El presidente Alejandro Giammattei, en cadena nacional del lunes 16 de marzo, anunció una serie de prohibiciones que entrarían en vigor el martes 17. Giammattei afirmó: “Se suspenden las actividades laborales en las distintas dependencias del Estado, así como en el sector privado”. También expuso las excepciones como la prestación de servicios básicos y comercio de productos de primera necesidad. 

“Se suspenden las actividades laborales en las distintas dependencias del Estado, así como en el sector privado por el tiempo establecido y en las condiciones que se detallan más adelante…”, se limitó a decir el lunes Giammattei, quien añadió que “se cierran todos los centros comerciales del país. Se prohíben las reuniones en bares, discotecas y similares. Todos los establecimientos comerciales de cualquier índole deberán estar cerrados exceptuándose farmacias, estaciones de combustible y los servicios básicos esenciales…”. 

El mandatario añadió en su discurso la excepción a supermercados, bancos, industria agroalimentaria, agropecuaria y telecomunicaciones.

En el caso de las telecomunicaciones, el Presidente mencionó únicamente a los medios de comunicación y empresas de telefonía, pero no nombró a los call centers o empresas de BPO (Business Process Outsourcing). 

Al día siguiente, el martes 17 en que iniciaba la estrategia de distanciamiento social, según diversas fuentes (incluidos lectores que realizaron consultas a Fáctica), los call centers continuaron con sus actividades habituales.

Ese mismo día, el Diario de Centro América (DCA) publicó las “Disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento”, para oficializar las órdenes leídas en el informe del día anterior. Estas órdenes se dictaron, según el documento, basadas en principios constitucionales como el de la obligación del Estado para garantizar la salud como un derecho fundamental del ser humano.

La publicación del DCA dejó registro de lo leído por Giammattei, en donde tampoco se mencionó entre las entidades con permiso para operar a los call center.

Ante el cuestionamiento de Fáctica, la vocera del Ministerio de Economía, Patricia Letona, confirmó que los call centers están clasificados en el sector de telecomunicaciones, lo que implicaría que tácitamente tienen la autorización gubernamental. Esto, a pesar de que Giammattei no mencionó esta actividad laboral en su discurso.

El mandatario no lo dijo en su conferencia, pero en el diario oficial también quedó registrado que el Ministerio de Economía “podrá autorizar la operación de una empresa o servicio o en su defecto acordar el mecanismo de suspensión de operaciones especialmente en lo relacionado al sector maquilador o manufacturero”. 

El martes también se observó actividad usual en diversas maquilas. Ante la consulta  de Fáctica sobre el tema, Patricia Letona afirmó “para ello (está) el formulario del Mineco, que no es una acción aislada al mensaje del Presidente”, en el que nunca mencionó esta posibilidad. 

El cuestionario aplica para las empresas que deberán transportar a sus empleados de forma colectiva, indicó Letona. Sin embargo, hasta hoy no hay claridad sobre las vías para que el Ministerio de Economía autorice las operaciones del sector, sólo se indica el proceso para solicitar el permiso para el transporte de sus trabajadores.

Ambigüedad y confusión

El martes, el abogado Alejandro Balsells Conde denunció en su cuenta de Twitter la no suspensión de labores en este tipo de empresas, y aseguró a Fáctica que conoce a varios trabajadores a quienes “les obligaron a ir”. Estas denuncias  también fueron enviadas al teléfono de Fáctica (3756 8119) y en redes sociales. Balsells critica que “existen vacíos en las decisiones y demasiada incertidumbre sobre lo que pueda pasar a final de mes”. Agrega que a pesar de que el Gobierno está atravesando un momento difícil, es necesario que corrijan sus mensajes y se pongan de acuerdo.

El abogado también afirma que el Presidente fue claro en las disposiciones del lunes, pero tuvo que ceder ante el sector económico privado: “No todas las empresas son grandes. Hay empresas medianas y pequeñas que pueden quebrar en 15 días”. 

En el mensaje presidencial del pasado martes 17, Giammattei contradijo sus declaraciones del lunes y aseguró que las empresas pueden trabajar si implementan las medidas sanitarias contra el covid-19 y brindan soluciones de transporte para sus empleados.

Responsabilidades y denuncias

Las consultas dirigidas a Fáctica  en relación al tema (que empezaron a llegar el mismo lunes por la noche), en su mayoría se centraban en la posibilidad de desobedecer la decisión de sus empresas o el respaldo legal que pudieran tener para exigir su derecho a la salud.

El abogado constitucionalista, Alexander Aizenstatd, explica que el Estado de Calamidad le permite al gobierno restringir cualquier actividad o no hacerlo. “Depende de las consecuencias que pueda tener para el gobierno”, señala. Sin embargo, acota que “la obligación mínima es cumplir con los protocolos de higiene y seguridad. Pero se podría accionar contra el Estado, pues estas decisiones podrían tener consecuencias. Quien debe prevenir es el Estado”, puntualizó el constitucionalista. 

Luis Daniel Reyes, defensor de la Persona Trabajadora de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), asegura que, ante las disposiciones presidenciales, las empresas deben asumir su responsabilidad en higiene y seguridad. En la defensoría que coordina se recibieron entre 30 y 35 denuncias a call centers durante el martes 17. Conduent, ConData, E-Verify, Allied Global, Telus, ACT, Alorica e ICS fueron algunos de los denunciados.

Las personas trabajadoras pueden denunciar a la Inspección General de Trabajo o a la PDH para coordinar y verificar si consideran que sus empresas deben ser sancionadas. “Los inspectores harán una visita y denunciarán si no se está cumpliendo con lo establecido”, agrega Reyes. De incumplir normas, los inspectores podrían evacuar al personal y sancionar a la empresa.

“Entre ayer y hoy hemos recibido 2500 llamadas, 113 denuncias y se han abierto 36 expedientes que tienen que ver con las disposiciones presidenciales. Entre estas hay call centers”, afirmó Edgar Arana, vocero del Ministerio de Trabajo. 

Según la orden presidencial las empresas autorizadas deben aplicar el protocolo de seguridad e higiene, promover el respeto por el distanciamiento de al menos un metro y permitir y propiciar el trabajo desde casa tanto en el sector público y privado son las disposiciones que el Gobierno ha decretado en su último informe.

De incumplirse, las disposiciones presidenciales dictan que toda persona está sujeta a lo estipulado en la normativa del Código Penal con relación a delitos contra la salud, economía nacional, administración… y otros relacionados con el estado de Calamidad.

Para denunciar incumplimientos a las normas de higiene y seguridad, o solicitar asesoría relacionada con el derecho a la salud: Ministerio de Trabajo: 1511, y Procuraduría de Derechos Humanos: 1555.