Una base militar ubicada en Cobán, Alta Verapaz, fue usada como un cementerio clandestino durante la guerra. Fueron desenterrados los restos de 565 personas en la antigua Zona Militar 21, hoy conocida como Creompaz. Los huesos que encontraron en ese lugar sostienen hoy las pruebas de dos procesos judiciales. Además, pueden servir de insumo en un tercero: el caso Diario Militar.
Bajo una llovizna, entre la neblina y en medio del espeso bosque de Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, conocido como Creompaz, tres jueces caminan hacia las dos fosas en las que fueron halladas decenas de víctimas del conflicto armado interno.
Es 8 de febrero de 2022. Los jueces son Sara Yoc Yoc, Walter Eugenio Mazariegos Culpatan y Jorge Adolfo Díaz Alonzo, integrantes del Tribunal de Mayor Riesgo D.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) los guía hacia una fosa en específico, aquella en la que en 2012 encontraron los restos de Jacobo López Ac, un promotor de salud y presidente del Comité Pro Mejoramiento de la aldea Tampo, en Tactic, Alta Verapaz.
Hace 39 años, en la madrugada entre el 25 y el 26 de enero de 1983, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil sacaron de su casa a López Ac y a sus sobrinos Francisco Guerrero López y Rodolfo López Quej.
Los familiares de los tres hombres, que fueron testigos de los hechos, señalaron a José Manuel Castañeda Aparicio, excomisionado militar conocido como “Zacapa”.
El recorrido que realizan los jueces en Creompaz forma parte del juicio. Tras una solicitud de los querellantes del caso, el tribunal aceptó llevar a cabo una inspección del área en la que fueron hallados los restos de López Ac.
Este caso contra Castañeda Aparicio había iniciado en 2013, pero un año después, en la etapa de debate, un tribunal de Cobán lo absolvió. Las familias lograron revertir ese fallo y la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2017 que el juicio se repitiera. Para entonces, la FAFG había identificado los restos de López Ac, en 2016.
—Acá excavamos, en esta parte se encontraba la fosa— dice Edgar Hernández, arqueólogo forense y perito de la FAFG, mientras señala hacia un espacio en el que hoy hay lodo y matorrales. El tiempo ha borrado los rastros de que aquí, hace 10 años, desenterraron huesos de víctimas de la guerra.
En el recorrido también participan los asistentes de los jueces, el MP, la defensa del comisionado militar, los abogados querellantes y tres mujeres poqomchi’ que en casi todo el camino han estado en silencio. Se llaman Consuelo López, Casilda López y Genara López. Las tres son familiares de las tres víctimas del Caso Tactic.
“Llevamos 39 años de tristeza, de búsqueda. Sé que ya no hay esperanza de encontrarlos vivos, pero nos queda la esperanza de encontrar los restos de los otros dos -Francisco y Rodolfo-, no solo los de mi tío Jacobo. Encontrar los restos de él son una prueba. Esperamos que esto nos ayude para que sentencien a José Manuel Castañeda Aparicio”, dice Casilda López, hermana de Francisco y prima de Rodolfo, unas horas después de abandonar Creompaz.
A Casilda López se le corta la voz cuando recuerda que su hermano Francisco iba a ser el primer maestro de la aldea Tampo, en Tactic. “La sangre inocente clama justicia, así dice la palabra de Dios, tenemos sed de justicia”, dice.
Nueve días después del recorrido en Creompaz, Casilda, Consuelo y Genara pidieron en una audiencia del juicio que, al emitir la sentencia, el tribunal también ordenara que se continuara con la búsqueda de Francisco y Rodolfo.
El 24 de febrero de 2022, el tribunal condenó a José Manuel Castañeda Aparicio a 45 años y cuatro meses de prisión por la desaparición forzada de los tres hombres de Tampo. En su sentencia los jueces ordenaron, como habían solicitado las familiares, que siguieran las averiguaciones para identificar a los otros dos hombres.
