El Tribunal Octavo de Sentencia Penal emitió su sentencia en el juicio en contra de José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, y de la exfiscal anticorrupción, Samari Gómez. Los jueces condenaron a seis años de cárcel inconmutables al periodista y declararon inocente a la exfuncionaria.
Fotografías: Christian Gutiérrez
«Me van a condenar», predijo José Rubén Zamora cuando inició el juicio en su contra hace unas semanas.
El Ministerio Público (MP) buscaba la condena por tres delitos: lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por Rafael Curruchiche, y representada en este caso por Cinthia Monterroso, pedía que se sentenciara al periodista a 40 años de prisión.
En la etapa de conclusiones, Monterroso había solicitado, además, que se estableciera un agravante contra Zamora por «menosprecio de la autoridad».
El Tribunal Octavo de Sentencia Penal, integrado por los jueces Oly González, Griselda Ordóñez y Otto Valverth sí condenaron al periodista, pero sólo por uno de los delitos de los que estaba acusado —lavado de dinero— y por la pena mínima: seis años.
En su intervención, el tribunal desbarató la mayor parte de la acusación contra el periodista y rechazó todos los señalamientos contra la exfiscal de la FECI, Samari Gómez, que era acusada de, supuestamente, haber revelado información confidencial de los casos que estaban a su cargo.
Los jueces afirmaron que, en el caso de Gómez, la Fiscalía no logró probar su acusación.
Antes de que se emitiera la condena en su contra, el tribunal le dio la última palabra al periodista. Para hacer sus peticiones, Zamora se acompañó de unas notas elaboradas a mano, que redactó en prisión.
Aunque el tribunal —por petición de la fiscal Cinthia Monterroso— no le permitió terminar de leer el texto, el fundador de elPeriódico afirmó que su derecho de defensa había sido violentado durante todo el proceso.
[Lee aquí el texto íntegro de las peticiones de José Rubén Zamora]
El fallo contra el periodista
Para el tribunal quedó probado que José Rubén Zamora había buscado simular el origen de Q300 mil y que para hacerlo le solicitó a Ronald García Navarijo —el exdirectivo del Banco de los Trabajadores y acusado en dos casos de corrupción que lo denunció— realizar una transacción.
[Lee aquí: Juicio contra Zamora: el banquero que lo grabó y esperó un año para denunciarlo]
Aunque el tribunal enfatizó durante la lectura del fallo que el origen del efectivo era «indeterminado», también afirmó que este debía considerarse «ilícito». Según los jueces, si el dinero hubiera sido legal, el periodista podría haberlo ingresado a sus propias cuentas bancarias y no elaborar junto con el personal administrativo de elPeriódico una factura por servicios que no se habían prestado.
El tribunal también afirmó que, pese a que en el debate se había insistido en que el dinero correspondía a una venta de una obra de arte, la defensa no presentó ninguna prueba que respaldara esto.
Esto ocurrió debido a que durante la primera fase de este proceso penal, el juez que entonces estaba a cargo, Fredy Orellana, rechazó las pruebas con las que se buscaba demostrar la versión de la defensa y ordenó una investigación porque consideró que se habían fabricado pruebas para favorecer al periodista.
Eso implicó que se emprendiera un proceso penal contra sus abogados de entonces, Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez. Se los señaló de haber incorporado documentos falsos para respaldar esa compraventa de la pintura.
Ambos abogados decidieron aceptar los cargos recientemente. Solórzano Foppa afirmó que accedería porque no tendría un juicio justo. Fueron condenados a un año y medio de prisión conmutables a razón de Q5 diarios.
Aunque el MP ha argumentado que esa compraventa fue una simulación para intentar darle origen legal al dinero, el mismo Alejandro José Girón Lainfiesta aceptó que había entregado Q240 mil en efectivo al periodista a cambio de la obra de arte que el mismo Zamora intentó presentar como prueba en esa primera fase.
El derecho de defensa
Solórzano Foppa y Brito Torrez no son los únicos abogados que intentaron defender a Zamora y contra los que la Fiscalía tomó acciones legales. En total, el periodista tuvo nueve abogados.
Los primeros abogados que acompañaron a Zamora, Romeo Montoya y Mario Castañeda, también fueron señalados de obstruir el caso y decidieron someterse al procedimiento de aceptación de cargos. Los dos fueron condenados por ese delito a tres años conmutables a Q5 diarios.
Otro de sus abogados fue Christian Ulate, exoficial de CICIG, que se apartó luego de los constantes ataques en redes sociales en su contra.
En la última fase del proceso, previa al inicio del juicio, se quedó de nuevo sin defensa,
Entonces, la llamada Fundación Contra el Terrorismo (FCT), querellante en el caso, había amenazado con denunciar a la abogada Fidencia Orozco, que se le había asignado de parte de la Defensa Pública Penal.
