Feliciana Macario, integrante de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) ha visto la misma escena una y otra vez durante los últimos ocho años. Decenas de personas de …
Feliciana Macario, integrante de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) ha visto la misma escena una y otra vez durante los últimos ocho años. Decenas de personas de Alta Verapaz, Quiché o Huehuetenango llegaban a la sede del Ministerio Público (MP) con muchas preguntas y se marchaban sin ninguna respuesta.
Llevaban carpetas con denuncias, fotografías y otros documentos con información de hijos, hijas, nietos o familiares desaparecidos durante el conflicto armado interno. Algunos acudían al MP para pedir avances en investigaciones. Otros para solicitar exhumaciones o intentar recuperar restos encontrados en fosas clandestinas. Había gente que, cuarenta años después de las desapariciones, seguían sin saber qué había ocurrido con sus familiares.
Macario recuerda que escuchó decir a un hombre: «Mis días se acabaron, pero no tuve información de mi hijo».
Guatemala registró más de 200 mil muertos y desaparecidos durante los 36 años del conflicto armado interno; el 93 % de las violaciones a los derechos humanos que fueron documentadas fueron atribuidas al Estado, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Décadas después, durante la gestión de María Consuelo Porras Argueta al frente del MP, organizaciones de víctimas, abogados querellantes y exfiscales documentan retrocesos en decenas de procesos de justicia transicional vinculados a masacres, desapariciones forzadas, genocidio y violencia sexual.
Organizaciones también denuncian retrasos en investigaciones menos visibles relacionadas con exhumaciones y desapariciones forzadas en comunidades de Quiché, Chimaltenango Alta y Baja Verapaz, donde familiares continúan esperando diligencias fiscales, autorizaciones judiciales o identificación de restos humanos recuperados en fosas clandestinas.
«Los ancianos se nos van adelantando, se mueren, muchos están enfermos», lamenta Macario. Algunas sobrevivientes del caso Mujeres Achí y familiares vinculados a los casos Ixil y Diario Militar fallecieron antes de conocer una sentencia firme o avances en las reparaciones.
La unidad del MP que sostenía los casos
La Fiscalía de Derechos Humanos del MP se creó en 2005, casi una década después de la firma de los Acuerdos de Paz de Guatemala, en un contexto de presión nacional e internacional para investigar masacres, desapariciones forzadas y otras violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra.
La primera jefa de la fiscalía fue Rosa María Salazar Marroquín. Durante sus primeros años, la fiscalía comenzó a concentrar expedientes relacionados con el conflicto armado, pero fue a partir de la gestión de Claudia Paz y Paz, en 2010, cuandola Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (UCECAI) amplió sus capacidades técnicas y desarrolló un modelo que fue referencia para fiscales y operadores de justicia de otros países de la región.
Hilda Pineda, exjefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, explica que la UCECAI tenía a su cargo cientos de expedientes relacionados con el conflicto armado interno, varios de ellos articulados en «megacasos» mediante conexiones entre investigaciones y patrones de violencia estatal.
Las agencias fiscales distribuían estratégicamente los expedientes según su complejidad y relación con sentencias previas de la Corte IDH. Algunas agencias se enfocaban exclusivamente en casos vinculados a desaparición forzada y otras en expedientes con obligaciones internacionales de justicia y reparación.
La gestión de Claudia Paz y Paz amplió equipos especializados e incorporó protocolos para investigar crímenes internacionales, análisis de contexto y litigio estratégico.
Según explican a Agencia Ocote Claudia Paz y Paz y el exfiscal Erick De León —quien estuvo a cargo de la UCECAI por 13 años—, ese modelo permitió sostener investigaciones complejas sobre cadenas de mando militar y patrones sistemáticos de violencia estatal.
Durante ese período avanzaron investigaciones clave, como el primer juicio por genocidio Ixil, en el que se condenó al expresidente de facto Efraín Ríos Montt; el caso CREOMPAZ; el caso Diario Militar, el caso Sepur Zarco o el Caso Molina Theissen.
