La persecución de jueces y fiscales, desde el mismo sistema de Justicia de Guatemala, sigue en marcha. El nuevo objetivo es Carlos Ruano, un juez de sentencia penal. Lo señalan de haber grabado a la magistrada de la CSJ, Blanca Stalling, quien lo presionó para que dejara salir a su hijo de la cárcel. El juez está en riesgo de perder su inmunidad, lo que permitiría que la Fiscalía abra un caso penal en su contra.
Un hombre está recostado en el asiento de su carro, en el sótano de la Torre de Tribunales. Son casi las ocho de la mañana. Toma un descanso después de haber trabajado toda la madrugada en el juzgado de turno. Es juez. No ha vuelto a casa aún porque pronto tendrá una reunión con una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
Es 1 de septiembre de 2016.
La cita no sería extraña si no fuera porque esa magistrada, con un puesto superior al suyo, es la madre de uno de los acusados de un caso que el juez resolverá próximamente.
Antes de salir de su vehículo, Carlos Giovanni Ruano Pineda, el juez, prueba por última vez la aplicación para grabar notas de voz. Está nervioso.
La noche anterior decidió que registraría el encuentro que tendrá con la magistrada de la Corte Suprema de Justicia: Blanca Aída Stalling Dávila.
Ruano no sabe que esa reunión que tendrá en unos minutos le traerá tantos problemas y hará que él abandone el caso. El primer caso de corrupción que conoce.
No imagina tampoco que la grabación de esa cita implicará la captura de la magistrada y que casi siete años después, en un giro inesperado para él y para muchos, ella quedará libre y será él quien enfrente un proceso que lo puede dejar sin la inmunidad que impide que lo investiguen y capturen.
El juez y el caso IGSS-Pisa
Carlos Ruano tiene 42 años. Nació y creció en El Progreso, Jutiapa. Luego de graduarse como perito contador, migró hacia la Ciudad de Guatemala en el 2000.
Quería ser un abogado como esos de las series y películas que miraba en la televisión. «Veía cómo se lucían, su astucia, como ganaban los casos», dice.
En la capital, Ruano vivió en una casa de la colonia Nimajuyú, en la zona 21. Durante el día trabajaba como auxiliar de contabilidad en el Seminario Mayor de la Asunción —el lugar donde se preparan los hombres que quieren ser sacerdotes católicos—.
En las noches estudiaba Derecho en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Se movilizaba de un lado a otro en autobuses urbanos, conocidos como buses rojos, donde los asaltos y accidentes eran parte del día a día.
Dejó la contaduría después de cerrar la carrera de derecho y ser contratado como asistente en un juzgado de San José, Escuintla, en 2006, . Allí estuvo hasta que tres años después fue nombrado juez de paz.
Lo designaron titular del juzgado de paz de Santiago Chimaltenango, un municipio de Huehuetenango, donde conocía casos de lesiones leves y de conflictos entre vecinos. Recuerda que el primer caso que recibió fue el de un hombre que no le había pagado una deuda a otro.
En 2014 ascendió a juez suplente. Eso implicaba viajar de un departamento a otro para cubrir audiencias en las que se necesitaba cubrir la baja o la ausencia de algún juez.
Así llegó al caso IGSS-Pisa.
Estaba por iniciar el juicio de un proceso penal abierto por supuestas irregularidades en la contratación de una empresa a cargo de la diálisis de los pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El caso era uno de los que la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP), a cargo de Thelma Aldana, destaparon.
El tribunal que conocería el expediente contaba con dos juezas titulares y se necesitaban tres para que arrancara el debate. Ruano fue designado para formar parte de la judicatura.
«Era un caso delicado. Muchos jueces suplentes rechazaron integrar el tribunal. No respondieron el llamado», dice hoy el juez. Pero él aceptó: «Era mi responsabilidad».
Para Ruano, esa era la primera vez que juzgaría a los acusados de pertenecer a una estructura criminal incrustada en una institución del Estado. La primera vez que conocería un caso en el que estuvieran involucrados funcionarios y personas con poder.
Entre los acusados estaba Juan de Dios Rodríguez López, presidente del IGSS y hombre cercano al entonces mandatario Otto Pérez Molina; Max Erwin Quirin Schoder, exrepresentante del sector patronal y entonces miembro de una de las cámaras del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), y Otto Fernando Molina Stalling, hijo de Blanca Stalling, magistrada de la CSJ.
