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Persecución a la prensa continúa: hay 25 periodistas en el exilio

El Ministerio Público insiste en perseguir periodistas, mientras el presidente Bernardo Arévalo asegura que su gobierno «cree en la libertad de prensa». Según la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), alrededor de 25 periodistas están en el exilio por la censura, agresiones o persecución. En este contexto adverso, la condena contra los agresores de la periodista Norma Sancir establece un precedente de justicia.

Jose Rubén Zamora, periodista y fundador de elPeriódico, permanece detenido desde el 29 de julio de 2022. Lleva más de 560 días en la cárcel.  El 5 de febrero debía …

Jose Rubén Zamora, periodista y fundador de elPeriódico, permanece detenido desde el 29 de julio de 2022. Lleva más de 560 días en la cárcel. 

El 5 de febrero debía empezar el segundo juicio en contra de Zamora. El Ministerio Público (MP) lo señala por supuesta obstrucción a la justicia. Pero el juez Jimi Bremer suspendió la audiencia. Ese día, Bremer dijo que la suspensión era debido a que tenía que asistir a una citación del Consejo de la Carrera Judicial en ese momento. 

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) se pronunciaron por la persecución penal en contra de Zamora y la criminalización de periodistas que persiste. 

«El encarcelamiento del periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, se ha convertido en un monumento flagrante e ineludible a la violación de la libertad de prensa en Guatemala… todos sabemos que se trata de un juicio espurio, que se originó en un intento de convertirlo en un castigo ejemplar por lo que él publicó», expuso Artur Romeu de RSF.

Zamora enfrentó un primer proceso penal en 2023. El MP buscaba una condena de 40 años por tres delitos: lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El Tribunal decidió condenar a Zamora sólo por lavado de dinero y dictó sentencia por la pena mínima de seis años. 

Pero este juicio deberá repetirse. El 12 de octubre de 2023, la Sala Segunda admitió la apelación de la Procuraduría General de la Nación. Los magistrados ordenaron anular la condena y repetir el debate oral.

«Aunque se anulara la sentencia, él (Zamora) sigue detenido, esperando un nuevo juicio con base en una orden de prisión provisional. Esta orden debe cambiar por medidas sustitutivas de arresto domiciliario. Es inexplicable, inaceptable. Zamora tiene que estar libre ahora», sostuvo Romeu, director para América Latina de RSF, quien estuvo en Guatemala los primeros días de febrero.

La presidenta de la APG, Ana Cárdenas, informó que han contabilizado alrededor de 25 periodistas en el exilio. 

«Tenemos prácticamente 10 años de estar tratando de sobrevivir, porque los que han pasado la línea de la censura y autocensura han tenido que migrar a otros países para salvar su vida. Tenemos contabilizados 25 periodistas que están en el exilio», aseguró Cárdenas.

[Te puede interesar: De la entrevista al banquillo o al exilio: criminalización a periodistas]

La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum, junto al relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, lideran una comitiva que se encuentra en Guatemala. El 12 de febrero, esta comitiva visitó a Jose Rubén Zamora en su celda en la prisión de Mariscal Zavala.

«La CIDH se encuentra en Guatemala por invitación del nuevo gobierno para dar seguimiento a la medida cautelar vigente del periodista José Rubén Zamora, a quien la delegación está escuchando», compartió la CIDH en su cuenta de la red social X.

Ministerio Público insiste en persecución 

En febrero de 2023, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP anunció que investigaba a seis periodistas y tres columnistas de elPeriódico. La FECI los señaló de supuesta obstrucción a la justicia por sus notas y columnas publicadas en elPeriódico sobre el proceso judicial en contra de Jose Rubén Zamora.

Por esa criminalización los nueve tuvieron que marcharse del país. 

El 8 de enero de 2024, la jueza Aurora Gutiérrez, del Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, resolvió que el caso es competencia de un tribunal de imprenta y no debe continuar por la vía penal, tal como lo establece la Ley de Emisión del Pensamiento. 

Gutiérrez mencionó una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, del 22 de noviembre de 2018, sobre una vulneración al derecho de libertad de expresión, como parte de la jurisprudencia en el derecho penal.

Periodistas han realizado diversas protestas en rechazo al acoso y la criminalización. Foto: Christian Gutiérrez, Ocote.

«No quiere decir que el Ministerio Público no puede realizar una investigación, si no que existe un procedimiento establecido, que es el juicio de jurados, donde debe establecerse la responsabilidad de cada una de las publicaciones», indicó Gutiérrez. 

