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A 25 años del hallazgo del Diario Militar: «Peleamos contra el olvido»

Para los hijos e hijas de las víctimas del Diario Militar, la justicia no llega hasta que los cuerpos de sus familiares sean encontrados. Aunque hay una sentencia internacional, los procesos en el país se mueven lento y aún no hay respuestas.

Las fotografías de los hermanos Otto René y Julio Alberto Estrada Illescas se encuentran entre las páginas de un gran libro lleno de otras fotografías, nombres y fechas. Pero no …

Las fotografías de los hermanos Otto René y Julio Alberto Estrada Illescas se encuentran entre las páginas de un gran libro lleno de otras fotografías, nombres y fechas. Pero no se trata de un álbum familiar o uno que recuerde fechas memorables. 

Las fotografías de los hermanos Estrada Illescas se incluyen en un documento que registraba las capturas de personas supuestamente vinculadas a movimientos guerrilleros. 

Con códigos siniestros, el documento daría un atisbo sobre lo que habría sucedido con 183 personas entre 1983 y 1985. Conocido como el Diario Militar o «Dossier de la Muerte», su hallazgo fue hecho público hace 25 años.

De los hermanos Estrada, Otto René fue el primero en ser capturado. Su fotografía, en blanco y negro, tiene escrito a lápiz la letra Z seguida del número 133. 

Apenas se logra leer el texto escrito a máquina, que detalla que Otto René fue capturado a las 11:00 horas en la 1ra. calle y 2da. avenida de la zona 1 el 15 de mayo de 1984.

«Al tratar de poner resistencia, se le dio un balazo en un glúteo», se logra leer en el documento. Debajo del texto, escrito también a lápiz, lleva la fecha 01-08-84 y el código 300. Este código, al igual que «se fue», supondrían que la persona fue ejecutada.

Julio Alberto,  identificado con el número 156, fue capturado y desaparecido un mes después que su hermano. Su fotografía, también  lleva escrita la letra Z, con la que se identificaba a los miembros del guerrillero Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). 

Según el Diario Militar, fue capturado a las 18:00 horas en el Anillo Periférico, frente al Hospital Hermano Pedro, zona 11. Julio no cuenta con un código, pero su situación no fue más esperanzadora que la de su hermano.

Registros de personas desaparecidas documentadas en el Diario Militar. Foto: Fundación Mirna Mack.

El hijo de Otto y sobrino de Julio, Paulo Estada, ahora es representante de la Asociación de Familiares de Detenidos de Guatemala (Famdegua), fundada en 1992 para buscar a personas víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno.

 Paulo, sigue buscando respuestas y quiere justicia. Recuerda que tanto su padre como su tío eran miembros del PGT, aunque también menciona que ambos formaron parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). 

El Diario Militar se hizo público el 29 de mayo de 1999 luego de que la analista Kate Doyle lo autenticara para el Archivo de Seguridad Nacional de la universidad George Washington en los Estados Unidos. 

Doyle obtuvo el documento ―por intermediación de una periodista guatemalteca que trabajaba para un medio internacional ― de un exempleado del Ejército de Guatemala que lo sustrajo y se lo vendió por US$ 2,000.

Para autenticarlo, Doyle tuvo que corroborar información, escrituras y otros documentos en poder del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Luego de un análisis, lo entregó oficialmente al Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Julio Eduardo Arango Escobar, quien viajó a Washington, D.C.

De ese hecho han pasado 25 años, pero para Paulo han sido 40 años desde la desaparición de sus seres queridos. Familiares de las víctimas han pasado por procesos judiciales tanto locales como internacionales en su búsqueda, pero muchos no han obtenido respuestas. 

«Peleamos contra el olvido y la impunidad. Nuestras peticiones son esas, primero que nos digan dónde están y segundo, justicia». 

¿Quiénes estaban en el Diario Militar?

El Diario Militar, identificado en Estados Unidos como  «Dossier de la muerte» compuesto por 73 páginas se muestra como un documento de inteligencia que registraba capturas de personas que tenían nexos con organizaciones catalogadas como subversivas.

Con la existencia del documento se demuestra las actividades que realizaba el Estado durante el período más sangriento del conflicto armado interno, principalmente en el departamento de Guatemala.

La autoría del documento está atribuida a «El Archivo», un cuerpo paralelo de inteligencia del Estado Mayor Presidencial. 

El documento cuenta con seis secciones. 

Una de registro con fotografías y fechas. Comienza con un registro de objetos que se encuentran «en la casa del bosque», seguido de un listado de nombres, cuya hoja lleva escrito a lápiz «Apoyo Mutuo». 

Continúa con una descripción del PGT, de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) guerrillas que en 1982 formaron la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG.

El documento también registra una «Nómina de Órganos de Divulgación al servicio de la subversión», un listado de medios de comunicación de la época con la información del director y su dirección física. 

Además, existe una nómina parecida, pero de «organizaciones de fachada», donde se encuentran grupos como la AEU, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), y el Comité de Unidad Campesina (CUC).

