8 de diciembre de 1975. Una mujer bailaba en el salón popular del campo de la feria, en Zacapa. Según el reporte policial, Toribio Acevedo Ramírez llegó a buscarla en la madrugada, la sacó del lugar con violencia y la violó. Luego la entregó a unos soldados para que abusaran de ella. 

La descripción del hecho quedó plasmada en un reporte de antecedentes policiacos en la Sección de Inteligencia de la Policía Nacional, obtenido del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN).

En ese momento, la Policía Nacional no realizó una investigación. El Ministerio Público (MP) tampoco le dio seguimiento a la acusación. 

Toribio Acevedo Ramírez tiene 69 años. Es originario de la aldea Santa Lucía, Zacapa. El cabello canoso contrasta con sus cejas pobladas y bigote oscuro. Acevedo es abogado desde 1992. Trabajó en empresas asociadas a Cementos Progreso entre 1982 y 2017. 

Ahora, enfrenta un proceso judicial por el caso Diario Militar. 

Las pesquisas del MP partieron de un documento que registra operaciones de vigilancia, detenciones ilegales, torturas y ejecuciones de activistas, sindicalistas y miembros de organizaciones considerados subversivos por el aparato estatal. 

El Ministerio Público le imputó por delitos contra los deberes de la humanidad, desaparición forzada, asesinato y asesinato en grado de tentativa entre 1983 y 1985, durante el gobierno de facto del general Óscar Humberto Mejía Víctores. Fue detenido el 10 de mayo de 2022, en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá y trasladado a la torre de Tribunales de Guatemala. 

La acusación en el caso Diario Militar

El 12 de mayo de 2022, se realizó la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio. Los abogados defensores pidieron a Gálvez aplazar la audiencia para poder preparar la defensa. El juez aceptó la solicitud y envió al acusado a la cárcel de Mariscal Zavala. El 19 de mayo de 2022, Acevedo se presentó de nuevo ante Gálvez. 

La fiscal Elena Sut estaba a cargo de la investigación del caso Diario Militar hasta que      fue trasladada a otra fiscalía en abril de 2023. En audiencia, señaló que Acevedo participó en estructuras clandestinas ilegales conformadas por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, colaboradores, especialistas, agentes encubiertos e informantes asignados a desempeñar funciones en otras entidades estatales o privadas. 

«Usted, señor Toribio Acevedo Ramírez, conocido con el alias de “Loco”, “Locuaz” o “Lucas”, con formación militar en el contexto del conflicto armado interno, operó dentro del periodo de agosto de 1983 al 30 de abril de 1985, en la realización de operativos en contra de personas consideradas enemigo interno para controlarlas, neutralizarlas y eliminarlas», dijo la fiscal.

El acusado aseguró, como coartada, que en el periodo de la acusación del MP (1983-1985), trabajaba en Cementos Progreso. Acevedo ocupaba el puesto de subjefe de personal de la planta de La Pedrera, ubicada en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. 

«Trabajé en la empresa (Cementos Progreso) durante muchos años. Me mandaron a trabajar para la puesta de la nueva planta en San Juan (Sacatepéquez). Yo creo que allí comenzó mi problema, sacaron fotos mías, que militar aquí y allá. Afiches de “se busca” y todo… comenzaron a mencionarme que yo aparecía en el Diario Militar», declaró el acusado. 

La fiscal Sut presentó las declaraciones de un testigo con identidad bajo reserva, quien trabajó en el Estado Mayor de la Defensa Nacional. El testigo describe a Toribio Acevedo Ramírez como «un torturador y sanguinario» y lo identifica como miembro del grupo élite, un grupo clandestino en el Estado Mayor Presidencial. 

«No llegó de alta para el Ejército, sino como empleado, por lo que no le van a encontrar en nóminas o planillas. Cuando le hicieron el primer atentado a Manuel Colom Argueta fue Toribio Acevedo Ramírez, quien tenía la consigna de matarlo, pero falló y sólo lo hirió. Él, Acevedo, en los años 80, perteneció al grupo élite, como ellos le llamaban. Era un grupo clandestino», se indica en la declaración del testigo que leyó la fiscal.

