El año en que las mascarillas saturaron las calles y las personas desabastecieron de papel higiénico los supermercados, fue un año álgido para la violencia y la criminalización dirigida a periodistas en Guatemala. Estos sucesos se relacionan con el primer año de gobierno del médico y presidente Alejandro Giammattei Falla, quien durante la pandemia por covid-19 aseguró querer imponer un toque de queda para los medios de comunicación. Para 2020, el Ministerio Público registró 210 denuncias de violencia contra la prensa, de las cuales el 45% fueron desestimadas. La violencia y la criminalización a periodistas se ha traducido en impunidad, prisión y exilios.
Entre 2020 y 2022, el Ministerio Público (MP) recibió 407 denuncias de periodistas que alegaban amenazas, detención ilegal, difamación, extorsión, lesiones, violencia contra la mujer, entre otros delitos como chantaje o discriminación. Muchas de estas implican a autoridades estatales.
Durante este período hubo periodistas que por señalar las labores de autoridades gubernamentales, terminaron en prisión: la directora de Xolabaj TV, Anastasia Mejía Tiriquiz, quien fue denunciada por el alcalde de su municipio y estuvo en prisión por 37 días, tras dar cobertura a una manifestación y Sonny Figueroa, agredido y conducido a prisión por agentes policiales, en un período en el que como periodista denunció hostigamiento y amenazas, por sus críticas al ejercicio gubernamental.
Hubo acusados y denunciados por supuestas violencias a partir de piezas periodísticas: Pavel Vega fue denunciado penalmente por acoso, amenaza y extorsión por Miguel Martínez, después de cuestionar su relación con Giammattei, sus nexos empresariales y su idoneidad para ejercer puestos estatales, en un reportaje de Plaza Pública.
Cristian Vélix, Gerson Ortiz y José Rubén Zamora fueron señalados de supuesta violencia contra la mujer tras revelar una contratación con posible nepotismo de la hija de una magistrada de la Corte de Constitucionalidad.
Zamora, quien fue director y fundador de elPeriódico, está en prisión desde julio de 2022 por un caso de lavado de dinero. Su detención llevó al cierre del medio de comunicación en marzo de 2023.
Algunos periodistas tuvieron que salir de sus comunidades, o del país, por amenazas contra su vida y por temor a represalias: Carlos Choc se desplazó de su comunidad en el departamento de Izabal, por amenazas contra su vida.
Andrea y Lucía Ixchiú fueron heridas por un grupo de personas que talaba árboles de forma ilegal en el departamento de Totonicapán, tras documentar los actos. También han sido amenazadas en redes sociales y han sufrido campañas de desprestigio.
Ambas se encuentran en el exilio, al igual que más de veinticinco periodistas que han salido del país, según Marielos Monzón, integrante del colectivo de periodistas No Nos Callarán.
Además, se mantuvo la constante de recibir ataques a través de redes sociales, por parte de cuentas cercanas al Ministerio Público, y se agrega el discurso peyorativo de Giammattei, quien desde que tomó posesión de la Presidencia ha cuestionado el trabajo de periodistas.
A estas acciones, la organización Human Rights Watch las ha señalado como «una retórica beligerante de acusaciones falsas hacia los medios de comunicación».
«Los jefes de Estado son plenamente conscientes y ejercen este tipo de acción autoritaria sobre el cierre de espacios para silenciar al periodismo que les disgusta. Eso les permite mantener su poder lo más sólido posible», asegura Juan Luis Font, codirector del programa radial y televisivo ConCriterio, quien se encuentra en el exilio por investigaciones del MP, tras acusaciones de un exministro de Comunicaciones.
Catalina Botero, abogada y exrelatora para la Libertad de Expresión (2008-2014) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que el discurso estigmatizante de las autoridades influye en el avance de la violencia contra periodistas, porque legitiman la violencia contra la libertad de expresión.
Al respecto, Guatemala, como un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), está obligada a promover el periodismo como parte fundamental de la democracia y de la defensa de los derechos humanos.
Sin respuestas del Estado
El crecimiento de denuncias por violencia a periodistas a causa de su trabajo en Guatemala, es una problemática con trayectoria. La violencia contra periodistas tiene uno de sus puntos álgidos más cercanos en el conflicto armado interno de Guatemala, que sucedió entre los años 1960 y 1996.
