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Carlos Choc: firmo y nos vamos

El trabajo periodístico de Carlos Choc en El Estor, al nororiente de Guatemala, le ha costado dos denuncias penales: una de la minera Fénix y otra de un grupo de policías. Por la primera, cada mes debe ir al Ministerio Público de su municipio a firmar un libro de actas. Por la segunda, este año giraron una orden de captura en su contra. Choc ya no vive en El Estor, por seguridad, pero este mes le tocó regresar a la Fiscalía, con el riesgo de ser arrestado.

“Después de firmar podemos pasar a casa de mi hermana a traer unas cosas. Tengo que llevarle unos pantalones a mi hijo. También me gustaría pasar a mi casa por …

“Después de firmar podemos pasar a casa de mi hermana a traer unas cosas. Tengo que llevarle unos pantalones a mi hijo. También me gustaría pasar a mi casa por un equipo de sonido. Es que así puedo grabar bien mis entrevistas para que se escuche chilero”. 

Carlos Choc planifica con sus abogados la logística de su regreso a El Estor. Después de varias semanas de dudas, de incertidumbre, de cambios de planes; finalmente se decidieron: hoy, 6 de mayo de 2022, irá al Ministerio Público del municipio a firmar el libro de actas, como cada mes.

Es algo que ha hecho ya 38 veces, desde que el Juzgado de Instancia Penal de Izabal le impuso una medida sustitutiva en enero de 2019, tras una denuncia por amenazas que la minera Fénix había planteado en su contra dos años antes. 

Esta vez es diferente. Ahora irá a firmar sabiendo que hay una orden de captura vigente en su contra. Que podría ser capturado nada más ponga un pie en el Ministerio Público.

“Mi trabajo no es algo malo y sé que se resolverá sin problema”, dice. Está confiado, tranquilo. O al menos eso dice.

Carlos Choc, frente al Ministerio Público en El Estor. Fotografía: Angel Mazariegos Rivas.

Los casos en contra de Carlos Choc

Carlos Ernesto Choc Chub es un periodista comunitario, maya q’eqchi’. Su carrera en los medios se remonta a 2006, con 23 años, cuando empezó a trabajar como locutor en Cobán, Alta Verapaz, en la radio comunitaria Vida. Le invitaron a participar en un programa por su “buen timbre de voz”. “En ese entonces ni sabía qué era hacer periodismo”, asegura hoy entre risas.

Antes había trabajado como futbolista en Izabal. También con su padre, en la producción de velas y con su tío en un negocio de instrumentos musicales en Alta Verapaz. 

Los siguientes nueve años pasó por otras radios comunitarias del departamento. Hasta 2015. “Yo ya no quería hacer periodismo porque implica soportar injusticias sociales a las que das cobertura y eso desgasta. Pero la población seguía comunicándose conmigo para que cubriera algunas cosas”, cuenta. 

Ese año empezó su trabajo en la municipalidad de El Estor, como comunicador, pero el tema ambiental lo mantenía cercano al periodismo. Se dedicaba a denunciar en sus redes sociales “lo que pasaba en los ríos, las montañas, con la fauna… porque para nosotros los q’eqchi’es, es muy importante el cuidado de la naturaleza”.

En la municipalidad no estaban de acuerdo con esto. Lo despidieron. Así que volvió de lleno al periodismo. Primero, de manera independiente; después, en el medio digital Prensa Comunitaria.

Ahí, en 2017, cubrió una manifestación en El Estor. En mayo de ese año, un grupo de pescadores protestó, como tantas otras veces, contra la empresa Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).

Fénix es un proyecto minero propiedad de Solway Investment Group, una multinacional de capital ruso con sede en Suiza, que opera en el país a través de la CGN y de la Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico). Esta filial adquirió los derechos de Fénix en 2011, aunque el proyecto funciona desde 2006, cuando le fue otorgada la licencia de explotación. La CGN también adquirió los derechos del proyecto minero Niquegua Montúfar II.

Desde sus inicios, la explotación de níquel en El Estor ─que comenzó en la década de los setenta, entonces bajo el nombre de Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal, S.A. (Exmibal)─ ha enfrentado la oposición constante de los habitantes del municipio

En 2017, la Gremial de Pescadores Artesanos señaló a la CGN de contaminar el lago de Izabal, tras descubrir una mancha roja en el agua, que les impedía pescar. 