Manolo Vela Castañeda, doctor en ciencia social y profesor investigador en la Universidad Iberoamericana de México, explica que el grupo élite era un escuadrón de la muerte dentro del Estado Mayor Presidencial (EMP).  El grupo élite era parte de la unidad de inteligencia del EMP, conocida como «archivo», o, «AGSA», por el acrónimo que se formaba con las letras Archivo General y Servicio de Apoyo. En años previos, se le conocía como «la regional» o Centro Regional de Telecomunicaciones, un organismo de Inteligencia Militar también alojado en el EMP. 

En el caso Diario Militar, la fiscalía vincula a Acevedo como integrante del Centro Regional, por documentos de la Policía Nacional, y del «archivo», por nóminas del EMP. 

«El proceso judicial del Diario Militar dio un giro inesperado a una investigación más amplia que emprendí desde 2017. Me permitió ponerles rostro y nombre a los integrantes de una de las estructuras más letales y sanguinarias en la historia de la guerra en Guatemala», comenta Vela Castañeda, en referencia al «archivo» o Centro Regional de Telecomunicaciones.

El informe «Guatemala Nunca Más», del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), ubica los orígenes del «archivo» en 1964, fecha que coincide con la fundación del Centro Regional de Comunicaciones (La Regional), que funcionaba dentro de la residencia presidencial.      

Su nombre fue modificado por el de Archivo General y Servicios de Apoyo (AGSA) del EMP. Según el informe Remhi, el «archivo» era una unidad secreta y clandestina del Estado Mayor Presidencial, que realizaba operativos de seguimiento, detenciones e interrogatorios contra sospechosos subversivos. 

Los inicios. Una violación sin investigar

Acevedo decidió declarar durante el proceso judicial en su contra por el caso Diario Militar. Empezó con un repaso de su vida y siguió con su historial laboral.

«Desde una edad muy pequeña me quedé sin padre. Nosotros también fuimos víctimas del conflicto armado. Me solidarizo con lo que está sucediendo, me repugna que hasta en este momento se estén investigando estos hechos», declaró Acevedo.

El acusado relató que mataron al esposo de su hermana durante la guerra, que la violencia empujó a su padre a suicidarse e hizo que su familia abandonara la aldea de Santa Lucía, Zacapa donde vivían. Su madre quedó viuda con siete hijos. 

Se graduó en el Instituto Adolfo V. Hall en 1974. En su acta de nacimiento, se registra que en diciembre de ese año se casó con Secundina Cordón y Cordón. Acevedo explicó que al año siguiente nació su primer hijo.

También relató que, junto al coronel Chéster Reyes Carrera –quien era director del Instituto Adolfo V. Hall– y otros estudiantes de su promoción, visitaron al entonces presidente Kjell Eugenio Laugerud García para pedirle que fuera su padrino. El mandatario los recibió y les dijo que estaba a sus órdenes, aunque no se convirtió en padrino de la promoción.  

Pero, Acevedo afirmó que Reyes Carrera le ayudó a retomar el contacto con Laugerud García y consiguió el puesto de «pasador» en enero de 1975. Previo a ejercer sus funciones, recibió un curso de dos meses con el cocinero del general Jorge Ubico. En este puesto recibía un pago inicial en planillas del Estado por 63 quetzales, y llegó a ganar Q210 mensuales. Acevedo afirmó que trabajó por dos años en el puesto de «pasador», en Casa Presidencial. 

El acusado explicó en la audiencia que sus funciones consistían en acompañar al mandatario, cargar su maletín, probar las comidas y bebidas antes que Laugerud para asegurarse que no tuvieran veneno. 

Kjell Laugerud dio continuidad a la línea de los gobiernos militares. Había llegado al poder en 1974, bajo acusaciones de fraude electoral. La Secretaría de la Paz (Sepaz) documentó que el gobierno de Laugerud, al inicio, tuvo una relativa tolerancia a la organización social. Pero a partir de 1977 se reanudó la represión en contra de la dirigencia del movimiento social. Durante su mandato, se registró la masacre de Panzós, en Alta Verapaz.

