El juicio por Genocidio Ixil contra Benedicto Lucas García, alto mando militar en los 80, se encuentra en peligro. Eso advierten víctimas y organizaciones de derechos humanos. La defensa de …
El juicio por Genocidio Ixil contra Benedicto Lucas García, alto mando militar en los 80, se encuentra en peligro. Eso advierten víctimas y organizaciones de derechos humanos.
La defensa de Lucas estaría haciendo uso del «litigio malicioso» para evitar que enfrente 2,860 años de cárcel que pidió el Ministerio Público (MP) y los querellantes.
En la última etapa del juicio, donde las partes presentaron sus conclusiones, previo a la sentencia, han ocurrido acciones que alarman a las organizaciones.
Una es el amparo provisional otorgado a la defensa del militar retirado, que recusó al Tribunal Primero de Sentencia de Mayor Riesgo A.
La audiencia para conocer esa recusación y resolver en definitiva fue programada para el 21 de noviembre, pero se suspendió.
Otra acción que provoca incertidumbre es el traslado de cuatro fiscales y auxiliares fiscales de la Unidad de Casos del Conflicto Armado Interno que conocían el caso.
Este traslado se registra en un momento crucial del proceso. Los fiscales que ya conocían el caso no podrán darle seguimiento.
Esto se entendería como una acción contra esta unidad del MP, en una administración que en los últimos años ha desarticulado varias fiscalías especiales.
La unidad forma parte de la Fiscalía de Derechos Humanos, donde también se encuentran la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, la de periodistas, entre otros.
De genocidio a investigar estafas
Ocote consultó al Departamento de Comunicación Social del MP sobre las afirmaciones.
El ente investigador confirma que «fiscales de la Fiscalía de Derechos Humanos fueron trasladados a la Fiscalía de Casos Especiales».
Esto, porque a criterio del MP existe un alza de denuncias por estafas a nivel nacional y esa fiscalía «necesita ser fortalecida».
El 19 de noviembre, la fiscal general Consuelo Porras visitó las instalaciones de Casos Especiales, porque «está siendo reorganizada y fortalecida».
#MPfuerteYfirme ✅💪
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 20, 2024
La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, visitó la Unidad contra Delitos Trasnacionales, Unidad Antipandillas y Unidad de Reacción Inmediata en donde aprovechó a hacer un recorrido con el… pic.twitter.com/ek0uIBmcDA
Al consultar la cantidad y nombres de trasladados, el MP dice que no los pueden dar «por temas de seguridad del personal y los casos que investigan».
Las víctimas y organizaciones dicen que, de manera extraoficial, se sabe que sólo de la Fiscalía de Derechos Humanos removieron 14 fiscales y auxiliares fiscales.
En una conferencia de prensa el 14 de noviembre, sobrevivientes y querellantes calificaron esas acciones como «ataques y bloqueos a la sentencia contra Lucas».
Una fuente confirma a Ocote que de la Unidad de Casos del Conflicto Armado Interno son dos fiscales y dos fiscales auxiliares los trasladados.
Conferencia de Prensa en las afueras de la Torre de Tribunales de las víctimas del caso Genocidio Ixil Lucas García ante los ataques y bloqueos a la sentencia en contra del general retirado Manuel Benedicto Lucas García pic.twitter.com/nVq5OctP7k
— odhag_gt (@odhag_gt) November 14, 2024
De momento, sigue al frente del caso la fiscal Cándida Morales, quien pidió los 2,860 años y quien ha enfatizado en las audiencias la «brutalidad» de las acciones del Ejército.
Aunque no se sabe el nombre de los sucesores de los fiscales trasladados, se conoce que al momento solo se ha nombrado a un auxiliar que apoyaría a Morales.
Dicha acción enciende las alarmas entre expertos en justicia transicional.
Esto «perjudica el proceso, ya que -los trasladados- son los fiscales que han trabajo el caso», indica el abogado Mario Trejo.
Trejo dio las declaraciones junto a José Silvio Tay de la Asociación para la Justicia y Reconciliación.
Ambos dieron una conferencia en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
Tay asegura que las pruebas que se han presentado en el caso contra Lucas García, a quien acusan de cometer genocidio, son contundentes.
Fiscal del primer juicio por genocidio
Otra de las acciones que también causa incertidumbre en las víctimas es la reciente destitución del fiscal Erick De León.
Él fue quien investigó y llevó el primer juicio por genocidio Ixil.
En ese caso procesaron al expresidente de facto José Efraín Ríos Montt, cuya condena por genocidio fue histórica.
Sobre las razones de la destitución de De León, el MP indica que se hizo bajo su Ley Orgánica, Reglamento de Trabajo y Pacto Colectivo.
Durante la gestión de Porras se ha cuestionado las destituciones de personal de puestos de carrera bajo la figura de «libre nombramiento y remoción».
«El hecho que se hayan realizado esos cambios se asume como que puedan afectar la justicia», indica Nery Rodenas, Director de la ODHAG.
Para Haydeé Valey de Impunity Watch, los traslados de los fiscales causan preocupación por varios juicios sobre justicia transicional.
«Desde la posición de las organizaciones hay una preocupación profunda sobre el estado del caso Genocidio Ixil y de los otros de justicia transicional».
Añade que los traslados de fiscales impactan en la continuidad de la investigación, avances y en etapas posteriores como la reparación digna.
«Preocupa porque se interpreta como una estrategia para desmantelar la Fiscalía de Derechos Humanos y para entorpecer los casos».
A su criterio, también se buscaría desmantelar la unidad que se encarga de la investigación de más posibles casos de justicia transicional.
«Se interpreta como una estrategia de impunidad para que no sigan investigando militares que podrían tener responsabilidad en estos actos atroces».
Incertidumbre por la sentencia
El juicio contra Benedicto Lucas, que inició el 4 de abril de 2024, se detuvo en la etapa de conclusiones.
Tanto las víctimas como el MP han solicitado más de 2 mil años de cárcel.
Para avanzar a la siguiente fase y conocer sentencia primero se debe resolver la recusación de la defensa de Lucas García contra el tribunal.
La audiencia para conocer esa acción está programada para el próximo 28 de noviembre.
A esto se suma resolver la situación de salud de la juez vocal Lilian Ajcam Leal que sufrió un desmayo el 13 de noviembre durante las conclusiones de la defensa.
Nery Rodenas considera que no existe peligro para llegar a una sentencia, que esperan sea condenatoria contra Lucas García.
«Se ha dado un acompañamiento muy bueno de parte del MP, un trabajo efectivo, creo hay elementos que pueden llevar a la convicción de los jueces».
Indica Rodenas que desde la parte querellante se ha hecho lo suficiente como para poder determinar la responsabilidad del militar.
Igual posición expresa Valey, que considera que el proceso debe llegar a sentencia, pues la prueba ya está diligenciada y presentada.
No obstante, advierte que existe una disposición legal en el Código Procesal Penal que establece que un debate no se puede suspender por más de 10 días.
«Esto provocaría la repetición del debate, que todo lo actuado quede anulado, esto es un grave riesgo, por eso la sociedad debe estar atenta y exigir que continúe».
Puntualiza que hay disposiciones internas que prevén estas situaciones y, por lo tanto, se debe buscar la mejor solución para las familias que esperan justicia desde hace 40 años.
***
Las transmisiones de las audiencias pueden ser consultadas en Verdad y Justicia y AJR y Asociación para la Justicia y Reconciliación -AJR-
