El juez Fredy Orellana Letona, del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, levantó ayer la reserva del caso contra el periodista José Rubén Zamora y la fiscal auxiliar Samari Gómez Díaz. Esto …
El juez Fredy Orellana Letona, del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, levantó ayer la reserva del caso contra el periodista José Rubén Zamora y la fiscal auxiliar Samari Gómez Díaz. Esto permitió que se conocieran detalles de los señalamientos del Ministerio Público.
Según explicó a Ocote Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el caso inició a partir de una denuncia de Ronald Giovanni García Navarijo, exgerente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), quien fue capturado el 7 de febrero de 2018 por la FECI —entonces liderada por Juan Francisco Sandoval—, en colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado. García Navarijo se encontraba prófugo desde octubre de 2016, 16 meses atrás.
La investigación, denominada Caso Arca, esclareció que un grupo de trabajadores del Bantrab, entre ellos García Navarijo, se asociaron para «saquear el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el Estado de Guatemala». Parte del dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones ARCA, S.A.
Al inicio de la audiencia de primera declaración —que después sería aplazada—, la fiscal Cinthia Monterroso, a cargo del caso, indicó que la FECI señala a Zamora, periodista y presidente de elPeriódico, de estar implicado en el caso y haber recibido Q200 mil de manera ilícita.
A la salida del juzgado, Zamora confirmó que había recibido este dinero en calidad de préstamo para elPeriódico y que cuenta con la documentación para demostrar que fue un procedimiento legal.
Desde septiembre de 2020, García Navarijo cuenta con arresto domiciliario y medidas sustitutivas, declaradas por la Sala Tercera de Apelaciones. Una decisión que fue apelada por el exjefe fiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
José Rubén Zamora aseguró que en la última semana de junio, Ronald García Navarijo llegó a visitarlo, sin previa cita. «Explicó que le tenían retenidos Q33 millones y no se los querían soltar. Él me dijo que el señor (Rafael) Curruchiche le pedía el 15% y que quemara a otros personajes que eran molestos para el Ministerio Público», dijo Zamora.
El periodista explicó que hablaron durante más de hora y media y que él le aconsejó que no le dijera nada al fiscal. «Lo que están haciendo es exonerarlo y entregarle sus 33 millones», concluyó Zamora.
Consultado por Ocote, Curruchiche negó las acusaciones y aseguró que no tenían fundamento. El Ministerio Público hizo una publicación en su cuenta de Twitter en la que aseguró que «ningún sindicado ha sido beneficiado»
Zamora decide cambiar a su defensa
Durante la audiencia, la Fiscalía dio a conocer que dos de los abogados de Zamora, Mario Castañeda y Romeo Montoya, podrían estar involucrados en el mismo caso por el que se señala al periodista.
«Aquí tenemos una información donde según un denunciante, supuestamente, dos abogados defensores pudieron haber incurrido en conductas que la ley señala como delitos», dijo el juez Fredy Orellana.
Orellana advirtió a Zamora que podría existir un conflicto de interés: «Según este documento oficial que el Ministerio Público pone a la vista, podría ser que sus dos abogados, en determinado momento, aparecieran como sindicados por la comisión de hechos delictivos»
Según explicó posteriormente Curruchiche a Ocote, el martes 2 de agosto, entre las ocho y las nueve de la noche, el mismo García Navarijo presentó una denuncia que involucra a los abogados en el supuesto lavado de dinero.
«A sugerencia de mis abogados (Castañeda y Montoya) solicito que podamos aplazar la audiencia para que busque asistencia de abogados penalistas», comentó Zamora al juez, luego de conversar con su equipo de defensa. Dijo que sus otros dos abogados, Mario Fuentes Destarac y Cristian Vásquez Pesquera, lo acompañan como especialistas en materia civil.
El juez reprogramó la audiencia para el lunes 8 de agosto a las nueve de la mañana.
A pesar de que la fiscal auxiliar de FECI, Samari Gómez, detenida por la supuesta revelación de información confidencial, solicitó que la audiencia continuara para conocer su caso, el juez decidió aplazar también su audiencia para el lunes. Ambos fueron devueltos a la cárcel militar Mariscal Zavala.
«Pienso que es una persecución política fabricada», dijo Zamora antes de regresar a la carceleta de Tribunales. «Libertad es cuando un hombre libre decide decirle “no” a los abusos y excesos de poder. Este es un montaje diseñado, fabricado y ejecutado con eficacia desde el Presidente —Alejandro Giammattei—, la Fiscal General —María Consuelo Porras— y otras personas».
Los abogados defensores de Zamora explicaron a Ocote que en este momento se centran en reestructurar al equipo de la defensa penal para tomar «decisiones pertinentes en el avance del caso».
La reserva del caso
El caso se mantuvo bajo reserva durante cinco días: desde el viernes 29 de julio, cuando detuvieron a Zamora y a Gómez, hasta la tarde del miércoles 3 de agosto. Esto impidió que la prensa tuviera acceso a los señalamientos contra el periodista y la auxiliar fiscal, y dificultó que los abogados pudieran conocer el expediente.
[Lee aquí: Capturan a José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico]
Ayer, al inicio de la audiencia, la Fiscalía solicitó que se levantara la reserva del caso. Ocote consultó a Curruchiche sobre esta demora, quien únicamente argumentó que en su artículo 10, la Ley contra el Lavado de Dinero permite que «por la naturaleza de los delitos» la investigación puede estar en reserva. Según Curruchiche, la fiscalía ya tiene la documentación completa y por eso decidieron solicitar el retiro la reserva del caso.
Desde la llegada de Zamora y Gómez a Torre de Tribunales, el empresario Ricardo Méndez Ruiz y el abogado Raúl Falla, miembros de la Fundación contra el Terrorismo, estuvieron presentes para solicitar unirse como querellantes y estar presentes en la audiencia.
Junto a el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) Jordán Rodas y a personal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), se les permitió el ingreso a la audiencia antes de que se levantara la reserva del caso.
Al concluir la audiencia, Méndez Ruiz aseguró que el juez les había permitido a él y a Falla, a título personal, adherirse como querellantes adhesivos en la investigación del Ministerio Público. Según el Código Procesal Penal un querellante adhesivo tiene facultad de «colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos» y «podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción de pruebas anticipadas, así como cualquier diligencia». «Es mi derecho constitucional», aseguró Méndez Ruiz antes de retirarse de la sala.
En 2020, la FECI ─dirigida por Sandoval─ interpuso una recusación en contra del juez Fredy Orellana, a cargo del caso contra José Rubén Zamora. Orellana estaba entonces a cargo del Caso Negociantes de la Salud y la recusación fue planteada su posible vínculo con el abogado defensor Manuel Ixmay, quien es miembro de la junta directiva de la Fundación contra el Terrorismo.