La venganza, por hacerle frente a la impunidad, actúa como búmeran. Así lo describe Jordan Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos desde el exilio. Ese búmeran que arremete con fuerza …
En resumen
- La criminalización y amenazas han forzado a más personas a salir de Guatemala, incluso durante el gobierno de Arévalo, sin señales de mejora.
- Exfuncionarios y fiscales exiliados ven que a un año de la administración de Bernardo Arévalo, su situación no cambió y siguen con procesos penales.
- Las estructuras de poder siguen controlando el sistema judicial, silenciando voces críticas y protegiendo intereses políticos y económicos.
La venganza, por hacerle frente a la impunidad, actúa como búmeran. Así lo describe Jordan Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos desde el exilio.
Ese búmeran que arremete con fuerza en cada uno de sus giros, ha cambiado la vida de unas 100 personas que se vieron obligadas a salir del país en los últimos años por la criminalización vivida.
Ese dato lo estiman las propias personas criminalizadas para analizar el conjunto de casos.
Contabilizan números de denuncias, expedientes judiciales, órdenes de captura, entre otros.
El Organización Internacional contra la Tortura estimaba al menos 80 exiliados a julio de 2024.
Así lo revela el informe Guatemala: Sin garantías de retorno para personas defensoras y operadores de justicia en exilio presentado en Ginebra.
Aunque no existen cifras exactas del número de personas que salieron por procesos judiciales o amenazas, durante el Gobierno de Bernardo Arévalo también ha ocurrido.
En octubre de 2022, Ocote hizo un recuento de las personas criminalizadas que, en ese momento, eran al menos 86.
Quienes han accedido a hablar con la prensa sobre sus casos, coinciden en que las persiguen por hacer su trabajo, por enfrentar o denunciar la corrupción e impunidad.
Ese trabajo lo realizaron como fiscales, jueces, magistrados, funcionarios de gobierno o de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Así lo confirmaron a Ocote en febrero de 2024 Virginia Laparra, Luis David Gaitán Arana, Eva Siomara Sosa Pérez y Edgar Armando Gutiérrez.
También narraron sus vivencias Claudia González, Flor Gálvez, Leily Indira Santizo y Juan Francisco Sandoval, en el marco del especial En el exilio.
También hay casos de periodistas, defensores de derechos humanos o activistas que dejaron atrás la forma de vida que conocían, así como sus círculos familiares, de amistades y trabajo.
Aunque algunas de esas personas investigaron o dieron persecución a estructuras de poder, corrupción o crimen organizado, en los últimos dos años también salieron del país militantes del partido político Movimiento Semilla.
Ese partido político que llevó al poder a Bernardo Arévalo sigue vinculado al caso «Corrupción Semilla» que tampoco les deja asumir como bancada oficial en el Congreso.
Las acciones contra Arévalo y otros integrantes de Semilla se incrementaron desde el día que tomó posesión, con procesos promovidos desde el Ministerio Público.
🚨 El @MPguatemala presentará solicitudes de antejuicio contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo.
— Ocote (@AgenciaOcote) November 16, 2023
Las solicitudes son por su supuesta participación en la resistencia contra el rector de la USAC, Walter Mazariegos.
📸: @_chrisguti y @_soydelviento pic.twitter.com/bnZKAPBMpc
Según el propio Arévalo en su discurso de toma de posesión, se pretendía no tolerar más corrupción e impunidad en las instituciones, pero la realidad no ha variado.
Un año después, Ocote consultó a cuatro profesionales que salieron del país o fueron criminalizadas, para conocer nuevas reflexiones sobre su futuro.
También hablaron sobre sus impresiones del primer año de Gobierno de Arévalo, la elección de cortes y las estrategias para sostener la esperanza por lograr justicia.
Jordán Rodas: la venganza predecible
Rodas fue Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de 2017 a 2022. El MP lo vinculó al caso «Toma Usac: Botín Político».
El caso fue un proceso que el MP creó para criminalizar políticos y actores sociales luego de la toma del campus central de la Usac que realizaron estudiantes y trabajadores, por la designación irregular como rector de Walter Mazariegos.
Se ordenó la captura de Rodas por usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición en forma continuada y asociación ilícita.