Otro «Control de captura de casas, enfrentamientos, armamento, documentación y propaganda de enero hasta el 18 de junio del 84», con un listado de fechas, direcciones y lo que se «logró capturar». En algunos registros se menciona una casa o armas. 

Finaliza el documento con la sección de operaciones especiales (SOE) PGT-Izquierda, y una nómina de armamento. 

Miguel Angel Albizures, activista de derechos humanos, fue un sindicalista que recibió muchas amenazas y su nombre apareció en varios listados de personas que serían asesinadas en los ochenta. Recuerda que «fue una década bastante trágica por todos los hechos que acontecieron en la vida política nacional». 

Desde 1980 hasta 1987, Albizures estuvo fuera del país en una gira de denuncias por Europa, pero siempre mantuvo comunicación con otros dirigentes de la época. 

«Fue seriamente afectado el movimiento de los trabajadores, el movimiento sindical, con el secuestro y desaparición de muchos líderes. Pero no fue solo eso, sino que también otros sectores fueron seriamente reprimidos», recuerda. 

Paulo Estrada, que ahora es querellante en el caso del Diario Militar, el cual avanza muy lento en Guatemala, recuerda que la mayoría de personas que están registradas en el documento tenían una militancia política tanto pública como clandestina. 

«Te pongo el ejemplo de mi papá, que al igual que mi tío, había sido de la AEU del secretariado de Oliverio Castañeda. Tenían una militancia amplia del conflicto armado interno del 83 al 84. En el momento de su captura, eran personas que guardaban mucho su identidad, no hacían actos públicos, se cuidaban porque lo que hacían era una militancia política revolucionaria», detalla. 

«Si te das cuenta, la gente que aparece ahí (en el documento) tenía un compromiso real con la revolución y sobre todo con el cambio real en Guatemala», asegura Paulo. 

Según datos del Diario Militar, de las 183 personas que registra, 24 eran mujeres (el 13%) y 159 eran hombres (el 87%). 

La mayoría de estas personas, según el documento, pertenecían al PGT, teniendo 104 víctimas registradas, pero también se mencionan otras organizaciones como el EGP, la ORPA, las FAR, algunos sindicatos, la URNG, el Movimiento Revolucionarios del Pueblo Ixim.

Los hechos ocurrieron desde agosto de 1983 hasta marzo de 1985, aunque hay un porcentaje de capturas que no tienen datos. El año con mayor cantidad de capturas registradas fue 1984,  en el que fueron desaparecidos Otto René y Julio Alberto Estrada Illescas. 

Según los datos del Diario Militar, 93 personas están marcadas con el 300 o alguno de sus derivados, haciendo alusión a que habrían sido ejecutadas. 

A pesar de este alto número, han sido pocos los cuerpos que han podido ser recuperados o identificados, por lo que la mayoría  continúan desaparecidos. 

En un análisis de los lugares en donde las personas fueron detenidas y desaparecidas, el documento registra el mayor número  en el departamento de Guatemala, principalmente dentro del perímetro de la capital. 

En la ciudad, las capturas se realizaron en distintas zonas pero, la mayoría fueron en la zona 1. 

También ocurrieron en los vecinos municipios de Mixco y Villa Nueva. 

Otros departamentos donde también hubo intervención de este grupo armado, según el registro del «Dossier de la muerte», son Suchitepéquez, San Marcos y Escuintla. 

En algunas ocasiones detalla el traslado de las personas capturadas a unidades en Chimaltenango o Coatepeque (Quetzaltenango). Estas personas también continúan desaparecidas. 

Justicia  internacional y reparaciones no cumplidas

El 30 de noviembre de 2005, la organización Famdegua fue apoyada y representada por la Fundación Myrna Mack en una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición forzada de veinte personas y por la tortura y violación sexual de una menor de edad. 

En septiembre de 2006 se envió una acumulación conteniendo otros casos, por lo que la denuncia llegó a abarcar 26 desapariciones registradas en el Diario Militar. 

El caso se llamó José Miguel Gudiel Álvares y otros (Diario Militar) vs. Guatemala. 

Tras un largo proceso, la Corte IDH reconoció en 2012 que el Estado de Guatemala fue responsable  por la «desaparición forzada, y por tanto, por la violación de derechos a la libertad personal, integridad, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas». 

Padre de Lesbia Lucrecia García Escobar declara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Corte IDH.

Karla Campos, abogada del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), explica que para que un caso llegue a nivel interamericano deben pasar muchos años de los hechos, pero en casos como el Diario Militar, han resultado más efectivos los procesos a nivel interamericano que a nivel nacional. 

«En los procesos a nivel nacional se han dado una serie de retrasos maliciosos. Eso hace que sean lentos. Estos casos se pueden llegar a juzgar en 20 o 30 años, por eso se busca (justicia) a nivel interamericano, porque es más rápido», indica la abogada.

