Una pequeña oficina del edificio El Centro, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, era el espacio en el que se reunía el grupo élite del Estado Mayor Presidencial. Este grupo era el escuadrón de la muerte del caso Diario Militar. Los señalados de integrar ese escuadrón enfrentan hoy un proceso judicial por las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos de al menos 195 personas que coordinaron desde la «oficinita» entre 1983 y 1985.
El 15 de mayo de 1984, una balacera alertó a las estudiantes del Instituto Normal para Señoritas Centroamérica (INCA). Las balas impactaron en el edificio, sobre la segunda avenida y primera calle de la zona 1 de la ciudad capital. Eran las 11 de la mañana.
En la calle, hombres armados perseguían a Otto René Estrada Illescas. Él trató de huir, pero una bala lo alcanzó y aún herido fue obligado a subir a un vehículo. Desde ese día, no lo volvieron a ver.
Otto Estrada era estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), miembro del sindicato universitario, del comité ejecutivo de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) y del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).
Tenía 31 años, estaba casado y era padre de un niño de 1 año.
El operativo fue planificado en una oficina del edificio El Centro. El escuadrón de la muerte que operaba ahí registró su detención, al igual que la de 194 personas más, en un documento conocido como «Diario Militar», o «Dossier de la muerte».
Su hijo, Paulo René Estrada Velásquez, de 40 años, ahora exige justicia. Él sigue buscando a su padre y a su tío, Julio Alberto, quien encabezó la búsqueda de Otto René y fue secuestrado y desaparecido un mes después.
Cuando Paulo Estrada era adolescente, su madre le entregó un portafolio con recortes de periódicos y todos los documentos relacionados con el secuestro y desaparición de su padre. «Para eso sobreviví, para buscarlo», dice Paulo René.
Ahora es representante de la asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) y querellante adhesivo en el proceso judicial por el caso Diario Militar.
La «oficinita»
«Él, Acevedo, en los años 80 perteneció al grupo élite, como ellos le llamaban. Era un grupo clandestino que tenía como enlace la oficina en el edificio El Centro… Se reunían en el edificio El Centro, con sueldo y apoyo del Estado Mayor Presidencial».
La fiscal Elena Sut leyó esta frase en la acusación, en mayo de 2022, durante la audiencia de primera declaración de Toribio Acevedo Ramírez, sindicado en el caso Diario Militar.
Era parte del testimonio de un testigo con identidad bajo reserva. Un hombre que había trabajado en el Estado Mayor de la Defensa Nacional en la década de los ochenta. Su declaración es una de las pruebas contra los imputados en el proceso judicial.
El caso Diario Militar es un expediente que la fiscalía abrió en contra de exfuncionarios militares y policiales.
Catorce personas —Toribio Acevedo entre ellas— fueron sindicadas por detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y violaciones durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.
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La Fiscalía de Derechos Humanos estableció que varias estructuras del Estado Mayor Presidencial (EMP) participaron en estos operativos. El EMP había sido creado en la década de los setenta, por los gobiernos militares. Era una entidad a cargo de la seguridad presidencial, pero se convirtió en un servicio de inteligencia para reprimir a personas consideradas subversivas por el Estado y opositores políticos.
Sus estructuras clandestinas ilegales estaban conformadas por agentes de las fuerzas de seguridad, colaboradores, especialistas, agentes encubiertos e informantes asignados a desempeñar funciones en otras entidades estatales o privadas.
Según la declaración del testigo en contra de Toribio, entre 1983 y 1985, una de las estructuras de inteligencia del EMP (conocida como «El Archivo») se reunía en una pequeña oficina en el edificio El Centro. Desde ahí, planificaron las detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y violaciones sexuales de al menos 195 personas.
El edificio El Centro está sobre la séptima avenida y octava calle del Centro Histórico, zona 1. En los dos primeros niveles hay comercios. Los otros catorce son de oficinas y apartamentos.
Detrás del Portal del Comercio, sobresalen los niveles superiores de este edificio, inaugurado a principios de los setenta. Tienen grandes ventanales con vista hacia la Plaza de la Constitución, el Palacio Nacional de la Cultura y la Catedral Metropolitana.
Una de esas oficinas funcionaba como el centro de planificación y coordinación de la estructura que realizaba ejecuciones extrajudiciales. El número o el nivel donde funcionaba la «oficinita» aún es un misterio.
El grupo criminal era parte de la unidad de inteligencia del EMP conocida como «Archivo», o «AGSA», por el acrónimo que se forma con las letras Archivo General y Servicio de Apoyo.
Según el informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), el «Archivo» era una unidad secreta que realizaba operativos de seguimiento, detenciones e interrogatorios.
Edgar Armando Gutiérrez Girón, economista, exministro de Relaciones Exteriores y quien fue coordinador del Remhi, asegura que en el edificio El Centro operaba «una oficina alquilada, extensión del Archivo» donde planificaban sus acciones. La sede oficial se encontraba en la Casa Presidencial.
Es complicado saber con exactitud cuál de las oficinas del edificio se utilizaba para organizar las atrocidades. Las operaciones que realizaban eran clandestinas y no hay documentación pública donde encontrar datos precisos.
