Tras la salida abrupta de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), muchos de los trabajadores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y exmandatarios de la Comisión quedaron a merced de los altos funcionarios del Ministerio Público (MP). Un MP dirigido por Consuelo Porras, la fiscal designada por el expresidente Jimmy Morales, quien fue el artífice de la expulsión del organismo internacional del país. Ahora, criminalizados, encarcelados y en el exilio, lamentan la falta previsión por parte de Naciones Unidas para protegerlos. La ONU asegura que se le dificultó dimensionar el alcance de la persecución. No obstante, explican que se creó un fondo especial para su protección.

¿Qué hay detrás de un encarcelamiento? Más allá de un proceso penal y de la medida más extrema posible de coerción que permiten las leyes de un país, el encierro temporal es, per se, la renuncia involuntaria al contacto con las personas queridas, a la rutina cotidiana, el estar en casa. Es, también, el abandono de las responsabilidades del trabajo, de la familia y del cuidado. 

Virginia Laparra, exfuncionaria de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, estuvo 680 días privada de libertad. Pero no fueron los meses de aislamiento dentro de una celda lo que más angustia le ocasionó.

A su juicio, lo peor de su encarcelamiento fue el tiempo perdido. Su ausencia en la celebración de los quince años de su hija, la imposibilidad de servir a su hija menor y de estar con su esposo. Se enjuga las lágrimas mientras desenfoca la mirada, como si regresara a la lóbrega celda en la que vivió, con impotencia, por casi dos años. 

Laparra fue condenada a cuatro años de prisión por el Tribunal Octavo de Sentencia Penal por el delito de abuso de autoridad de forma continuada. 

Esto, tras haber sido denunciada por el exjuez Lesther Castellanos, por supuestamente aprovecharse de su cargo para intentar abrir un proceso en su contra ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial. 

En diciembre de 2023, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la liberación de Laparra por haber cumplido el 45 por ciento de su condena.  Tras su liberación, la exfuncionaria asegura que, desde que asumió la responsabilidad como fiscal de la FECI, supo que podría haber represalias en su contra.

«Sabía que la CICIG era una entidad maravillosa con la que debía trabajar y aprender, dada su experiencia en procesos de investigación en casos de delincuencia incrustada en el Estado. Pero estaba consciente de que el proyecto iba a llegar a su final y que ellos (los funcionarios internacionales de la Comisión) se irían».

Y fue justamente la salida abrupta de la CICIG la que propició una persecución judicial arbitraria en contra de exfuncionarios de la FECI y de exmandatarios de la Comisión. 

De acuerdo a las fuentes consultadas para este reportaje se estima que más de 40 exfiscales y exmandatarios se vieron forzados a irse de Guatemala. Por lo menos siete personas estuvieron presas en algún momento. 

La CICIG y la falta de previsión

La CICIG nació de un acuerdo firmado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala en 2006. Era una organización de naturaleza independiente y de carácter internacional, y fue creada para apoyar al Ministerio Público en la persecución y desmantelamiento de cuerpos ilegales enquistados en el Estado. 

Según la propia institución, a su cierre, había logrado identificar más de 60 estructuras y participó en la investigación de 124 casos de corrupción y cooptación del Estado.

El 27 de agosto de 2017 el expresidente Jimmy Morales declaró non grato a Iván Velásquez Gómez, entonces titular de la CICIG, y exigió que el diplomático abandonara el país. No obstante, la Corte de Constitucionalidad frenó provisionalmente esa intención. 

El 4 de septiembre del 2018 el Gobierno aprovechó que Velásquez se encontraba fuera de Guatemala para prohibir su ingreso de vuelta.  Morales se negó a renovar el mandato de la Comisión, por lo que finalmente el organismo internacional abandonó el país en septiembre del 2019.

Los investigadores internacionales que trabajaron para la organización entre 2007 y 2019, poseían inmunidad diplomática. Sin embargo, dicha protección excluía a los trabajadores nacionales. Esto ha sido criticado y reconocido como debilidad por la propia ONU.

Ocote consultó a siete personas que fueron operadoras de justicia, entre exfuncionarios de la FECI y exmandatarios de la CICIG. 

Las fuentes lamentan la falta de previsión de la Comisión y de la ONU para impulsar mecanismos de protección a su favor, después del cierre del organismo internacional. Además, consideran que «se pudo hacer más» para blindarles de una vendetta anunciada. 

Aun así, reconocen que organizaciones internacionales les facilitaron mecanismos de ayuda para poder defenderse en Guatemala o salir al exilio. Las personas consultadas prefieren no revelar los nombres de las organizaciones que les han ayudado, ni a qué países pertenecen.  