Eso hizo que a última hora nombraran como abogado de Zamora a Joel Iván Reyes, que, según dijo Zamora en su alocución final, solo tuvo unos minutos para leer la acusación en su contra. Según el periodista, en las últimas semanas apenas pudo reunirse 20 minutos con Reyes.
Zamora reclamó ante el tribunal que esto hizo que su defensa no fuera efectiva contra la acusación hecha por la FECI.
Los vacíos en la acusación del Ministerio Público
Aunque el tribunal dictó una sentencia condenatoria por lavado de dinero en contra Zamora, lo declaró inocente de chantaje y tráfico de influencias.
Los jueces establecieron que la FECI no presentó ninguna prueba que demostrara qué «beneficios» había recibido gracias a su relación con Juan Francisco Sandoval o cómo había interferido en «decisiones» de la fiscalía.
Según los jueces, tampoco se presentaron evidencias que demostraran que el periodista chantajeara de alguna manera a Ronald García Navarijo, pues no se escucha en ninguna grabación que solicitara algún favor a cambio de no publicar información que atente contra la integridad del banquero o su familia.
En la fase de conclusiones del juicio, la fiscal Cinthia Monterroso había pedido la pena máxima del delito de lavado de dinero; 20 años de cárcel.
Para solicitarla, la fiscal argumentó que entre las agravantes se había dado un abuso de autoridad de parte del periodista. Pero los jueces señalaron que ese requerimiento únicamente se puede hacer contra un funcionario público, pues son quienes ostentan la calidad de autoridades y no los periodistas ni ingenieros como Zamora.
«Fue evidente que el MP, particularmente la FECI, están presentado evidencias sin fundamento alguno y en este caso fue claro», afirma Oswaldo Samayoa, abogado e integrante del Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Seguridad (FOSS).
El abogado dijo a Ocote que, aunque considera que la condena fue proporcional y respeta la decisión de los jueces, considera que esta puede apelarse, ya que no se dio certeza al origen del dinero. «Sí, Zamora entregó el dinero, emitió facturas, pero aún quedó duda sobre su procedencia», dijo.
Aunque no se hayan dictado penas máximas, para el abogado esta persecución penal cumplió con su objetivo. «El fin del caso era cerrar elPeriódico y amedrentar a los periodistas de investigación, decirles que no puede criticar al poder porque pueden estar sujetos a esto. Esto tenía un trasfondo político», dijo.
Después de la sentencia, Zamora hizo hincapié en que el dinero no había llagado a entrar al sistema bancario, así que el delito por el que lo condenaron, considera, debió haber sido tentativa de lavado, que tiene una pena menor (un tercio de la de lavado de dinero)
Zamora enfrenta otros dos procesos penales. Uno de estos se desprende de este expediente en el que fue condenado. Se le señala de conspiración para la obstrucción de la justicia, por el contrato compra y venta de la pintura con el que ha buscado justificar los Q300 mil. En el otro lo señalan por supuestas irregularidades en los documentos aduaneros que se firman para ingresar o salir de Guatemala.
[Lee aquí: Fiscalía usa la ley contra el crimen organizado para perseguir a periodistas]
Declarada inocente
Los jueces decidieron dejar en libertad a Samari Gómez, la exfiscal anticorrupción que conocía los casos contra García Navarijo. La exfuncionaria era acusada de filtrar información al exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien supuestamente, a su vez, se la compartía a Zamora.
En su fallo, los jueces argumentaron que ninguna de las grabaciones presentadas por la fiscalía se escucha a la exfiscal revelar ninguna información confidencial sobre los casos a su cargo. En algunas conversaciones, aunque se oye que se buscaría contacto con ella, en ningún momento la fiscalía demostró que eso se hubiera concretado o que la fiscal hubiera actuado fuera de sus funciones.
El tribunal afirmó que la FECI no demostró una fecha específica ni qué información confidencial fue la que habría revelado Gómez.
También determinó que la fiscalía no había presentado ninguna prueba que demuestre que Samari Gómez se comunicara con Juan Francisco Sandoval. «Lo que se puede concluir es que Ronald García Navarijo revelaba información a José Rubén Zamora y otras personas», dijo la jueza Oly González.
En su sentencia, los jueces remarcaron que no podían inferir que Gómez había cometido un delito únicamente con conversaciones entre terceros. Las pruebas contra ella eran las grabaciones que hizo en secreto Ronald García Navarijo, de conversaciones que mantenía con Zamora y Sandoval.
El Tribunal ordenó que se deje en libertad inmediatamente a la exfiscal, que pasó casi once meses en prisión.
Después de que finalizara el juicio, Gómez hizo ver que «la Fundación contra el Terrorismo, para poder querellarse, necesitaba un funcionario público dentro del proceso».