El Ministerio Público señalaba a Otto Molina Stalling de solicitar una comisión ilegal a cambio procurar que se le adjudicara el contrato a la Droguería Pisa.
Cuando Ruano se incorporó al proceso, el hijo de la funcionaria estaba en prisión preventiva y buscaba que se le permitiera estar en casa mientras se realizaba el debate en su contra. El juez Carlos Ruano y las otras dos juezas conocerían esta solicitud.
La audiencia para revisar la petición de Otto Molina se celebró el 2 de septiembre de 2016. Un día antes, la magistrada Blanca Stalling citó a Ruano.
El juez asegura ahora que tuvo miedo de que hubiera represalias en su contra si rechazaba la reunión, pues se trataba de una magistrada de la CSJ. Además, para evitar cualquier señalamiento en su contra, decidió grabar el encuentro.
Según se escucha en el audio, la magistrada le pidió a Ruano que aceptara la solicitud que había planteado la defensa de su hijo.
«Entonces yo solo le pido Lic., y si en sus manos está y en las otras juezas, en las manos de ustedes está, la posibilidad de una medida sustitutiva», se escucha.
En el audio grabado por el juez también se oye que ella le solicitó apresurar el juicio contra su hijo: «Yo lo único que pido es, si entre sus posibilidades estuviera en primer lugar, pues coadyuvar con las otras juezas. Yo también he tratado de mandar ese mensaje, de que traten de agilizar, de adelantar la posibilidad del debate».
Escucha aquí el audio completo
«Yo había escuchado que se llamaba a los jueces para presionarlos, que se les citaba para decirles cómo tenían que resolver en determinados casos. Pero yo aún no había tenido una experiencia de ese tipo», dice ahora Ruano.
De hecho, dos años atrás, ocurrió un caso similar al suyo. En septiembre de 2014, la exmagistrada de apelaciones Claudia Escobar grabó una reunión con el entonces diputado Gudy Rivera.
En el encuentro, el funcionario le pidió a Escobar que favoreciera al Partido Patriota y a Roxana Baldetti en un fallo que debía emitir la magistrada.
Ese audio fue usado para encarcelar al congresista. Como consecuencia, Escobar está hoy en el exilio. Decidió salir de Guatemala con su familia, después de recibir amenazas de muerte.
[Su historia te la contamos en la segunda temporada de Las Recias: Claudia Escobar: El precio de hacer lo correcto].
La captura y el retorno al poder
En enero de 2017, durante una de las audiencias del juicio del caso IGSS-Pisa, Carlos Ruano anunció que se apartaría del proceso porque había denunciado a la funcionaria y presentado como prueba la grabación de la reunión.
La denuncia supuso que Stalling perdiera su inmunidad durante un proceso de antejuicio y dejara su cargo. En febrero de ese mismo año, la magistrada fue capturada cerca de su vivienda. Fue señalada por el MP y la CICIG de tráfico de influencias por la reunión que sostuvo con el juez.
La captura de Blanca Stalling le valió un segundo caso en su contra. La procesaron por supuestamente resistirse al arresto y amenazar con un arma de fuego a los policías.
Cuando fue capturada, la magistrada vestía unos leggins, sudadera blanca, peluca y lentes oscuros. En un video, hecho público por Soy502, quedó registrado el forcejeo que mantuvo con la agente que la sujetó después de haber sido esposada.
En ese segundo proceso se le señaló del delito de resistencia al arresto con agravación específica.
Stalling no llegó a enfrentar un juicio. El 29 de junio de 2022, Víctor Manuel Cruz Rivera, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, decidió cerrar el caso en su contra. La Fiscalía, ya a cargo de María Consuelo Porras, no apeló el fallo.
Tres meses después, Stalling regresó a su puesto como magistrada de la CSJ.
En septiembre de 2018, el tribunal condenó a 12 de los acusados en el caso IGSS-Pisa. Una sala de apelaciones revocó la sentencia en 2019. Alegó errores por parte del tribunal.
En diciembre de 2022, la Corte de Constitucionalidad confirmó la anulación de las penas. Avaló los argumentos de la sala, que consideró que no se habían presentado pruebas que demostraran que se trataba de un fraude.
