El 24 de agosto de 2020, pobladores tomaron la Municipalidad de Joyabaj, Quiché. Rompieron puertas y ventanas. Desde un balcón lanzaron mesas, sillas, estanterías y documentos que luego consumió el fuego que encendieron fuera del edificio.

Cuarenta minutos antes del incendio, la Asociación de Comerciantes de la Plaza Pública de Joyabaj había entregado al alcalde Florencio Carrascosa un pliego de requerimientos. Estaban inconformes con las medidas que impuso la Municipilad para disminuir la propagación de la COVID-19, en especial con las que afectaban a los comerciantes del mercado que se instala en el parque central, donde comenzó el disturbio.

Los pobladores pedían que fuera retirada una malla con la que se controlaba el ingreso de la gente y exigían que el mercado funcionara los siete días de la semana, no solo tres. Alegaban que estas medidas perjudicaban sus ventas.

Sus solicitudes no fueron atendidas de inmediato, como esperaban. Los comerciantes enardecieron. El disturbio quedó registrado en las transmisiones de Facebook que realizó Anastasia Mejía para Xolabaj, el medio de comunicación que dirige y que fundó hace siete años, y que funciona a través de redes sociales, un canal de televisión local por cable y una frecuencia de radio del departamento.  

Ese día algunas personas exigieron la renuncia del alcalde y otras lo insultaron. Entre el bullicio se escuchó a un hombre decir “empujen” y a uno más gritar “traigan gasolina”.  De un instante a otro, comenzó el caos.

La gente se abalanzó contra el alcalde y sus acompañantes que se encontraban frente a la alcaldía. El funcionario logró escapar custodiado por los agentes policiales que formaron un círculo para protegerlo.

Diez minutos después, un hombre apareció en escena con una almádena para forzar la entrada de la municipalidad. Las puertas cedieron tras los golpes y empujones de los pobladores.

El combustible llegó después, cuando la alcaldía ya estaba ocupada, y las sillas, escritorios y documentos empezaron a caer desde el segundo piso.

Anastasia Mejia transmitía con su celular.

Un mes después, el 22 de septiembre, Mejía fue detenida y luego encarcelada en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres de Quetzaltenango, a 122 kilómetros de su municipio, señalada de participar y organizar la protesta.  Se le acusó de los delitos de sedición, atentado, robo e incendio. Fue llevada a este reclusorio porque en Quiché solo existe uno para hombres.

El 15 de octubre, Anastasia Mejía fue trasladada a la Granja Penal de Cantel, Quetzaltenango, donde se celebraría su audiencia de primera declaración por medio de videoconferencia. La periodista estaba preparada, pero ese día el juzgado decidió atender otros casos y no el suyo. Se pospuso su audiencia y ella permaneció en prisión.

El 28 de octubre, casi dos semanas después, la comunicadora viajó por dos horas hasta Santa Cruz del Quiché, donde se encuentra el juzgado donde finalmente llevó dio su primera declaración y donde se le ligó a proceso penal por sedición y atentado.

De risas y saludos

En la sala de audiencias, a diferencia de la cárcel de Quetzaltenango donde estuvo la periodista, las personas usan cubrebocas. Los defensores, fiscales y sindicados están separados por mamparas. Es el mediodía del 28 de octubre.

–Están aquí bajo su propio riesgo–, dice la jueza Susy Pérez a la decena de reporteros locales y de otros departamentos que cubren la audiencia.

En ese escenario, Mejía escucha al fiscal José Isaías Mancilla Figueroa, quien busca demostrar que cuenta con suficientes pruebas que implican a la acusada como organizadora y participante del disturbio registrado en Joyabaj.

En una pared del juzgado, el fiscal proyecta las transmisiones realizadas por la comunicadora el día de la revuelta en la Municipalidad. Durante toda la exposición de la fiscalía será el propio contenido producido por Anastasia Mejía la base de la imputación para pedir que la liguen a proceso penal por cuatro delitos: sedición, atentado, robo e incendio.

Para el fiscal Mancilla, el “contubernio“ entre Mejía y las personas que tomaron la municipalidad es evidente por las sonrisas, los saludos de la gente y las frases de la comunicadora durante su cobertura del 24 de agosto.

El fiscal asegura que la periodista formaba parte del disturbio desde su planificación porque en sus transmisiones menciona que hubo “rumores y comentarios“ sobre un posible intento para sacar al jefe edil ese día.

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–¿Por qué rompieron las cámaras de la municipalidad? ¿Por qué se dejaron grabar por ella (por Mejía)?–, cuestiona el fiscal.

El MP busca de esa manera desacreditarla como periodista ante la jueza. Los argumentos se dirigen a señalarla como una integrante más de la turba.

