Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción, está en prisión desde hace un año; el 23 de febrero de 2022. En diciembre de 2022 fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Aunque podría recuperar su libertad a cambio de pagar Q 14,600, acciones legales sin resolver y un segundo proceso penal en su contra la mantienen en un laberinto.
En diciembre de 2022, la jueza Oly González, del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, condenó a cuatro años de prisión a Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango.
La pena, por el delito de «abuso de autoridad en forma continuada» es conmutable. La jueza González estableció un monto de Q10 diarios a cambio de no cumplir esos cuatro años de prisión. Esto equivale a una fianza de Q14,600.
En el Código Penal guatemalteco se establece que, cuando la prisión no exceda de cinco años, se regula entre un mínimo de Q5 y un máximo de Q100 por cada día de la pena.
La jueza González decidió que Laparra no podrá abonar esta cantidad para salir de la prisión de Matamoros hasta que la sentencia quede firme. Y por ahora, no lo está.
El primer caso: condenada por denunciar a un juez
Virginia Laparra fue detenida el 23 de febrero de 2022, después de una denuncia presentada en 2018 por el entonces juez Lesther Castellanos y quien hoy es Relator de la Oficina de Prevención contra la Tortura.
Castellanos la denunció penalmente después de que ella planteara cuatro denuncias administrativas en su contra.
La Fiscalía consideró que no tenía la facultad para hacerlo, por no existir una instrucción de su superior inmediato, que en ese momento era Juan Francisco Sandoval, exfiscal especial contra la impunidad.
[Escucha aquí el episodio de Radio Ocote Podcast: No ver la luz, el caso de Virginia Laparra]
En el juicio contra Laparra —que empezó en noviembre de 2022—, sus abogados presentaron documentos con más de 200 denuncias administrativas de fiscales contra jueces, para probar la inocencia de Laparra y demostrar que no había sido la única investigadora que denunció a un juez como una medida de fiscalización. La jueza Oly González no aceptó la prueba. Dijo que no era pertinente ni útil para el proceso.
Estas no fueron las únicas evidencias que la jueza rechazó. La defensa de Laparra también presentó tres oficios para probar que Laparra había recibido instrucciones de su jefe superior, Juan Franciso Sandoval. La jueza resolvió que había incongruencias en las fechas y las descartó.
Así, la jueza González apoyó la tesis de la Fiscalía; en su sentencia argumentó que Laparra no tenía autorización para presentar las denuncias administrativas contra Castellanos.
«No tengo la menor duda que los actos propios del delito fueron ejecutados por la acusada, porque ella era una funcionaria pública, era agente fiscal en Quetzaltenango. Ella interpuso las denuncias administrativas, ella las firmó, ¿Estaba autorizada? No», puntualizó la jueza.
Finalmente, el 16 de diciembre, la exfiscal fue sentenciada por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
En los diez meses desde su detención hasta su condena, Laparra estuvo en prisión preventiva. Primero en el penal de Mariscal Zavala. Luego en el de Matamoros.
Las apelaciones
El Ministerio Público (MP) no estuvo de acuerdo con la pena que la jueza González dio a Laparra. Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, dijo a Ocote en un mensaje de texto que la institución apeló la sentencia, ya que la Fiscalía considera que había presentado evidencia suficiente para agravar la pena. Pantaleón no precisó en la fecha en la que se presentó.
En la misma apelación, el MP también cuestionó que Laparra no hubiera sido obligada a pagar una reparación digna. La Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió un pago de Q218,958 pero la jueza Oly González rechazó la solicitud. La fiscalía no precisó la fecha en que presentó la inconformidad contra la sentencia.
Por otra parte, la defensa de Laparra también apeló la sentencia. El equipo de abogados está convencido de que la exfiscal es inocente y de que lo probaron durante el juicio. Por eso, el 10 de enero solicitaron a la Sala Segunda de Apelación del Ramo Penal que revise la decisión de la jueza.
