Ni los últimos coletazos de un cruento conflicto armado ni el complejo camino para firmar la paz. Para la periodista Julia Corado, quien se inició en el periodismo en 1993, …
Ni los últimos coletazos de un cruento conflicto armado ni el complejo camino para firmar la paz. Para la periodista Julia Corado, quien se inició en el periodismo en 1993, la época más dura para la libertad de expresión en Guatemala no la vivió durante esos años últimos años de la guerra.
Los peores años para el ejercicio del periodismo, para Corado, han sido en los que gobernaron Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024).
El 2 de marzo de 2023, cuando aún era directora de elPeriódico —y con una trayectoria de 20 años en dicho medio— la periodista tuvo que abandonar el país.
Tomó la decisión horas después de ser criminalizada junto con otros cinco periodistas del diario: Gerson Ortiz, Alexander Valdez, Rony Ríos, Cristian Velix y Denis Aguilar y los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín.
«Al día siguiente de que declaran que nosotros estábamos ligados a un proceso penal, una organización de apoyo se comunica conmigo y me dice “esto es urgente, es muy peligroso y usted tiene que salir” y el día 2 ya estaba fuera de Guatemala», recuerda Corado.
Dos días antes, el 28 de febrero, el juez Jimi Bremer, en una acción conjunta con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, ordenaba a la fiscal Cinthia Monterroso que investigara a la plantilla de periodistas.
En esa misma audiencia, el juez ordenó enviar a un segundo debate al presidente del medio, José Rubén Zamora, quien hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, lleva 644 días en prisión sin tener una condena en su contra.
Zamora está detenido desde el 29 de julio de 2022, cuando la FECI pidió su captura y allanó su residencia. El Tribunal Octavo lo condenó el 12 de junio de 2023 a seis años de prisión por lavado de dinero, mediante la Ley contra la Delincuencia Organizada.
Dicha sentencia fue anulada por la Sala Segunda de Apelaciones, que ordenó realizar un nuevo debate debido a irregularidades cometidas en el primero.
El segundo juicio al que Bremer envió a Zamora aquel 28 de febrero de 2023 ha sido suspendido en tres ocasiones y más de un año después, no ha dado inicio.
En la audiencia de ese día, la fiscal Monterroso aseguró que las publicaciones de elPeriódico habían sido «algo orquestado» para perseguir a «jueces, fiscales y demás sujetos procesales, denunciantes y querellantes, afectando su integridad física».
Como prueba presentó publicaciones periodísticas sobre el primer juicio en contra de Zamora. La fiscal habló de «asociación ilícita» entre periodistas.
La petición de Monterroso, ahora jefa de la fiscalía de la región nororiental con sede en Zacapa, abarcó investigar a medios de comunicación independientes para «deducir responsabilidades» por supuestos financiamientos ilícitos.
Criminalización y agresiones
Tras casi un año del proceso, el pasado 8 de enero el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal ordenó cerrar la investigación que la FECI abrió contra los periodistas.
Aseguró que la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento son claras al indicar un procedimiento específico, a través de un tribunal de imprenta (y no de un juzgado penal), en contra de publicaciones de prensa.
La FECI apeló la resolución, pero la Sala Tercera de Apelaciones confirmó el fallo del juzgado el 18 de marzo. Sin embargo, la fiscalía, una vez más presentó un recurso, ahora ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado 15 de abril, según confirmó el vocero del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón.
Pantaleón lo justificó diciendo que «el MP es el ente encargado de ejercer la persecución penal y de velar por el estricto cumplimiento de la ley, por ello tiene la obligación de investigar para esclarecer los hechos».
La abogada Joseline Jácome, una de las defensoras de los periodistas criminalizados, asegura que las acciones del MP y del juez Bremer en 2023 se podrían considerar ilegales.
«Han sido un panorama muy incierto para los periodistas. Tener a todo el sistema en contra es muy difícil. Pero al final está venciendo la verdad, las garantías y la libertad de expresión».