La fosa de Jacobo López Ac es una de las 85 que se localizaron en Creompaz. En ellas identificaron restos humanos de 565 personas, enterradas clandestinamente durante la guerra en Guatemala.
El cementerio clandestino
Marzo de 2012. En el juicio por una masacre de 256 personas en la aldea Plan de Sánchez, en Rabinal, Baja Verapaz, en 1982, varios testigos mencionaron que en Cobán, en el vecino departamento de Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino donde los militares enterraban a sus víctimas durante la guerra en Guatemala.
Las fosas, dijeron los testigos, estaban en la antigua Zona Militar 21, instalada a unos cinco kilómetros del centro del municipio.
Los jueces del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, Yassmin Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, a cargo del Caso Plan de Sánchez, condenaron al excomisionado militar Lucas Tecú y a los expatrulleros de autodefensa civil, Santos Rosales García, Eusebio Galeano, Julián Acojo y Mario Acoj a 7,710 años de prisión por la matanza de las 256 personas.
Como parte de la sentencia, también ordenaron que el Ministerio Público (MP) empezara una investigación en la antigua Zona Militar 21. El lugar ya funcionaba entonces como Creompaz.
La Zona Militar 21 empezó a funcionar en 1979 y fue desactivada en 2004, según el vocero del Ministerio de Defensa, Rubén Tellez. En el área empezaron a funcionar escuelas de entrenamiento del Ejército. En 2006 se inauguró Creompaz. Desde 2013, en este recinto se forman y entrenan las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, conocidas como cascos azules. El lugar está ubicado en medio de un bosque espeso. En su interior están dispersos un par de edificios de no más de dos pisos, bodegas y dormitorios.
El MP consiguió los permisos -a través de orden judicial- para allanar la sede militar y empezar las excavaciones, que la FAFG realizó entre 2012 y 2014. Ahí se encontraron con el horror.
En las 85 fosas que localizaron había restos de personas, algunas con los ojos vendados y con los pies y las manos amarradas. Huesos y más huesos. Se logró identificar que al menos 90 de esas personas eran niños y adolescentes y 443 eran adultos. A través de pruebas de ADN, la FAFG ha dado con la identidad de 170 personas hasta ahora.
De acuerdo con la Fiscalía de Derechos Humanos, en la zona militar se retuvo a cientos de personas. Algunas de ellas fueron interrogadas, torturadas y ejecutadas, según testimonios de militares retirados. Eran campesinos sobrevivientes de masacres, líderes comunitarios y personas señaladas de colaborar con la guerrilla.
La Fiscalía de Derechos Humanos supone que el área que ocupó la Zona Militar 21 empezó a usarse como cementerio clandestino desde 1975, pero según los análisis forenses, los restos encontrados son de personas enterradas entre 1981 y 1988.
Las personas que se lograron identificar eran habitantes de aldeas de Alta Verapaz y Baja Verapaz, de acuerdo con la abogada k’iche’ Jovita Tzul, quien actúa como querellante del caso Creompaz, que inició después de los hallazgos en la Zona Militar 21.
La aldea desalojada para instaurar la Zona Militar 21
Antes de convertirse en una base militar, el área era habitada por unas cien familias que conformaban una comunidad, llamada Chicoyogüito. Sus habitantes eran campesinos. Tenían siembras de café y maíz. En la comunidad también había una iglesia.
En julio de 1968, ocho años después del inicio de la guerra interna en Guatemala, según relatan las personas del lugar, el Ejército llegó a la aldea, golpeó a sus habitantes, quemó sus casas y destruyó sus cultivos de maíz y café. Así consiguió desalojar a las personas del área e instaló ese mismo año la Base Militar Coronel Antonio José de Irisarri. Más de una década después, en 1979, ese lugar se convirtió en la Zona Militar 21.
Las familias, con lo poco que pudieron rescatar, armaron champas alrededor del destacamento. Otras migraron hacia distintas regiones de Alta y Baja Verapaz. Algunas de las personas que se quedaron cerca fueron obligadas a trabajar en el destacamento: recogían leña, limpiaban el área, preparaban la comida para los militares y lavaban su ropa.