«Al momento de la creación del mandato de CICIG faltó previsión. El error fue que Naciones Unidas no le dio un reconocimiento de misión a la Comisión», explica Luis David Gaitán Arana, exmandatario ahora en el exilio. 

El jurista apoyó la investigación del caso Odebrecht, en el cual se acusa al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, de recibir sobornos para adjudicar contratos de construcción. 

Una Sala de Apelaciones ordenó reactivar el proceso, que fue interrumpido porque el Ministerio Público había desechado los testimonios de ejecutivos brasileños vinculados a esa firma. 

A juicio de Gaitán, la vulnerabilidad en la que viven los operadores de justicia  derivó, en buena medida, de que no se anticiparon a lo que podría suceder tras el cierre de la institución. «Nunca se pensó que pudiera terminar de esa manera», dice, en referencia a las decisiones unilaterales que tomó entonces Jimmy Morales.

Aunque Gaitán admite que contó con el apoyo de algunas organizaciones internacionales, no tiene la misma percepción de la CICIG y del sistema de Naciones Unidas. «Cuando ya se veía venir que la situación de cierre (de la Comisión) sería complicada, se debieron pensar en otras medidas por parte de Naciones Unidas, pero no se hizo».  

El abogado dice que fue gracias a instituciones de cooperación internacional que logró irse al exilio. No revela el país donde se encuentra, pero asegura que pudo establecer a su familia con él. 

Eva Siomara Sosa Pérez, exfiscal de la FECI en el caso Odebrecht, hoy exiliada en México, coincide con Gaitán. Describe la persecución penal en su contra como un hecho «frustrante y decepcionante». 

Según ella, hubo un nulo respaldo de la Comisión y de la ONU. «El mandato de la CICIG les daba únicamente inmunidad a los funcionarios extranjeros», confirma.  

Relata que, en su caso, la fiscalía de Asuntos internos del MP le presionó para que declarara en contra de Juan Francisco Sandoval, extitular de la FECI. Al no aceptar hacerlo, se terminó por impulsar la persecución en su contra. 

Edgar Armando Gutiérrez Girón es analista político y de temas de seguridad y fue quien abanderó el primer esfuerzo por crear una organización que combatiera los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Recuerda que en esa primera propuesta sí se incluía inmunidad para el personal guatemalteco, pero «hubo un descuido y se dejó fuera». 

Sin embargo, considera que, aunque se hubiera contemplado ese mecanismo, este habría sido insuficiente. «La realidad política fue tan brutal que ningún mandato por más blindado que estuviera habría logrado contener la persecución política».

«No hubiera sido suficiente porque Jimmy Morales violó reiteradamente el mandato, impidió el ingreso de Iván Velásquez, sacó tanquetas. Todo esto cuando el mandato estaba vigente y todo lo hizo sin consecuencias», recuerda. 

Gutiérrez considera que era muy difícil prever la dimensión de la persecución. No obstante, dice que él no sería tan categórico en afirmar que los exfiscales y exmandatarios de CICIG se quedaron solos, pues la cooperación internacional «hizo aportes para su defensa, refugio y fondos para su manutención».

El insuficiente fondo secreto de la CICIG para defender a exfiscales y exmandatarios

Tras el cierre de la Comisión, se desató una persecución sistemática y arbitraria en contra de aquellos que habían colaborado directa e indirectamente con esta institución.  

En ese contexto, la ONU resolvió crear un fondo con un remanente de los recursos asignados a la CICIG para poder defender a las personas perseguidas en el contraataque del MP. Fue de US$1 millón (unos Q 7,650,000).  

Los recursos serían ejecutados en el año inmediato al cierre de la CICIG (en 2020) y se destinarían para pagar a los abogados que se encargaban de defender a los exfuncionarios de la Comisión. También para darles apoyo psicológico. Aunque los propios beneficiarios desconocen cómo se administró y se ejecutó esta ayuda. 

Ocote solicitó una postura oficial ante el departamento de prensa de la ONU en Guatemala. Mediante un correo electrónico, el Departamento de Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, respondió a nuestro requerimiento. 

En esta respuesta, confirmó que, dado que ya se anticipaban posibles «reacciones adversas» contra trabajadores, se destinó «gran parte del remanente presupuestado a un fondo de protección integral, dirigido principalmente a cubrir posibles gastos de defensa legal derivados de las actuaciones relacionadas con el trabajo de exfuncionarios/as de la CICIG». 

