En 1998 Julie López era periodista del periódico Siglo Veintiuno. En entrevista con Agencia Ocote cuenta que «fue difícil procesar lo que estaba pasando en aquel momento». Ahora, ella es …
En resumen
- En abril de este año, Rubén Darío Morales fue capturado en EE. UU. y deportado a Guatemala por su vinculación con el asesinato de monseñor Juan José Gerardi el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar un informe que documentaba casos y testimonios de víctimas del Conflicto Armado Interno.
- Morales fue identificado cuando tomaba fotografías en la escena del crimen de Gerardi. Ahí mintió y negó pertenecer al Estado Mayor Presidencial (EMP) del presidente Álvaro Arzú Irigoyen. No fue detenido en ese momento y huyó hacia EE.UU. mientras en el proceso se ordenaba su captura.
- En 2001, un tribunal condenó a tres exmilitares (especialistas del EMP) y un sacerdote por su participación en la ejecución de Gerardi. A la fecha, los autores intelectuales y otros implicados siguen sin ser reconocidos.
En 1998 Julie López era periodista del periódico Siglo Veintiuno. En entrevista con Agencia Ocote cuenta que «fue difícil procesar lo que estaba pasando en aquel momento».
Ahora, ella es escritora e investigadora independiente. Añade que fue complejo procesar la noticia del crimen de monseñor Gerardi porque se trataba del crimen contra un obispo de la iglesia Católica.
Dos días antes, el 24 de abril de 1998, Gerardi había presentado públicamente el Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI).
En ese informe se documentan «varios miles de testimonios sobre (al menos 54 mil) violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno».
La mayoría de testimonios recuperados por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) señalan a las fuerzas del Estado como responsables.
Dos años antes del crimen de Gerardi, en Guatemala se habían firmado los Acuerdos de Paz, luego de una guerra interna que duró 36 años.
El informe del REMHI marcó un precedente en la investigación y documentación de masacres y otros crímenes de lesa humanidad.
«El crimen de Gerardi se sentía como estar en una película surreal. No es el tipo de cosas que se esperan después de la firma de la paz», indica López.
Resurge una pieza: el fotógrafo militar en la escena del crimen
Desconocidos golpearon en la cabeza y el rostro a Gerardi hasta matarlo al ingresar en su vehículo a la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, en el Centro Histórico de la ciudad capital.
Aunque surgieron diversas hipótesis, para cuatro jóvenes abogados que trabajaban para la ODHAG, era importante investigar el crimen de manera independiente, porque desconfiaban del Estado.
Se les conoció como «Los intocables», aquí puedes conocer su historia:
En el lugar donde asesinaron al obispo, la Policía Nacional Civil (PNC) identificó al fotógrafo Rubén Darío Morales García, del EMP.
Morales se hizo pasar por agente de la Policía y tomaba fotografías de la escena, las personas presentes y de los alrededores. Negó pertenecer al EMP cuando lo confrontaron.
En 2004 se mudó a Estados Unidos. Las autoridades lo vincularon al caso junto a otras 13 personas, cada una con distintos niveles de participación o conocimiento de los hechos. En 2014, un juez ordenó su captura.
Lo detuvieron en 2022 por estar indocumentado. Aunque interpuso recursos para evitar la deportación, en abril pasado —al cumplirse 27 años del crimen contra Gerardi— la administración Trump lo deportó a Guatemala.
📢 27 años después del asesinado de Monseñor Gerardi deportan de EEUU a exmilitar implicado.
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El exespecialista militar Dario Morales García, implicado en el asesinato de Monseñor Juan José Gerardi y prófugo desde el 2014, fue capturado y deportado de Estados Unidos. 🧵👇
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La primera audiencia
Ante el Juzgado de Mayor Riesgo “D” que preside la jueza Abelina Cruz, Morales dijo que temía por su seguridad y pidió su traslado a la prisión militar Mariscal Zavala.
Explicó a la jueza que, efectivamente, llegó a la escena del crimen a tomar fotografías, pero que su jefe de ese entonces se lo había ordenado.
La jueza le negó la petición y lo envió al Centro Preventivo de la zona 18. La próxima audiencia de su caso fue programada para el 10 de julio a las 9 am.
A criterio de Julie López, «Morales podría aclarar un poco más sobre los roles que se desempeñaron en el EMP cuando fue el asesinato de Gerardi».