Al inicio de la cobertura, Mejía no vestía un chaleco ni gafete que la identificara como reportera. Eso, asegura el fiscal, es otra evidencia de que no realizaba periodismo durante la protesta.

–Vemos la presencia de la prensa, ya está haciendo acto de presencia en este momento–, dice Mejía en uno de los videos proyectados por el fiscal.

–¿En qué plan participó? Alguien que hace transmisiones es parte de la prensa, aunque sea comunitaria, pero ella no era parte de la prensa, ella misma lo está diciendo–, concluye Mancilla sobre ese instante en que la comunicadora se refiere a la prensa en tercera persona.

El fiscal también recrimina la risa nerviosa que un momento suelta la periodista cuando se percata de que un hombre se encuentra sobre el techo de la municipalidad con una almádena.

–Doña Anastasia exclama muy contenta: “Hay alguien allá arriba, levantando la almádena”. Sonríe, un periodista no hace eso–, dice el fiscal. 

El fiscal repite otras frases como “ella sonreía bastante” o “simpatiza con la gente” para probarle a la jueza que la comunicadora integró la turba contra el alcalde, que cometió sedición.

Atentado, robo e incendio

En esta audiencia, el fiscal también procura que Mejía sea procesada por atentado, robo e incendio.

La siguiente carta del fiscal contra la comunicadora es un testimonio de Jackeline Rosales Pérez, integrante de la Policía Municipal de Tránsito de Joyabaj.

Mancilla lee parte de la declaración de la funcionaria. En esta asegura que la periodista la golpeó durante el disturbio con una mano mientras sostenía con la otra su teléfono celular. Justo en el momento en que la multitud se lanzó contra el alcalde.

Esa declaración más un informe médico son los indicios que expone el fiscal para acreditar el delito de atentado.  

El robo e incendio, Mancilla lo busca demostrar con las mismas transmisiones realizadas por la periodista. No tiene más evidencias que esas.

Según el fiscal, uno de los videos deja claro que el hijo de la comunicadora quiere usar un recipiente con combustible para quemar los muebles de la municipalidad.

–No sé si logran escuchar, pero dice: “Hay que vaciar el galón de gasolina ahí”–,afirma Mancilla.

El audio no es claro. El fiscal repite la misma escena tres veces. Pero ni los defensores ni la jueza parecen convencidos.

El fiscal adelanta el video. Esta vez quiere evidenciar el delito de robo.

En las imágenes aparece Mejía junto con su hijo. Ella le pide que guarde unos documentos que están tirados en la oficina principal de la comuna. Y en otro instante la comunicadora también le dice que recoja un par mascarillas que encuentran fuera del edificio municipal.

Detrás de una mampara, la periodista se prepara para hablar.

La defensa de Anastasia Mejía

Mejía se pone de pie y declara ante la jueza después de escuchar por casi tres horas las interpretaciones que el fiscal hizo de su cobertura informativa.

La periodista asegura que llegó hasta la plaza central del municipio porque Petrona Say, presidenta de la asociación de comerciantes, la invitó a cubrir la entrega del pliego de peticiones al alcalde.

–No era la primera vez que transmitía los diferentes eventos culturales, deportivos y sociales para toda Joyabaj–, dice.

La periodista relata que los miembros de la asociación “estaban tranquilos” cuando se acercaron otras personas que desconocía. Ellas, declara, fueron quienes empezaron a gritar consignas contra el funcionario.

En su intervención también busca demostrar que es periodista. Quiere refutar al fiscal sobre la labor que ejerció durante la protesta.

Mejía menciona que ejerce ese puesto en Xolabaj, el medio de comunicación que fundó. Dice además que colabora para Prensa Comunitaria y un canal local de cable.

–Como periodista comunitaria mi trabajo es recabar la información para que la gente entienda en su pensamiento y su corazón lo que está sucediendo. Mi labor es informar y estar informada –expresa Anastasia Mejía.

Su defensa la continúa la abogada Floridalma Aguilar. Usa las mismas pruebas del fiscal, la transmisión de Mejía, para tratar de desvanecer los señalamientos. Asegura que fue excluido gran parte del contenido de los videos.

–Muestra pedacitos de los videos y luego los corta–, afirma la abogada.

La defensora lo ejemplifica con la omisión de los momentos en que la comunicadora lamenta el incendio y la toma al edificio municipal.

–Todos nos podemos manifestar, pero en paz –dice la periodista en una de sus transmisiones.

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La abogada critica que el fiscal buscara evidenciar que la periodista simpatizaba con la turba porque “sonreía bastante”.

–Hay una explosión, su risa es porque está asustada –asegura Aguilar.