Un funcionario de la ONU vinculado al cierre de la CICIG, quien pide no revelar su identidad, recuerda que no fue sencillo organizar este apoyo. 

A su juicio, una de las principales complicaciones fue la ruptura pública entre el Gobierno y la Comisión, después de que Jimmy Morales declarara non grato a Iván Velásquez y decidiera unilateralmente que la CICIG no continuaría su trabajo. 

El funcionario de la ONU asegura que el irrespeto al mandato, que establecía la resolución de conflictos entre ambas partes, y el retiro abrupto de la CICIG imposibilitaron ofrecer un mejor acompañamiento a los exfuncionarios y exmandatarios. 

«Tienen razón de sentirse desprotegidos», admite.  

Aunque hace énfasis en que «se montó un programa para armar una protección jurídica al ver los primeros síntomas de contraataque (del Ministerio Público», 

«Los donantes no entendían el por qué reservar fondos, ellos hubieran preferido entregarlos para fortalecer a la fiscalía guatemalteca», recuerda. 

La CICIG se había financiado mediante contribuciones voluntarias de la comunidad internacional. Los fondos se canalizaron a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde su establecimiento hasta su cierre, la CICIG sumó aportes de 17 donantes. 

Entre los principales donantes se encuentran Estados Unidos (26.6%) Suecia (21.48%), España (13.2%) y Canadá (11.58%). De 2007 a 2018, la Comisión recibió de sus donantes más de US$167 millones.  

La fuente de la ONU reconoce lo que menciona Edgar Gutiérrez: al momento de la suscripción del mandato no hubo una previsión. Admite que el improvisado programa no fue suficiente. «Nadie pensó en una salida así», dice. 

Asegura que han tomado nota de esta circunstancia y que ahora no darían ningún apoyo de esa naturaleza sin garantizar inmunidad a favor de funcionarios nacionales.  

Esto también fue mencionado por la ONU en su respuesta a Ocote: «La falta de reconocimiento de inmunidades para el personal nacional en el acuerdo internacional se reveló claramente como una debilidad del diseño institucional de la Comisión. Esto subraya la necesidad de proporcionar una mayor protección al personal nacional, incluyendo el reconocimiento explícito de sus inmunidades, en futuros mecanismos similares».

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Claudia González Orellana, exmandataria de CICIG y quien estuvo 82 días en prisión fue querellante en el caso contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling. 

Ella aseguró a Ocote que fue beneficiada por ese fondo, pero afirma que el apoyo fue insuficiente. Le entregaron los recursos para que pudiera utilizarlos en su defensa legal, pero dice que fue por un período muy corto —un año— y que no le alcanzaron para cubrir los procesos penales que todavía enfrenta.

«Hago el análisis y pongo en la balanza las denuncias en mi contra, el ataque sistemático en redes, el seguimiento, las burlas, las limitaciones para conseguir trabajo y pregunto: ¿Es eso suficiente?» , cuestiona González. 

La abogada asegura que los funcionarios de los gobiernos pasados habían prohibido la contratación de exmandatarios de la CICIG y de exfiscales de la FECI en instituciones públicas. 

Naciones Unidas confirmó a Ocote que, cuando la Comisión salió de Guatemala, «se abogó ante las autoridades, incluyendo el Ministerio Público, sobre la conveniencia de incorporar a la institución a miembros del personal nacional de la Comisión, a efectos de aprovechar la experiencia adquirida. Estos llamados no fueron atendidos».

Claudia González comenta que tiene constancia de que, incluso, movieron sus influencias para que este veto alcanzara a algunas empresas privadas. «Lo hablamos con varios colegas, pues al cerrar la CICIG empezamos a buscar trabajo y la mayoría no consiguió» , explica .

«Es preocupante que te dejen así, sabiendo que ejerciste acciones contra personas que tienen poder político y económico», lamenta.  

González relata cómo la vida les ha cambiado: imposibilidad para litigar, encarcelamiento, persecución, estigmatización, trastornos del sueño, impacto económico, separación familiar. 

«Ningún fondo es suficiente» , dice, para cubrir la indefensión en la que quedaron tras la salida de la CICIG y mantenerse bajo ataque de las personas a quienes habían investigado y perseguido. 

Los planes que no se concretaron 

Flor Gálvez, exmandataria de la CICIG y exdefensora de Claudia González y Siomara Sosa, abandonó Guatemala en marzo del 2022. «Es complicado, uno sale sin nada. Debí recurrir a organizaciones no gubernamentales para asentarme en otro país (que no revela) y tener que iniciar trámites para acceder a una vivienda», comenta. 