Rodas también fue denunciado por el actual PDH, Alejandro Córdova, en un proceso que aún se desconoce.
Para Rodas, ambos procesos sólo buscan criminalizarlo e impedir su participación en la vida política. Presentó varias apelaciones sin resultado, por lo que el único camino que le quedó fue el exilio.
Dos años y medio después de salir del país, Rodas indica que no se arrepiente de nada.
El exilio le ha permitido reflexionar que, aunque viva persecución, «no hay nada mejor que tener la conciencia tranquila al actuar por el bien del país».
Reitera que es fundamental que las autoridades «aborden el problema de las personas exiliadas no solo como un discurso sino como una política pública».
Lee la entrevista completa a Jordán Rodas.
Flor Gálvez: hasta el presidente es criminalizado
Flor Gálvez fue mandataria de la CICIG y cuando en 2022 criminalizaron y procesaron a sus compañeras Leily Santizo, Xiomara Sosa y Claudia González, fue su defensora.
Meses después también se sumó a la lista de criminalizados y tuvo que marcharse del país.
Luego de tres años fuera de Guatemala, para Gálvez existen graves retrocesos en el sistema de justicia, ya que, asegura, la criminalización no se detiene.
El último caso, la noche del 28 de enero de 2025, cuando fue detenido el abogado Eduardo Masaya, miembro de Movimiento Semilla.
Masaya ganó el cargo de prosecretario con la planilla Unidad por la Justicia, para la Junta Directiva del Colegio de Abogados.
Esas acciones buscarían silenciar voces disidentes o que han denunciado corrupción e impunidad en contra de anteriores gobiernos.
Al consultarle a Gálvez si considera que la llegada de Arévalo al Gobierno, en algún momento tendrá algún impacto en su caso, es enfática en afirmar que no.
«No, ningún impacto, ya que hasta el presidente es criminalizado», afirma.
Lee la entrevista completa a Flor de María Gálvez.
Francisco Sandoval: orgullo por el trabajo realizado
El exfiscal a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) lleva tres años y medio en el exilio.
Al repasar su trabajo de gran impacto contra estructuras de corrupción e impunidad en los casos que investigó junto a la CICIG, siente satisfacción y orgullo.
Esos sentimientos se suman a «la admiración y respeto» por todos sus excompañeros de la FECI. Muchos de ellos el motor del trabajo y perseguidos.
«No les lograron doblar el brazo con presiones y chantajes y lograron demostrar aún en momentos difíciles, valor e integridad, estando privados de libertad».
Sobre los casos que investigó, Sandoval señala que aunque se pudo comprobar la maquinaria de cooptación estatal, el peso de los grupos de poder fue mayor.
«Pesó más el poder de la oligarquía, de los militares y de los políticos corruptos».
En su opinión, son esos poderes los que «no han permitido el desarrollo de la institucionalidad y tienen para sus fines al sistema de justicia».
Lee la entrevista completa a Juan Francisco Sandoval.
Claudia González: filtraciones y acoso del netcenter
La abogada Claudia González, también exmandataria de la CICIG, integró el equipo de defensa de Virgina Laparra.
Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango, tuvo que salir del país en julio de 2024.
Al igual que Laparra, González fue detenida contra sus derechos humanos porque «fue sin haber sido escuchada por un juez».
De los entrevistados para este reportaje es la única en el país, en libertad condicional y pendiente de juicio.
Señala que, como sucedió con Laparra, Jose Rubén Zamora, Stuardo Campo o Leidy Santizo, se les procesó por «acciones que no son delitos».
González indica que «a pesar de lo evidentemente absurdas que puedan parecer las acusaciones, el sistema de justicia las sostiene».
Parte de las acciones para «sostener» a nivel mediático esos casos, son las acciones vinculadas a netcenter o cuentas anónimas en redes sociales.
Durante el proceso personal de González y de otras personas criminalizadas, se evidencia acoso digital e incluso filtraciones de información reservada.
«Netcenters publican mensajes denigrantes, amenazas de detención, daños, vigilancia»
Lo más grave, según ella, es la «filtración de información reservada de los casos para intimidar antes, durante y después de una captura».
Lee la entrevista completa a Claudia González.
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