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«Aquí ha habido una planificación de exterminio del pueblo poqomam», dice Efraín Martínez, vocero de las autoridades ancestrales de Santa Cruz Chinautla, comunidad indígena ubicada a unos 20 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.
Lo hace desde el salón de la Alcaldía Indígena de la comunidad, una construcción de cuatro paredes ubicada al lado de la pila comunitaria donde una decena de mujeres lavan ropa. A su izquierda se extiende un río de agua maloliente de color café, que arrastra botellas plásticas, envolturas de frituras y todo tipo de desechos sólidos que, kilómetros atrás, cayeron a su cauce. Son las 2 de la tarde de un martes de abril, el sol pega con fuerza y el viento caliente arrastra nubes de polvo.
«Siempre lo hemos dicho y lo decimos», continúa Martínez. «Denunciamos al Estado de Guatemala por discriminación, racismo y exclusión».
Su afirmación, dice, es respaldada por las licencias de extracción minera que desde 1996 el gobierno aprobó a cinco empresas para operar en la extracción de arena a cielo abierto, en un radio de tres kilómetros desde su comunidad.
Un mal silencioso
La presencia de estas areneras —que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) considera minería no metálica— ha impactado en los modos de vida de la población poqomam. Las excavaciones constantes para la extracción, según líderes comunitarios, han generado desprendimiento de tierra y enfermedades respiratorias en la población. Esta actividad también dificulta realizar alfarería, una de las principales actividades económicas de la comunidad.
«Por este lado empiezan las excavaciones [de las areneras]», dice Martínez, sentado dentro de la Alcaldía. «Y por la parte alta, la contaminación que va al tiradero de todos los desechos de la capital y de todos los municipios, y que llega hasta acá», agrega.
Martínez se refiere al vertedero municipal, ubicado en la zona 3 de la capital. Todo llega allí: recibe la basura de al menos 15 municipios del departamento de Guatemala. Al encontrarse más allá de sus capacidades, los recolectores han denunciado que los desechos terminan en el río Las Vacas, que se une al río Motagua, el más extenso del país y que atraviesa Santa Cruz Chinautla y desemboca en el Atlántico, en el vecino Honduras.
En 2025, un tribunal de amparo emitió un fallo en favor de los poqomam. Este ordenó a la municipalidad de Chinautla atender la grave crisis ambiental originada por el vertedero y que afecta a la comunidad maya. Sin embargo, casi un año después, el cumplimiento de esta sentencia parece aún no llegar.
Basura y minería: una combinación compleja
Chinautla solía ser un destino turístico cercano a la ciudad capital. Los veranos en los años 70 y 80 eran marcados por las visitas de los capitalinos, quienes acudían a nadar en los balnearios ubicados en los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas.
«Mi papá tiene 85 años y cuenta que, junto a su papá, iba a pescar aquí en este río [Las Vacas] porque estaba limpio. Había pescados, cangrejos, incluso muchas hortalizas en toda la cuenca. Uno encontraba cebolla, tomate… todo lo que hoy no hay», narra Juan Carlos Gerónimo, alcalde indígena de la comunidad.
Entre 1996 y 1997 llegaron las primeras areneras al territorio: Arenera La Primavera y Piedrinera San Luis. En 2004 y 2005, el MEM otorgó licencias a otros dos proyectos.
Estas areneras llegaron sin realizar las consultas previas que se plantean en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según los referentes indígenas. «La excusa fue que cuando ellos iniciaron, todavía no estaba activo el convenio. O sea, sí había sido firmado, pero no ratificado», explica Gerónimo.
Sin embargo, el equipo legal del Bufete Jurídico de Derechos Humanos, que acompaña a la comunidad, afirma que, si bien las licencias iniciales se aprobaron antes de que el convenio entrara en vigencia en Guatemala, las renovaciones de los contratos ocurrieron luego del acuerdo. «Por lo tanto, sí le corresponde [al Estado] actualmente la obligación de realizar la consulta, de acuerdo con los estándares internacionales», indicó el equipo legal en respuesta escrita a una entrevista.
Después de mucho tiempo el MEM avanzó con el proceso de consulta en 2024 y 2025, mientras el líder indígena y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, era el viceministro de Desarrollo Sostenible. En ese entonces, se impulsó la conformación y desarrollo de una Mesa Interinstitucional de Diálogo con Autoridades Indígenas del Pueblo Maya Poqomam de Chinautla.
Avance y retroceso
Dicho espacio permitió «canalizar información, identificar preocupaciones comunitarias y coordinar actuaciones institucionales relacionadas con la situación de los derechos mineros y las afectaciones alegadas en el territorio», indicó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en un documento enviado a este medio el 4 de mayo de 2026 por su unidad de información pública.
