El juicio en contra de las agentes Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortiz, Olga Leticia Segura y el comisario jubilado Ceferino Salquil Solval está programado para el 28 de junio próximo.

Los cuatro son acusados de haber detenido a la periodista Norma Sancir el 18 de septiembre de 2014. 

Ese día se realizaba la segunda jornada de protestas en varios puntos de Guatemala. Comunidades exigían la creación de una Ley de Desarrollo Rural. Sancir llegó a realizar la cobertura al puente Jupilingo, en Camotán (Chiquimula), en la frontera con Honduras. Colaboraba con la Asociación Nuevo Día y el medio Prensa Comunitaria.

La Policía Nacional Civil (PNC) había acudido minutos antes y comenzó a lanzar bombas lacrimógenas contra el pueblo ch’orti’.

Cuando ella se acercó al área del puente, una patrulla se cruzó en su camino y las tres agentes la detuvieron. Ella se identificó como periodista: llevaba su gafete y chaleco. Aun así fue detenida.

La procesaron por atentado, desorden público y agresión a la autoridad. Pasó cinco días detenida en la cárcel Los Jocotes, en Zacapa. Después fue presentada ante el juez de turno de Chiquimula, quien de inmediato la dejó en libertad por falta de pruebas.

La lucha por encontrar justicia

Días después Sancir, maya kaqchikel, decidió presentar una denuncia en contra de las agentes que la capturaron y el comisario que dio la orden. 

Jovita Tzul, abogada del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) que lleva el caso, encontró que había suficiente respaldo para empezar un proceso contra los policías por abuso de autoridad. 

Además, Sancir vio importante que se reconozca el trabajo de las periodistas comunitarias, especialmente el de las mujeres mayas. Según consta en la misma acta de detención, a pesar de que la periodista se identificó como tal, al momento de presentarla ante el juez el parte policial indicaba que era «instruida y ama de casa». 

Para Tzul  esto demuestra que hay una discriminación contra las mujeres mayas y el nulo reconocimiento a su labor como profesionales. 

«Ocurre en todos los ámbitos, pero en el periodismo comunitario más. Esto demuestra que para la autoridad ver a una mujer en una protesta solo puede representar a una ama de casa que es manifestante», dice la abogada.

Tzul asegura que durante estos casi nueve años, la defensa de los agresores «ha utilizado como estrategia demeritar el trabajo de Norma. Decir: “Era una persona más ahí, otra persona que parecía igual manifestante, ¿cómo iba a saber la Policía que era una periodista?”»

«Tenemos información testimonial de Norma, de personas que presenciaron su detención, documentación que demuestra que ella se identificó según su profesión y no le hicieron caso, pero también presentaremos peritajes psicológicos, medico forenses…», asegura la abogada.

Entre los peritajes, cuentan con el de un experto que hablará sobre «el difícil rol del periodismo comunitario, porque a lo largo del proceso la defensa ha tenido la estrategia de demeritar la profesión de Norma».

Los retrasos en el proceso

Cuando Sancir decidió denunciar a los policías, no imaginó que el proceso demoraría tanto tiempo ni que hubiera tantos tropiezos.

La etapa inicial se llevó a cabo entre 2014 y 2021 (un proceso que por ley, y sin contratiempos, debería durar tres meses). En este tiempo se recopilaron los indicios y se presentaron los cargos. 

En dos ocasiones, jueces de turno ordenaron falta de mérito a favor de los policías y la representación de Sancir debió solicitar que otro juzgador conociera el caso y reiniciar la acusación.

Por intervención de CALDH, la investigación fue separada de la Fiscalía de Chiquimula y enviada a la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, en Ciudad de Guatemala.

En la etapa intermedia, un tercer juez valoró las pruebas y ordenó la apertura a juicio. Las audiencias se retrasaron 12 veces. Lucio Vásquez Rodríguez, el abogado de las cuatro personas acusadas, faltó a las audiencias en reiteradas ocasiones y con diferentes argumentos.

Presentó excusas por problemas de salud y fue necesario en un par de ocasiones que el juez le ordenara presentarse o sería conducido por la Policía.

«Estas han sido prácticas permanentes de litigio malicioso por parte del abogado cuya intención es retardar el proceso», ha indicado la abogada Jovita Tzul. Ocote trató de comunicarse con Vásquez Rodríguez para consultarle acerca de este señalamiento, pero ninguna de las partes procesales tenía su contacto o quiso facilitarlo.

Finalmente, después de siete años, en septiembre de 2021, el juez de turno de Primera Instancia ordenó enviar a juicio a las tres agentes y al comisario, que ya está jubilado. La audiencia de apertura a juicio se programó para el 28 de septiembre de 2022, en el Tribunal de Sentencia de Chiquimula.

Pero una nueva excusa del defensor obligó al juez Jorge Douglas Ochoa, presidente del Tribunal, a reprogramar la audiencia para el 17 de mayo. 

En esta ocasión, el abogado Vásquez Rodríguez sí llegó a la audiencia. Lo hizo junto con tres de sus defendidos. Pero esta vez se ausentó la agente Marcelina López Pérez, quien se encuentra de alta en la Comisaría de Chiquimula.

