Después de las tormentas
COVID-19
Guatemala, primer año de pandemia. Datos dudosos, pocas pruebas y una vacunación lenta.
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El 13 de marzo de 2021 se cumplió un año desde que el Gobierno anunció el primer caso de COVID-19 en Guatemala y aunque más de 200 mil dosis de la vacuna ingresaron al país, el proceso de vacunación todavía es lento y desordenado. Sin restricciones, sin pruebas suficientes y con datos de contagios y muertes dudosos. Así está la situación de la pandemia hoy en Guatemala.


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El 13 de marzo de 2020 el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla anunció el primer caso diagnosticado de COVID-19. Dos días antes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogaba a la enfermedad como una pandemia, por tener presencia en todos los continentes y en la mayoría de los países del mundo.

El Gobierno de Guatemala fue de los primeros en América Latina en implementar medidas para contener el virus. El 16 de marzo, Giammattei anunció que se suspendían las actividades laborales, se restringía el transporte urbano y extraurbano y se cerraban las fronteras. Las clases en centros educativos dejaron de ser presenciales, se creó un toque de queda y se prohibieron los eventos masivos.

Como parte de la respuesta a la emergencia, se anunciaron programas sociales que reforzarían la economía y ayudarían al mercado informal, pero hasta ahora ha sido complicado fiscalizar las ayudas debido a la falta de transparencia gubernamental. Se desconoce quiénes han sido beneficiarios del Bono Familia y el Fondo de Protección al Empleo. El Ejecutivo publicó que el Fondo de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se había ejecutado al 100% en su Informe de Gobierno, cuando este aún no había sido trasladado a la población.

A los tres meses del inicio oficial de la pandemia en Guatemala, Giammattei destituyó al entonces ministro de Salud, Hugo Monroy, y a sus viceministros y nombró un nuevo equipo liderado por Amelia Flores González. La gestión de Monroy había sido criticada por varios sectores sociales, por falta de transparencia y por ralentizar el acceso a información. A su salida, Monroy fue recontratado por el Gobierno como asesor del presidente para la supervisión de la construcción de hospitales.

Durante este año, el discurso presidencial fue cambiante y contradictorio: antes de que se registrara el primer caso en Guatemala, le restó importancia al virus, luego implementó medidas drásticas para, en cuestión de semanas, dar marcha atrás. Giammattei ordenó el cierre de las actividades económicas en el primer mes, pero hizo concesiones arbitrarias a determinados sectores como el de maquilas y call-centers.

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Finalmente, a los cinco meses del anuncio del primer caso, eliminó la mayoría de restricciones y desplazó la responsabilidad de la contención de la pandemia a la ciudadanía: “Si la gente se quiere cuidar, se cuida… hoy sí es problema de la gente”, dijo el 6 de agosto de 2020.

A un año del anuncio del primer caso, se ha autorizado que el alumnado de escuelas públicas y colegios privados retome las clases presenciales, según la incidencia del virus en los municipios, los bares y restaurantes están abiertos y el aeropuerto funciona con regularidad.

Edgar González Barreno, magíster en Salud Pública y Epidemiología y coordinador académico del Programa de Medicina Comunitaria en la Universidad Rafael Landívar, explica que el discurso cambiante y la eliminación de restricciones hizo que la gente se relajara: “Ahora lo más difícil es el distanciamiento social. Hay gente que no utiliza mascarilla y el Gobierno ya no tiene control sobre lo que sucede en el país”.

Y esto afectó a la evolución de la pandemia: “Si continuaran las restricciones habría menos contagios, es un hecho”, asegura González. Desde el anuncio del primer caso hasta el 16 de marzo de 2021, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) registraba 183,985 contagios y 6,599 personas fallecidas.

El epidemiólogo explica que, a diferencia de otros países, donde hay olas y picos de contagios, en Guatemala los casos han seguido una línea constante, sin subidas ni bajadas drásticas, que se mantendrá por varios meses en el resto del año 2021.

