Lucrecia, defensora de derechos humanos, comparte con Agencia Ocote sus impresiones sobre la muerte del exmilitar que, aunque se comprobó su responsabilidad, nunca respondió sobre lo que sucedió con su …
En resumen
- El 24 de julio murió Manuel Callejas, director de la sección de Inteligencia Militar (G2) en los años 80, condenado por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y la detención, tortura y violación de su hermana Emma.
- En conversación con Agencia Ocote, Lucrecia Molina Theissen, hermana de ambos, aborda lo que implica que el exmilitar muriera fuera de prisión, por un beneficio que recibió en 2023. Además, que tampoco enfrentara otros procesos por delitos de lesa humanidad.
- Para la familia Molina Theissen, como sucede con otras víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno, la justicia debería ser pronta y así evitar la impunidad de los violadores de derechos humanos.
Lucrecia, defensora de derechos humanos, comparte con Agencia Ocote sus impresiones sobre la muerte del exmilitar que, aunque se comprobó su responsabilidad, nunca respondió sobre lo que sucedió con su hermano Marco Antonio Molina Theissen.
El adolescente tenía 14 años cuando, en 1981, un comando de fuerzas de seguridad llegó a su casa, lo golpeó y se lo llevó. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Su desaparición se considera una represalia porque Emma, su hermana –en ese tiempo estudiante universitaria– escapó del cuartel militar en donde era torturada y violada.
En 2018, un Tribunal condenó a varios militares, entre ellos Manuel Callejas, por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen. Su paradero aún es desconocido.
Lucrecia comenta sobre las implicaciones que tienen los procesos pendientes de justicia transicional. También de la garantía de la aplicación de justicia pronta y no repetición de los hechos.
Condena y beneficios
Manuel Antonio Callejas fue condenado en 2018 por el Tribunal «C» de Mayor Riesgo, por la desaparición forzada de Marco Antonio. También por delitos contra los deberes de humanidad y violación sexual de su hermana Emma Molina Theissen.
En 2023, el general Callejas, así como otros militares acusados como Benedicto Lucas García y Francisco Gordillo, fueron beneficiados con arresto domiciliar.
Ese mismo año, la Corte Penal de Lovaina en Bélgica lo condenó a cadena perpetua, junto a otros exfuncionarios y militares. En esa ocasión fue por el asesinato y desaparición de cuatro misioneros belgas en los años ochenta.
Fue una sentencia histórica, porque Bélgica usó su sistema de juicio en ausencia y tras hallarlos culpables –aunque no fueron a prisión–, existía orden de captura internacional para cumplimiento de condena.
Callejas, también implicado en el proceso Genocidio Ixil, no enfrentó juicio por ese caso. En 2024 el Tribunal de Mayor Riesgo «A», indicó que tenía «discapacidad» y no sería procesado.
«Sin justicia los DDHH se reducen a un discurso»
Aunque la muerte de Callejas, de 90 años y con Parkinson, era previsible, Lucrecia reitera que les causó indignación porque se encontraba fuera de prisión.
«Murió repudiado por muchísimas personas, no solamente por mi familia y por mí», asegura.
Molina Theissen lamenta que «pese a la gravedad de sus crímenes, que exigía una justicia pronta y cumplida, esta llegó muy tarde y terminó abruptamente con los años en los que vivió tranquilo, sin temor de que lo alcanzaría».
Sobre la importancia de seguir enfrentando un sistema de justicia que parece no respaldar a las víctimas, ella indica que es importante insistir.
El MP encontró indicios suficientes para procesar a Manuel Callejas por múltiples violaciones a los derechos humanos.
«Sin acceso a la justicia, los derechos humanos se reducen a un discurso vacío, a una utopía irrealizable. Acceder a la justicia brinda la oportunidad de decir la verdad sobre lo que ha lesionado nuestra condición ciudadana».
Resalta que es necesario conocer que para secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a las personas, el Ejército, además de capacitarse operativamente, adoptó el anticomunismo como visión para alcanzar niveles inhumanos.
«Nos despojó de nuestra índole de personas, de ciudadanos y ciudadanas, de seres humanos con derechos, nos construyó socialmente como el enemigo a destruir, el “otro”. Nos expulsó de la sociedad».
La culpa donde corresponde
Ante todo lo que ocurre, Molina Theissen destaca la importancia de la justicia para colocar la culpa donde corresponde: «En los perpetradores y no en las víctimas».
«Nos reintegra a la sociedad, nos devuelve nuestra condición de personas con derechos y el ejercicio de la ciudadanía que nos ha sido negado por décadas».
Considera relevante recordar los procesos de justicia transicional pendientes o relegados. Indica que «la memoria individual está íntimamente relacionada con la memoria social».
«En Guatemala hay memorias relegadas, negadas, se ha impuesto el silencio sobre las atrocidades perpetradas. La memoria y la historia en Guatemala no son democráticas. No recogen los hechos que destruyeron las vidas de miles de personas».
Los generales Benedicto Lucas y Manuel Callejas fueron procesados en 2018 por el Genocidio Ixil. Ahora, Callejas está muerto y el juicio a Lucas está estancado.
Esta situación, sumada al silencio y al miedo persistentes, «apuntalan la impunidad de los violadores de derechos humanos».
«Asumir el silencio emanado del poder sobre los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, niega la verdad y oculta la responsabilidad de los perpetradores. Es un elemento más para resguardar su impunidad y vedar el acceso a la justicia de las víctimas».
Reafirma que para comprender el presente es necesario revisar el pasado. «Entenderlo, interpretarlo y tomar decisiones ciudadanas que contribuyan a que no se repita».
Finalmente, Lucrecia Molina Theissen asegura que la memoria y la verdad sobre el pasado reciente, –de las que forman parte las víctimas y el acceso a la justicia– son esenciales para restaurar la institucionalidad destruida.
Te invitamos a leer la nota sobre el fallecimiento del general Manuel Callejas y Felipe Cusanero, el primer excomisionado militar condenado por desaparición forzada en Guatemala.