El caso contra el juez
El 28 de octubre de 2022, un mes después de que Blanca Stalling se reinstalara en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la llamada Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó una solicitud de antejuicio contra Carlos Ruano.
Un antejuicio es un proceso que enfrentan funcionarios como los jueces, ministros, diputados y el presidente antes de ser investigados por el Ministerio Público. Es un derecho que les da inmunidad frente a denuncias en su contra.
En el caso de los jueces, la CSJ es la que decide si da trámite a estas solicitudes y si designa a un juez pesquisidor para conozca el proceso.
Después de escuchar al denunciado y al denunciante, este juez pesquisidor debe recomendar si le retira o no la inmunidad a la persona para que sea investigada por la Fiscalía.
La CSJ tiene la última palabra: tras escuchar las recomendaciones del juez pesquisidor, puede ordenar que se les retire la inmunidad a los jueces señalados.
La Fundación Contra el Terrorismo, creada originalmente para defender a militares acusados de crímenes de guerra, denunció a Carlos Ruano por cinco delitos: abuso de autoridad, simulación del delito, usurpación de funciones, resoluciones violatorias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
También ha iniciado y acompañado procesos contra otros operadores de justicia, como el exjuez Miguel Ángel Gálvez y la exfiscal Virginia Laparra y contra periodistas como José Rubén Zamora.
El 8 de febrero, la CSJ decidió darle trámite a la solicitud de antejuicio de la FCT. La mayoría de magistrados titulares de la CSJ decidieron excusarse de conocer el caso, pues en el pasado habían dado trámite al antejuicio contra Blanca Stalling. Por esa razón, el pleno fue integrado por magistrados de salas de apelaciones.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, dijo a Ocote que Ruano cometió los delitos por los que lo denunció, al haber grabado a la magistrada sin tener la calidad para hacerlo y por usar su teléfono para registrar el encuentro sin una autorización judicial, pues la magistrada contaba con inmunidad.
Ruano asegura que decidió grabar la reunión porque intuía que la magistrada Blanca Stalling buscaría beneficiar a su hijo y no quería que su trabajo fuera comprometido con ese encuentro. Quería cubrirse las espaldas.
Dice que registrar y denunciar ese momento también era su deber. «La Fundación Contra el Terrorismo dice que no se puede grabar a una persona sin su consentimiento o en este caso que yo necesitaba autorización judicial para hacerlo. Esto es absurdo, ¿acaso las cámaras de seguridad que una persona pone en su residencia, en su negocio, tienen que tener autorización judicial para grabar cuando se va a cometer un delito? Definitivamente que no. Ahí se estaba cometiendo un delito, lo documenté y posteriormente interpuse la denuncia como es el debido proceso», dice.
La FCT también sostiene que Ruano incumplió su deber al no presentar la denuncia inmediatamente después de la reunión; Ruano la planteó cuatro meses después del encuentro. «¿Por qué no presentó la denuncia de inmediato, o un día o dos días después?», cuestiona Méndez Ruiz.
El juez sostiene que no lo había hecho porque no se sentía seguro. Temía represalias, una venganza. Afirma que antes de plantear la denuncia, creía que debía contar con medidas de protección.
La FCT también asegura, en la solicitud, que el juez usurpó funciones porque aún no había sido asignado al caso IGSS-Pisa cuando se dio la reunión con la magistrada y en ese encuentro habría estado en esa calidad.
Sin embargo, Ruano explica que fue nombrado el 31 de agosto de 2016 por la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y la reunión con Stalling fue el 1 de septiembre; un día después.
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Los hechos por los que la fundación presentó la denuncia contra el juez ocurrieron hace siete años. Desde entonces, Carlos Ruano dejó de ser suplente y se convirtió en 2017 en titular del Tribunal Noveno de Sentencia Penal.
Un año después, en esa judicatura condenó por un caso de corrupción a Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación durante la gestión de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Al preguntarle por qué se demoró siete años para plantear la denuncia contra Carlos Ruano, Méndez Ruiz afirma que hasta ahora tuvieron tiempo de hacerlo, ya que han promovido otros casos como el de la exfiscal Virginia Laparra y el del periodista José Rubén Zamora.