En un escenario donde existiese mayor capacidad de detectar casos y hubiese un mejor sistema de salud, esta constante, controlada, podría ser beneficiosa, explica González. Pero asegura que para Guatemala el escenario no es sencillo, por la poca atención médica especializada. “Los casos graves podrían ser más de los que hay ahora”, comenta.

En las primeras semanas de marzo de 2021, el Hospital Temporal de Quetzaltenango había sobrepasado su ocupación en un 62% y el San Juan de Dios un 13%, según el MSPAS. No es la primera vez que se saturan, pero el Gobierno no ha vuelto a implementar medidas que busquen reducir los contagios.

El 25 de marzo, la ministra de Salud, Amelia Flores, anunció en conferencia de prensa un repunte de casos graves y pidió a la población quedarse en casa durante las vacaciones de Semana Santa. Sin embargo, no anunció restricciones: “Se está dando un voto de confianza. Creemos que el virus se puede detener utilizando la mascarilla y el lavado de manos o aplicación de alcohol en gel y respetar el aforo”, dijo.

Dudas en las cifras oficiales

En el Tablero del Ministerio de Salud se registran 1,034,968 pruebas de COVID-19 desde el 13 de febrero de 2020 al 25 de marzo de 2021. Esto supone que en este año se hicieron un promedio de 2,500 pruebas diarias. La mitad de las 5 mil que Edwin Asturias, excomisionado presidencial de atención a la emergencia COVID-19, estableció como meta para el Ministerio de Salud en junio del año pasado, casi al inicio de la emergencia sanitaria. “Hacer 6 mil pruebas diarias y mantenerlas como método de vigilancia para minimizar la transmisión debió ser prioridad”, dice ahora González.

El bajo número de pruebas supone que la cifra de contagios y de muertes no corresponde con los datos reales. En esta publicación de Agencia Ocote en conjunto con GuatemalaLeaks, se mostró cómo el Registro Nacional de las Personas (Renap) contabilizaba 371 muertes por COVID-19 más que las publicadas por el MSPAS.

[Lee aquí: El Renap registra 371 más fallecidos por COVID-19 que el Ministerio de Salud]

En julio de 2020, el Renap emitió un acuerdo en el que estableció el cobro de Q250 por la entrega de información pública de las estadísticas de nacimientos y fallecimientos. Los medios que integran la alianza GuatemalaLeaks (Agencia Ocote, Ojoconmipisto, El Intercambio yPlaza Pública) presentaron un amparo en octubre del año pasado para que la información vuelva a ser de acceso público. Este aún no se ha resuelto.

[Lee también: GuatemalaLeaks presenta amparo para que Renap entregue información pública sin costo]

“Seguro no estamos teniendo acceso a las cifras correctas. Seguro hay más casos de contagios de los que se registran, igual que las muertes. Quizá dentro de dos años podremos acceder a estadísticas más precisas. Para tener datos más certeros, se deberían hacer más pruebas”, dice González.

Sin embargo, para hacerse una prueba en el sistema de salud público es necesario presentar síntomas. Por esta limitante, muchas personas que tienen los recursos optan por una prueba en el sistema de salud privado. Según Laboratorio de Datos, una organización que se ha dedicado a recopilar y analizar datos de COVID-19 durante la pandemia, el Ministerio de Salud ha realizado el 53.51% del total de las pruebas, las instituciones privadas el 32.69%, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) el 13.26% y el Ejército el 0.54%.

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Además de las pruebas, la OMS ha remarcado que, para contrarrestar una pandemia es fundamental hacer un seguimiento de los casos positivos y de sus contactos. Este consiste en rastrear si una persona con el virus pudo haber contagiado a otras, que, sin saberlo, podrían ser asintomáticas y continuar transmitiéndolo.

Es un seguimiento epidemiológico que, según González, no se da masivamente. “Es importante que el Ministerio busque a los contagiados y no espere a que esas personas presenten síntomas”, concluye.

Zulma Calderón, defensora de Salud de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), explica que el año pasado había una minoría de rastreadores que visitaban a algunos contactos en sus domicilios. “Yo recuerdo que se comunicaban con pacientes diagnosticados por el Ministerio y por el IGSS, pero la comunicación con quienes acudían a laboratorios privados a hacerse la prueba no era tan buena”, dice.