Con el tiempo las personas que se habían asentado alrededor de lo que fue su aldea partieron hacia otras zonas de Alta y Baja Verapaz.
Hoy unas cien familias reclaman que el Estado les devuelva las tierras que un día les despojaron. Por esa razón también figuran como querellantes del caso Creompaz, explica la abogada Jovita Tzul, quien también representa a las familias que fueron desplazadas de la aldea Chicoyogüito. “Son sobrevivientes, que en 1968 eran niños y adolescentes. Son también los nietos y descendientes de los habitantes de Chicoyogüito”, dice la abogada.
Los casos abiertos
El caso Tactic fue el primero que se abrió a raíz de los hallazgos en la antigua Zona Militar 21. El segundo fue el caso Creompaz, que lleva el nombre del comando regional en el que se convirtió la base militar.
En enero 2016, cuatro años después de que se exhumaran las osamentas y cuando algunas todavía empezaban a ser identificadas, capturaron a 14 militares que estuvieron a cargo de la Zona Militar 21.
En el caso Creompaz los sindicaron de participar en la desaparición de varias personas que luego fueron halladas en esta base militar. También los señalaron de haber consentido los crímenes que se cometieron en el lugar. Entre ellos figura el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Manuel Benedicto Lucas García.
[Mira aquí el documental “Benedicto”]
Según la acusación del MP, mientras ocupaba ese puesto, Lucas García “planificó, organizó y controló tanto las operaciones contrainsurgentes como las ejecutadas contra población no combatiente, incluyendo las de la Zona Militar 21”. Además, la fiscalía sostiene que el entonces general del Ejército “permitió que personas civiles permanecieran detenidas de manera ilegal” en la base militar.
En el documental Benedicto, escrito y dirigido por Alejandra Gutiérrez Valdizán y Julio Serrano Echeverría, Lucas García sostiene que las osamentas encontradas en la Zona Militar 21 son de víctimas del terremoto de 1976 y asegura que en el lugar se localizaron 500 personas porque se trataba de un cementerio.
La abogada Jovita Tzul afirma que esto no es posible, ya que el cementerio de la comunidad estaba ubicado en un lugar lejano al de las fosas encontradas. También cuestiona estas hipótesis y señala que esto no explicaría por qué los restos tenían heridas de balas y por qué las manos y pies estaban atados.
En la acusación de este caso se incluyeron como pruebas varios operativos realizados por el Ejército a inicios de los años ochenta. Por ejemplo, el Ministerio Público señaló que el 2 de junio de 1982, en la aldea Pambach, en Santa Cruz Verapaz, en el departamento de Alta Verapaz, un grupo de soldados se llevó a la fuerza a unos 75 hombres, los más jóvenes de la aldea.
Tres décadas después, en 2012, durante las exhumaciones de la FAFG, 31 de ellos fueron localizados dentro de una de las fosas de la Zona Militar 21. La Fiscalía de Derechos Humanos indicó que en la misma fosa había un total de 64 osamentas. Según la hipótesis del Ministerio Público, pertenecen a los demás hombres que fueron llevados de Pambach. Hasta ahora no han sido identificados.
Otro de los elementos de la acusación del MP es una masacre registrada en mayo de 1982. Según la Fiscalía, elementos del Ejército y Patrullas de Autodefensa Civil asesinaron a unas 80 personas en Río Negro, una aldea de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz.
Las mujeres y los niños de la aldea que sobrevivieron fueron llevados hasta la Zona Militar 21. Francisco Vivar, abogado querellante del caso Creompaz, explica que una de las hipótesis que manejan es que el Ejército operaba de este modo para controlar a los pobladores y sobrevivientes de las masacres y evitar que colaboraran con la guerrilla.
La fiscalía considera que las osamentas halladas en una de las fosas podrían ser de estas personas originarias de Río Negro pues, según los análisis forenses, se concluyó que los restos pertenecen únicamente a mujeres y niños.
