«Yo veía un panorama bien complicado, pero no imaginaba que fueran a llegar a todo lo que hicieron». Juan Francisco Sandoval describe así la persecución y criminalización contra actores del sector justicia y social, que se hizo especialmente notoria tras su destitución el 23 de julio de 2021. 

Luego de que el Ministerio Público (MP) anunciara su despido, el exfuncionario dio una conferencia de prensa en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Después, se fue de Guatemala.

La decisión fue clara y el motivo también: Sandoval sabía que sería perseguido por sus acciones en la lucha anticorrupción. Hoy, más de un año después de aquel evento, las acciones emprendidas en su contra le dan la razón: suma cuatro órdenes de captura, solicitadas el 3 de septiembre de 2021, el 30 de noviembre de 2021, el 12 de septiembre de 2022 y el 19 de octubre de 2022*.

Como él, decenas de fiscales, auxiliares e investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) han sido destituidos, obligados a renunciar o cambiados de unidad investigadora. Algunos son perseguidos penalmente.  

No son los únicos. En los últimos años se registran casos de otros fiscales, jueces, magistradas, analistas, periodistas, integrantes de organizaciones y ciudadanos en contra de los que se han abierto investigaciones penales en Guatemala.

Ocote hizo un recuento de al menos 86 personas que han sido criminalizadas, encarceladas o han tenido que marcharse al extranjero por seguridad y para evitar esta persecución.

«No pensábamos que fuera a ser de tal magnitud el ataque. La situación superó lo que yo imaginaba», expresó Sandoval por teléfono. Como él, Flor de María Gálvez, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) —quien hasta hace unos meses recorría los pasillos de la Torre de Tribunales, defendiendo a sus excompañeras, la también exmandataria Leily Santizo y la exfiscal Xiomara Sosa— ahora nos atiende por teléfono desde un lugar fuera de Guatemala.

Ella considera que la persecución no es reciente. Lo que pasa ahora, dice, es que «al enfocarse contra operadoras y operadores de justicia y defensores de derechos humanos se visibiliza más el problema».

«Esta criminalización ha venido de años con comunidades indígenas y campesinas que defienden el territorio y sus bienes naturales. Ahora se traslada a la ciudad y al sector justicia, pero se debe visibilizar que las personas del área rural siempre han sido criminalizadas», asegura Flor Gálvez.

De las 86 personas perseguidas que documentó Ocote, al menos 45 tienen causas judiciales, en diferentes etapas del proceso y 17 tuvieron que irse de Guatemala.

En juzgados y magistraturas

A octubre de 2022 hay dos magistradas y cuatro jueces perseguidos. La magistrada de Apelaciones Claudia Lissette Escobar Mejía fue la primera profesional en denunciar desde su cargo la impunidad con la que se designan las magistraturas, y renunciar por ello. Después de presentar las pruebas a la CICIG, realizó una conferencia de prensa en la que presentó su renuncia y denunció amenazas. Luego se fue de Guatemala.

[Escucha aquí el episodio de Las Recias: Claudia Escobar, el precio de hacer lo correcto]

Gloria Porras, quien fue electa para un tercer mandato que debía empezar en 2021 en la Corte de Constitucionalidad (CC), no pudo asumir su cargo porque una Sala de Apelaciones aceptó un amparo en su contra, presentado por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). 

El Congreso se negó a juramentarla el 13 de marzo de 2021. El argumento: que no era docente de la Universidad de San Carlos (USAC), que la había designado, además de que la votación para que el Consejo Superior Universitario la eligiera había sido pública, cuando debía ser secreta. Esa misma noche tuvo que marcharse al exilio.

Una jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, también se fue al extranjero. Aifán fue denunciada por el MP y la FCT. La señalaron por, supuestamente, haber autorizado investigar a jueces y magistrados involucrados en actos de corrupción. Ella no tuvo acceso a la acusación en su contra hasta una semana antes de tomar la decisión de irse de vacaciones. Ya fuera de Guatemala anunció su renuncia a la judicatura.

Otros tres jueces de Mayor Riesgo —Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez y Claudette Domínguez— también han sido perseguidos penalmente. Los tres siguen en sus cargos, pero procesos por diversos delitos han avanzado en su contra en el Organismo Judicial (OJ). 

El primero está a la espera de un proceso por supuesto abuso de poder; el segundo a la espera de que un juez pesquisidor determine si se le debe retirar la inmunidad; y solo en el caso de la jueza Domínguez, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desestimó el señalamiento del MP.

