Guatemala no sabe cuántas víctimas del conflicto armado deben ser reparadas. No tiene un registro consolidado, no cuenta con un plan vigente y no puede identificar cuánto presupuesto destina a …
Guatemala no cuenta con un registro público y único de víctimas del Conflicto Armado Interno. A la fecha, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) no puede decir con certeza cuántas personas deben ser reparadas por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en más de 30 años de guerra interna en el país, aunque existen sentencias judiciales nacionales e internacionales que así lo establecen.
En respuesta a una solicitud de información pública, la COPADEH indicó que trabajan en un Registro Único de Víctimas, pero aún se encuentra en la fase de «diseño conceptual y elaboración del plan operativo».
A la fecha, treinta años después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el Estado de Guatemala todavía no termina de definir cómo construirá el registro que le permitiría saber cuántas víctimas deben ser reparadas. Mientras el tiempo transcurre, las víctimas fallecen sin alcanzar la reparación.
Para poder concretar ese registro, la COPADEH primero debe concluir la revisión y categorización de los expedientes del extinto Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), cuya liquidación administrativa sigue en curso desde diciembre de 2023. El proceso implica cerrar formalmente el PNR, ordenar archivos e inventariar casos atendidos y pendientes.
En otros países como Colombia y Perú, el registro de víctimas permite aportes a los procesos de justicia transicional, políticas sobre memoria histórica y reparación.
Quince casos documentados
La COPADEH sí cuenta con el dato de los 15 casos derivados de sentencias de la Corte IDH donde se ordena el cumplimiento de diversas medidas de reparación porque se perpetraron masacres y asesinatos.
Masacres en Plan Sánchez; Dos Erres; Río Negro; Chichupuac y comunidades vecinas; Aldea Los Josefinos; caso Coc Max y otros; Bámaca Velásquez; Molina Theissen; Tiu Tojín; Chitay Nech y Otros; Gudiel Álvarez y otros —conocido como el caso del Diario Militar—; Agapito Pérez Lucas y Otros; Paniagua Morales y Otros —caso Panel Blanca—; Myrna Mack Chang; y Gómez Virula y familiares
No obstante, en la respuesta a la solicitud de información pública, UAIP-037-2026, la COPADEH indicó que el estado de implementación de las medidas fue verificado mediante consulta al portal oficial de la Corte IDH, no a través de registros propios de la institución. La respuesta no incluyó un listado consolidado de medidas ordenadas, niveles de avance ni plazos definidos para su implementación.
Para verificar el estado de las reparaciones la COPADEH acude al portal de la propia Corte IDH, ya que no produce su propio monitoreo.
Sobre el presupuesto destinado para el cumplimiento de las medidas, en los reportes del Sistema Informático de Gestión (SIGES) correspondientes a 2024, 2025 y 2026 la COPADEH no se detalla una partida específica donde se aborden las medidas de reparación a víctimas del conflicto armado.
El tipo de gasto aparece agrupado en categorías institucionales amplias: promoción y formación en cultura de paz, implementación de acciones sobre derechos humanos, seguimiento a compromisos de los Acuerdos de Paz, entre otros.
Aunque en el renglón de sentencias judiciales aparecen montos significativos, con más de 20 millones de quetzales devengados en 2024 y cerca de 40 millones en 2025. Se dificulta identificar cuánto de ese dinero llegó realmente a víctimas en atención médica, vivienda o compensación económica.
El patrón se repite en cada caso. Por ejemplo, en el de García y otros versus Guatemala, con sentencia del año 2012, la Corte IDH ordenó entre otras cosas la asignación de diez becas de estudio para familiares de víctimas, pero catorce años después esas becas no se han entregado.
«Son becas que hace 14 años se proyectaron en 25 mil quetzales. Ahora tienen un valor inferior», comenta Mynor Alvarado, abogado del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Caso Xamán: venció el tiempo de implementación
En 1995, apenas un año antes de la firma de la paz en Guatemala, una patrulla militar ingresó a la aldea Aurora 8 de octubre, en la finca Xamán, Chisec, Alta Verapaz y abrió fuego. En ese lugar murieron once personas, de las cuales tres eran menores de edad, otras 27 quedaron herida
La masacre de Xamán es la última registrada en Guatemala durante el conflicto armado interno, ocurrida en el Gobierno del presidente Ramiro de León Carpio, mientras se negociaban los Acuerdos de Paz que se firmaron en 1996.
Treinta años después, once lápidas siguen alineadas junto a la escuela primaria de la aldea Aurora 8 de Octubre.
Para buscar justicia por la masacre de Xamán, las víctimas fueron acompañadas por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum a través de su fundación. En 1999, tras una serie de señalamientos al tribunal y luego que la fundación Menchú dejara el caso, el GAM asumió la representación en el proceso conocido de manera legal como Coc Max y Otros.
