Ha pasado un año desde las primeras capturas del caso del Diario Militar. El 27 de mayo de 2021, las autoridades de Guatemala capturaron a once exfuncionarios militares y policiales sindicados de la detención ilegal, tortura, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual de al menos 195 personas durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores, entre 1983 y 1985.

Desde entonces, cuatro personas, que las autoridades no habían logrado aprehender y quienes fueron declarados prófugos en el caso, han sido detenidos. Uno, Jacobo Esdras Salán Sánchez, se entregó el primer día de las audiencias de comparecencia, el 1 de junio de 2021. Malfred Orlando Pérez Lorenzo y Alix Leonel Barillas Soto fueron capturados en enero y en febrero de 2021. 

El último prófugo en ser capturado en el caso es Toribio Acevedo Ramírez. Fue detenido el 10 de mayo de 2022 por autoridades en Panamá. Luego de la audiencia de primera declaración, que duró tres días, fue ligado a proceso el 23 de mayo. Tres sindicados en el caso siguen prófugos.

El 6 de mayo concluyó la fase probatoria para los primeros nueve militares retirados y expolicías acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos. El juez de instrucción a cargo del proceso, Miguel Ángel Gálvez, del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, determinó que, entre los testimonios de sobrevivientes y de los familiares de las víctimas, los documentos militares, los documentos desclasificados del Gobierno de Estados Unidos y otras evidencias; hay motivos suficientes para suponer su responsabilidad en los hechos.

Por ello, envió a juicio a los nueve acusados. Ellos son: 

• Marco Antonio González Taracena, general de división retirado, ministro de Defensa entre 1995 y 1996.
• Víctor Augusto Vásquez Echeverría, general de división retirado.
• Gustavo Adolfo Oliva Blanco, teniente coronel retirado.
• Juan Francisco Cifuentes Cano, teniente coronel de Policía retirado.
• Jacobo Esdras Salán Sánchez, coronel retirado.
• José Daniel Monterroso Villagrán, sargento mayor especialista retirado.
• Enrique Cifuentes de la Cruz, sargento mayor especialista retirado.
• Edgar Corado Samayoa, sargento mayor especialista retirado.
• Rone René Lara, sargento mayor especialista retirado.

Durante las seis semanas que duró la fase intermedia, hubo varios conflictos en la sala.  

El abogado del general retirado Marco Antonio González Taracena acusó a un periodista de tomar fotografías de su computadora. El mismo abogado se quejó ante el juez de que algunos de los  familiares de las víctimas se habían burlado de él y buscaban desconcentrarlo.

Durante los tres días que duró la lectura de la resolución, la tensión en la sala aumentó. El 6 de mayo, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), se presentó en la sala. La FCT es una organización con posturas conservadoras, que ha propiciado el hostigamiento a jueces y fiscales y ha sido querellante en varios procesos. 

En su cuenta de Twitter, Méndez Ruiz ha expresado su rechazo al juez Gálvez por haber abierto el caso Diario Militar. Llegó a señalarlo de prevaricato. En los días después de su resolución, publicó una serie de tuits contra el juez, algunos difamatorios, otros intimidatorios. El  11 de mayo de 2022, informó que había presentado una querella contra el juez por prevaricato. 

Tilly Bickford, excandidata a diputada por el Partido Unionista en las elecciones de 2019 y opositora a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), también llegó a la sala. Después de que el juez Gálvez le llamara la atención por tomar fotos fuera del área de prensa, Bickford se identificó como periodista. El juez le exigió respetar el protocolo para periodistas establecido por el juzgado y le recordó que debía guardar silencio.

La resolución: El contexto en que se dieron los hechos 

Gálvez comenzó la lectura de su resolución poniendo sobre la mesa el contexto en el que sucedieron los presuntos delitos. Según el juez, a partir de la doctrina de seguridad nacional un concepto desarrollado durante la Guerra Fría y utilizado por gobiernos militares en Latinoamérica, los militares guatemaltecos lanzaron operaciones de inteligencia para vigilar, capturar y eliminar a presuntos miembros de organizaciones guerrilleras y otros grupos considerados “enemigo interno“.

El juez señaló que los acusados fueron señalados de delitos como desaparición forzada y delitos de lesa humanidad. Según la Fiscalía de Derechos Humanos, varias estructuras participaron en operativos que resultaron en graves violaciones a los derechos humanos. La principal de estas fue la estructura de inteligencia formada en el Archivo General y el Servicio de Apoyo, dentro del Estado Mayor Presidencial (AGSA-EMP), conocido como “El Archivo” o “La Regional”, creada en 1964 y señalada de llevar a cabo los hechos registrados en el Diario Militar. 