Investigadores anticorrupción

La mayor cantidad de víctimas de la cooptación que vive el sistema jurídico guatemalteco lo componen quienes trabajaron para el MP o para la CICIG.  Según el registro de Ocote, suman 50 jefes de fiscalías, jefes de sección, fiscales, auxiliares, investigadores, mandatarios y un notificador.

De estos, 26 fueron parte de la CICIG o de la FECI, entre ellos su jefe, Juan Francisco Sandoval, y la jefa de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra, detenida en febrero de 2022 y acusada por haber denunciado a un juez. El juicio en su contra está previsto para finales de este año. El 19 de octubre de 2022 giraron una nueva orden de captura en su contra.

[Escucha aquí el podcast: No ver la luz, el caso de Virginia Laparra]

Ocote solicitó al Ministerio Público el listado de personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que había sido trasladado, destituido o que había presentado su renuncia. En su respuesta, la Unidad de Información Pública de la institución omitió la lista de nombres, y se limitó a entregar las cifras totales. 

Según estos datos, ocho personas fueron trasladadas de la FECI a otra dependencia del MP. Además, registra 14 «bajas» en la FECI; la mayoría, auxiliares o agentes fiscales.

Hasta octubre de 2022, 19 trabajadores fueron trasladados de varias unidades del Ministerio Público a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

Consultado por Fáctica, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, aseguró que estos cambios responden a un «fortalecimiento» de la FECI. «Al incorporarse al esquema organizacional del MP, refleja un incremento de casos judicializados, estructuras criminales desarticuladas, casos investigados y condenas durante la administración actual», dijo.

Pantaleón añadió que los movimientos de personal responden a varias circunstancias: «Se han llenado las vacantes y otras plazas que tenían muchos años sin ser ocupadas y se han dado cuatro ascensos dentro de la misma fiscalía».

También en el exilio y perseguidas están las exfiscales generales Thelma Aldana (2014-2018), con tres órdenes de captura, y su antecesora, Claudia Paz y Paz (2010-2014), quien ya se había ido de Guatemala en 2014. 

En junio de 2022, Pantaleón anunció que el MP había abierto una investigación en contra de Paz y Paz por abuso de autoridad cometido durante su gestión, después de una denuncia presentada por la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura dirigida por el abogado Lesther Castellanos, que fue quien denunció a la exfiscal Virginia Laparra.

La demanda se planteó por las investigaciones que se iniciaron durante su mandato en contra de varios exjefes militares, por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Por estas acciones también son investigadas la fiscal Elena Sut Ren y la exfiscal Hilda Pineda, quienes en aquel tiempo lideraron esas acusaciones.

De las personas destituidas del Ministerio Público destaca también la exfiscal de la Unidad de Métodos Especiales, Wendy Ordóñez, quien es esposa de Francisco Rivas, exministro de Gobernación y también exfiscal anticorrupción. De este grupo, 11 personas se fueron de Guatemala.

Contra la libertad de expresión

En Guatemala, el acoso y las amenazas a la prensa han ocurrido desde todos los ámbitos del poder, a nivel nacional y local. Pero la captura de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y la intención de la fiscalía de ahogar económicamente al medio al congelar sus cuentas, dieron la vuelta al mundo a finales de julio pasado. 

Trabajadores del medio también fueron retenidos durante 16 horas el día que capturaron a Zamora, cuando allanaron sus oficinas. El periodista fue señalado de chantaje por Ronald García Navarijo, un banquero exprófugo llevado a prisión por la FECI y quien busca beneficios como colaborador del actual MP. La Fiscalía también imputó a Zamora por lavado de dinero.

Meses antes, Juan Luis Font, director de ConCriterio y exdirector de elPeriódico, empezó a ser criminalizado por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, también exprófugo y que busca beneficios del ente investigador. Sinibaldi señaló al periodista de haber recibido sobornos a cambio de «buena prensa». Ante la posibilidad de ser detenido, Font optó por el exilio.

Suerte similar han sufrido Carlos Choc y Jerson Xitumul, periodistas de Prensa Comunitaria, quienes han documentado el acoso y la criminalización que campesinos y pescadores q’eqchi’es han sufrido por años en El Estor, Izabal. 

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Documentos oficiales de la empresa minera Solway filtrados por un grupo de medios nacionales e internacionales, revelaron cómo sus directivos han pagado y orquestado el control del territorio, incluida la criminalización y captura de ambos periodistas. Aunque la empresa negó el contenido de la investigación, conocida como Mining Secrets, confirmó mediante un comunicado que su sistema informático «fue hackeado».

