La abogada González tiene una trayectoria de 26 años de ejercicio profesional que, asegura, ha dedicado a la defensa de los Derechos Humanos en Guatemala. Trabajó en la Oficina de …
La abogada González tiene una trayectoria de 26 años de ejercicio profesional que, asegura, ha dedicado a la defensa de los Derechos Humanos en Guatemala.
Trabajó en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y la Fundación Myrna Mack, desde donde llevó a juicio a militares que ordenaron la ejecución de la antropóloga.
Por su amplia experiencia fue llamada a conformar el equipo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Cuando el presidente Jimmy Morales no renovó el mandato de la CICIG en 2019 e inició la criminalización de operadores de justicia, González inició una nueva lucha.
Fue la defensora de nueve abogados, algunos exfiscales y defensores de derechos humanos durante los años más duros de la criminalización post CICIG.
Integró el equipo de defensa de Virginia Laparra, exfiscal jefa de la FECI en Quetzaltenango.
En 2023, defendiendo a defensores de la justicia, la criminalización la alcanzó y se giró una orden de captura en su contra promovida por la exmagistrada Blanca Stalling.
González estuvo en prisión 82 días, algo que considera una violación a sus derechos humanos, porque ocurrió «sin haber sido escuchada por un juez».
Cuenta a Ocote que existieron muchas acciones sin sustento en su caso y que se vulneraron sus garantías.
«En la orden de aprehensión no indicaba el delito, por lo tanto, en el allanamiento no se sabía que evidencias “supuestamente” buscaba el Ministerio Público».
Además, señala que era contradictorio «buscar evidencia en 2023 de un hecho ocurrido en 2017».
Ese año se firmó una solicitud de retiro de la inmunidad de la magistrada Stalling por un caso de tráfico de influencias en favor de su hijo.
Otra arbitrariedad contra González fue acusarla de «abuso de autoridad» cuando nunca ejerció una función pública, según su análisis.
Efectos colaterales de la criminalización
Durante el tiempo que permaneció en prisión, González debió sobrellevar el fallecimiento de su mamá.
Reflexiona que es importante tomar en cuenta el impacto psicológico que afecta a todo el núcleo familiar de las personas criminalizadas.
El aspecto económico también afecta, nos dice. Un proceso penal conlleva un costo económico muy alto e impacta en lo laboral, la salud y aspectos.
Filtraciones y acoso continúan
Claudia González es de carácter fuerte y asegura que no se irá del país.
Señala que como sucedió con Laparra, Jose Rubén Zamora, Stuardo Campo, Siomara Sosa y Leidy Santizo entre otros encarcelados, el sistema se usó para señalarlos por «acciones que no son delito».
«A pesar de lo evidentemente absurdas que puedan parecer las acusaciones, el sistema de justicia las sostiene».
Parte de esas acciones para «sostener» a nivel mediático esos casos, está la estrategia de mediatización en redes sociales a través de netcenters o cuentas falsas.
González asegura que tiene documentado el patrón de mediatización junto con la criminalización, lo que incluye acoso digital y filtraciones de información reservada.
«Netcenters realizan mensajes denigrantes, amenazas de detención, daños, vigilancia y, lo más grave, filtración de información reservada»
Esas filtraciones, que han ocurrido con todos los operadores criminalizados, son «para intimidar antes, durante y después de las capturas».
Lamenta otro patrón principalmente en el caso de las mujeres criminalizadas, pues asegura que ellas «resultan triplemente afectadas».
«Sufrimos discriminación, violencia de género y racismo en el espacio público. La justicia en Guatemala está plagada de fuertes prejuicios y estereotipos sexistas».
Al consultarle si la llegada de Bernardo Arévalo a la Presidencia en 2024 influyó en su favor, indicó que sintió alivio, pero que la criminalización no ha cesado.
«Sentí un gran alivio y alegría. Por lo menos redujo las acciones de hostigamiento desde todos los ámbitos».
Sin embargo, «comprendí que no iba a haber cambio en la criminalización porque esa es una tarea específica del sistema judicial».
Sustituir la desesperanza por sabiduría
Claudia González reconoce que su fuerza proviene de su familia, amigos y diversas personas que la sostuvieron en los momentos más difíciles.
Fueron esas personas las que «llegaron a sustituir la tristeza y la desesperanza por sabiduría, oración y palabras de aliento que me ayudan a retomar mi camino».
Asegura que existen muchas anécdotas que le gustaría compartir porque le dan alegría y esperanza.
«Como la carta que recibí de don Chico Palas, un defensor de la vida, el agua y el territorio en Huehuetenango».
En su carta él le contó cómo vivió un encarcelamiento injusto por defender el agua en su comunidad, algo que provocó en la abogada empatía y mucha fortaleza.
Recuerda que también le conmovió un poema de María Isabel Grijalva.
Para González es importante que exista control de la ciudadanía sobre las acciones de jueces y magistrados, así como el seguimiento a los procesos para su elección.
Ese control ciudadano «no afecta la independencia judicial, al contrario, valida sus decisiones cuando se ajustan a la ley», finaliza.
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