A través de un monitoreo en redes sociales se han detectado publicaciones que alertan sobre la incertidumbre o posible negativa de la fiscal general Consuelo Porras a entregar el cargo …
A través de un monitoreo en redes sociales se han detectado publicaciones que alertan sobre la incertidumbre o posible negativa de la fiscal general Consuelo Porras a entregar el cargo al designado por el presidente, Gabriel García Luna, el 17 de mayo.
La Corte de Constitucionalidad (CC) ya negó los dos últimos amparos promovidos contra el proceso, por lo que el Organismo Ejecutivo envió al Ministerio Público (MP) la notificación administrativa con el acuerdo de la designación.
Agencia Ocote consultó con expertos sobre los pasos legalmente establecidos para que ocurra una transición del fiscal general y esto se informó.
No hubo proceso de transición
Una desinformación que se repitió en redes sociales fue el supuesto requisito de que el Ejecutivo debía publicar el acuerdo gubernativo de la designación de García Luna en el Diario Oficial.
En días previos, el MP informó que haría una transición con el funcionario entrante, luego de la designación de García Luna por el presidente Bernardo Arévalo. Sin embargo, la transición no ocurrió.
Por ello, el diputado José Chic, del partido VOS, solicitó al MP un informe sobre el cronograma. Con fecha 11 de mayo, el MP respondió a Chic excusándose en no tener fechas contempladas porque el Ejecutivo no había hecho la publicación en el Diario de Centro América.
«No ha sido publicado el Acuerdo Gubernativo relativo al nombramiento, por lo que, aún no se cuenta con lo solicitado. En ese sentido, y con base al principio de legalidad que rige la actuación administrativa, actualmente esta institución se encuentra imposibilitada de establecer formalmente un cronograma oficial de transición», menciona el oficio.
Este fue firmado por Julia María Juárez Sagüil, subsecretaria general del Ministerio Público.
Una trampa legal
Chic aseguró a Agencia Ocote que en ninguna parte de la normativa se tiene como requisito que esté publicado el acuerdo gubernativo.
«Se está pidiendo un requisito que no existe; no está regulado en la normativa. Pareciera que es únicamente una excusa para entrampar (el cambio)».
Según Chic, pareciera más «una excusa para que el Gobierno publique el acuerdo», lo que en realidad sería una trampa legal «porque hay que recordar que (una publicación en el Diario Oficial) es impugnable» y un acuerdo gubernativo administrativo no.
Designación de cargo no es publicable
El abogado Julio Prado, ex fiscal antiimpunidad del MP, explica que luego de que el presidente recibe una nómina de seis candidatos, la elección de la persona se vuelve un acto administrativo. Esto ocurre porque la persona designada se vuelve funcionario público y se formaliza con un acuerdo gubernativo.
«Este acuerdo, que tiene la naturaleza de designación de un cargo, corre la suerte de otros parecidos según un decreto del Congreso que dice que no son publicables en el Diario Oficial. El acto administrativo sólo surte efecto para la persona nombrada y para la institución donde ejercerá sus funciones», menciona Prado.
«Los actos administrativos públicos (que se deben publicar en el Diario Oficial), dice el (artículo 1 del) acuerdo del Congreso, son aquellos de observancia general que van a tener efectos sobre los administrados. En este caso en los ciudadanos en general», explica Prado.
Notificación oficial administrativa
La no publicación en el Diario Oficial lo confirmó el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, quien afirmó que el acuerdo fue remitido a la administración del MP este 12 de mayo.
Esto, horas después de que la CC resolviera no otorgar ningún amparo en el proceso de elección de fiscal general. Guerrero explica que el documento de la designación, al «ser de carácter administrativo», no necesita publicarse para surtir efecto.
«Porque se trata de acuerdos administrativos de nombramiento, no de disposiciones generales o reglamentarias que obliguen su publicación», finaliza.
Para aclarar la polémica que ha surgido en redes sociales sobre la obligatoriedad de publicar en el Diario de Centroamérica el acuerdo gubernativo de nombramiento de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público:
— Juan Gerardo Guerrero Garnica (@GuerreroGarnica) May 12, 2026
Los acuerdos gubernativos de nombramiento que emite el Presidente…
Declaración de Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia.
Se han publicado solo tres acuerdos
La exfiscal general, Thelma Aldana, también mencionó a Agencia Ocote que las publicaciones tienen la intención de manipular. «Siempre estos sectores oscuros manipulan la información y desinforman para generar una crisis que no existe».
Prensa Libre publicó que registros históricos de la Presidencia muestran que desde 1994 solo se han publicado tres acuerdos gubernativos sobre la designación de fiscal general.
Estos fueron los de Héctor Hugo Pérez Aguilera, por Álvaro Arzú; Juan Luis Florido, por Óscar Berger, y el primer mandato de Consuelo Porras, por Jimmy Morales.
«El acuerdo gubernativo que emite el presidente lo hace con fundamento en la Constitución, que le da amplias facultades para emitirlo», expresa Aldana.
«Si no se publica, no afecta la eficacia del acto administrativo. Y hay que distinguir entre un acuerdo gubernativo de carácter individual y uno de carácter general. El nombramiento de un fiscal general es un acto administrativo individual», razona la exfiscal.
¿Riesgo de no alternancia de poderes?
El abogado Julio Prado ve pocas probabilidades de que no exista una alternancia de poderes en el MP.
«Hay que recordar que quien fue designado por el presidente pasó con 15 votos de los 15 integrantes de la Comisión de Postulación. Quiere decir que logró unanimidad entre personas que pocas veces suelen ponerse de acuerdo», recuerda.
Menciona que aunque no es necesario un acto protocolario para la toma de posesión, sí sería sensato.
Thelma Aldana, por su parte, se cuestiona el tipo de transición que puede haber entre la fiscal saliente y el entrante. Esto porque «lo que hizo Consuelo Porras en ocho años fue causar la involución del sistema de justicia y del MP en particular».
Para Aldana, hacer una revisión profunda de la gestión es algo que le responde al próximo fiscal general.
«(Porras) obstruyó investigaciones de alto impacto anticorrupción, instrumentalizó al MP para proteger actores políticos y aliados a la corrupción, la criminalización de operadores de justicia, activistas, periodistas independientes, personas de derechos humanos y autoridades indígenas.»
Finaliza mencionando que Porras «lesionó el tejido social de Guatemala y el Estado de derecho en general. Intentó anular las elecciones, algo nunca visto en la historia del país, y eso que hemos pasado por períodos dramáticos, pero nunca al nivel del daño que esta persona dejó a la institución».