Julia Barrera, portavoz del MSPAS, asegura que sí se da el seguimiento. Dice que hay 3,241 personas contratadas del Ministerio para rastrear por llamada telefónica.

Según Barrera, también se da cobertura a quienes se realizan las pruebas en el sector privado. Aun así, en la ficha epidemiológica (o “Ficha de Covid-19”) actualizada a febrero de este año, el MSPAS no pregunta a los pacientes por los contactos posteriores a la presencia de síntomas.

Las vacunas

A finales de 2020, la noticia de que varias vacunas habían cumplido con las fases de investigación y desarrollo y ya estaban en producción abrió la puerta al posible inicio del fin de la pandemia. Al 4 de marzo de 2021, la OMS registraba 182 vacunas experimentales en fase de investigación, 76 en ensayos clínicos y 12 en fase de aprobación.

En Guatemala, al 26 de marzo, se habían recibido tres tipos de vacunas: mRNA-1273, Covishield y AZD1222. Han ingresado 205 mil dosis donadas y 81,600 compradas. Actualmente el país se encuentra en la primera fase del Plan Nacional de Vacunación, que cubre a personal médico, estudiantes de ciencias de la salud, cuerpos de socorro, comadronas, adultos mayores internados en asilos y trabajadores administrativos del sector salud. Sin embargo, el proceso de vacunación no va todo lo rápido que se necesita.

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Carlos Grazioso, infectólogo pediatra del Hospital San Juan de Dios, señala que la vacunación “avanza a un paso extraordinariamente lento. (Hay) dos donaciones y una porción de vacunas compradas que apenas llegan a los hospitales”.

Según el Tablero del Ministerio de Salud, al 25 de marzo, 88,694 personas habían recibido la primera dosis de la vacuna contra esta enfermedad. El 24 de marzo empezaron a administrar la segunda dosis a algunas personas.

El Tablero marcaba al 17 de marzo que apenas el 0.52% de la población en Guatemala estaba vacunada con la primera dosis. Después, este porcentaje desapareció de la web. Según Julia Barreda, vocera del ministerio, esto se debió a que están trabajando en el algoritmo que genera este dato.

Países como Israel alcanzaban ya el 47% de vacunación completa, Estados Unidos el 10.23% y Chile, el más avanzado de Latinoamérica, tenía un 7.93%. Según la OMS, la vacunación rápida es crucial, pues todavía se desconoce qué porcentaje de la población debe estar vacunada para alcanzar la inmunidad colectiva.

[Revisa aquí el Contador de vacunas COVID-19]

Desde el 26 de febrero de este año, cuando ingresaron las primeras dosis, se ha vacunado a un promedio de 1,500 personas por día. La ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró el lunes 15 de marzo en conferencia de prensa que el plan del ministerio es llegar a las 10 mil dosis diarias durante las próximas dos semanas. Según el análisis de Laboratorio de Datos, si se sigue el ritmo al que se compromete el ministerio —y no el actual de 1,500 dosis diarias— se vacunaría a toda la población mayor de edad con dos dosis en 2,200 días, es decir, seis años.

Según el contador de vacunas elaborado por la Fundación Avina, Guatemala es de los países que más se demorará en terminar la vacunación: 535 semanas, es decir, más de 10 años.

Alicia Chang Cojulún, infectóloga pediatra, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), señala que “la distribución no se ha hecho como se planificó. Es decepcionante ver cómo las vacunas que ya están en el país continúan guardadas y no se están aplicando”.

En Agencia Ocote preguntamos al Ministerio de Salud cuántas personas se contrataron para llevar a cabo la vacunación, pero indicaron que la solicitud debería hacerse a través de la Unidad de Información Pública. Si obtenemos el dato por esta vía, lo incluiremos en el texto.

Julia Barreda, la vocera del MSPAS, asegura que el personal médico y de enfermería del sistema de salud está calificado para administrarlas, y deben dividir su horario entre vacunación y atención a pacientes.