Sin embargo, el 23 de abril de 2025, Pacheco fue capturado y criminalizado por liderar el Paro Nacional de 2023, una serie de protestas ciudadanas que permitieron que el actual gobierno llegara al poder en ese año. Desde entonces, permanece en prisión preventiva y los avances del proceso de consulta se estancaron.
La degradación ambiental que podrían causar las areneras se predecía ya en 2004. Ese año, un informe del Departamento de Investigaciones y Servicios Hidrológicos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) determinó que la extracción de materiales cambiaba la pendiente del río Chinautla.
Esto, alertaba el informe, podría generar derrumbes y la ampliación del cauce que, a su vez, impactaría en la velocidad del río y provocaría erosión severa en las áreas bajas y altas, donde estaban los puntos de extracción de arena.
Un año después, en 2005, otro estudio del Insivumeh determinó que, tanto la contaminación de los ríos como la extracción de materiales en los lechos de estos destruían los cultivos. Además, acusaba a una de las areneras —sin mencionar cuál— de mover los cauces de los ríos Las Vacas y Chinautla.
«Conforme la Ciudad [de Guatemala] fue creciendo, todos sus desagües fueron tirados para acá sin ninguna planta de tratamiento, tanto para las aguas servidas, como para los desechos y sólidos, y la situación se agrava con el tiempo», dice Efraín Martínez.
El daño a la infraestructura
Los efectos de los derrumbes y de la contaminación no tardaron en llegar. En agosto de 2010, la velocidad y fuerza del agua del río Las Vacas, sumado a la cantidad de desechos sólidos que arrastraba, provocaron una inundación que socavó la infraestructura del puente que conecta a la comunidad indígena con el resto del municipio de Chinautla.
«[El río] se ha llevado puentes de hamaca. Hoy no hay como cruzar de Matlancito para Cruz Blanca [aldeas del municipio]», dice Martínez.
Las casas de algunos de los vecinos corrieron la misma suerte. En 2019, al menos tres casas cayeron a la orilla del río, según reportó la prensa local. Esto los obligó a desplazarse hacia otro territorio. Uno de los afectados fue el maestro que cada jueves enseña el idioma poqomam a los niños de la comunidad.
Además, los sedimentos que trae el río han cubierto el barro que las alfareras recogían en las cuencas de los ríos para realizar sus artesanías. El olor que emana del río Las Vacas, dicen las autoridades indígenas, también impide que los turistas visiten el municipio para comprar. La alfarería de Santa Cruz Chinautla fue declarada patrimonio cultural intangible de Guatemala en 2012, pero parece haber perdido su valor.
«Entes como el Instituto Guatemalteco de Turismo, que promueve la alfarería y todo lo que los pueblos producen, se avergüenzan de promover turismo aquí por la situación en la que nos tienen», denuncia Martínez.
La organización comunitaria
Desde inicios de los 2000, la comunidad comenzó a organizarse para detener la explotación minera en el territorio. En ese momento las empresas tenían licencias mineras que estuvieron vigentes hasta 2021 y 2022, por lo que «no había mucho por hacer», señalan los líderes.
En 2017, la comunidad de Chinautla retomó su modelo de organización propia con las figuras de alcaldes y alcaldesas indígenas y comunidades ancestrales. También buscaron alianzas con liderazgos indígenas de otras regiones y organizaciones. Un año después, expusieron el caso ante el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede), entidad de participación ciudadana en la gestión pública, pero no hubo seguimiento.
Con el paso del tiempo, las licencias mineras de la Arenera La Primavera, la Piedrinera San Luis y la Arenera El Pino vencieron, según los registros del MEM. Sin embargo, las autoridades ancestrales afirman que tanto La Primavera como San Luis siguen operando con prórroga y se desconoce cuándo dejarán de hacerlo.
Ambas empresas pueden seguir operando porque solicitaron la prórroga un mes antes del vencimiento de la licencia. Según la Ley de Minería, una licencia de explotación puede otorgarse hasta por 25 años y, la prórroga, por la misma cantidad de tiempo. «El plazo de la licencia de explotación se prorrogará sin más trámite si la solicitud de prórroga se presenta antes de su vencimiento», agrega el artículo 28.
El MEM no ha emitido una resolución correspondiente a la prórroga. «Al estar aún en estado [pendiente] de resolver, no permite que la comunidad pueda defenderse», agrega el equipo legal del Bufete Jurídico de Derechos Humanos.
La lucha se mantiene
Por ese motivo, el 27 de junio de 2022, las autoridades indígenas del pueblo poqomam iniciaron un plantón de resistencia frente a la Piedrinera San Luis. Lo mantuvieron por cuatro años, pese a las amenazas de desalojo por parte de la alcaldesa. Durante este tiempo, unas diez personas de la comunidad han sido criminalizadas, Martínez incluido, quien ha sido denunciado tres veces.