La abogada agrega que los saludos y la cercanía de los pobladores con la comunicadora no pueden interpretarse como una muestra de complicidad con la turba, pues es una figura pública. Una aseveración que respalda con los más de 95 mil seguidores que tiene su medio de comunicación en redes sociales.

Joyabaj, el municipio donde vive la comunicadora cuenta con una población de 82,369 personas.

–¿En qué conspiró? ¿Conspiró en asistir a cubrir un evento? –cuestiona la abogada.

Pero ni la defensa de Aguilar ni la declaración de Mejía fueron suficientes para convencer a la jueza.

El fallo

En las últimas horas de la noche de este 28 de octubre, la jueza anuncia que admite los argumentos del fiscal y no los de la defensa. Y decide ligar a proceso penal a la comunicadora por dos delitos: sedición y atentado.

El primer delito lo cometen quienes se “alzan pública y tumultuariamente para conseguir con violencia” la salida de un funcionario o el incumplimiento de las leyes o resoluciones.

El segundo quienes “acometen al funcionario, a la autoridad o a sus agentes, o emplearen violencia contra ellos, cuando se hallaren en ejercicio de sus funciones o cargos, o con ocasión o con motivo de ellos”.

La jueza resalta la participación política de Mejía en el pasado, pues le hace inferir que su presencia en el disturbio pudo originarse de los conflictos que mantenía con el alcalde cuando ella fue concejal de la municipalidad.

–Es lógico que pudiera pensar de ambos bandos que se están vengando uno del otro. Si sucede una situación de doña Anastasia, probablemente la provoca el señor alcalde. Y le sucede algo al señor alcalde probablemente lo provoca doña Anastasia. Esas son las circunstancias que se denotan–, argumenta la jueza.

La comunicadora formó parte de la corporación municipal, durante el periodo 2016-2020, luego de que fuera candidata por el Partido Patriota. Como concejal fue una de las opositoras principales del alcalde. 

La jueza, además, decide que la comunicadora enfrente un proceso por el delito de atentado. Se respalda con el testimonio de la agente policial que aseguró que fue golpeada por Mejía y el informe médico de las lesiones que elaboró el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.  

Fue en vano que la defensa asegurara minutos atrás que pudo tratarse de un golpe involuntario, pues ocurrió en el momento en que las personas se abalanzaron contra el alcalde y Mejía se alejaba de la turba.

No obstante, la jueza afirma que la fiscalía no presentó suficiente evidencia para ligarla a proceso por incendio y robo.

Con este fallo, la fiscalía podrá ampliar su investigación contra la periodista para llevarla a un juicio.

La condena por sedición es de un máximo cinco años de cárcel, mientras que la de atentado es de uno a tres años, de acuerdo con el Código Penal.

Las disputas legales que se aproximan

A pesar de la resolución de la juez, el Ministerio Público no da tregua.

Una semana después de la audiencia de la primera declaración, Casimiro Hernández, el otro fiscal que conoce el caso, no descartó que intenten solicitar nuevamente que la jueza le sume los otros dos delitos: incendio y robo.

–Si recabamos más información que fortalezca la investigación y encontramos elementos relacionados con los delitos que quedaron fuera, podríamos pedir la reforma del auto de procesamiento que se dictó en el caso–, dijo a través de una llamada telefónica.

Aparte de la periodista, en este caso figuran otras 15 personas como sindicadas. Según el fiscal, algunas de ellas ya aceptaron su culpa y otras se encuentran en distintas fases judiciales.

Petrona Say y Manuel Hernández, dos de los acusados, enfrentaron la audiencia de primera declaración el mismo día que Mejía.

Say, la presidenta de la asociación de comerciantes, fue procesada por los mismos delitos que la comunicadora. Hernández solo por el de sedición.

En esa misma audiencia la jueza además les impuso a los tres una fianza de Q20,000 para salir de prisión.  A la comunicadora además se le prohibió salir del departamento de Quiché mientras dure el proceso judicial.

Periodistas, líderes comunitarios y otros amigos realizaron una colecta para pagar la fianza de Mejía, Say y Hernández. 

La comunicadora abandonó la prisión el 29 de octubre, un día después de la audiencia de primera declaración. Tuvo que pasar una noche más encerrada porque la caución podía cancelarse solo en horario laboral. Pasó la noche en el Centro Preventivo para Hombres de Santa Cruz del Quiché porque el vehículo del Sistema Penitenciario la olvidó a ella y a Say. No las llevó de regreso a Quetzaltenango. 

Una semana después del fallo, Floridalma Aguilar, la abogada de la comunicadora, impugnó las medidas sustitutivas para que pueda salir del departamento de Quiché, el único lugar en el que puede movilizarse y ejercer su labor.