La organización defensora de periodistas Artículo-19 recopila que «según estimaciones del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), fueron asesinados por lo menos 342 periodistas y desaparecidos otros 126».
En su informe del año 1993, la CIDH señaló los ataques que entonces sucedían en contra de periodistas e hizo énfasis en que existían limitaciones y atentados contra la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas.
Tras el final del conflicto armado interno, la violencia se dirigió contra radios y periodistas comunitarios, donde se mantuvo por décadas. Según Artículo-19, a principios del siglo XXI se dio un aumento en las denuncias de periodistas que trabajaban para estas radios, a causa de detenciones temporales de los operadores o decomiso de equipo.
Una violencia y criminalización que no eran tan visibles como ahora: «no tenemos seguridad como lo tienen los periodistas que trabajan en la ciudad», escribió Danilo López, corresponsal de Prensa Libre, un año antes de su asesinato en 2015. Una situación que también señalaba quien un año después fuera asesinado: el periodista y director del radionoticiero «Acontecer Coatepecano», Álvaro Aceituno.
Al respecto, las autoridades gubernamentales han dado respuestas poco concisas. En 2012 fue presentado un plan de protección para periodistas que no llegó a ser ejecutado, como iniciativa del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxanna Baldetti, quienes han sido juzgados por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude.
En 2019 fueron creadas la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), y la Fiscalía de Delitos contra Periodistas en el MP. Sin embargo, la violencia y criminalización no cesan, aumentan.
Aunque la Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha centralizado las denuncias y demandas de justicia de periodistas en Guatemala, las cifras no hablan de una progresión en la protección de la libertad de expresión y el libre ejercicio de los medios.
«Los periodistas tenemos no solo el derecho, sino la obligación de pelear por estos derechos que son nuestros», asegura Font.
El Estado investiga poco y criminaliza
De las 1,573 denuncias que recibió la Fiscalía de Delitos contra Periodistas en los últimos tres años (2020-2022), revisadas en febrero de 2023, únicamente en 65 casos habían recibido sentencia, 347 estaban en investigación y 704 habían sido desestimados.
Una realidad no alejada de lo que sucede en las demás fiscalías del MP, pues en 2021 habían sido desestimadas el 69% de las denuncias presentadas entre 2017 y 2020, según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Del total, solo el 7.26% había alcanzado una sentencia.
Según un reportaje de Plaza Pública, la desestimación de casos es una estrategia que forma parte de un plan de agilización de procesos presentado por la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, quien está al frente del MP desde 2018.
El proyecto involucró la inauguración de 68 agencias fiscales para conocer delitos que contemplan penas en cárcel de menos de cinco años. Entre las funciones de estas nuevas unidades está la de cerrar expedientes en plazos de hasta un mes, lo que significa resolver a partir de conciliar o desestimar.
Porras ha sido señalada por obstrucción y menoscabo a investigaciones en contra de la corrupción, por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y durante octubre de 2023, miles de ciudadanos guatemaltecos se movilizaron en un paro que tomó las principales carreteras del país durante al menos veinte días para exigir su renuncia, por esos señalamientos.
Este contexto ha implicado que el número de denuncias ante el MP por parte de periodistas disminuya. Según el gremio, la entidad estatal ha perdido credibilidad y por eso la periodista Melisa Rabanales dice que denunciar allí es como ir a pedirle al lobo que te cuide de sus propias mordidas.
A casi cuatro años del gobierno de Giammattei, el gremio de periodistas continúa denunciando la criminalización de autoridades hacia su trabajo. En 2023, la CIDH señala que el gobierno de Giammattei Falla no ha mostrado voluntad política para generar prevención, protección e investigación por la violencia contra periodistas.
También ve necesario que el Estado de Guatemala retome líneas de trabajo para cumplir su obligación de proteger la libertad de expresión, reducir la violencia contra periodistas y generar garantías para el ejercicio de un periodismo libre.
Este ensayo fue escrito con base en la tesis «Los riesgos de no guardar silencio. La criminalización al periodismo en Guatemala», presentada para la Maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina, de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Fue dirigida y asesorada por el politólogo Iván Schuliaquer.