Según la Fiscalía, esta estructura se coordinaba con la Dirección de Inteligencia Militar (D2) del Estado Mayor de la Defensa Nacional, conocida como “La 2”, “la segunda” y la “G2”.

Gálvez explicó que, durante la guerra en Guatemala, “El Archivo” y la Dirección de Inteligencia Militar fueron apoyadas y profesionalizadas con financiamiento del gobierno de los Estados Unidos, para combatir al comunismo en Guatemala. Esto, según el juez, se corrobora con documentos oficiales desclasificados por el gobierno norteamericano y en los planes y campañas militares del Ejército de Guatemala. 

También hizo referencia a cómo durante el periodo del gobierno de facto de Mejía Victores, la Policía fue militarizada y participó en operativos de inteligencia del Batallón de Reacción de Operaciones Especiales (BROE).

El juez reiteró que el Ministerio de la Defensa se ha negado constantemente a proporcionar información para esclarecer la verdad sobre los hechos registrados en el Diario Militar. Además, evidenció que se  incorporaron documentos militares como prueba en este proceso, a partir del trabajo de los familiares y las organizaciones de derechos humanos que los representan. 

Por ejemplo, el Plan de Campaña Firmeza 83 y 83-I, el Plan de Campaña Reencuentro institucional 84, Estabilidad nacional 85 y Consolidación Nacional 86 se han incorporado como pruebas en el caso.

Como resultado de las políticas de combate al comunismo, señaló el juez, se dieron una serie de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército de Guatemala, tal como se documenta en el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). 

En concreto, se refirió a un testigo que señaló que, luego de ser interrogados, algunos detenidos fueron lanzados desde aviones para deshacerse de sus cuerpos y, por tanto, de cualquier evidencia: “Para desprenderse de prisioneros después de interrogarlos, personal de la “D2” los había hecho volar por el océano, empujándolos a veces vivos para eliminar cualquier evidencia“.  

Gálvez también hizo mención a los documentos incautados en la casa del teniente coronel retirado, Gustavo Adolfo Oliva Blanco, exjefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), el 27 de mayo de 2021, cuando fue capturado. 

Uno de estos documentos revela la forma en que la inteligencia militar registraba información sobre las personas consideradas como “enemigo interno”, así como sus amistades recurrentes y los lugares de encuentro. Esto sólo lo podría hacer alguien con capacitación, dijo el juez, alguien que es parte de una estructura y no una persona individual.

Los familiares de las personas detenidas, especialmente los que se organizaron para su búsqueda y para denunciar, también fueron objeto de seguimiento. El juez Gálvez habló del caso de María del Rosario Godoy de Cuevas, cofundadora del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), cuyo esposo, Carlos Cuevas Molina, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984. El juez leyó parte de una carta escrita por Rosario Godoy a su suegra, Ruth Molina de Cuevas, el 30 de marzo de 1985, diez meses después de la desaparición de su esposo. 

“Estoy por volverme loca, ya son diez meses, no se me ocurre más que hacer”, dice Godoy en la carta, y asegura  que teme por su vida y por la de su hijo, luego del secuestro de su esposo. Le cuenta a su suegra que alguien le informó que su esposo aún estaba vivo y que escuchó que el gobierno le tenía “una sorpresa”. “O me devuelven a Carlos vivo, o me llevan a mi también.…”, concluye. 

El mismo 30 de marzo de 1985, el portavoz del GAM, Héctor Orlando Gómez Calito, fue capturado por “hombres desconocidos vestidos de particular”, dijo el juez. Una semana después, el 4 de abril de 1985, Rosario Godoy fue encontrada sin vida, junto a su hijo y su hermano, Maynor René, de 21 años. Los asesinos organizaron la escena del crimen como si se tratase de un accidente de tránsito, pero Rosario Godoy tenía la ropa interior llena de sangre y señales de tortura. A su bebé le habían arrancado las uñas, y fue quemado con un cigarro y golpeado. 

La resolución: los testimonios del horror

Para sustentar su resolución, el juez se refirió a los testimonios de personas registradas en el Diario Militar que fueron detenidas ilegalmente, recluidas en centros de detención clandestinos  y que después fueron liberadas o lograron escapar. En sus testimonios, estas personas relataron sesiones de interrogatorio en las que fueron torturadas. Varias afirman que durante el tiempo que estuvieron detenidas, vieron u oyeron cómo se torturaba a otras personas. 