Consideran que la disposición de que Laparra no pueda pagar la fianza recuperar su libertad hasta que la sentencia esté en firme y se hayan resuelto las apelaciones (o cualquier otro recurso que se presente) es un uso malicioso del derecho penal.
Si se plantean recursos como casaciones o amparos, el período de resolución podría demorarse meses o incluso años, según la defensa de Laparra.
Ocote consultó a la Sala Segunda cuántas apelaciones había recibido hasta ahora en el caso contra la exfiscal, si ya había resuelto alguna y el tiempo del que dispone legalmente para hacerlo.
Un oficial de la sala indicó que el secretario le refirió que no podía dar información a los medios de comunicación hasta que Comunicación Social del Organismo Judicial (OJ) lo autorizara. Se consultó a Rudy Esquivel, vocero del OJ, quien aclaró que los tribunales y salas tienen independencia judicial y pueden decidir qué información dar.
El personal de la sala informó que no tienen un tiempo estipulado para resolver las apelaciones, y que dependerá de la carga de trabajo. Según indicaron, entre noviembre y diciembre de 2022 recibieron 150 expedientes.
El estudio Cortes en juego: El desempeño de las salas de apelaciones en Guatemala, elaborado por la organización Impunity Watch, resume el proceso de apelación especial, recogido en el Código Procesal Penal.
Según los plazos legales, entre que el tribunal de sentencia recibe el recurso, lo envía a la sala de apelaciones, esta lo recibe, se prepara el debate, se establece una fecha para la audiencia y se emite una sentencia, no deberían pasar más de 32 días hábiles.
Pero, tras analizar 702 sentencias emitidas entre 2025 y 2018, el mismo estudio determinó que en el sistema de justicia guatemalteco, este proceso suele durar hasta seis veces más que el plazo que está establecido en la ley.
El segundo proceso: un caso bajo reserva
Estas apelaciones que aún deben resolverse para dejar en firme la sentencia no son el único motivo por el que Laparra sigue en prisión.
En octubre de 2022, se giró una segunda orden de captura en contra de la exfiscal.
En este caso, el denunciante es también Lesther Castellanos y, como ocurrió en el primer proceso, en el segundo también se establecieron como querellantes el abogado Omar Barrios y Ricardo Méndez Ruiz Falla, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo.
Castellanos denunció a Laparra por, supuestamente, revelar información de un caso que estaba bajo reserva y que se conoció en los tribunales de Quetzaltenango.
El 3 de enero de 2023 la jueza Carmen Lucía Acú Recinos, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, ligó a proceso a la exfiscal.
La defensa de Laparra no está de acuerdo con que la jueza Acú Recinos conozca y resuelva el caso, porque dudan de su imparcialidad.
Según indicó la misma jueza en una de las audiencias, ella fue alumna de Castellanos, quien también estuvo asignado como su asesor de tesis doctoral. Por estas mismas causas, la jueza se excusó de conocer el caso, pero la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal determinó que la justificación no era válida y debía seguir en el proceso.
Los abogados defensores de Laparra recusaron entonces a la jueza Acú; solicitaron que se apartara del caso. El día de la audiencia de primera declaración se esperaba que la jueza solo conociera esta recusación, pero decidió rechazarla e iniciar con la primera declaración.
Previo a iniciar con la primera declaración de este segundo caso, Noé Rivera, fiscal de delitos internos del MP, pidió la reserva total del caso y que los medios de comunicación abandonaran la sala de audiencias. Para justificar la petición, alegó que para el caso de Laparra la fiscalía tenía investigaciones pendientes relacionadas con medios de comunicación. Argumentó que, si la audiencia era pública, se «entorpecería la verdad».
En esta audiencia de primera declaración, Ricardo Méndez Ruiz también le pidió la palabra a la jueza y mencionó que la prensa estaba en la audiencia para influir en ella. «Estos señores, en su mayoría (refiriéndose a los periodistas), están aquí para presionarla a usted (a la jueza) y no para comunicar. Están aquí (…) para emitir no noticias, sino propaganda política», dijo.