El MP sustenta el caso Creompaz con las osamentas halladas por la FAFG, los testimonios de personas que perdieron a sus familiares en los operativos del Ejército, peritajes sobre las operaciones militares y peritajes culturales.
Aunque en el inicio del proceso penal el MP y los abogados que representan a las familias buscaron llevar a juicio a los 14 militares, Claudette Domínguez la titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, ordenó en junio de 2016, que sólo ocho de ellos lo enfrentaran: Lucas García y los oficiales Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, César Augusto Cabrera Mejía, José Antonio Vásquez García, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Juan Ovalle Salazar.
Todos son señalados de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. La jueza determinó que no existían suficientes evidencias contra el resto de militares.
Desde entonces, hace casi seis años, el caso permanece detenido. Aún no se celebra la audiencia de ofrecimiento de prueba, en la que la jueza Domínguez deberá aceptar o rechazar las evidencias que presenten el MP, los querellantes y la defensa.
Han existido amparos y apelaciones que han retrasado el avance del proceso penal, explica Carlos Martínez, abogado del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y quien participa como representante de los querellantes del caso.
Los recursos han sido planteados tanto por los abogados de los familiares y el MP como por la defensa de los acusados.
Los familiares de las víctimas y la fiscalía han buscado que se incluya a 151 víctimas y no solo las 29 que la jueza aceptó en la acusación, pues aunque en total fueron localizadas 565 osamentas, las pruebas recabadas por la fiscalía sólo confirman la forma, el momento y el lugar en que se cometieron los crímenes contra 151 personas.
Pero para la jueza Domínguez, los peritajes y testimonios de los familiares, vecinos y militares no son suficientes para sospechar que los capturados participaron en los crímenes contra la mayoría de estas personas.
El MP y los querellantes también han buscado anular el fallo con el que se favoreció a los militares, pero hasta ahora este no ha sido resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Carlos Martínez dice que la defensa ha presentado recursos que tampoco han sido resueltos para solicitar la amnistía de los acusados o la prescripción de los crímenes que fueron cometidos hace casi 40 años.
El abogado explica que la pandemia, la mora judicial y las suspensiones de las audiencias han evitado que los recursos se resuelvan.
Si pasa a etapa de debate, el juicio por el caso Creompaz será conocido por el Tribunal A de Mayor Riesgo, presidido por Yassmin Barrios.
***
La Zona Militar 21 también es mencionada en el caso Diario Militar, un proceso penal en el que la principal prueba es un documento que contiene una bitácora detallada de allanamientos e información sobre personas, organizaciones y medios de comunicación considerados subversivos por el aparato estatal.
El diario también registra las fichas de 183 personas (activistas, sindicalistas y miembros de organizaciones) que habían sido detenidas extrajudicialmente, entre 1983 y 1985, durante el régimen de Oscar Mejía Víctores. Algunas fueron asesinadas.
[Quizás te interesa escuchar más sobre esto en el podcast “El diario del horror”]
Francisco Vivar, abogado querellante del caso Creompaz y del caso Diario Militar, explica que en este documento, conocido como el Dossier de la Muerte, aparece una mujer que fue llevada a la Zona Militar. Su nombre es Candelaria Pop Coy. En el archivo aparece una fotografía suya junto con su hijo. En la descripción dice que fue “entregada S-2 de Cobán”, el 23 de mayo de 1984.
Vivar explica que la “S-2” se refiere a la inteligencia militar y se menciona Cobán porque fue recluida en el campamento de ese municipio, que entonces era la Zona Militar 21. El abogado añade que el testimonio de Pop Coy aparece como prueba en el caso Diario Militar. En su relato, dice, se detalla cómo fue llevada hasta ese recinto.
En los últimos días de marzo de 2022 se celebrará la audiencia de etapa intermedia contra 11 exoficiales del Ejército, en esta fase se decidirá si deben enfrentar un juicio por delitos como desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad.