Méndez Ruiz niega que mantenga comunicación con la magistrada Blanca Stalling y afirma que la solicitud que planteó para retirarle la inmunidad a Ruano la presentó de manera independiente.
Sobre la petición de medidas sustitutivas que le hace Stalling a Ruano en el audio, Méndez Ruiz asegura que lo que escucha en la grabación es la «conversación de una madre con un juez».
La CSJ nombró a Néctor Guilebaldo De León Ramírez, magistrado de la Sala Cuarta de Apelaciones, como el juez pesquisidor que está encargado de conocer la solicitud de antejuicio. Como parte de este proceso debe escuchar al denunciante —la FCT— y al denunciado —Carlos Ruano—. Luego deberá recomendar a la CSJ que retire o no su inmunidad. El tiempo en el que se realice dependerá de la agenda del magistrado.
Si De León sugiere retirar la inmunidad y la CSJ acepta la recomendación, el Ministerio Público tendría vía libre para investigar a Ruano, para citarlo e incluso para capturarlo.
Un intento por frenar su caso
Carlos Ruano y su abogado Herbert Pérez, quien también defiende al juez Miguel Ángel Gálvez, buscan detener este proceso en su contra.
Los primeros días de marzo, plantearon un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. En el memorial aseguran que la FCT no tiene la calidad para presentar una solicitud de antejuicio en su contra.
Según Pérez, la fundación pudo haber planteado la denuncia solo si uno de sus integrantes hubiera estado en la reunión de Ruano y Stalling. Es decir, si hubiera tenido conocimiento directo de esos supuestos hechos delictivos por los que ahora lo denuncian.
Esa postura la comparte Oswaldo Samayoa, abogado defensor de derechos humanos, magíster en derecho parlamentario y doctor en derecho constitucional internacional. El especialista explica que la FCT tendría legitimidad para presentar la solicitud de antejuicio sólo si hubiera sido afectada por el supuesto delito. «En todo caso quien debió presentarla es la magistrada. Ellos no fueron agraviados», dice.
En el recurso, Ruano añadió que los magistrados Silvia Patricia Valdés Quezada y Freedyn Waldemar Fernández Ortiz, que no se excusaron de conocer la solicitud de antejuicio, no debieron haber participado en la sesión plenaria en la que se le dio trámite a la denuncia de la FCT.
El argumento del juez es que ambos conocieron el antejuicio que se tramitó contra Stalling previo a su captura, en febrero de 2017. Ruano señala que ambos debieron apartarse de conocer su caso, tal como lo hicieron los otros magistrados de la CSJ.
Ocote solicitó una entrevista con los dos magistrados a través de su equipo de comunicación social para consultarles sobre el posible conflicto de interés que argumenta el juez. A través de Rudy Esquivel, vocero del Organismo Judicial, Valdés y Fernández se limitaron a enviar una respuesta corta. Los dos sostienen que no tenían ningún impedimento para resolver la solicitud de antejuicio.
El 27 de marzo también se buscó el pronunciamiento de Blanca Stalling a través del vocero de la CSJ, Rudy Esquivel. El funcionario dijo que realizaría la consulta a la magistrada, pero hasta el cierre de edición de este texto no se había recibido respuesta.
Además, se buscó la opinión de Otto Molina Stalling a través de Roberto Stalling, su primo y quien fungió como su abogado en el caso. Pero aseguró que no contaba con su contacto ni tenía «conocimiento de nada de eso». También se le escribió al correo personal del hijo de la magistrada y de otro abogado que trabajó para él, Douglas Morataya, pero no contestaron.
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Miguel Ángel Gálvez y Érika Aifán, dos de los jueces que también han sido denunciados por la Fundación Contra el Terrorismo, renunciaron de sus cargos y salieron al exilio en 2022.
La FCT también persiguió a otros operadores de justicia que conocieron casos de corrupción que alcanzaron a empresarios, presidentes, diputados y ministros durante el tiempo de la CICIG. También se fueron de Guatemala.
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Cuando se le pregunta a Ruano sobre el posible exilio, solo responde que la persecución de operadores de justicia que se vive en el país ha orillado a las personas a esa opción.
No confirma ni descarta la posibilidad de que él sea el próximo en irse de Guatemala.