La unidad también investigó casos Sepur Zarco, Mujeres Achí, Río Negro, Dos Erres, Plan de Sánchez, Rancho Bejuco, la quema de la Embajada de España, desapariciones forzadas en Tactic y otros expedientes relacionados con desapariciones forzadas en Chiquimula y Alta Verapaz.
Raúl Nájera, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), coincide en que los expedientes del conflicto armado requerían una capacidad técnica poco común dentro del sistema de justicia guatemalteco. «Son investigaciones enormes: cadenas de mando militar, patrones de violencia, análisis históricos, antropología forense, documentos militares», explica.
Los peritajes fueron clave en casos como CREOMPAZ, donde los análisis forenses y pruebas de ADN de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) permitieron identificar a 128 de las 565 víctimas exhumadas en la antigua Zona Militar 21, entre 2012 y 2015. Y en el primer juicio por Genocidio Ixil demostraron operaciones sistemáticas contra la población maya Ixil.
Despidos y traslados de fiscales clave
Las investigaciones de justicia transicional continuaron avanzando durante la administración de Thelma Aldana, entre 2014 y 2018. El MP mantuvo estructuras especializadas en derechos humanos mientras priorizaba también investigaciones anticorrupción junto a la CICIG.
El retroceso comenzó a fraguarse a partir de 2018, con la llegada de Consuelo Porras al frente del MP. En los ocho años de su gestión fueron destituidos más de 500 fiscales y trabajadores administrativos.
Un informe de Impunity Watch documenta que también se destituyó o trasladó arbitrariamente a fiscales que llevaban investigaciones estratégicas. Organismos internacionales como la Corte IDH y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial calificaron estas destituciones y traslados como parte de un patrón de debilitamiento institucional deliberado.
Una de las fiscales afectadas fue Hilda Pineda, que de la Fiscalía de Derechos Humanosfue trasladada a la Fiscalía de Delitos contra turistas extranjeros en octubre de 2021. En julio de 2022, Porras la destituyó.
En abril de 2023, el MP trasladó a la fiscal Elena Sut a la Fiscalía de Adolescentes en conflicto con la ley penal. Sut tenía a su cargo investigaciones vinculadas al Diario Militar y otros expedientes relacionados con desaparición forzada como el de Bámaca Velasquez y Plan de Sánchez. La institución alegó que la había trasladado para reducir su exposición, después de que la propia fiscal solicitara protección tras haber sufrido amenazas.
Sut fue denunciada en 2022 por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en un expediente en el que también se señaló a la propia Claudia Paz y Paz. La denuncia argumentaba que las fiscales habían investigado a militares retirados —entre ellos Benedicto Lucas— por un delito (crímenes contra la humanidad) que fue creado después de los hechos. Ambas salieron al exilio.
La administración de Consuelo Porras también destituyó a Erick de León, quien tenía a su cargo expedientes como CREOMPAZ, Genocidio Ixil, desapariciones forzadas y otros casos vinculados a violaciones a derechos humanos.
De León recuerda que los primeros cambios dentro de la unidad fueron graduales: traslados internos, rotaciones de personal y sustitución de fiscales con experiencia en justicia transicional.
Jovita Tzul, abogada del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), lo secunda: «Primero quitaron jefaturas, después trasladaron fiscales clave y finalmente, llegaron personas que no conocían los casos ni el contexto histórico».
El 4 de noviembre de 2024, la administración de Porras destituyó a De León de la jefatura de la UCECAI, un día antes de que presentara conclusiones en el juicio por genocidio Ixil contra Benedicto Lucas García y otros altos mandos militares.
Tras la salida de De León, la coordinación de la Fiscalía de Derechos Humanos quedó bajo Noé Rivera, un fiscal señalado por haber liderado investigaciones contra fiscales anticorrupción. De hecho, fue sancionado por Estados Unidos, durante la administración de Joe Biden, por considerarlo un actor antidemocrático.
Claudia Paz y Paz, ahora directora regional del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), ,lamenta que, con los traslados y despidos de personal clave, en los últimos años se haya roto la carrera fiscal.
Sostiene que los avances en los casos se sostenían por una combinación de voluntad institucional, acceso a archivos históricos, acompañamiento de víctimas y trabajo especializado dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos. A su criterio, hubo un desmantelamiento de esos equipos que debilitó las investigaciones y favoreció la impunidad.