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Carlos Choc dio cobertura a esta protesta, que terminó con la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC). En medio de la manifestación, en la que retumbaban las bombas lacrimógenas, las piedras rebotaban y las balas de los cuerpos de seguridad silbaban entre los pescadores, un pescador murió. Una de esas balas atravesó el corazón de Carlos Maaz Coc. 

Choc fotografió el cuerpo de Maaz, tirado sobre el pavimento de una calle, en medio del enfrentamiento. Con su fotografía, se confirmó que en esa manifestación había habido muertos. 

“Estamos lamentando la muerte del señor Carlos Maaz. No había necesidad de llegar a ese extremo, cuando teníamos una mesa de diálogo instalada”, dijo en mayo de 2018 el exministro de Ambiente, Sidney Samuels, sin señalar responsables. 

A la fecha, cinco años después, el Ministerio Público no da respuesta los avances de la investigación del homicidio o sobre las consecuencias para las personas implicadas. 

Pero Carlos Choc sí tuvo consecuencias. Después de la protesta, recibió amenazas por teléfono y se vio obligado a huir de su casa con su hija y su hijo. Desde entonces, su presencia en El Estor fue intermitente. Regresó, pero cada cierto tiempo salía del municipio. Dejó de sentirse seguro. 

En agosto de 2017 la minera Fénix lo denunció a él; a Jerson Xitumul Morales, otro colega periodista de Prensa Comunitaria; y a 10 pescadores de El Estor. Fueron señalados de detención ilegal, amenazas, instigación a delinquir y asociación ilícita.

Después de la denuncia, el Ministerio Público inició una investigación contra Choc. Según la Fiscalía, el periodista fue parte de un grupo de ciudadanos que bloqueó una carretera y retuvo a cuatro trabajadores de la mina. El periodista negó esto entonces y lo sigue negando hoy. Asegura que no estuvo involucrado en este suceso.

Héctor Reyes Chiquín, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la organización que ha llevado la defensa legal de Choc desde entonces, asegura que esta denuncia no tiene sustento: “Es claro, según la documentación que tenemos y la falta de pruebas del MP, que Carlos Choc se ha dedicado a hacer su trabajo de periodista”, resume.

El avance de este caso ha sido lento. Héctor Reyes explica que la audiencia de primera declaración se aplazó al menos diez veces, entre 2017 y 2019. Un año y medio después de la denuncia, en enero de 2019, el juez Edgar Aníbal Arteaga López realizó la audiencia en la que lo ligó a proceso y dictó medidas sustitutivas. A Carlos Choc y a los otros 11 implicados.

“No acercarme a la planta minera, no acercarme a la colonia ni a los trabajadores de la mina, no acercarme a sitios donde vendan bebidas alcohólicas… Eso y firmar el libro cada 30 días son las medidas sustitutivas. Pero no tengo arraigo”, detalla Choc. Además de no acercarse a los demás denunciados, según agrega Reyes.

No tiene arraigo, no tiene arresto domiciliario, pero cada mes debe avisar a las autoridades que se encuentra en Guatemala. Desde que el juez Arteaga dictó estas medidas, hace tres años, el caso no ha avanzado. 

Carlos Choc en El Estor. Fotografía: Angel Mazariegos Rivas.

***

La segunda denuncia en contra de Carlos Choc también está relacionada a protestas en contra de la minera Fénix. 

En octubre de 2021, Choc cubría otra jornada de manifestaciones en contra de la empresa. Durante 20 días, pobladores de El Estor denunciaron que el Ministerio de Energía y Minas, a cargo de Alberto Pimentel Mata, había excluido a las autoridades indígenas de la consulta popular. Además, protestaron por los daños ambientales y porque la empresa operaba a pesar de una prohibición de la Corte de Constitucionalidad, que le había ordenado detener su actividad.

Para silenciar las protestas, el Gobierno de Alejandro Giammattei, declaró un Estado de Sitio en El Estor. Prohibió las manifestaciones, impuso un toque de queda y aumentó la presencia militar durante 30 días. El Gobierno realizó 55 allanamientos y 72 capturas, aunque nunca especificó si todas esas personas habían participado en las manifestaciones.