La jueza Acú Recinos resolvió que la audiencia de primera declaración sería a puerta cerrada y los periodistas fueron obligados a abandonar la sala. Minutos después también tuvo que hacerlo Wendy López, abogada defensora.
La jueza argumentó que Virginia Laparra solo podía tener dos abogados en la sala y en ese momento había tres: Luis Laparra, Wendy López y Juan Carlos Murgos. López participaba de forma pasiva, sin intervenir en los argumentos de la defensa.
El artículo 96 del Código Procesal Penal determina que una persona imputada no puede ser defendida simultáneamente por más de dos abogados.
Al finalizar la audiencia, Licerio Pérez, secretario del juzgado, informó a los medios de comunicación que, por la reserva del caso, no se podía dar a conocer la resolución de la jueza.
Uno de los querellantes, Ricardo Méndez Ruiz, compartió en su cuenta de Twitter la publicación de la cuenta @Eriol_GT, en la que se informó que Laparra había quedado ligada a proceso por el delito de información confidencial o reservada, y que continuaría en prisión preventiva durante los tres meses en los que se realizara la investigación.
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Según fuentes del Organismo Judicial, el caso estuvo bajo reserva durante la audiencia y por 10 días hábiles. Venció el viernes 13 de enero. El Ministerio Público no pidió una ampliación de la reserva, por lo que la próxima audiencia, en abril 2023, podría ser a puerta abierta.
La defensa de la exfiscal apeló ante la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal la decisión de la jueza Acú Recinos. Hasta la fecha, la sala todavía no resolvió.
Los problemas de salud de Laparra
El 3 de febrero de 2023, Amnistía Internacional mostró preocupación por la salud de Virginia Laparra, a quién la organización considera una «prisionera de conciencia». El término es utilizado por Amnistía Internacional para referirse a personas privadas de libertad que frecuentemente cuestionan a los gobiernos o están en conflicto con las autoridades y que, muchas veces, son abogados, políticos, sindicalistas y artistas.
Las abogadas defensoras de Laparra denuncian que no ha recibido la atención médica adecuada. En los primeros días de febrero dijeron a los medios de comunicación que necesitaba una intervención quirúrgica, porque había sido diagnosticada con miomatosis en el útero (unos tumores que, por lo general, suelen ser benignos). Estos pueden producir dolor pélvico y sangrado menstrual abundante.
En una entrevista en el medio Con Criterio, Edwin Mariano Salazar, jefe del Departamento Técnico Científico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), informó que del 3 de marzo de 2022 al 4 de enero de 2023 han practicado 12 evaluaciones a Laparra. Ocho del área médica, tres del área psicológica y una del área psiquiátrica.
Salazar aseguró que en las evaluaciones participaron cinco médicos distintos que la han encontrado estable, aunque reconoció que no han podido hacer una evaluación adecuada. «No se pudo hacer un examen ginecológico por las condiciones del centro penitenciario», informó.
Luis Laparra, hermano de la exfiscal, contó que la salud de Virginia Laparra se complicó desde que está en prisión, por lo que ha tenido que acudir a citas a IGSS al menos una vez al mes. Para esto ha recibido un permiso judicial. Ahora que necesita una operación, fue más burocrático tramitar las autorizaciones. Además, las dosis de los medicamentos que toma Laparra han aumentado.
En la actualidad el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) le practicó los exámenes preoperatorios y solicitó donadores de sangre, que es un requisito para todas las cirugías en esta institución.
Los días pasan, mientras la exfiscal contra la impunidad sigue en prisión por haber denunciado a un juez. Su libertad depende de que la sentencia del primer caso en su contra quede firme y de que la jueza Acú le conceda arresto domiciliario en el segundo. Por ahora, ambos escenarios son inciertos. Virginia Laparra sigue en el laberinto.