Las reparaciones fijadas por la Corte IDH ordenan al Estado de Guatemala a iniciar y continuar las investigaciones y procesos necesarios para establecer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. 

Además, se menciona la realización de un documental audiovisual sobre las víctimas, los hechos  y su contexto. También debe contener la búsqueda de justicia de los familiares. 

El Estado también está obligado a construir un parque o plaza en honor a la memoria de las víctimas, que sirva como un espacio donde recordar a estas personas, según la Corte IDH.

Ocote conversó con Oswaldo Samayoa, actual director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) para saber qué hará el Gobierno en cuanto a las reparaciones fijadas por la Corte, ya que los gobiernos anteriores no cumplieron con todas las medidas.

«Estamos bajo un esquema de generar mecanismos para terminar de cumplir. Hasta ahora se han pagado algunas reparaciones, pero están pendientes otras que se están tramitando», detalla Samayoa. 

Asegura que también se está trabajando la realización de un documental de la mano del Ministerio de Cultura y Deportes. 

A su vez, estaría en proceso la construcción de una Plaza de la Memoria en un sector de la zona 1. Sin embargo, el trabajo de la Copadeh no puede quedar solo en eso, según Samayoa. 

«La estrategia es terminar de cumplir la sentencia, pero también hay una reparación psicosocial que debe trabajarse y que va de la mano de una estrategia de reconciliación que debemos impulsar con mayor fuerza», menciona. 

Lenta y revictimizante justicia nacional

En mayo de 2021, las autoridades guatemaltecas capturaron a once exfuncionarios militares y policiales sindicados de las detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas entre 1983 y 1985, o caso Diario Militar.

Las capturas fueron el resultado de 17 allanamientos que formaban parte de una investigación del Ministerio Público, y como resultado fueron detenidos: 

  • Gustavo Adolfo Oliva Blanco
  • José Daniel Monterroso Villagrán
  • Édgar Corado Samayoa
  • Marco Antonio González Taracena
  • Enrique Cifuentes de la Cruz
  • Víctor Augusto Vásquez Echeverría
  • Juan Francisco Cifuentes Cano
  • Eliseo Barrios Soto
  • Édgar Virgilio de León Sigüenza
  • Mavilio Aurelio Castañeda Betancourth
  • Rono René Lara 

Otros cuatro sindicados fueron declarados prófugos. Jacobo Esdras Salán Sánchez se entregó en el primer día de audiencias de primera declaración de los detenidos, el 1 de junio de 2021.

Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Alix Leonel Barrillas Soto fueron capturados en enero y febrero de 2021, respectivamente. 

Finalmente, Toribio Acevedo Ramírez fue detenido en mayo de 2022 por autoridades de Panamá y quedó ligado a proceso el 23 de mayo. Otros tres sindicados siguen prófugos. 

El juez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio, envió a juicio a nueve acusados: Marco Antonio González Taracena, Víctor Augusto Vásquez Echeverría, Gustavo Adolfo Oliva Blanco y Juan Francisco Cifuentes Cano.

También a Jacobo Esdras Salán Sánchez, José Daniel Monterroso Villagrán, Enrique Cifuentes de la Cruz, Edgar Corado Samayoa y Rone René Lara. 

El juez Miguel Ángel Gálvez en una audiencia del caso Diario Militar. Meses después tuvo que salir del país luego del acoso y criminalización. Foto: Verdad y Justicia.

Marco Antonio González Taracena falleció antes de que pudiera enfrentar el juicio. 

Cuatro de los acusados, entre ellos Edgar Virgilio de León Sigüenza y Malfred Orlando Pérez Lorenzo siguen en etapa intermedia y tres continúan prófugos. 

El caso se suspendió contra Eliseo Barrios Soto debido a problemas de salud. 

Maynor Alvarado, abogado del GAM y querellante adhesivo en el caso, explica que el proceso contra los primeros nueve está a la espera de que se fije fecha del juicio oral. 

Cuenta que el caso Diario Militar es distinto al resto de casos de desapariciones forzadas en el país, debido a que el documento ha sido reconocido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como auténtico y se ha utilizado en otros procesos judiciales. 

Sin embargo, denomina a este caso como «una falsa esperanza», pues aunque se le da seguimiento a los casos, aún no se sabe cuál fue el destino de las víctimas. 

«Los familiares tienen esa doble victimización. Por un lado, saber con certeza que fue el Estado, pero por el otro, seguir con la incertidumbre». 

Por su parte, Paulo Estrada, también querellante en el caso, indica que los familiares «quieren que les digan dónde están, y eso es algo que no depende de ellos, ni del organismo Ejecutivo, es solo del sistema de Justicia».

Ambos aseguran que, esperan jueces probos que sean imparciales en el proceso. 

«Llevamos 40 años en esto, y podemos seguir otros 40 más, para esto estamos los hijos e hijas al frente del proceso, porque los vamos a juzgar», finaliza Estrada.

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El Diario Militar se encuentra publicado  en la página web del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington de EE.UU. desde el 20 de mayo de 1999.

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