El 20 de mayo de 2026, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) canceló la licencia ambiental de la Piedrinera San Luis por el «incumplimiento de los compromisos ambientales», según anunció la entidad en sus redes sociales. También impuso una sanción económica de 80,545.40 quetzales (unos 10,567 dólares) y notificó al MEM. La institución no se pronunció sobre las otras areneras que operan en el territorio.
Mongabay Latam contactó a las areneras La Primavera, La Presa, El Pino y San Fernando y la Piedrinera San Luis por medio de correos electrónicos enviados a las direcciones registradas en el directorio de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) o en sus páginas web. Sin embargo, hasta el momento de publicación no obtuvo respuesta.
Un fallo judicial clave
En mayo de 2024, expertos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) realizaron un informe pericial de la condición de los ríos Chinautla, Tzaljá y Las Vacas. En el documento ubicaron los principales vertederos ilegales y su impacto. También contaron con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con esta evidencia presentaron, en octubre de 2024, una acción de amparo ante el sistema judicial guatemalteco porque «se estaban violando varios derechos humanos: derecho a petición, el derecho a un ambiente sano, el derecho a agua y saneamiento», indica la abogada Bryslie Cifuentes de AIDA.
El caso fue conocido por el Juzgado Quinto de Instancia Civil. El 5 de junio, resolvió en favor de la comunidad, en un fallo clave para quienes defienden el ambiente y el territorio en Guatemala.
El fallo obligaba al Concejo Municipal de Santa Cruz Chinautla a asumir la responsabilidad de la gestión ambiental adecuada y mitigar la contaminación, tomando en cuenta a la comunidad maya poqomam en las decisiones. También ordenó cerrar los vertederos ilegales y restaurar los ecosistemas de las cuencas de los ríos.
El gobierno local, además, debía realizar un estudio minucioso que otorgara la evidencia necesaria para atender la crisis ambiental.
Ante esto, la municipalidad decidió realizar «mesas técnicas de trabajo» que incluyeran a representantes del gobierno central, la sociedad civil y la comunidad para, en conjunto, buscar soluciones a los problemas.
Desde la sentencia se han celebrado entre ocho y nueve reuniones con la presencia de las autoridades ancestrales y AIDA, con las municipalidades de Chinautla, Guatemala y Mixco.
También participan instituciones del gobierno central, como el MARN, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS), el Mingob, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Instituto de Fomento Municipal (Infom). Además, han participado entidades de justicia como el Ministerio Público (MP) y la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Sin embargo, las primeras reuniones fueron difíciles: «Nos reuníamos mediodía y nunca aterrizábamos. Era un ciclo de buscar un culpable», indica Cifuentes.
Por ello, se creó un grupo más pequeño, conformado por técnicos, que elaborará un plan de trabajo con metas claras. El grupo ya se ha reunido tres veces.
Cifuentes considera «difícil» evaluar el avance de la sentencia: «No es que sea visible en este momento un resultado de la sentencia en términos de mejoras físicas en el río [Las Vacas]», explica la abogada. Sin embargo, valora la sentencia como un «precedente que enorgullece», ya que el Poder Judicial determinó, por primera vez, a un responsable legal (la municipalidad) para la gestión de desechos sólidos.
Las autoridades indígenas, por su parte, ven el avance con escepticismo. «Ella [Brenda Elizabeth Del Cid Medrano, la alcaldesa de Chinautla] sí estaba en esas mesas, pero no se ha visto voluntad. Tampoco en la mesa de agua que, en lugar de avanzar, está retrocediendo», denuncia Gloria López, alcaldesa indígena.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con Del Cid Medrano. Ella solicitó que las preguntas fueran enviadas por WhatsApp, pero hasta el momento no las ha respondido.
La autonomía
La comunidad continúa trabajando para mejorar su entorno. El día de la visita de Mongabay Latam, los alcaldes indígenas coordinaban a un grupo de hombres que trabajan en la infraestructura de un puente que cruza el río Las Vacas, que presenta daños provocados por una tormenta tropical desde 2010. Lo lograron con el financiamiento de los vecinos y el apoyo económico de organizaciones sociales.
Mientras unos cinco hombres trabajaban, un político del municipio grababa un video denunciando la contaminación del río frente a la obra. El 2027 es año electoral en Guatemala.
El 27 de marzo, la comunidad realizó una jornada de limpieza del río en colaboración con organizaciones de la sociedad civil como la Alianza por el Motagua y Haciendo Eco. Extrajeron más de 31 toneladas de basura, tan solo debajo del puente.