El juez explicó que en el Diario Militar se pueden interpretar algunas anotaciones que corroboran el testimonio de las víctimas. Se refirió a varias ejemplos, como la ficha Z-77, en la cual se registra a Moisés Canales Godoy, quien fue capturado el 1 de marzo de 1984. La anotación manuscrita —“trabajando en Jutiapa ZONA MILITAR”— se refiere a que los militares torturaron a Canales  Godoy para conseguir información. Esta misma anotación aparece en la sección de “control de folders”, en la que se afirma que estos pertenecen a “elementos ya trabajados”, o sea, torturados para extraerles información.

Otros detenidos, tras ser interrogados con métodos y técnicas de tortura, fueron trasladados  a la Dirección de Inteligencia (DI). Este fue el caso de Teresa Graciela Samayoa Morales, ficha W-1, quien fue capturada el 29 de agosto de 1983 y entregada a la DI dos meses y medio después, el 7 de noviembre de 1983; y de Rosa María Castillo Samayoa, ficha W-4, quien fue capturada el 9 de septiembre de 1983 y entregada a la “DI” dos semanas después, el 22 de septiembre de 1983. 

Teresa Graciela Samayoa Morales, de pseudónimo “Sheny”, era la hermana de Sergio Vinicio Samayoa Morales, quien fue herido de bala en un enfrentamiento el 31 de enero de 1984 y fue trasladado al Hospital Roosevelt. 

Como se puede leer en la ficha  W- 60, “se coordinó con la D.I. para su recuperación, lo que fue efectivo”. Sigue desaparecido, junto a su madre hermana y hermanos menores, capturados en 1982. 

Los testimonios de sobrevivientes dan fe de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que utilizaron los acusados para obtener la información de interés para el sistema de inteligencia militar. Santiago Rodríguez Melgar, ficha Z-22, padecía de quebrantos de salud y durante su detención fue privado de su medicamento para obligarlo a señalar a sus compañeros.

El juez se refirió a otros casos en que los sobrevivientes tuvieron que irse de Guatemala. La familia de Jorge David Calvo Drago, ficha  X-69, y su padre Jorge Roberto Calvo Barajas, ficha  X-71, fueron perseguidos hasta Honduras. Ahí, el Ejército Secreto Anticomunista (ESA), que según la CEH estuvo vinculado con la inteligencia militar, les dio seguimiento y control. 

“Nos trasladamos a Honduras”, afirmó un testigo. “Luego de eso, la ESA llevó una carta dejando claro que sabían dónde estábamos y profirieron amenazas, señalando a Jorge de traidor”.

El juez Gálvez mencionó los documentos secuestrados el 27 de mayo de 2021 en la residencia de Oliva Blanco, quien fue Jefe del DIT entre el 16 de agosto de 1982 y el 1 de febrero de 1984.  “Es como si fuera otro Diario Militar”, afirmó el juez, en referencia al documento presentado por la fiscalía, ya que coinciden los nombres de las víctimas identificadas en estos documentos con las fichas del Diario Militar.

Gálvez señaló el “efecto cascada” presentado  por el Ministerio Público, que se constata en los peritajes presentados por la fiscalía: una captura les llevaba a otra captura, por lo que existe una secuencia entre los operativos registrados en el Diario Militar.

La resolución: La estructura que habilitó el terror

En la resolución, Miguel Ángel Gálvez habló de la jerarquía militar y la responsabilidad de los superiores en crímenes graves como la desaparición forzada de personas. 

El juez indicó que, por ejemplo, el general retirado Víctor Vásquez Echeverría, quien fue comandante de la Zona Militar de Chimaltenango de 1983 a 1985, tuvo bajo su jurisdicción el destacamento ubicado en San Juan Comalapa. 

Entre 2003 y 2005, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) localizó aproximadamente 220 osamentas de este destacamento. Entre 2011 y 2012, utilizando la tecnología de ADN, la FAFG identificó seis de estos cuerpos como víctimas registradas en el Diario Militar. Los seis, que fueron localizados en la misma fosa, fueron ejecutados el mismo día, el 29 de marzo de 1983, según consta en el documento.

Según Gálvez, en las declaraciones se evidencia que la Policía participó en los operativos con comandos de inteligencia del EMDN y el EMP. 