Esto está establecido en el Código Procesal Penal: cualquier persona puede adherirse a una persecución penal bajo la figura de “querellante”, si el caso es contra funcionarios o empleados públicos que abusen de su cargo o que violen los derechos humanos.
Si no había un funcionario involucrado en el proceso contra José Rubén Zamora, la organización presidida por Ricardo Méndez Ruiz no podía participar.
«Lamentablemente no les importó pasar por encima de mí y tenerme 10 meses, o más, encerrada injustamente”, dijo Samari Gómez.
Una apelación y el rechazo nacional e internacional
Después de escuchar la sentencia, el fiscal Rafael Curruchiche dijo que apelaría el fallo.
El funcionario declaró que esperaba que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyera ahora al periodista dentro de la Lista Engel.
Estados Unidos ha incluido en esta lista a personas que cataloga como actores corruptos. Tanto Curruchiche como la Fiscal General María Consuelo Porras forman parte de ese listado.
El fiscal Curruchiche argumentó para respaldar su acusación contra Zamora que él «dirigía un medio de comunicación y a través de ese medio de comunicación se denigraba, se insultaba en su honor, en su prestigio, a fiscales, jueces, magistrados, a diversas personas de la sociedad civil».
Curruchiche dijo esto a pesar de que durante todo el proceso, tanto él como los querellantes insistieron en que el caso no se había emprendido por la labor periodística de Zamora. Y aunque el mismo día de la captura se allanaron las oficinas de elPeriódico y después se embargaron las cuentas del medio y se inició una investigación contra varios de sus periodistas y columnistas.
Zamora declaró, cuando era trasladado nuevamente a prisión, que apelará la sentencia y llevará su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para buscar revertir el fallo, que, según dijo, se dictó como parte de la persecución penal que emprendió el Estado de Guatemala en su contra.
«Yo sigo siendo inocente y él sigue siendo un ladrón», dijo en referencia a Alejandro Giammattei, a quien acusa de estar detrás de su caso tras diversas publicaciones en contra de su gestión.
Mientras los periodistas entrevistaban a Zamora sobre la sentencia, Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo, se grabó en un video —que posteriormente subió a sus redes sociales— en el que, alzando la voz en medio del estrado, dijo que la condena contra el periodista era «un fallo histórico».
Del otro lado de la sala, Samari Gómez, la exfiscal declarada inocente, era abrazada por dos amigas.
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La noche del 14 de junio, el día que se emitió la sentencia, Brian A. Nichols, subsecretario de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, publicó un tuit en el que señala que la condena contra Zamora «amenaza el periodismo independiente y la libertad de expresión en Guatemala».
Hoy, el periodista José Rubén Zamora fue sentenciado a seis años de prisión. Este veredicto amenaza el periodismo independiente y la libertad de expresión en Guatemala. El mundo estará pendiente de que se proteja su salud e integridad física.
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) June 15, 2023
No fue el único posicionamiento en contra del fallo. Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo en su cuenta de Twitter que registra «con preocupación la condena».
#Guatemala 🇬🇹
— Pedro Vaca V. (@PVacaV) June 14, 2023
Registro con preocupación la condena penal contra el periodista José Rubén Zamora.
El medio que lideraba, cerró.
Varios periodistas que han hecho cobertura de su caso, son investigados.
Los reportes de miedo y autocensura de la prensa en Guatemala, son diarios https://t.co/HANyqRwEsE
«El medio que lideraba (Zamora) cerró. Varios periodistas que han hecho cobertura de su caso son investigados. Los reportes de miedo y autocensura de la prensa en Guatemala son diarios», afirmó el relator.
Reporteros Sin Fronteras aseguró que el fallo «es otro ataque inaceptable del Estado guatemalteco a la labor periodística de elPeriódico. José Rubén Zamora debe ser liberado inmediatamente».
En el mismo sentido, la Convergencia Por Los Derechos Humanos declaró en un comunicado que este caso «evidencia la cooptación del MP y su afán de perseguir a quienes critican el régimen de Giammattei».
Según la organización —que agrupa asociaciones como Udefegua, CALDH y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG)— la Fiscalía «se transformó en el instrumento político para acallar, reprimir y perseguir penalmente a los detractores del régimen de Giammattei».
Seattle International Foundation también publicó un comunicado en el que llamó a la comunidad internacional a dimensionar la gravedad del caso para el Estado de Derecho y la libertad de expresión y prensa en Guatemala.
La organización guatemalteca de periodistas No nos callarán rechazó la condena y aseguró que en el proceso penal se había limitado el derecho a la defensa de Zamora y que se violaron sus derechos constitucionales.
A pesar de que el Ministerio Público ha insistido en que la persecución contra Zamora no es por su trabajo en elPeriódico, el próximo viernes 16 de junio se programó una audiencia unilateral a solicitud del MP, como parte de la investigación que se emprendió en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico.