Esa decisión está ahora en manos de una sala de apelaciones que establecerá si la jueza se excedió con las prohibiciones que dictó en su contra.   

La sombra del alcalde

El caso que enfrenta Anastasia Mejía no es el primero.  El año pasado, el alcalde Florencio Carrascosa presentó una denuncia en su contra por desorden público. La comunicadora asegura que esa demanda tuvo como origen el haber exigido, como concejal, una reunión para atender a un grupo de mujeres que realizaría una caminata en contra de la violencia de género.

La pugna entre los dos se profundiza aún más ahora que Carrascosa figura como querellante en este expediente judicial por el que la comunicadora fue ligada a proceso penal.

En la audiencia de primera declaración, Mejía aseguró que ha sido víctima de la violencia de género y racismo del alcalde desde que trabajaron juntos en la corporación municipal de Joyabaj.

–El señor Carrascosa me gritaba india, burra, usted no sabe nada –dijo en esa ocasión la comunicadora.

Su abogada, durante la audiencia, también afirmó que Mejía sufrió una agresión física por parte del jefe edil. El incidente ocurrió en marzo del año pasado, y pese a que presentó una denuncia en la Fiscalía Municipal de Joyabaj con un informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el caso no avanzó.

Carrascosa es alcalde de Joyabaj desde el 2008. Ha militado en el FRG, GANA, Líder y la UNE.

De acuerdo con un artículo de OjoConMiPisto.com, el alcalde ha enfrentado seis procesos de antejuicio en su contra. Dos de estos fueron solicitados por Mejía, uno de estos por la agresión sufrida y otro por malversación de fondos.  Los casos están a cargo de la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Quiche.

Las denuncias que ha recibido son por delitos como violencia contra la mujer, fraude, enriquecimiento ilícito, malversación, incumplimiento de deberes, sedición, peculado, falsedad material y falsedad material e ideológica. Estas han sido conocidas por la Fiscalía Contra la Corrupción, Asuntos Administrativos y la de Joyabaj.

Agencia Ocote buscó al alcalde en la Municipalidad de Joyabaj e intentó contactarlo vía telefónica, pero no respondió. También intentó conversar con su abogado Mario Rojas Monzón, pero tampoco contestó su teléfono celular.

Un caso de criminalización

Dos días después del fallo contra Mejía, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua) señaló que este caso es un ejemplo de la criminalización que sufren los periodistas en el país.

“La resolución pone en riesgo el trabajo de los periodistas que fiscalizan la labor de funcionarios públicos, y es contraria a los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala de generar las condiciones necesarias para que el debate sobre estos asuntos sea público, plural y abierto”, se lee en el pronunciamiento de las dos organizaciones.

Consultado sobre este caso, Héctor Salvatierra, secretario y catedrático de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San de Guatemala, explicó que no existe ningún reglamento o manual que obligue a los periodistas a usar un chaleco o portar de manera visible una identificación durante sus coberturas, tal como aseguró el fiscal durante la audiencia contra Mejía.

–Son pocos los reporteros que portan un chaleco. Y el carné, como cualquier otro documento de identificación, puede llevarse en la bolsa o la billetera, es utilizado de manera visible cuando se considera necesario. Esos no son argumentos para señalar si ejercía o no como periodista –indica.

Salvatierra también critica que el fiscal buscara desacreditarla como periodista por reírse durante las transmisiones.

–Los gestos no pueden clasificarse de manera simple, los periodistas como humanos tienen diversas reacciones en toda cobertura – comenta.

Sobre el posible conflicto que pudiera haber en el desempeño como política y el ejercicio periodístico de Anastasia Mejía, Salvatierra explica que se trata de una dinámica común a nivel departamental.  El académico señala que, si bien puede ser criticable debido a la imparcialidad que se espera de un medio de comunicación que informa, es el público el que finalmente debe juzgar la manera en que una persona ejerce como periodista.

–No es la primera ni será la última persona que ejerza un puesto público y retorne al periodismo –afirma.

Udefegua hizo un llamado para que las autoridades guatemaltecas detengan el “uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de periodistas independientes, medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos en Guatemala”.

El regreso

Anastasia Mejía salió de prisión el 29 de octubre. Al día siguiente ya estaba en su cabina radial. Esa mañana reflexionó sobre su caso como lo hizo cuando estaba en prisión.

La comunicadora tenía claro desde entonces que el camino sería largo. Mantenía la calma recordando a los gemelos Hunahpú e Ixbalanqué, los protagonistas del Popol Vuh.

–Para llevar luz a su pueblo, ellos tuvieron que pasar por sombras – dijo tres días antes de dejar la cárcel.