«No podríamos decir que es una imprudencia que se haya trasladado a los fiscales que conocían esos casos. Han sido hechos deliberados para provocar la impunidad», cuestiona.
El cambio de rumbo del MP: los casos detenidos, archivados o en el limbo
Estos cambios en la Fiscalía de Derechos Humanos tuvieron dos efectos inmediatos: se debilitó la investigación de los casos y también el trabajo del MP en los tribunales.
El desmantelamiento de la fiscalía implicó que las investigaciones y el litigio de casos de justicia transicional se vieran afectados. La falta de solidez en las acusaciones, el hecho de no apelar beneficios a sindicados e incluso la solicitud de que alguno de los casos fueran cerrados supuso un retroceso crítico.
«Con el desmantelamiento de la UCECAI se perdió la especialidad y el aprendizaje acumulado durante años en las investigaciones y el litigio», lamenta Hilda Pineda, que sostiene que fiscales sin experiencia previa en justicia transicional fueron incorporados a expedientes complejos.
Claudia Paz y Paz añade que «esto provocó que la actuación del Ministerio Público en estos casos fuera extremadamente pobre y en algunos incluso actuaran a favor de la defensa, por ejemplo, no interponiendo apelaciones», explica.El debilitamiento en las investigaciones afectó a casos como Dos Erres, que había estado a cargo de la fiscal Sara Romero, despedida en 2021. En 2023, el Tribunal de Mayor Riesgo E cuestionó la acusación presentada por el MP y declaró inocentes a Gilberto Jordán, José Mardoqueo Ortiz y Alfonso Bulux Vicente por el supuesto asesinato de más de 200 personas. La resolución generó críticas de organizaciones querellantes, que señalaron debilidad en la actuación fiscal durante la audiencia.
Carlos Juárez es abogado del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización que acompaña varios casos relacionados con desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Juárez recuerda que la Fiscalía no apeló medidas que favorecieron a militares procesados, solicitó clausuras provisionales en algunos expedientes e incluso promovió cierres parciales de investigaciones como ocurrió en el caso Diario Militar.
En octubre de 2025, el Ministerio Público solicitó el cierre provisional del caso. Argumentó que la investigación presentaba deficiencias y que no contaba con elementos suficientes para sostener la acusación. También cuestionó la validez del Diario Militar como documento probatorio. Esto generó críticas de organizaciones querellantes y familiares de víctimas.
Actualmente, el caso permanece en riesgo de cierre provisional mientras se resuelven las solicitudes planteadas por el MP y las objeciones presentadas por querellantes y organizaciones de víctimas.
«El MP dejó de actuar como ente investigador y empezó a facilitar el debilitamiento de los casos», critica Juárez.
Esto se vio también en el caso por el asesinato de Monseñor Gerardi. En abril de 2025, Estados Unidos detuvo y deportó a Darío Morales García, implicado en el asesinato y prófugo desde 2014. La jueza Abelina Cruz lo ligó a proceso, por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de complicidad y falso testimonio. Pero la Fiscalía de Derechos Humanos —entonces ya a cargo de Noé Rivera— pidió que fuera puesto en libertad.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODAHG) calificó la petición como un «ataque al Estado de Derecho».
Otro proceso afectado fue el de Genocidio Ixil. En abril de 2024 se inició el juicio contra Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor. El proceso quedó marcado por suspensiones, recusaciones y retrasos procesales. Avanzó lentamente, en paralelo con las destituciones y traslados en la Fiscalía de Derechos Humanos.
Organizaciones de sobrevivientes denunciaron el traslado de al menos 14 fiscales de la unidad durante la recta final del juicio por genocidio Ixil. El principal: Erick De León, a cargo de la fiscalía. Fue despedido justo antes de la etapa de conclusiones; un momento crítico del proceso.
Según De León, los traslados y despidos dentro de la UCECAI afectaron directamente la continuidad técnica del litigio. Fiscales con años de conocimiento sobre archivos militares, peritajes y testimonios fueron removidos en plena etapa de juicio, mientras nuevos operadores debían incorporarse al expediente.