«Este caso nunca tuvo que haber existido, pero aún vemos a un Ministerio Público que adolece en su funcionamiento, de objetividad y de apego a la legalidad», considera la abogada.
Así como los extrabajadores de elPeriódico, existen más de 25 periodistas y comunicadores que tuvieron que irse del país en los últimos años, perseguidos por aparatos del Estado.
El más reciente caso de agresión ocurrió el pasado 26 de abril, durante una actividad en la cual participó el presidente Arévalo en Suchitepéquez, el diputado del partido VAMOS, Oswaldo Rosales Polanco, agredió a los periodistas Roderico Valdez y Abel Reyna.
Rosales Polanco llegó a una reunión que el mandatario sostuvo con los alcaldes del departamento. Según dicen los periodistas, conversó que había llegado en busca de negocios con el gobierno y lo grabaron. Fue cuando el diputado tomó del cuello y agredió a Valdez y Reyna lo grabó.
Minutos después, le arrebató el celular a Reyna y lo agredió verbalmente, además de borrar la grabación que él tenía sobre el ataque sufrido por su colega. Esta escena fue grabada por otro periodista y se viralizó en redes sociales.
Justicia para periodistas departamentales
Una causa positiva para el periodismo departamental ocurrió el 31 de enero, cuando el Tribunal de Sentencia de Chiquimula condenó a dos agentes y un comisario de la Policía por abuso de autoridad cometido contra la periodista Norma Sancir en 2014.
En aquella ocasión, los policías capturaron a Sancir cuando cubría una protesta comunitaria en la frontera con Honduras y la tuvieron detenida varios días. La defensa de los policías retrasó el caso por diez años.
El mismo día, pero en el Juzgado de Primera Instancia de Izabal, el juez ordenó cerrar una causa penal en contra de Carlos Choc, quien en 2017 fue criminalizado y también detenido arbitrariamente por una cobertura en la cual documentó fotográficamente la muerte de un campesino a manos de policías.
En esa ocasión, un grupo de policías y la compañía minera de níquel de El Estor, lo acusaban de incitar a la violencia. Luego de siete años y no haber pruebas en su contra, el juez falló a su favor.
«Los últimos años han sido los peores para la libertad de expresión. Los intentos por silenciar a la prensa han sido fuertes. Por eso guardo mucho respeto y admiración por quienes se quedaron, que siguieron luchando y expusieron su vida por un hilo de esperanza», asegura la periodista Julia Corado.
Ahora, después de catorce meses ejerciendo el periodismo desde el exilio, Corado afirma que «aunque se ve una luz para la democracia del país y no los nubarrones del año pasado, todavía es complicado porque las personas que ocasionaron ese daño siguen en sus cargos».
La «luz» a la que Corado se refiere es el anuncio del presidente Bernardo Arévalo, en enero pasado, de que no perseguirá a la prensa y que garantizará la libertad de expresión.
Corado, quien estudia un posgrado fuera del país y es editora del nuevo medio eP Investiga —el que ha reunido a buena parte de la plantilla del desaparecido elPeriódico— no pierde las esperanzas de volver.
«Aunque el presidente Arévalo prometió garantías, estamos claros de que los juzgados son los mismos, la Corte Suprema, la de Constitucionalidad y el Ministerio Público… siguen en manos de dudosa procedencia».
«Hay mucho por lo que luchar aún en Guatemala», finaliza Corado.
Conmemorando la libertad de prensa
Ayer, 2 de mayo, en acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobierno reconoció el esfuerzo de las y los periodistas guatemaltecos de ejercer en condiciones adversas.
El colectivo No Nos Callarán ha coordinado actividades para el Día de la Libertad de Prensa, que a nivel mundial se celebra el 3 de mayo. Se tienen previstas activaciones de una compañía de artes escénicas en diversos puntos de la ciudad.
Los artistas personificarán y recordarán a los transeúntes y automovilistas, en diferentes horarios, la importancia de la libertad de prensa en Guatemala.
También se tiene previsto el foro «Por el derecho a informar», coordinado junto con la Universidad Rafael Landívar.