De nuevo, el inicio del juicio fue reprogramado. Esta vez para el próximo 28 de junio. El juez Ochoa advirtió al abogado defensor que, de no presentarse ella, será declarada en rebeldía y emitirá una orden de arresto para asegurar su participación en el debate en su contra.

El difícil trabajo de ser periodista comunitario

Simón Antonio, periodista maya q’anjob’al, ha dado cobertura al caso de su colega desde Prensa Comunitaria. Confirma no solo el retraso de la defensa de las agentes y el comisario jubilado, sino también lo difícil que es ser periodista en las comunidades.

«Este juicio es una radiografía de cómo el sistema de justicia trata las denuncias de periodistas comunitarios. Como los juicios se desarrollan en los departamentos, no se les presta mayor atención, como sí ocurriría si fuera en la capital», asegura.

Antonio ha visto cómo en el juicio contra Sancir, las agentes y el excomisario se han visto protegidos por el sistema. «Primero, cuando en la etapa inicial, en dos ocasiones recibieron falta de mérito y fue necesario seguir luchando para que otro juez conociera el caso y lograr llegar al juicio. Esto demuestra que el Estado protege a sus agentes».

Fue precisamente a partir de 2020, con el acompañamiento de CALDH, que el caso avanzó un poco más.

«Hay que dejar claro que lo que se busca no es enviar a prisión a ningún agente, pero sí demostrar la responsabilidad de la autoridad en el abuso. Con ello, lograr que tanto la Procuraduría General de la Nación, como la Policía inicien a trabajar en sus agentes para que reconozcan y respeten el trabajo de las y los periodistas comunitarios», asegura la abogada Tzul.

Sancir reconoce que es cansada la espera y que la justicia es lenta. Pero la periodista asegura que no descansará ni la desmotivarán para lograr una condena y que se reconozca el derecho de hacer periodismo en las comunidades.

Otras criminalizaciones de periodistas comunitarios

Carlos Choc y Jerson Xitumul, periodistas de Prensa Comunitaria en El Estor, Izabal, fueron criminalizados en agosto de 2017, cuando la Compañía Guatemalteca de Níquel los acusó de ser parte de un grupo de campesinos que protestaban en contra de la operación minera. Fueron detenidos meses después y encarcelados varios días. Luego los dejaron en libertad bajo fianza.

En 2021, Carlos Choc volvió a ser criminalizado por la misma minera y emitieron otra orden de detención en su contra. Esta vez, 13 agentes de la PNC aseguraban que Choc los había agredido. En ambos casos, el Juzgado de Primera Instancia de Puerto Barrios decretó falta de mérito en 2022.

Según una investigación de Prensa Comunitaria, en alianza con medios internacionales, la minera pagó por años a la PNC, a autoridades locales y a medios de comunicación tradicionales para manipular información, ocultar el daño en la región por la operación minera y criminalizar a quienes se oponían.

Anastasia Mejía Tiriquiz, directora de Xol Abaj Radio y Xol Abaj TV, en Joyabaj, Quiché, fue detenida el 22 de septiembre de 2020, acusada de sedición, atentado con agravación específica, incendio agravado y robo agravado. Esto ocurrió tras una denuncia del alcalde Florencio Carrascosa Gámez.

Carrascosa la señaló por unos incidentes ocurridos un mes antes. La periodista permaneció 37 días en prisión hasta que un juez estableció que no había pruebas suficientes contra ella. La comunicadora emprendió un proceso en contra del alcalde y una Sala de Apelaciones ordenó retirarle la inmunidad en 2021.

Luego de varias acciones de retraso del caso, la Corte de Constitucionalidad favoreció a Carrascosa en febrero pasado, con el argumento de que no hay indicios de violencia contra la mujer, en la persecución que él tuvo en contra de la periodista, y ahora busca reelegirse para un quinto mandato.

El 16 de julio de 2022, Robinson Ortega, periodista de Relax TV, cubría una protesta en contra de la municipalidad de Siquinalá, Escuintla, por falta de agua. Documentó cuando agentes de la PNC agredían a varias mujeres. Ese día también fue golpeado —motivo por el que lo trasladaron a un hospital— y detenido.

Se le acusó de atentado y agresión en contra de la Policía. Luego de cinco días en prisión, fue dejado en libertad por falta de pruebas. 

El periodista presentó una denuncia en contra de sus agresores, la cual fue desestimada por el Ministerio Público en octubre de 2022. Un mes después, fue notificado que una Sala de Apelaciones había reactivado el caso en su contra, pero ahora, por agresión en contra de una agente de la PNC.

«Esto nos demuestra que la violencia de Estado que sufrió Norma Sancir en 2014 no está lejos de las prácticas que ocurren actualmente. Es una política de criminalización de todo el que esté enfrente de la Policía durante un incidente, cuando deberían tener un protocolo de acción para con los periodistas que están ahí trabajando», finaliza Simón Antonio.

Fotografía de portada: Simón Antonio/Prensa comunitaria