➡️ Debido a que Morales García fue declarado prófugo desde el 2014 y recientemente fue capturado y deportado de EE.UU. la jueza decidió enviarlo a prisión preventiva.
— Agencia Ocote (@AgenciaOcote) May 5, 2025
La nueva audiencia del proceso se programó para el 10 de julio a las 9 horas. 👇
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Pero no es muy optimista. Recuerda que lo mismo se esperaba del sacerdote Mario Orantes, quien «pudo contribuir al proceso y no lo hizo. Quedó más que probado que mintió y se contradijo».
La sentencia de 2001
Orantes fue condenado en 2021 a 20 años de prisión por ejecución extrajudicial en grado de complicidad.
En el mismo juicio fueron condenados tres especialistas del Ejército a 30 años de prisión por el delito de ejecución extrajudicial. Ellos son el coronel Byron Disrael Lima Estrada, su hijo el capitán Byron Lima Oliva y el sargento Obdulio Villanueva.
Tras cumplir la mitad de sus condenas, Orantes y Lima Estrada fueron beneficiados y salieron de prisión.
Villanueva fue decapitado en una cárcel en 2003. En 2016, también asesinaron en prisión a Lima Oliva quien se había convertido en un capo dentro de las prisiones.
La extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigó y documentó en 2017 que Lima Oliva era parte de una estructura de corrupción junto con el entonces alcalde Álvaro Arzú.
Fue conocido como Caso Caja de Pandora y la CICIG demostró ante un juez que Lima seguía manteniendo lazos económicos con Arzú y su partido (Unionista). Lima era escolta personal de Arzú al momento del crimen de Gerardi.
ODHAG: la captura es un paso importante
Nery Rodenas, director de la ODHAG, organización querellante en el caso, indicó que la captura de Morales «es un paso importante en el caso que ha estado inactivo durante más de 10 años».
Afirma que «nos ayudaría a ahondar más en los mecanismos que utilizaron los aparatos clandestinos de seguridad, dando un mensaje a la población sobre la importancia que se tiene de resolver casos por viejos que sean».
Pero Rodenas también ve con preocupación que «el fiscal especial asignado al caso no cuente con suficientes recursos para continuar con la persecución penal».
No obstante, su perspectiva a largo plazo es que «la justicia puede tardar en llegar, pero es importante que la población sepa que la impunidad es nociva».
Cómo entender este caso de relevancia histórica
Además de las publicaciones oficiales sobre la vida y obra del obispo, de las sentencias del Organismo Judicial; también existen otros recursos de organizaciones sociales, libros y pódcast.
Entre ellos está Aquí pasó algo: Asesinato de monseñor Gerardi
Julie López también publicó el libro Muerte en el vecindario de Dios. Asegura que esta investigación le permitió contar su experiencia, sobre los personajes, los múltiples escenarios, sobre las hipótesis y hasta de los «cabos sueltos».
Pero también menciona otros libros como En la mirilla del jaguar, de Margarita Carrera; ¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político de Maite Rico y Bertrand de la Grange y El arte del asesinato político de Francisco Goldman.
Por otro lado, también se publicó el libro Ovejas negras en el altar de sacrificios: José Obdulio Villanueva Arévalo, por Moisés Galindo.
Galindo fue el abogado defensor de Villanueva al igual que de otros militares y expresidentes como Efraín Ríos Montt y Otto Pérez Molina.
Lo detuvieron en dos ocasiones por corrupción. La primera por un desfalco en el Ministerio de la Defensa y la segunda por su vinculación en el caso Caja de Pandora.
«Las personas puedan leer esas publicaciones y formarse sus propias ideas de lo que pasó», indica la periodista y escritora.
Repercusiones de la impunidad
Para López, tras 27 años del asesinato de Gerardi, la captura del fotógrafo del EMP permite que la sociedad no olvide las repercusiones de la impunidad.
Por ejemplo, recuerda que «nunca se dijo durante el juicio cuál era la relación entre Orantes y los Lima».
También que se podría determinar cuál era la dinámica entre las fuerzas del Ejército y el Ejecutivo «relaciones cívico-militares» posteriores a la firma de la paz.
Estas resurgieron décadas después, cuando se destapó el caso Caja de Pandora, que demostró los vínculos de corrupción que mantenían Arzú con Lima Oliva, aun estando este en prisión.
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