Desde el fin de semana del 27 y 28 de enero se ha mantenido como tendencia en X la suspensión por parte de la red social del usuario anónimo «Yes Máster», como se hace llamar. Este perfil es considerado la cuenta madre de un netcenter que acosa a operadores de justicia, defensores sociales, periodistas y usuarios en general de las redes sociales.
Decenas de seguidores de esta y otras cuentas anónimas han criticado el cierre y aseguran que se trata de un «atentado contra la libertad de expresión». Otros indican que el partido Semilla es el responsable, porque «no quiere detractores que le diga sus verdades».
Pero ¿una cuenta anónima, que acosa a usuarios reales de las redes sociales, tiene ese derecho? El experto en libertad de expresión y catedrático universitario, Silvio Gramajo, nos explica.
El derecho de un perfil anónimo
«Veámoslo desde el inicio», nos dice Gramajo. «Aquí nos enfrentamos primero a una realidad: las redes sociales son empresas y como tales tienen el poder de decidir sobre los usuarios. Si no, recordemos que al mismo Donald Trump le cancelaron la cuenta en 2021, siendo aún presidente».
Luego, continúa, «en nuestro país, como en la mayoría del mundo, no existe una legislación sobre los límites de interactuar, por lo que es difuso lo que se puede y no se puede hacer». Por ello, de nuevo, se está a merced de las normas de la red social. «Es como que te vendan la membresía de un club. Hoy te la dan y mañana te la pueden quitar».
«Por eso, el tema de la libertad de expresión en redes es un problema no resuelto en el mundo. Otro momento en el cual suspendieron y cancelaron cuentas discrecionalmente fue para la época de COVID», recuerda el consultor en comunicación. «Ellos van creando sus normas, pero no están del todo claras y con las fronteras definidas»
La libertad de expresión es un derecho humano
«Ahora, el tema pone a las cuentas anónimas en un problema serio. Porque la libertad de expresión es un derecho humano, y la pregunta del millón es ¿qué derecho están exigiendo sobre esa cuenta?, ¿la libertad de quién, si es una cuenta anónima?», recuerda Gramajo.
En este sentido, explica que nadie puede acusar de que se viola el derecho a la libertad de expresión al cerrar esa cuenta, porque «podría ser un bot, podría ser una computadora».
La misma lógica, añade, aplica a todas las cuentas anónimas con las que interactúa, señaladas la mayoría de operar desde el netcenter «La bendición».
@ocotegt 🕵️💻 ¿Te has preguntado qué es un netcenter y cómo funciona? 🤔 En #Guatemala, estas cuentas digitales han compartido de forma coordinada, información privilegiada de operativos o casos judiciales que están bajo reserva del MP o jueces contralores. Aquí te contamos más. 👆 🔎📰 #PolíticaFalaz es una investigación coordinada por @El CLIP, realizada por Ocote y otros medios de la región. #investigación #desinformación #netcenter #periodismodeinvestigación #PolíticaFalaz ♬ sonido original – Ocote
El problema en un caso como este es que «el anonimato y las circunstancias tecnológicas pueden llevarnos a pensar que es una cuenta creada con inteligencia artificial».
En ese sentido, asegura Gramajo, «no hay violación de un derecho humano cuando a quien supuestamente se le está violando no es un ser humano. Suponemos que lo es, pero para los efectos del caso, una suposición no es suficiente».
Los límites de la libertad de expresión
Y lo más importante, según Silvio Gramajo, es que los seguidores de esa cuenta reclaman por un derecho que no tienen, porque su manejo no es ético. De igual forma, «obtiene y divulga información privilegiada de una dependencia (el MP) en donde la obtiene de manera ilegal».
«Luego se dedica a desacreditar personas, o sea, viola los pocos límites que tiene la libertad de expresión», asegura.
Estos límites están en «meterse con la dignidad de otras personas. No hay nada en la libertad de expresión que justifique dañar la integridad de alguien. Jamás. La seguridad nacional es otro límite».
En el caso de un funcionario público, Gramajo anota que, «cualquiera puede criticarle su accionar, acusarlo de ciertas acciones negativas en el ámbito de su función, pero no se puede mancillar su honra, meterse en su vida privada, menos hacerlo con quien no ejerce un cargo público».
Desde hace años esa estructura anónima se ha dedicado a atacar a operadores de justicia, a defensores sociales, periodistas y cualquier usuario de las redes sociales que consideren sus enemigos.
Ocote realizó una investigación que documenta la forma en que ese grupo opera, hostiga y ha evolucionado para mantener el acoso, con la interacción de la Fundación contra el Terrorismo y el acceso a información en poder exclusivo del Ministerio Público y de juzgados.
La Organización de los Estados Americanos ha denunciado el poder de acoso y estigmatización que esa estructura tiene en Guatemala.
Operadores de justicia que hoy se encuentran en el exilio también lo han expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