La ministra de Salud, Amelia Flores, informó el pasado 11 de marzo que no considera que la vacunación sea lenta, sino que se debe tomar en cuenta que se están resguardando la mitad de los viales para garantizar las segundas dosis de las personas ya vacunadas. Sobre futuras compras de vacunas para garantizar el abastecimiento y acelerar la inmunización, Flores dijo que los procesos con los fabricantes han tardado en concretarse por la alta demanda de vacunas en todo el mundo.

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El Plan Nacional de Vacunación Contra la COVID-19 establece cuatro fases de vacunación, que, espera, serían cubiertas en seis meses, de manera escalonada: entre el primer y segundo mes se vacunaría a personal de salud; entre el segundo y el sexto a personas mayores de 70 años; entre el tercero y el sexto a mayores de 50; entre el cuarto y el sexto a trabajadores esenciales; y en los dos últimos meses al resto de la población adulta.

Cada fase tiene diferentes subfases. Por ejemplo, la primera, tiene una subfase “a” que cubre al personal de salud que atiende a pacientes COVID-19 y una última subfase, “f”, donde está el personal administrativo. Sin embargo, varios hospitales vacunaron a personal administrativo al inicio del proceso. Flores admitió esto el 11 de marzo en una conferencia de prensa y aseguró que serán rigurosos en el control de a quiénes se vacuna a través de la plataforma Sigsa (Sistema de Información General de Salud). 

En las siguientes semanas después de esta declaración, hubo más señalamientos de vacunaciones discrecionales que no respetan el Plan Nacional de Vacunación, como la del alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín.

El acceso a información para dar seguimiento al proceso de vacunación es limitado. En el Tablero COVID-19 está publicado el número de personas que han recibido la vacuna en cada municipio, sus edades, su sexo y el porcentaje de vacunación a nivel nacional. Sin embargo, el ministerio no publica ni el nombre de las personas que reciben las dosis ni en qué centro médico o puesto trabajan, lo que impide fiscalizar si se está cumpliendo el plan de vacunación.

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Primera línea: sin equipo, sin pago

A pesar de que el número de casos graves entre el personal de salud se ha reducido, según los médicos entrevistados, y ya se les ha comenzado a vacunar, trabajar como profesional de salud en la primera línea todavía implica riesgos. El Ministerio de Salud contabilizaba, al 11 de marzo de 2021, 41 muertes en el personal médico a causa de la COVID-19. 

Los cinco hospitales temporales destinados a combatir la pandemia en el país han tenido problemas de abastecimiento de equipos de protección y el personal de salud que se contrató denunció varias veces que no había recibido ningún pago. En diciembre, nueve meses después del primer caso reportado por el gobierno, el personal indicó que ya estaba recibiendo los pagos.

Dania Hernández, directora del Hospital Temporal del Parque de la Industria, recuerda que al inicio no contaban con mascarillas, equipo personal ni medicamentos que redujeran los síntomas de COVID-19. El personal conseguía su propio equipo.

Esto pasó en todos los hospitales de Guatemala, que además se vieron sobrepasados para atender a los pacientes. Zulma Caldeŕon, defensora de Salud de la PDH, denunció en septiembre de 2020 que todos los hospitales públicos de Guatemala estaban atendiendo pacientes con síntomas de coronavirus, lo cual no formaba parte del protocolo.

Calderón añade que en otros hospitales departamentales fuera de Ciudad de Guatemala falta personal especializado, hay poco acceso a recursos y medicamentos, y no existe “un plan definido de qué va a pasar con esos recursos que se han invertido en los hospitales”.

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Un futuro con más ciencia

La infectóloga Alicia Chang Cojulún espera que los fondos en Guatemala no se destinen únicamente a las urgencias coyunturales sino también a la prevención y al aporte científico. “Debería haber institutos nacionales para la salud, en donde algunas unidades puedan desarrollar investigaciones científicas”, detalla.

Varios países han buscado colaborar entre sí para el desarrollo de vacunas contra la COVID-19 como Alemania, Cuba, México, Argentina y Estados Unidos. “Si bien no se trata de tener laboratorios desde el principio, sí se podría invertir en el intercambio de trabajo científico con otros países”, dice Chang.

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