Uno de esos allanamientos fue a la casa de Carlos Choc. El 26 de octubre de 2021, durante el Estado de Sitio, el Ejército y la PNC entraron a su vivienda. Él no estaba ahí, pero, según cuenta, algunos vecinos le dijeron que los agentes policiales y los militares entraron a las seis de la mañana, voltearon su cama y registraron sus cosas. “Días antes un camión derribó el portón de mi casa, supuestamente porque iba a arreglar la calle. Pero botó mi portón”, asegura el periodista.

Después del allanamiento, 13 agentes de la PNC denunciaron a Choc y a 11 pescadores de “instigación a delinquir”. Algunos de esos pescadores también habían sido los denunciados junto a Choc por las protestas de 2017. Esta vez, los agentes dijeron que tanto los pescadores como el periodista los habían golpeado. Choc lo niega. 

“Contamos con el material documentado por Carlos que (confirma que) él estuvo dando cobertura a los hechos en octubre de 2021. Ese caso debe ser desestimado porque se incluye a un periodista como si fuera un manifestante más”, dice Reyes. 

En enero de 2022, tres meses después de la denuncia de los policías, un juzgado de Puerto Barrios, a 121 kilómetros de El Estor, en Izabal, giró una orden de captura contra el periodista y contra los 11 pescadores. 

Choc asegura que no se enteró de esta orden hasta abril de 2022, cuando detuvieron a Julio Anselmo Toc, hijo del vicepresidente de la gremial de pescadores. Toc pasó varios días en prisión y finalmente fue ligado a proceso, aunque el juez le benefició con medida sustitutiva. 

Fue entonces cuando Choc decidió salir de El Estor por tiempo indefinido. Su ubicación es conocida por un pequeño grupo de personas y no se revela por seguridad.

El caso contra Choc se ha hecho público en medios nacionales e internacionales, como el especial periodístico Mining Secrets, publicado en marzo de 2022, en el que medios como Prensa Comunitaria en Guatemala, El País en España, Proceso en México, El Faro en El Salvador, Le Monde en Francia y The Guardian en Reino Unido, investigaron una filtración de ocho millones de documentos. 

La publicación reveló, entre otros aspectos, el encubrimiento de daños ambientales por parte de la minera Fénix y su relación de privilegios con el Estado de Guatemala.

En uno de los reportajes de Mining Secrets se asegura que, según uno de los correos filtrados, cuando el equipo de El País viajó a El Estor en 2019 para documentar el caso contra Choc, “fueron espiados con drones y fotografías durante su cobertura”. 

Hasta ahora, no han capturado a ninguno de los otros denunciados, que también tienen orden de arresto. Pero el temor y la incertidumbre persisten. Cuatro de las personas con orden de captura también están ligadas a proceso por el otro caso, el de las protestas de 2017. Así que cada mes deben ir al Ministerio Público de El Estor a firmar el libro de actas.

Desde que se giró la orden en enero, Carlos Choc ha ido tres veces al Ministerio Público a anunciar que sigue en el país. Esas tres veces, igual que todas las anteriores, iba confiado. Desconocía que podía ser capturado. Esta vez va advertido.  

Carlos Choc en el vehículo en el que viajó a El Estor. Fotografía: Angel Mazariegos Rivas.

“Firmo y nos vamos”

La carretera CA-9 está repleta de tráileres que van y vienen en dirección a la zona portuaria del Atlántico. Las ventanas del vehículo van bajadas y el calor de Izabal entra con permiso. Según el termómetro del auto, estamos a  36 grados centígrados.

Choc está habituado a esta temperatura. Parece tranquilo, y antes de recostarse para dormir, contempla el paisaje desértico de árboles secos, tierra árida y planicies.  

La comitiva que lo acompaña a El Estor a firmar el libro de actas va integrada por Jennifer Torres, defensora de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), el abogado César Canil, en representación de CALDH, y un piloto de Udefegua.

Desde 2018, cuando era citado a audiencias que luego se suspendían, lo han acompañado varios abogados para entender el contexto y para asesorarle sobre los pasos a seguir. 

El Bufete de Derechos Humanos, CALDH, la Defensoría de Periodistas de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y Udefegua han hecho hincapié en que por su labor no debería haber sido incluido en las dos denuncias junto al grupo de manifestantes. 