El juez hizo referencia a los hechos ocurridos el 2 de enero de 1984 en la residencia de la familia Osorio Bobadilla. Según los testimonios de varias víctimas, es probable que el BROE del Quinto Cuerpo de la Policía Nacional participara en el operativo. Este grupo, conocido como un grupo “SWAT”, fue comandado por el acusado Juan Francisco Cifuentes Cano. 

Alma Lucrecia Osorio Bobadilla, ficha Z-34, fue detenida el 31 de diciembre de 1983. En el operativo estuvieron presente las hermanas y varios de sus sobrinos menores de edad. El juzgador señaló que el caso de Bobadilla llega a lo más extremo de lo inhumano en cuanto al tratamiento de los capturados, e incluso se cometió esclavitud en varias de sus formas.

Gálvez dio lectura a los testimonios del operativo del 11 al 13 de marzo, enfocándose en la víctima Álvaro René Sosa Ramos, ficha  Y-87. Sosa Ramos, capturado el 11 de marzo de 1984, logró escapar de la estructura dos días después. Durante su fuga, recibió tres balas de arma de fuego por parte de sus captores. 

Fue vigilado durante el tiempo que estuvo hospitalizado, hasta que logró refugio en el extranjero. El juzgador subrayó que Sosa Ramos, quien es testigo en el caso, logró identificar a varios de sus captores y torturadores, entre ellos, uno de los acusados en el caso: Jacobo Esdras Salán Sánchez.

El juez Gálvez hizo la relación entre los vehículos que utilizaba la estructura en los operativos, como la famosa “panel blanca”, aunque anotó que utilizaron vehículos de otros colores como azules, café y corinto. 

El juez hizó mención a un carro azul con las placas P-121721, que fue reportado por testigos presenciales durante el escape de Sosa Ramos. La familia de Jorge Alfonso Gregorio Velásquez Soto, ficha  Z-26, reportó las mismas placas como las que participaron en su captura, el 28 de noviembre de 1983. 

Gálvez también leyó la declaración de testigos en reserva, que evidencian la participación de personas vestidas de civil en los operativos de inteligencia militar, así como el uso frecuente de métodos y técnicas de tortura, violencia y violación sexual individual y colectiva. 

Una de las testigos afirmó que, al momento de su captura, fue trasladada a una sede policial en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, donde pudo identificar a personas con uniformes de la Policía y el Ejército. En ese lugar le realizaron el primer interrogatorio. Le acusaron insistentemente de pertenecer a una organización guerrillera.

Según la declaración de la testigo, en el segundo lugar donde estuvo retenida, pudo ver a otras personas a las que “hacían cantar” mediante tortura. “Lo más duro era que me obligaban a ver lo que le hacían a otra gente”, dijo. 

En el centro clandestino de detención vio a una mujer con su hija y a una joven de aproximadamente 18 años a la que le daban toques eléctricos y que sufrió violencia sexual indvidual y colectiva. Al final de la declaración, la testigo reconoció el lugar como el Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), que se ubicaba en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

Otro de los testigos señala que el 15 de mayo de 1984, miembros de la Dirección de Inteligencia (D2), bajo el mando del mayor Tarzo de León Maldonado, participaron en el traslado de Rubén Amílcar Farfán, ficha Z-134, hacia las instalaciones de la antigua Escuela Politécnica, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. El testigo afirma que dicho lugar operaba como centro clandestino de detención y de tortura.

El juzgador también indicó que los testimonios dan cuenta de que dentro de los centros de detención había profesionales de la salud, como médicos y psicólogos, para mantener a las víctimas de tortura en el estado necesario para extraerles información. 

También se evidencia que después de ser torturados y sometidos a interrogatorio táctico, liberaban a algunas víctimas con algún nivel de seguimiento y control: “Voy a ser tu sombra“, fueron las palabras que las víctimas afirman que les dijeron al dejarlos en libertad.