Testigos del caso Diario Militar describen en la acusación del MP que se trataba de una pequeña oficina, que solo nombraban como la «oficinita», en la cual apenas tenían un escritorio y un par de muebles.
Paulo Estrada, representante de Famdegua y querellante adhesivo en el proceso judicial por el caso Diario Militar debido a la desaparición de su padre y su tío, añade que la oficina en el edificio El Centro pertenecía a un sistema ilegal de inteligencia.
«En la “oficinita” se daban las directrices para ejecutar operaciones de inteligencia. Incluso los testigos mencionan que este tipo de operaciones nunca iban a poder ser rastreadas, ya que eran pagadas en efectivo. También sirvió para hacer contrainteligencia, tener un lugar clandestino en el cual se pudiera observar el entorno del Palacio Nacional», señala.
Las órdenes venían de altos mandos militares, entre ellos Marco Antonio González Taracena, quien dirigía el «Archivo» y fue detenido en 2021, acusado por el caso Diario Militar. González Taracena falleció el año pasado. Según la investigación del Ministerio Público, las operaciones eran pagadas con fondos asignados al Ejército.
¿Para qué la utilizaban?
Estrada ha investigado sobre la oficina en el edificio El Centro y otros lugares que conformaban un sistema clandestino de reuniones y operaciones contrainsurgentes.
«Es un sistema no sólo militar, por eso decimos de inteligencia. Participó la Policía, Aduanas, Migración… hasta el Ministerio de Finanzas. Este grupo de inteligencia se había incrustado en instituciones gubernamentales», explica.
Sin embargo, conocer su ubicación exacta y otros detalles de lo que ahí planificaban podría conocerse hasta cuando el juicio en contra de los procesados por el caso Diario Militar de inicio y los testigos rindan su declaración.
En el edificio El Centro hay comercios en los primeros dos niveles. Los otros catorce son de oficinas y apartamentos. Fotografía: Christian Gutiérrez.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) establece en su informe que el Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales operaba como una unidad de inteligencia, con tres oficinas en el edificio del Ministerio de Finanzas: en el sótano, en la azotea y en el piso 18.
Este departamento, creado en 1980, funcionaba como una unidad de inteligencia para controlar la financiación de las actividades de contrainsurgencia del Ejército. También sentó las bases de las redes de contrabando.
Según la CEH, la oficina del sótano se utilizaba para detener personas, que luego trasladaban a otros centros clandestinos. También era el parqueo de los vehículos que usaban en esas operaciones militares y policiales. Mientras que en la oficina de la azotea se controlaban microondas de la radio del Estado y los canales de radio: del 1 al 6 de la Policía.
La oficina del piso 18, al lado del despacho del ministro de Finanzas, se ocupaba del control de aduanas, fuente importante de financiación del Ejército. En 1999, el caso de la Red Moreno mostró el entramado de la defraudación aduanera cometida por militares durante la guerra en Guatemala.
Estrada refiere que los escuadrones de la muerte tenían varias sedes operativas, conocidas como «centros clandestinos de detención», que utilizaban para encarcelar, torturar y asesinar. En una publicación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) se mencionan algunas detenciones ilegales en los cuarteles de Matamoros y Mariscal Zavala.
Otros dos centros clandestinos de detención funcionaron en la antigua Escuela Politécnica y el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional. En la actualidad, en estos espacios están la sede del Ministerio de la Defensa Nacional y una estación de la Policía Nacional Civil.
Estos lugares y muchos otros sitios en el país esconden atrocidades cometidas durante el conflicto armado interno. Son testigos de desapariciones forzadas y asesinatos de personas consideradas subversivas: estudiantes, docentes, sindicalistas, periodistas, escritores.
Pendientes de ir a juicio
El 6 de mayo del 2022, el juez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio, envió a juicio a nueve acusados. La fecha para la apertura a juicio todavía no ha sido programada.
- Víctor Augusto Vásquez Echeverría, general de división retirado.
- Gustavo Adolfo Oliva Blanco, teniente coronel retirado.
- Juan Francisco Cifuentes Cano, teniente coronel de Policía retirado.
- Jacobo Esdras Salán Sánchez, coronel retirado.
- José Daniel Monterroso Villagrán, sargento mayor especialista retirado.
- Enrique Cifuentes de la Cruz, sargento mayor especialista retirado.
- Edgar Corado Samayoa, sargento mayor especialista retirado.
- Rone René Lara, sargento mayor especialista retirado.
Entre ellos también estaba Marco Antonio Gónzalez Taracena, general de división retirado, jefe del AGSA del EMP durante el gobierno de Mejía Víctores y ministro de Defensa entre 1995 y 1996. Pero el acusado falleció en junio del año pasado.
Cuatro sindicados no han sido enviados a juicio, sus procesos judiciales están en etapa intermedia: Edgar Virgilio de León Sigüenza, Malfred Orlando Pérez Lorenzo, Alix Leonel Barillas Soto y Toribio Acevedo. En octubre de 2022, se suspendió la persecución contra Eliseo Barrios Soto, luego de que fue diagnosticado con demencia moderada y otras enfermedades. Todavía siguen prófugos tres sospechosos.
A 40 años de las desapariciones y ejecuciones, los familiares de las víctimas y sobrevivientes del Diario Militar aún esperan por justicia.