Aunque ahora los dos periodistas están en libertad, uno de los procesos contra Choc sigue estancado desde mayo de 2017. En octubre de 2021, durante otra jornada de protestas, volvieron a acusarlo y emitieron nueva orden de captura en su contra, que fue desestimada en septiembre de 2022.  Como ellos, otros cinco corresponsales de Prensa Comunitaria han sido criminalizados en los últimos años.

Otro periodista perseguido fue Sonny Figueroa. Policías y soldados lo detuvieron en septiembre de 2020 frente al Palacio Nacional de la Cultura, donde había acudido buscando auxilio luego de ser asaltado en la Plaza de la Constitución. 

Los agentes que lo capturaron lo acusaron de agredirlos e intentar sobornarlos, pero el juez valoró las pruebas de la defensa y lo dejó en libertad. Ahora, Figueroa busca demostrar la culpabilidad de esos agentes por abuso de autoridad, en un juicio que aún está en proceso. Las audiencias se han ido programando con semanas de diferencia entre una y otra.

Procesos contra la ciudadanía

El 21 de noviembre de 2020, una multitudinaria protesta en contra de la aprobación del Presupuesto General con reducción de partidas para salud y educación terminó con la quema del frente del Congreso de la República. 

Nanci Sinto, activista maya kaqchikel, y los estudiantes universitarios Dulce Archila y Juan Francisco Monroy fueron detenidos, acusados de realizar pintas en el Congreso. Este último decidió someterse a un procedimiento abreviado por reconocer que había hecho pintas en las paredes del Organismo Legislativo y recibirá una pena leve.

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En el caso de Sinto y Archila, quienes sostienen que no cometieron ningún delito, al ejercer el derecho a manifestar su inconformidad contra el sistema, una jueza las absolvió por falta de pruebas. Pero una sala de apelaciones revocó la resolución a petición del MP y del Congreso, por lo que deberán ir a juicio.

En junio de 2022 fueron notificados cuatro dirigentes universitarios que son acusados e investigados por la toma del Museo de la Universidad de San Carlos (MUSAC), ubicado en la zona 1 de Ciudad de Guatemala y otros cuatro por la toma de la Ciudad Universitaria, en la zona 12. 

En el caso del MUSAC, la acusación es por usurpación agravaba pero no fue presentada por autoridades de la casa de estudios, sino por Guillermo Hernández Escobar, una persona que ha sido contratado para brindar servicios técnicos en la Dirección de Asuntos Jurídicos.

En el caso de la zona 12, fue Ronnie Hiram López González, jefe de seguridad de la USAC, quien denunció al segundo grupo y pidió al MP que las fuerzas de seguridad ingresaran a desalojarlos por “sustracción de bienes de la Universidad” y daños al patrimonio, pues el edificio de Rectoría tiene diez años de haber sido declarado Patrimonio Nacional.

Sobre toda esta persecución, Nanci Sinto concuerda con la exmandataria Flor Gálvez en que ahora se visibiliza mucho más toda la persecución estatal, pero desde antes las comunidades ya eran perseguidas y encarceladas sin que tuvieran acompañamiento. 

«Esta persecución contra activistas y defensores de derechos no es nueva. Hay un antecedente histórico. Que ahora se haya venido a la parte urbana es lo que llama mucho la atención. Es una estrategia que les ha funcionado bien y por eso la siguen sosteniendo, alimentando y perfeccionando», afirma Sinto.

Ilustración de portada: Alejandro Spillari.

*Nota de edición: El 6 de octubre de 2022 a las 12:32 horas se corrigió una imprecisión en la tabla «Quiénes han sido perseguidos». Se había añadido erróneamente una fecha en el caso abierto contra Carmen Rosa de León Escribano.

*Nota de edición: El 7 de octubre de 2022 a las 10:03 horas se corrigió una imprecisión en el nombre de Ronald García Navarijo.

*Nota de edición: El 19 de octubre de 2022 a las 14:52 se actualizó la información con tres nuevas órdenes de captura giradas en contra de Sandoval, Santizo y Laparra.

*Nota de edición: El 28 de octubre de 2022 a las 9:35 se corrigió un dato erróneo. Se había indicado de manera incorrecta que Francisco Lucas Pedro se encuentra fuera de Guatemala. También se corrigió el dato en la visualización.