Pero el MP apeló la decisión de la jueza Gutiérrez. La fiscalía insiste en continuar la persecución penal en contra de los periodistas y columnistas que trabajaban de planta en elPeriódico

De momento, todavía no ha sido resuelto el recurso. Los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones deberán definir si mantienen firme la decisión de la jueza de trasladar el caso a un tribunal de imprenta o si reactivan la persecución penal.

Una condena que llega casi diez años después

La persecución y criminalización contra periodistas no es reciente. El gremio periodístico ha sido perseguido por realizar su trabajo. 

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, la periodista Norma Sancir fue detenida y encarcelada. El 18 de septiembre de 2014, Sancir fue arrestada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras cubría una protesta comunitaria en Camotán, Chiquimula. Permaneció en la cárcel por cinco días.

Sancir es una periodista maya kaqchikel, colaboraba con la Asociación Nuevo Día y el medio Prensa Comunitaria. Ese día llegó a realizar la cobertura en el área del puente Jupilingo, cerca de la frontera con Honduras.

En las jornadas de protestas, las comunidades exigían la creación de una Ley de Desarrollo Rural. La PNC había acudido minutos antes y comenzó a lanzar bombas lacrimógenas contra población del pueblo ch’orti’ que manifestaba en el lugar.

Cuando Sancir se acercó al puente, una patrulla se cruzó en su camino y tres agentes la detuvieron. Ella se identificó como periodista: llevaba su gafete y chaleco. Sin embargo, la encarcelaron.

Un comisario y dos agentes de la PNC fueron procesados por la detención ilegal y agresión a la periodista. Todo el tiempo permanecieron en libertad. La defensa mantuvo una estrategia de retrasar el proceso, que tuvo al menos 14 suspensiones. 

Casi diez años después, el pasado 31 de enero de 2024, el juez Jorge Douglas Ochoa Loyo del Tribunal de Sentencia de Chiquimula decidió condenar al comisario Caferino Salquil y a las agentes Olga Leticia Segura y Mirna Marleni Agustín. 

«Es una sentencia que deja precedentes para poder seguir ejerciendo de forma libre la libertad de expresión y la libertad de prensa, para que se respete el periodismo en Guatemala y no se siga estigmatizando al periodista comunitario», afirmó Sancir tras conocer la condena. 

Francisco Vivar, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), fue uno de los abogados que representó a la periodista durante el proceso judicial. 

«Con esta sentencia hemos logrado un precedente para el gremio periodístico, ya que han sido víctimas de muchos abusos de parte de la policía. Ha sido un proceso que duró casi diez años, es desgastante y no cualquiera lo soporta», señaló Vivar. 

[Lee también: Suspendido dos veces: el juicio contra agresores de la periodista Norma Sancir]

Programa de protección a periodistas sigue pendiente

El 6 de febrero, un día después de que se suspendiera el segundo juicio en contra de Zamora, el presidente Bernardo Arévalo lamentó la criminalización que ha sufrido y también otros periodistas que han salido al exilio. 

«Este gobierno cree en la libertad de prensa, este gobierno entiende la función del periodista. Estamos conscientes de que no hay democracia sin libertad de expresión. Y no hay libertad de expresión sin una prensa libre», declaró Arévalo.

El mandatario asegura que trabajarán para que no se persiga a más periodistas. «Todos juntos vamos a trabajar para que no haya más periodistas que vayan a la cárcel y que sean perseguidos por cumplir su función de informar en libertad y con responsabilidad».

Oswaldo Samayoa, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), se ha reunido con integrantes de la APG y periodistas no agremiados. Samayoa confirmó a Ocote que, a corto plazo, buscan activar un programa de protección de defensores de derechos, el cual incluirá a los periodistas. 

A mediano plazo, Samayoa comenta que el gobierno impulsará que se retome la creación de un programa de protección a periodistas. En 2012, el gobierno de Pérez Molina se comprometió a establecer este mecanismo de protección, pero doce años después esto aún no se concreta. 

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¿Quieres apoyar para que más personas conozcan las vulnerabilidades que enfrenta el gremio periodístico en Guatemala? Puedes leer y compartir esta información. Aquí te dejamos algunos enlaces:

Guatemala: la misión de RSF sitúa la liberación de Jose Rubén Zamora como prioridad urgente del nuevo gobierno

Human Rights Watch: caso Guatemala – informe mundial 2023

PDH 2022: informe de monitoreo sobre la implementación del Programa de Protección a Periodistas

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Angélica Medinilla

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