Organizaciones querellantes sostienen que esos cambios coincidieron con nuevas suspensiones, reprogramación de audiencias y retrasos procesales en el juicio contra Benedicto Lucas García y otros altos mandos militares. «No eran expedientes normales. Había peritajes antropológicos, análisis militares, reconstrucción histórica y cientos de testimonios», explica De León.
Actualmente, el proceso continúa sin una fecha clara para su conclusión. Para los sobrevivientes maya Ixil, los retrasos han significado décadas adicionales de espera. «Hay testigos que se han muerto esperando declarar», explica Jovita Tzul.
El caso CREOMPAZ también se debilitó durante la gestión de Porras. El 5 de noviembre de 2024, un día después de la remoción de Erick De León, la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló todo el proceso judicial tras resolver un amparo presentado por el militar retirado Carlos Augusto Garavito Morán.
La resolución permitió la libertad inmediata de seis militares procesados por desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad..
Para los querellantes, esta anulación reflejó el debilitamiento progresivo de la estructura fiscal que había sostenido la investigación durante más de una década.
El deterioro en la Fiscalía de Derechos Humanos también impactó otros expedientes de justicia transicional como Panel Blanca, Molina Theissen, Río Negro, Coc Max y Mujeres Achi.
En algunos casos, las investigaciones avanzan lentamente entre apelaciones, cambios de fiscales y retrasos procesales. En otros, organizaciones de víctimas cuestionan la falta de impulso fiscal para ejecutar capturas, sostener acusaciones o dar seguimiento a medidas ordenadas por tribunales nacionales e internacionales.
Mientras tanto, sobrevivientes y organizaciones que acompañan casos como Río Negro, Coc Max y Mujeres Achi continúan denunciando retrasos estatales en el cumplimiento de reparacioines y seguimiento judicial.
Se cierra la comunicación con víctimas y familiares
Previo al período de Consuelo Porras al frente del MP, organizaciones como CONAVIGUA mantenían una comunicación más fluida con las fiscalías que investigaban casos del conflicto armado interno.
Según Feliciana Macario, las víctimas podían solicitar información sobre diligencias, exhumaciones, identificación de restos o avances en expedientes relacionados con desapariciones forzadas y masacres. También existían espacios de coordinación entre fiscales y organizaciones acompañantes para dar seguimiento a algunos casos y discutir obstáculos en las investigaciones.
«Antes uno podía llegar y preguntar. Ahora muchas familias sienten que nadie les explica qué está pasando con los casos», afirma.
Organizaciones acompañantes también señalaron que la reducción de estos espacios afectó la comunicación entre víctimas y fiscales, especialmente en expedientes vinculados a exhumaciones, desapariciones forzadas y medidas de reparación.
Para Paz y Paz, las familias enfrentaron —y enfrentan— «una revictimización permanente». «No solo fueron víctimas de genocidio, desaparición forzada o violencia sexual. Cuando buscan justicia, también se les deniega, es un continuum de violaciones a sus derechos humanos», asegura.
Las deudas que hereda el nuevo fiscal
Entre las prioridades urgentes que mencionan las personas entrevistadas para el nuevo fiscal, Gabriel García Luna, se encuentra la reconstrucción de equipos especializados, el retorno de fiscales trasladados, la asignación de presupuesto para peritajes y la restauración de mesas técnicas con organizaciones querellantes.
También exigen ejecutar resoluciones pendientes en casos emblemáticos como CREOMPAZ y Genocidio Ixil.
Paz y Paz también advierte que el debilitamiento de estos casos también afecta a la capacidad democrática del país para investigar graves violaciones a derechos humanos.
Organizaciones, víctimas y sobrevivientes que acompañan los casos de justicia transicional insisten que el principal reto para el nuevo Fiscal General será recuperar la confianza de las víctimas que pasaron años esperando respuestas del Estado.
«Aun así, si tenemos que empezar una vez más, lo vamos a hacer», asegura Jovita Tzul.
Texto: Andrea Godínez
Edición: Lourdes Álvarez y Carmen Quintela
Infografías: Oscar Donado