El primer juicio concluyó el 8 de julio de 2004, el Tribunal de Sentencia Penal de Alta Verapaz condenó a catorce militares, entre ellos el subteniente al mando de la patrulla, Camilo Antonio Lacán Chaflán, por ejecución extrajudicial y lesiones graves, con una pena de 40 años de prisión. Otros once militares fueron declarados prófugos y permanecieron así por más de dos décadas.
En 2021, fue capturado uno de ellos; a inicios de 2022 otros cuatro más. El segundo juicio arrancó el 21 de abril de 2022, ante el Tribunal de Sentencia Penal de Alta Verapaz. En 2024 fueron juzgados y condenados dos militares más. Hay personas señaladas que siguen prófugas.
Lo que ordenó la Corte IDH
En 2018, la Corte IDH declaró al Estado de Guatemala responsable de la masacre de Xamán y estableció medidas de reparación en dos dimensiones. Se identificaron a 99 personas afectadas directamente y se ordenó atención psicológica para quienes la necesitaran, también el pago de resarcimiento económico en montos de entre cinco mil y 108 mil dólares, según el daño sufrido.
Para la comunidad en su conjunto también se pidió la publicación de la sentencia, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, la construcción de un centro de salud y la ampliación y asfaltado de cinco kilómetros de carretera hacia el interior de la aldea.
Para la carretera y el centro de salud, la Corte IDH fijó un plazo de dos años. El plazo venció en 2020 y ahora más de mil familias siguen esperando su construcción. Cuando llueve, los vehículos quedan atrapados en el lodo y son los propios vecinos quienes salen a hacer reparaciones momentáneas para poder transitar. Cuando enferman o necesitan asistir a consultas médicas, el centro de salud más cercano está a dos horas en Ixcán o Chisec.
Del resarcimiento económico, el abogado Alvarado, dice que se ha pagado aproximadamente el noventa por ciento, pero el proceso no ha sido sencillo. Cada víctima debió presentar documentos ante el Ministerio de Finanzas, un trámite que para personas no familiarizadas con la burocracia institucional resultó difícil de navegar.
El GAM ha acompañado caso por caso. Los sobrevivientes han tenido que viajar a la capital en múltiples ocasiones —hasta cien reuniones, calcula Alvarado— acumulando gastos de transporte y estadía que, según la propia sentencia, debían ser cubiertos por el Estado. La organización presentó esa solicitud hace más de un año, pero continúa sin respuesta.
Las disculpas públicas ordenadas por la Corte tampoco han llegado. Desde hace más de dos años, el GAM intenta coordinar la visita del presidente Bernardo Arévalo a Xamán para realizar el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional. Según Alvarado, la organización propuso tres fechas posibles.
Al respecto, la oficina de prensa de la Secretaría General de la Presidencia indicó que la actividad «se encuentra en coordinación y seguimiento por las instancias competentes», aunque aseguró que todavía no existe una fecha confirmada.
Otros casos y un plan pendiente
Haydee Valey, abogada de Impunity Watch y representante legal del caso Mujeres Achi, conoce lo que significa esperar. El caso ha derivado en dos sentencias relevantes: La primera, del 24 de enero de 2022, condenó a cinco expatrulleros civiles —Damián Cuxum Alvarado, Francisco Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado, Bembenuto Ruíz Aquino y Bernardo Ruíz Aquino— por delitos contra los deberes de la humanidad.
La segunda sentencia, del 30 de mayo de 2025, condenó a tres más: Simeón Enríquez Gómez, Pedro Sánchez Cortez y Félix Tum Ramírez, por los mismos delitos.
Aunque existen condenas, las medidas de reparación tampoco llegan. Valey añade que varias de las mujeres que esperan esas acciones ya son adultas mayores y fallecen sin alcanzar a ver lo dictado.
En el caso de mujeres Achi han fallecido ocho sobrevivientes: Buenaventura Osorio Sis, Ceferina Román López, Jesusa Osorio Sánchez, Natalia Ixpatá Sic, Pedrina Vargas Ixpatá, Rosalina Sic Chen, Rufina Alvarado Chajaj y María Tecú Ixpatá, quien murió el viernes 8 de mayo.
Aunque la COPADEH presentó en febrero de este año —durante la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado Interno— un Plan de Reparación y Dignificación, hasta la fecha, no cuenta con un acuerdo gubernativo que lo valide en el diario oficial.
En abril, a través de su oficina de prensa, la COPADEH informó que el acuerdo seguía en la Secretaría General de la Presidencia a la espera de la firma del presidente Arévalo. Consultada esa instancia el 11 de mayo, se indicó que el documento ya cuenta con el visto bueno de la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero continúa bajo revisión dentro de la Secretaría de la Presidencia.
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Créditos
Texto: Andrea Godínez
Edición: Lourdes Álvarez
