El plan de reparación anunciado como un avance del gobierno no ha sido publicado ni es accesible al público. Sin respaldo legal, sin presupuesto claro y sin llegar a las …
El 25 de febrero, en el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, el presidente Bernardo Arévalo presentó el Plan Nacional de Reparación y Dignificación, como uno de sus principales avances en el acompañamiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la guerra
Ese día, el presidente Bernardo Arévalo anunció que el documento sería publicado pronto, sin especificar fecha. En la actividad también participó el director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), Elvyn Díaz.
Más de un mes después, el acuerdo gubernativo que debería darle sustento legal al plan no se ha publicado en el Diario de Centroamérica como se ofreció.
«Ya está en implementación»
El director de la COPADEH, sostiene que pese a que no se ha publicado como un acuerdo oficial, el plan va en marcha.
Cuando Agencia Ocote le consulta por el retraso en la publicación oficial, Díaz señala que el contenido ya está aprobado, pero que falta «el último paso» en la Procuraduría General de la Nación (PGN).
La PGN revisa la legalidad de los acuerdos gubernativos antes de su firma. Sin ese aval, el plan no puede ser aprobado ni publicado oficialmente, reitera el funcionario.
«Eso sale esta semana», aseguró al indicar que debería ser entre el 6 y el 10 de abril, después de Semana Santa.
El dinero que no es para el plan
Sobre el presupuesto asignado para la ejecución del plan para las víctimas, Díaz menciona Q12 millones, pero no ofrece mayores detalles e indica que ese monto se tiene previsto para cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Se indicó que en total, el Estado cuenta con Q50 millones para este fin, de los cuales Q12 millones corresponden a 2026.
De acuerdo al tablero de rendición de cuentas publicado por la institución correspondiente a febrero de 2026, la COPADEH cuenta con un presupuesto vigente de Q65 millones, con una ejecución del 4.40%.
Sin embargo, este monto no permite identificar de forma clara los fondos asignados para el cumplimiento de sentencias, ni su relación con el plan de reparación anunciado.
Según COPADEH, la ejecución «está sujeta a futuras gestiones interinstitucionales», ya que en la implementación de las medidas de reparación intervienen diversos ministerios y otras dependencias.
Copadeh con cuatro cambios de dirección
Durante el Gobierno de Arévalo, por la COPADEH, han pasado cuatro directores: Oswaldo Samayoa, Carlos Federico Amézquita Galindo, Yolanda Auxiliadora Pérez Ruíz y Elvyn Leonel Díaz Sánchez.
El actual director, Díaz, asumió en mayo de 2025 y señala que sus antecesores permanecieron en el cargo por períodos de entre tres a ocho meses.
Esta rotación, afirma, ha provocado que varios procesos queden estancados o deban retomarse desde cero, en una institución que ya enfrentaba problemas administrativos y de gestión.
Como lo hizo su antecesora, Yolanda Pérez, Díaz describe que recibió una COPADEH bajo una institucionalidad «destruida» en temas de derechos humanos, con procesos abandonados y una ejecución presupuestaria mínima al momento de asumir el cargo.
Cuando se le pide enumerar las acciones que ha liderado desde que asumió el cargo, menciona pagos de sentencias, actos públicos y recuperación de archivos del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
Al cierre de edición de esta nota, COPADEH no precisó cuántas sentencias han sido pagadas ni cuántos actos públicos se han realizado.
El plan que no se puede usar
Aunque en febrero, en un acto público, se entregó un documento a representantes de organizaciones de víctimas, el plan no está disponible para consulta pública.
Díaz, insiste en que no será divulgado hasta la aprobación del acuerdo gubernativo que le daría sustento legal.
Durante la entrevista, permitió al equipo de Agencia Ocote revisar un documento que sería el contenido del plan. Ese documento incluye un diagnóstico de las violaciones a derechos humanos, líneas de acción en áreas como atención psicosocial, salud, educación y memoría, así como propuestas de coordinación interinstitucional
Feliciana Macario, representante de Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y de la Plataforma Nacional de Víctimas, explica que tras la presentación pública del 25 de febrero asumieron que el documento que les entregaron ya era oficial.
Sin embargo, ante la falta de respaldo legal, han optado por no difundirlo en comunidades. «No conviene crear más expectativas», dice. Compartir un plan sin sustento jurídico, explica, podría llevar a que las víctimas exijan medidas que aún no pueden cumplirse.
«Para nosotros la implementación es cuando se atiende a las víctimas, cuando se resuelven casos concretos. No cuando se ordenan archivos. No cuando se anuncian planes. Cuando algo cambia en la vida de las personas», lamenta la representante de las víctimas.
En la misma línea, Luisa Nicolau de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) cuestiona que «mientras no esté oficializado, no se puede utilizar desde las comunidades», añade.
Para Nicolau, hablar de un plan «en marcha» implicaría que ya esté operando con las víctimas, algo que, insiste, todavía no ocurre.
«Eso no es reparación integral», reitera Nicolau. Explica además que la reparación implica atención psicosocial, salud, educación, justicia y garantías de no repetición, como parte de un proceso sostenido, no de acciones aisladas.
Nicolau añade otra dimensión sobre la memoria y la continuidad. La reparación no solo debe responder a quienes sobrevivieron, sino también a las nuevas generaciones que heredan los procesos de búsqueda.
Un plan sólido debería permitir que hijos y nietos continúen las demandas de justicia, no como una carga, sino como parte de un proceso colectivo de dignificación.
Las víctimas mueren sin reparación
Las víctimas envejecen y algunas han muerto sin ver la reparación. Casos como Sepur Zarco, Mujeres Achi y Caso Ixil lo evidencian.
Por ejemplo, en el caso de las mujeres Achi, siete de las 36 denunciantes fallecieron sin alcanzar una sentencia, un reflejo de los años que han pasado sin que los procesos lleguen a una resolución.
«Significa abandono, invisibilización, y condiciones de vida que no han cambiado», resume Macario.
Aunque el director de la COPADEH reconoce y afirma: «Me da pena pedirles más tiempo», la espera para las víctimas es lo que persiste.
Díaz evita hablar del plan como un logro concreto en reparación. Lo llama «un instrumento, un esfuerzo».
Nuevamente promete que su impacto se verá al final del Gobierno de Arévalo.
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Si eres un familiar o sobreviviente de la violencia durante el Conflicto Armado Interno y quieres compartir tu historia, puedes enviar un correo a info@agenciaocote.com.