Finalmente, el juez envió a juicio oral y público a los primeros nueve acusados en el caso Diario Militar: 

1. Marco Antonio González Taracena, general de división retirado, exjefe del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencial conocido como “El Archivo” o “La Regional”. Enviado a juicio por la desaparición forzada de 14 personas, delitos contra deberes de humanidad de 21 personas, asesinato de tres personas, y asesinato en grado de tentativa de una persona.
2. Víctor Augusto Vásquez Echeverria, general de brigada retirado, comandante de la Zona Militar de Chimaltenango. Enviado a juicio por la desaparición forzada de 14 personas y delitos contra deberes de humanidad en su calidad de ejecución extrajudicial de seis personas localizadas en el antiguo destacamento militar de Comalapa. 
3. Gustavo Adolfo Oliva Blanco, teniente coronel retirado, exjefe del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT). Enviado a juicio por la desaparición de cuatro personas y por delitos contra deberes de humanidad contra 12 personas.
4. Jacobo Esdras Salán Sánchez, coronel retirado del Ejército, subjefe del curso para fuerzas especiales Kaibil, adscrito al Estado Mayor de la Defensa. Enviado a juicio por la desaparición de tres personas, delitos contra deberes de humanidad contra 10 personas, asesinato de una persona y asesinato en grado de tentativa de una persona.
5. Juan Francisco Cifuentes Cano, teniente coronel de Policía retirado, exjefe del Batallón de Reacción y Operaciones Especiales. Enviado a juicio por la desaparición forzada de 10 personas y por delitos contra deberes de humanidad contra cinco personas.
6. José Daniel Monterroso Villagrán, sargento mayor especialista de Inteligencia Militar (D2), retirado. Enviado a juicio por la desaparición forzada de Rubén Amilcar Farfán, detenido desaparecido el 15 de mayo de 1984.
7. Enrique Cifuentes de la Cruz, “alias Miquillo”, sargento mayor especialista del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencia, retirado. Enviado a juicio por  la desaparición de nueve personas, delitos contra deberes de humanidad contra 12 personas, asesinato de una persona y asesinato en grado de tentativa de una persona. 
8. Edgar Corado Samayoa, alias el «Diablo», sargento mayor especialista del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencial, retirado. Enviado a juicio por la desaparición de nueve personas, delitos contra deberes de humanidad contra 12 personas, asesinato de una persona y asesinato en grado de tentativa de una persona.
9. Rone René Lara, sargento mayor especialista del Archivo General y del Servicio de Apoyo del Estado Mayor Presidencial, retirado. Enviado a juicio por el asesinato en grado de tentativa de Álvaro René Sosa Ramos.

Gálvez recordó que, aunque la desaparición forzada no se incorporó al Código Penal hasta 1994, es un crimen tipificado por el derecho internacional como un delito continuo que no prescribe. “Matar a una persona es un delito instantáneo. Da un sufrimiento, pero la persona tiene el cuerpo de su familiar; mientras que la desaparición forzada es un delito que permanece y se sigue cometiendo mientras no aparezca la persona”, explicó.

El juez también admitió la participación en definitiva como querellantes adhesivos a la Procuraduría de Derechos Humanos, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), y a los familiares de las víctimas: Wendy Santizo Méndez, Paulo René Estrada Velásquez, Alejandra Karina Cabrera Tenas, María Elisa Meza Paniagua y Salomón Estrada Mejía. Esta decisión se dio después de que la defensa de los acusados hubiera solicitado retirarlos del proceso como querellantes.

Durante las audiencias, los familiares colocaron fotos de las víctimas en los vidrios frente al escritorio, en un acto silencioso de reivindicación. Cuando el juez terminó de leer su resolución, se pusieron de pie y levantaron las fotos de sus familiares.

Gálvez anunció que el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para procesos de Mayor Riesgo “A”, presidido por la jueza Yassmín Barrios estará a cargo del juicio. Aún no hay fecha para el comienzo del mismo.

Cinco sindicados aún no han pasado por la etapa probatoria, para determinar si enfrentarán juicio: Edgar Virgilio de León Sigüenza, Eliseo Barrios Soto, Malfred Orlando Pérez Lorenzo, Alix Leonel Barillas Soto y Toribio Acevedo Ramírez. Se espera que se inicien las audiencias contra los primeros cuatro en los siguientes meses, pero tampoco hay una fecha programada.

En el caso de Acevedo Ramírez, el juez Gálvez dio tres meses al Ministerio Público para terminar la investigación en su contra. La etapa probatoria en su caso está programada para el 5 de septiembre de 2022. 

Hay aún tres personas señaladas en el caso que continúan prófugas.

Jo-Marie Burt es profesora de ciencias políticas de la Universidad George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Paulo Estrada es defensor de derechos humanos y miembro de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA). Burt y Estrada son codirectores del Observatorio Judicial Verdad y Justicia en Guatemala.

Nota de edición: El 9 de junio de 2022 a las 21:17 horas se eliminó el nombre de uno de los señalados en el caso Diario Militar, que se había incluido erróneamente entre los acusados.