El juez Fredy Orellana Letona decidió ligar a proceso penal a José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y Samari Gómez Díaz, auxiliar fiscal del Ministerio Público. Los dos permanecerán en prisión preventiva mientras dure el proceso penal.
Después de dos días de audiencia de primera declaración, el periodista José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, fue ligado a proceso penal por tres delitos: lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje. Fredy Orellana, juez séptimo de Primera Instancia Penal, también decidió que la auxiliar fiscal Samari Gómez Díaz enfrentará un proceso penal por el cargo de revelación de información confidencial o reservada.
El juzgador dictó prisión preventiva contra Zamora y Gómez. Los dos deberán continuar en la cárcel militar Mariscal Zavala.
Pasadas las tres de la tarde, Orellana empezó a fundamentar su resolución. Desde los primeros minutos de su argumentación, todo apuntaba a que el fallo no favorecería a los sindicados. El juez le daba validez a cada medio de convicción que mencionaba y enfatizó en varias ocasiones que eran varios los indicios contra Zamora y Gómez.
El juez determinó que la declaración del denunciante Ronald García Navarijo, los Q300 mil que presuntamente entregó en efectivo al MP, los testimonios de dos empleados de elPeriódico y los audios de supuestas grabaciones aportados por la Fiscalía eran suficientes para que se empezara una investigación a profundidad por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) contra los dos sindicados.
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Las dudas de los indicios
En la declaración admitida por el juzgador, García Navarijo, sindicado por lavado de dinero, aseguró que Zamora le solicitó ingresar al sistema bancario Q300 mil que le entregó en efectivo, algo que para la fiscalía constituyó un indicio suficiente para imputar al periodista el delito de lavado de dinero.
Cinthia Monterroso, fiscal a cargo del caso, también mencionó en su imputación que Samari Gómez había revelado supuesta información reservada a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. El argumento de la Fiscalía es que Sandoval habría filtrado esta información a Zamora y que él la habría usado para chantajear a García Navarijo.
Tanto Christian Ulate, defensor de Zamora, como Elder Armando Mendoza Samayoa, abogado de Samari Gómez, hicieron hincapié en que la fiscalía se fundamentó únicamente en el testimonio de García Navarijo y cuestionaron que no utilizara más indicios que respaldaran los supuestos chantajes.
«No puede dar valor solo a los dichos de una persona», dijo Ulate. «Yo no he visto ni una sola prueba que diga que ese dinero proveniente de chantajes, ¿De cuál chantaje? ¿En qué momento? ¿Cuándo?, ¿dónde? ¿Qué día?», cuestionó el abogado en su intervención.
El día anterior, la fiscalía presentó dos sobres ante el juez que, aseguró, contenían Q300 mil en efectivo entregados por García Navarijo. Ante la prensa, la fiscal Monterroso abrió los sobres y dispuso los billetes sobre una mesa. No utilizó guantes ni contó los billetes antes de volverlos a introducirlos en los sobres, lo que puso en duda la cadena de custodia de la evidencia.
Según el juez, sí se respetó la cadena de custodia, que estableció cómo fue encontrado y recolectado el dinero.
Orellana no analizó los argumentos de la defensa de Zamora, que señaló la posible irregularidad en la presentación del dinero. Ulate dijo que Raúl Falla, abogado de García Navarijo, había mencionado que los billetes tenían cintillos bancarios cuando fueron entregados. Sin embargo, el defensor del periodista aseguró que los presentados por la fiscalía el lunes 8 de agosto en la audiencia no tenían cintillos.
Luego afirmó que en los informes del expediente judicial se menciona que el dinero llegó a las oficinas de García Navarijo a las tres de la tarde, pero fueron recibidos por Cinthia Monterroso, fiscal a cargo del caso, hasta las cinco de la tarde. «¿Qué pasó durante esas dos horas?», preguntó Ulate en su intervención.
El abogado también cuestionó que los cintillos podrían demostrar que los billetes provenían del sistema bancario nacional y demostrar su origen lícito. El lunes 8 de agosto, durante su declaración, Zamora afirmó que el dinero provenía de donaciones de empresarios que servirían para pagar la planilla de elPeriódico.
El juez Orellana dijo que en las siguientes fases del proceso se podrían solicitar análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para esclarecer cualquier duda sobre el efectivo.
El juez también dijo que las declaraciones de dos empleados del medio de comunicación concuerdan con la imputación del MP.
Los audios de la fiscalía
Durante la imputación, la Fiscalía presentó una serie de audios, de supuestas reuniones entre García Navarijo y José Rubén Zamora, y supuestas conversaciones entre Zamora y Juan Francisco Sandoval.
El juez aseguró que podían admitirse como indicios contra Zamora y Gómez. Esto pese a que la defensa de Zamora y Gómez se opusieron.
Mendoza, defensor de Gómez, aseguró que en el audio no se menciona específicamente el nombre de la auxiliar fiscal, sino que únicamente se habla de una persona llamada «Samari». Además, recordó en la grabación se habla de más fiscales.
Ulate señaló que los audios no podían ser admitidos porque habían sido grabados ilegalmente. Señaló que García Navarijos debió haber solicitado autorización para grabar a terceros.
Tanto la fiscalía como el juez justificaron la grabación de los audios y pusieron como ejemplo de la exmagistrada Claudia Escobar, quien grabó al exdiputado Gudy Rivera y al abogado Vernon García, después de que el segundo le pidiera una cita a Escobar.
Ulate recordó que este caso es diferente: aquí García Navarijo fue quien buscó a Zamora para grabarlo.
Sin embargo, el juez decidió aceptar los audios como indicios. Para ello, se basó en la jurisprudencia española y aseguró que en este país se han admitido este tipo de medios de convicción.
Prisión preventiva
El juez dio tres meses al Ministerio Público para realizar la investigación del caso y programó la audiencia para el 8 de diciembre de 2022. Ese día la fiscalía deberá presentar la acusación con la que podría solicitar que Zamora y Gómez enfrenten un juicio ante un tribunal.
Hasta entonces, Orellana decidió enviar a prisión preventiva a Zamora y Gómez tras argumentar que los dos podrían interferir en la investigación que la fiscalía realizará durante los próximos tres meses.
El juez dijo que Zamora podría obstaculizar las averiguaciones, ya que es presidente de elPeriódico y podría influir en empleados del medio que podría testificar en el caso. Un argumento similar utilizó contra Gómez, debido a que es auxiliar fiscal del FECI y en esta unidad podría haber personas que testifiquen en su contra.
Después de exponer esta decisión, el defensor de Samari Gómez planteó una recusación para separar a Orellana del caso, ya que aseguró que el juez conocía otro caso en el que García Navarijo era sindicado.
El juez rechazó la recusación tras señalar que el caso era conocido en realidad por Sergio Mena, juez B del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal. Sin embargo, dijo que el recurso debería resolverlo la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal. Eso implicaría que el proceso se pueda alargar más, debido a la carga laboral de este órgano.
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Antes de regresar a prisión, Zamora relató ante el juez que la noche del lunes 8 de agosto, alrededor de las ocho de la noche, un grupo de agentes del Sistema Penitenciario hicieron una revisión en su celda que finalizó hasta las tres de la madrugada. La inspección le impidió dormir. Dijo que tuvo miedo. Este martes, aseguró, estuvo más exhausto que el lunes que empezó la audiencia. El juez ordenó que los guardias le dieran un trato que no vulnerara sus derechos.
