fiscales, jueces, magistrados, diputados o cualquier otra persona que pueda ser sujeto procesal dentro de una causa, pues que se investigue…».

El rechazo de organizaciones y medios no se hizo esperar. Durante una semana, agrupaciones de periodistas, organizaciones e instancias internacionales se pronunciaron y mostraron su indignación ante la criminalización a periodistas y la vulneración de la libertad de expresión.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) dijo en un comunicado que «el Ministerio Público y (los) jueces deben respetar la ley. De lo contrario, cometen delito de prevaricato» y rechazó «el contubernio entre el MP y algunos jueces para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa».

Al día siguiente, el 1 de marzo, directivos de la APG se reunieron en el Ministerio Público con la Fiscal General, Consuelo Porras; el secretario general, Angel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche; y su auxiliar, Cinthia Monterroso. 

Mario Recinos, vicepresidente de la asociación, dijo que durante el encuentro insistieron en que una posible investigación contra periodistas debe seguir lo establecido por la Ley de Emisión del Pensamiento y la Constitución. 

Estas normas especifican que las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra empleados públicos no son delito y que si estos se sienten ofendidos, pueden exigir que un tribunal de honor declare que esta publicación se basa en hechos inexactos o infundados.

En la reunión con la APG, la versión del MP cambió. 

Según las declaraciones de Byron Barrera, presidente de la APG, a la salida de la reunión, Porras y Monterroso se restaron responsabilidad y aseguraron que fue el juez Bremer el que había ordenado las investigaciones —a pesar de que la misma Monterroso fue quien le hizo la solicitud—. 

Las fiscales rechazaron estar realizando una «persecución contra la prensa».

Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera un comunicado en el que señaló que «criminalizar el trabajo de los periodistas y de la sociedad civil socava las normas democráticas y el respeto a la libertad de expresión», la cuenta institucional del MP respondió con el siguiente tuit: 

El viernes de esa misma semana, la Fiscalía emitió un comunicado de tres páginas, con un lenguaje enrevesado, asegurando al Departamento de Estado que en Guatemala no existe una persecución contra los periodistas. 

El documento finaliza asegurando que «la investigación ordenada no es en contra de ninguna persona por la posible comisión de algún delito contra el honor, como lo regula la Ley de Emisión del Pensamiento, sino que se trata de un delito contra la administración de justicia conforme a lo que establece el artículo 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada».

Este artículo señala que comete delito de obstrucción a la justicia quien amenace o coaccione a algún miembro del Organismo Judicial, del Ministerio Público o de la Policía Nacional Civil o personas que formen parte de un proceso penal: intérpretes, peritos, testigos…, que afecte su integridad física, su honor o sus bienes para influir en su comportamiento o para obstaculizar el que cumplan con sus funciones en una investigación o persecución penal. 

Unos días después, el lunes 6 de marzo, la cuenta de Twitter del MP publicó un video del fiscal Rafael Curruchiche en el que aseguró que, tras la detención de José Rubén Zamora, se generaron publicaciones «en las cuales de forma sistematizada, coordinada e irresponsable se ha atacado, coaccionado y obstruido la investigación tratando de influir de forma directa bajo amenazas e intimidaciones en el denunciante, testigos, fiscales y jueces». 

Según Curruchiche, esto «constituye un ataque a la administración de justicia y por consiguiente también a la independencia judicial». 

En opinión de Edie Cux, director de Acción Ciudadana, «esa es una postura peligrosa  y una interpretación errónea de la Ley del Crimen Organizado. Para que se dé una obstaculización de la justicia debe haber una coacción o una amenaza y eso no se logra determinar a través de una publicación de prensa».

«Es peligrosa esa interpretación porque la democracia se basa en las libertades, y si hay una vulneración a la libertad de expresión o hay limitante para emitir la opinión o hacer denuncia, ahí se está vulnerando la democracia porque el ejercicio del poder resulta autoritario», considera Cux.

Preocupación nacional e internacional

Después de la reunión con el MP, la Asociación de Periodistas de Guatemala convocó a las demás organizaciones gremiales a una sesión de urgencia que se realizó el 6 de marzo. En esta sesión se conformó una asamblea permanente, integrada por la APG, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, la Asociación de Cronistas Deportivos, Cronistas Deportivos de Guatemala, el Círculo Nacional de Prensa, la Cámara de Locutores y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas.

La Cámara de Medios de Comunicación no participó en la reunión, pero emitió un comunicado en el que aseguró que «en los términos más enérgicos condena las amenazas difundidas por la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Jimi Bremer, en el sentido de investigar a reporteros y columnistas por las publicaciones vertidas».

Organizaciones como Acción Ciudadana y Cristosal; y medios como Prensa Libre, Guatevisión, Nuestro Diario y el mismo elPeriódico mostraron su indignación a través de comunicados, después de la decisión del juez Bremer. 


En una publicación en sus redes sociales, elPeriódico aseguró que José Rubén Zamora es un preso político; que los procesos a los que ha sido sometido están viciados, al extremo de perseguir e intimidar a sus abogados y testigos potenciales; y que el hecho de que ahora se pretenda implicar a otros periodistas y columnistas busca intimidar a todo el gremio y limitar la libertad de expresión. 

El colectivo de periodistas #NoNosCallarán, que se formó en 2021 a partir de las amenazas y ataques que viene sufriendo la prensa desde poderes del Estado, alertó de que «la petición de la Fiscalía y la decisión del juez violan flagrantemente el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión y constituyen una amenaza al trabajo de la prensa independiente».

[Lee aquí el comunicado completo publicado por No nos callarán]

#NoNosCallarán convocó a un plantón frente al Organismo Judicial el sábado 4 de marzo, al que acudieron decenas de periodistas de diversos medios de comunicación guatemaltecos y de prensa extranjera y exigieron el cese de la persecución por ejercer la profesión.

Periodistas se manifiestan en el plantón convocado por #NoNosCallarán. Fotografía: Christian Gutiérrez.

Además, un grupo de periodistas presentó una denuncia ante la Oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la misma argumentaron que «la fiscal (Cinthia Monterroso) está utilizando su cargo para ejercer actos de venganza contra Zamora y los periodistas que trabajan o han trabajado para elPeriódico, al considerarse víctima de las publicaciones».

De igual forma, según una publicación de Prensa Comunitaria, durante una reunión virtual que realizaron con Esmeralda Arosemana, comisionada de la CIDH, ella mostró preocupación e indicó que la Comisión está informada de la situación de periodistas, abogados, activistas y operadores de justicia en Guatemala. 

Otras instituciones internacionales también se pronunciaron ante la situación. 

Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo mediante un comunicado que «tal como advertimos en nuestra visita en diciembre a Guatemala, “las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron para armar el caso de Zamora generan preocupación de que se intente montar procesos contra otros periodistas que investigan y denuncian al poder”».

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, añadió que «se cumplió la advertencia que hicimos… tras recabar información de primera mano sobre que las autoridades buscarían censurar a los periodistas críticos».

La oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también mostró su preocupación ante estas acciones en contra de la libertad de expresión. Aseguraron que «las autoridades deben garantizar procedimientos justos y que cualquier limitación a la libertad de expresión sea legítima, necesaria y proporcionada».

Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch —organización internacional dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos—, comentó en su cuenta de Twitter:  «Guatemala: estamos siguiendo, con enorme preocupación la solicitud de la fiscal Monterroso de investigar a varios periodistas por su cobertura sobre el caso contra Zamora. El ejercicio del periodismo es un derecho, no un delito. La democracia guatemalteca está en crisis».

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