“De existir un caso en su contra debe ser tratado aparte, desde su condición de periodista”, indica Reyes. 

En el último mes, desde que supo que había una orden de captura en su contra, Choc ha dedicado su tiempo a releer el caso, a conocer las causas por las que lo señalan y a investigar qué podría pasar si lo detienen. Siempre lo ha tenido claro: pase lo que pase va a enfrentar la justicia. 

“Si me meten preso, me siento acuerpado”, dice. Asegura que tiene el apoyo de colegas en Izabal, en Guatemala y en el extranjero. “Mis colegas de Europa me escriben todo el tiempo para estar pendientes. (Si me capturan), podría haber consecuencias internacionales”, añade. Dice que mantiene comunicación con Amnistía Internacional y con el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) para informarles sobre su situación.

Carlos Choc y su abogado frente al Ministerio Público de El Estor. Fotografía: Angel Mazariegos Rivas.

El plan hoy, 6 de mayo de 2022, es que Carlos llegará a la fiscalía de El Estor, cumplirá con la firma en el libro de actas y saldrá del municipio. Choc y su equipo de abogados lo discutieron durante semanas. La idea es mantener un perfil bajo, no llamar la atención, y esperar que no lo capturen, igual que pasó con los otros pescadores que ya han ido a firmar este mes. Igual que pasó desde enero, cuando se giró la orden de captura.

Esta mañana, El Estor emana calma. Las personas andan sin apuro por las calles de terracería, entre árboles, terrenos vacíos y casas, algunas de block, otras de madera. Unos pollos buscan comida entre la tierra de la calle. Aparentemente, todo está normal. Es un día más en el municipio. 

En la agencia fiscal del Ministerio Público nadie espera la llegada de Choc. Desde afuera, la casa que sirve de oficina, con paredes blancas, en medio de un jardín con maleza alta, parece vacía. 

“Solo firmo y nos vamos”, dice Choc, confiado. Un agente de la PNC que está en la entrada de la fiscalía le pide el documento único de identificación (DPI) y anota su nombre en un cuaderno. Le dice que se siente a esperar en una silla plástica. 

Y aquí empiezan ocho minutos que parecerán eternos. No se sabe si hoy será detenido. 

En silencio, Choc agita las piernas con movimientos mecánicos. Sube y baja los talones. Se soba las muñecas, las manos. Luego las deja quietas sobre sus rodillas. 

Carlos Choc espera a que le llamen a firmar el libro de actas en el Ministerio Público. Fotografía: Angel Mazariegos Rivas.

Levanta la mirada hacia el techo, gira la cabeza hacia una pared del vestíbulo, hacia la otra, hacia la puerta. Se frota la cara con las manos. 

Desde donde está, no llega a ver al segundo policía, que prepara el libro de actas para que firme, dentro de la casa que hace de Fiscalía.

“Espero que esta sea la última vez”, dice esperanzado.

Choc recuerda entonces que lleva consigo su chaleco, con la palabra “prensa” impresa en la espalda. Minutos antes, en el auto, bromeaba: “Si saben que soy periodista van a querer que me vaya rápido”. 

Se lo pone, se levanta de su asiento y pide que le tome una foto junto a su abogado. “Que quede como recuerdo”, dice.

Carlos Choc en el Ministerio Público de El Estor. Fotografía: Angel Mazariegos Rivas.

Y entonces, al fin, el agente de la PNC lo llama para firmar. No deja que lo acompañen sus abogados. A diez metros de distancia de la sala de espera, notifica de forma oficial, una vez más, que está en El Estor, Izabal. 

Choc se apura. Los abogados lo observan desde afuera. Será cuestión de un minuto. Firma rápido y sale.

A pesar de tener una orden de aprehensión vigente, Carlos Choc no fue detenido.

Según César Canil, abogado de CALDH, su captura y la de los 11 pescadores no han sido prioridad para el Ministerio Público o para las demás partes implicadas. 

“El retraso puede deberse a factores internos de la institución, de investigación o de estrategia, por eso ahora estamos reuniendo toda la documentación posible para entregársela al juzgado de forma voluntaria”, dice el abogado. Está confiado en que si Choc presenta evidencia, se puedan solicitar medidas sustitutivas a cambio de la captura.