Explica que a nivel familiar le fue muy difícil separarse de sus padres, quienes ya están mayores. « Mi papá tuvo un derrame y vivo con temor a que le pueda pasar algo», lamenta Gálvez. 

Para ella, el reto más grande es tener que reinventarse, integrarse a una sociedad ajena, renunciar a ejercer la abogacía y ver en qué otra cosa puede trabajar, sin que esto implique dejar de defender los derechos humanos. 

Recuerda haber caído en depresión. «Me toca adecuarme a las circunstancias, no paso hambre, tengo un techo, pero fue complicado dejar mi casa y mis cosas», admite.  

«Considero que desde que se creó la CICIG no se previó que esta situación podría suceder. Algunos comisionados como (Carlos) Castresana y (Francisco Javier) Dall’Anese tuvieron planes para que guatemaltecos que optaramos a una beca o algo al finalizar el mandato de la CICIG», asegura. 

Sin embargo esto no se concretó. Gálvez explica que el abordaje fue únicamente a nivel de los comisionados, pero nunca escaló a Naciones Unidas. 

Leily Indira Santizo, exmandataria de la CICIG, quien tiene una orden vigente de captura, investigó el caso del militar Erick Melgar Padilla. 

Al igual que Flor Gálvez, recuerda que el tema de la falta de inmunidad y de protección para los exmandatarios nacionales tuvo una amplia discusión a lo interno de la Comisión. A su juicio, el que más se interesó por este aspecto fue Carlos Castresana, primer titular de la institución (de 2007-2010).

Pero Santizo asegura que el tema se diluyó con la llegada de Francisco Dall’Anese (de 2010 a 2013) y aunque, según ella, Iván Velásquez era consciente de la necesidad de retomar esa discusión, la misma languideció. 

«Si su pregunta es si Naciones Unidas nos apoyó, la respuesta es no. Si me pregunta si la Comisión se preocupó, le digo que no”, dice categóricamente. 

Juan Francisco Sandoval, extitular de la FECI, exiliado y con varias órdenes de captura en su contra, considera que el personal vinculado al MP fue el grupo más desprotegido. Tras el cierre de la Comisión quedaron a merced de las decisiones de una fiscalía cooptada y parcializada. 

«No se pensó en el funcionario guatemalteco. El apoyo de Naciones Unidas no pasó de unos tweets», cuestiona. 

Para Sandoval, las acciones judiciales impulsadas en contra de sus colegas denotan odio y un deseo insaciable de venganza. 

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Los operadores de justicia consultados por Ocote, algunos prófugos y otros exiliados, mantienen procesos abiertos y órdenes de captura en su contra. No tienen certeza de cuándo podrán regresar a Guatemala para enfrentar a la justicia con imparcialidad y desvanecer las acusaciones, que consideran espurias. 

Lo cierto es que sus dinámicas laborales, sociales y familiares se vieron afectadas radicalmente y no habrá un resarcimiento justo y digno para mitigar la arbitrariedad y el acoso del que han sido víctimas. 

«Nosotros, los abogados guatemaltecos, sin menospreciar al personal internacional, fuimos los más atacados. Tuvimos que conformar un pequeño grupo y nosotros mismos tuvimos que defendernos”, lamenta Flor Gálvez. También se refiere a otro de los grandes desafíos que enfrentaron: la dificultad para encontrar defensores. Muchos se hicieron a un costado por temor a represalias. 

 «Hemos vivido momentos muy difíciles. La cuerda se rompió por la parte más delgada… yo quisiera preguntarle a Iván Velásquez (excomisionado de la CICIG) por qué los funcionarios extranjeros tenían inmunidad y a los nacionales se nos dejó en el infierno para que nos quemáramos», reprocha Santizo. 

Aun así, a pesar de las implicaciones por haber participado en procesos de investigación de alto impacto, todos los consultados aseguran no estar arrepentidos de su trabajo con la Comisión. 

Y yo, ¿qué puedo hacer?

• Seguir informándote con fuentes confiables. Trasladar la información sobre impunidad y corrupción a tus personas cercanas. No compartir desinformaciones o cualquier mensaje que criminalice, desacredite o incite a la violencia contra cualquier persona (y, en este caso, contra operadores de justicia).
• Escuchar «El experimento», una serie en podcast de NoFicción.
• Lee el resto del contenido de nuestro especial «En el exilio» y visita la exposición «Ensayo sobre la ausencia», que estará hasta el 29 de mayo en Casa Ocote. 

Ilustración de portada: Oscar Donado