Este es el primer informe que revela la cifra de fiscales removidos en esta gestión considerada internacionalmente como antidemocrática. El mismo fue elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en …
En resumen
- El informe ¿Eficacia o impunidad? destaca que persiste la impunidad y decisiones arbitrarias en destituciones o traslados de fiscales.
- A la fecha, de 105 fiscales destituidos en los últimos años, solo 20 han enfrentado un proceso disciplinario establecido en la Ley Orgánica del MP.
- Casos como el del exfiscal Juan Francisco Sandoval, demuestran decisiones políticas en su destitución, que llevaron a criminalización y exilio.
Este es el primer informe que revela la cifra de fiscales removidos en esta gestión considerada internacionalmente como antidemocrática. El mismo fue elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Argentina y la organización guatemalteca Alianza por las Reformas.
Las organizaciones documentan que los 105 fiscales fueron destituidos entre 2021 y 2025. Señalan a la actual administración de «una tendencia a despedir y sancionar fiscales de manera arbitraria y discrecional».
Aunque la Ley Orgánica del MP establece que la fiscal general tiene potestad de nombrar y remover al personal, esto debe ocurrir mediante un procedimiento disciplinario.
Sin embargo, los datos revelan que 85 de las destituciones no tienen causa justificada, como ordena la ley. Solo 20 casos tienen un proceso disciplinario.
Entre las destituciones de Porras se encuentra la del exfiscal especial Juan Francisco Sandoval. Él lideró por años la lucha anticorrupción desde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Sin proceso disciplinario
Sandoval cuenta a Agencia Ocote que al momento de su destitución, en junio de 2021, la fiscalía a su cargo era eficiente. «Daba resultados concretos y se había ganado la confianza de la población y de la comunidad internacional».
«No se siguió ningún procedimiento disciplinario previo. Fui destituido de forma arbitraria y sorpresiva, sin audiencia ni posibilidad de defensa, mediante una nota firmada por la fiscal general».
Sandoval fue un fiscal de carrera, con 18 años de experiencia, que al ser destituido debió abandonar el país y exiliarse para evitar la prisión.
La FECI de Sandoval trabajó junto a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en casos emblemáticos y de alto impacto, como La Línea, que llevó a prisión a un expresidente y su vicepresidenta.
Sandoval añade que «Hasta hoy no se me ha notificado ninguna falta, ni he tenido derecho de defensa. Esto evidencia el carácter político y retaliatorio de la remoción».
Un pacto que le dio carta libre
A la destitución irregular de Sandoval le siguieron muchas más. Sin embargo, para tener éxito, Porras realizó un pacto con el sindicato de trabajadores del MP. Este, a cambio de dinero, le otorgó la potestad de actuar de forma unilateral.
Porras firmó un pacto colectivo con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público (STMP) en marzo de 2021, según una investigación de Plaza Pública.
A cambio, Porras autorizó un bono mensual de Q 2,000 para sus casi 12 mil trabajadores. Esto representó, a partir de 2022, una carga de 282 millones anuales para la institución.
Esto lo hicieron desconociendo, incluso, otros mecanismos legales internacionales que protegen la labor de jueces y fiscales.
Uno de esos documentos, basado en la independencia judicial, es el Manual de Derechos Humanos para Fiscales que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fiscales de carrera
Así como sucedió con Sandoval, el informe destaca los casos de otros fiscales o auxiliares fiscales destituidos o que fueron cambiados de fiscalía.
Entre ellos se menciona a Mynor Pinto, Blanca Aracely Monzón, Claudia Palencia, Elena Sut, Stuardo Campo, Hilda Pineda, Eduardo Pantaleón, entre otros.
También se cita el caso de Erick de León, de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno. De León estaba a cargo del caso Genocido Ixil, en donde está acusado el general retirado Benedicto Lucas García.
Dos días antes de presentar las conclusiones del juicio contra Lucas García, el fiscal de León fue destituido, en noviembre de 2024.
A criterio de Sandoval, la atribución que la fiscal general ha recalcado para remover al «personal de confianza» es un mecanismo «para sortear el régimen de estabilidad y garantías propias del servicio civil y de la carrera fiscal».
Añade que «esta interpretación, arbitraria y oportunista, ha permitido destituir sin motivación a fiscales con años de experiencia». Esto, según Sandoval es «como represalia por investigar redes de corrupción o por tener posturas éticas firmes».
Para Sandoval, al ser apartados de su cargo de forma arbitraria tantos fiscales sin tacha, se envía un mensaje claro al resto del país.
«En Guatemala, investigar puede costar la carrera, la libertad y la vida».
Esto, dice el exfiscal, tiene consecuencias profundas para la lucha contra la impunidad, el funcionamiento del sistema de justicia y para las nuevas generaciones «que ven cerrarse los espacios de integridad dentro del Estado».