El exilio

Según Héctor Reyes, de CALDH, Choc no piensa salir del país. Sobre todo, por sus hijos. El periodista continúa en Guatemala pero hace casi dos meses que ya no vive en El Estor. No fue una decisión fácil. Extraña su casa, su pueblo, su gente y su trabajo.

En el vehículo en el que fue a firmar el libro de actas, Choc habla. Habla mucho y de muchos temas. Vaticina sobre quiénes serán los candidatos a la Presidencia de Guatemala el próximo año, menciona a futbolistas que nacieron en Izabal y llegaron a la selección nacional masculina y discute algunos temas periodísticos que ha dejado de cubrir por no estar en El Estor.

“Ahora tengo la inquietud de contar qué está pasando con la migración en El Estor. De noviembre de 2021 para acá supe de 35 personas que decidieron migrar a Estados Unidos, y eso supera lo regular”, dice. Está convencido: no dejó de hacer periodismo en 2015, cuando empezó a trabajar en la municipalidad de El Estor, y no dejará de hacerlo ahora, aunque haya tenido que irse de su municipio. 

Hoy por hoy, no hay muchos periodistas que trabajen en El Estor. Prensa Comunitaria mantiene un periodista en el terreno que da seguimiento a la resistencia comunitaria. “Hay más periodistas, pero manejan un discurso controlado por empresas y por la municipalidad”, dice Choc.

Según un informe de 2020 publicado por Artículo19, organización que promueve la libertad de prensa y la libertad de expresión, en Guatemala se ha criminalizado y atacado a la prensa sistemáticamente. El informe menciona la persecución a periodistas comunitarios y habla de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llama “zonas silenciadas”: los territorios de Guatemala en los que los periodistas comunitarios enfrentan violencia por el rechazo a proyectos extractivos, por parte de la ciudadanía, de alcaldes y otros funcionarios.

De enero de 2020 a marzo de 2022, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) registró 313 denuncias de agresiones contra la prensa en el país. Aseguran que en la mayoría de los casos “los responsables directos son miembros del Estado”. El informe de Artículo19, de hecho, resalta que los ataques a periodistas se intensificaron durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

“La situación de Carlos es preocupante porque, aunque no tenga arraigo, ha tenido que salir de su casa y su comunidad por seguridad”, señala Evelyn Blanck, coordinadora del Centro Civitas, una organización que trabaja en la protección de periodistas en Guatemala. “Esa no es la condición adecuada para la libertad de prensa en Guatemala. Él está dejando de cubrir lo que pasa en El Estor”, añade, 

“El mensaje es amedrentar a través de procesos judiciales; hacer ver que practicar periodismo, hablar de corrupción y de empresas extractivistas es un riesgo”, asegura Blanck, que recuerda que el trabajo de la prensa es fundamental para evidenciar las prácticas opacas e irregulares de autoridades y empresas en Guatemala.

***

Carlos Choc sale de la agencia fiscal de El Estor. Ahora sí, más tranquilo, puede pensar en ir a buscar el pantalón para su hijo y su equipo de grabación. Dos paradas rápidas en su casa y en la de su hermana y saldrá de El Estor. 

Carlos Choc llega a la casa de su hermana en El Estor. Fotografía: Angel Mazariegos Rivas.

Abre el portón de la casa de su hermana, que tiene un seguro manual, y la saluda. “Hola vos, solo vengo a traer unas chivas. Ropa…”, le dice a su hermana. Ella no se sorprende al verlo, ya lo esperaba. Le comenta que El Estor ha estado tranquilo. No le han preguntado por él ni llegaron a casa a buscarlo. Tampoco parece que se hable mucho del caso ni de la orden de captura.

Después, en su casa, Choc recogerá algunas bolsas negras con ropa, una maleta, cables y el micrófono con el que grabará para que “se escuche chilero”. Acomoda todo como puede en la palangana del picop, para que nada salga volado. 

“Qué bello es El Estor”, dirá una última vez, justo antes de salir del municipio. Por un segundo quizá olvida los conflictos sociales, la contaminación del lago, los monocultivos de banano y palma en la zona, el narco, la minera, para congelar el tiempo y reafirmar que una de las cosas que más anhela es volver a casa. No sabe cuándo podrá regresar.

Angel Mazariegos Rivas

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