Acevedo trabajaba para el presidente Laugerud García cuando la Policía Nacional lo señaló por violar a una mujer en Zacapa. No hay registro de una investigación policial por esa denuncia.

Erick de León, fiscal encargado de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno, indica que en el expediente de la investigación en contra de Acevedo por el caso Diario Militar no tenían el antecedente de violación documentado por la Policía Nacional. «De este hecho, que yo tenga conocimiento, no hay denuncia. Tendría que haber una denuncia para poder investigar», refiere de León.

El jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, Tomás Ramírez López, dijo que deben analizar ese caso de violación para determinar si se trata de un crimen de guerra. «No podemos emitir una opinión sin conocer el caso. No tenemos la denuncia, debemos ver si existe en otra fiscalía o si la víctima está dispuesta a denunciar». El delito de violación prescribe a los 15 años; sería imputable sólo si se probara que fue un crimen de guerra.

La violencia sexual fue utilizada como arma de guerra, tortura y terror. En 2022, se condenó a cinco expatrulleros por cometer delitos contra los deberes de la humanidad, en su modalidad de violencia sexual contra mujeres achíes. En 2016, un tribunal sentenció a un subteniente del ejército y un excomisionado militar por ejercer violencia sexual contra mujeres q’eqchi’es en el destacamento de Sepur Zarco.

El informe del Remhi recopiló 152 testimonios de personas víctimas de violación sexual durante la guerra. La mayoría de los casos registrados fueron en Quiché.

De «la regional» al «archivo» y un asesinato irresuelto

Un año después del antecedente por violación sexual, en diciembre de 1976, la Policía Nacional capturó a Acevedo, señalado por un homicidio en Zacapa. La investigación por el homicidio no avanzó y recuperó su libertad días después de su captura. A pesar de estos antecedentes, Acevedo aseguró en la audiencia que no fue despedido de Casa Presidencial. 

El 5 de diciembre de 1976 habían asesinado al subteniente de reservas militares, Óscar Antonio Berreondo Méndez, hijo del mayor del Ejército Óscar Luciano Berreondo. La víctima prestaba servicios de seguridad para la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel).

El cadáver fue encontrado afuera del cementerio general, en el camino que conduce a la aldea Santa Lucía, en Zacapa, a 279 kilómetros de la capital de Guatemala. Tenía cuatro heridas de bala.

En el reporte, los detectives policiales detallan que, el 7 de diciembre de 1976, se ordenó la captura de las personas señaladas como responsables del asesinato: se trataba de Toribio Acevedo Ramírez –identificado como elemento del Centro Regional–, Ramón Cordón Vargas y Roderico de Paz Mejía –ambos detectives de la Policía Nacional–. Según el reporte, el presidente Laugerud García tenía conocimiento de este crimen.

La prueba documental, le permite al MP relacionar a Acevedo con el Centro Regional, que se convertiría en el «archivo» del Estado Mayor Presidencial en el periodo de acusación del Diario Militar.

Un documento de la Policía Nacional resguardado en el AHPN muestra una anotación manuscrita sobre la condición laboral de Acevedo. Ahí se anota que no se debe registrar que Acevedo esté en el Centro Regional, sino en el «Centro de Telecons (Telecomunicaciones) de la Presidencia de la República».

En el reporte policial se detalla que la novia del fallecido y algunos testigos declararon que vieron a Acevedo, Cordón y de Paz junto a Berreondo unas horas antes del asesinato.

Durante el proceso judicial por el caso Diario Militar, la fiscal Sut indagó en el pasado de Acevedo, para mostrar que en años previos a la acusación trabajaba en el Centro Regional y el «archivo».      

El mismo Toribio Acevedo hizo referencia a la investigación de la Policía Nacional por el homicidio en Zacapa de 1976: «Un patojo, compañero de nosotros, murió. Y nosotros estuvimos sujetos a investigación como 10 días. No estuvimos procesados, ni nada». 

En efecto, el Juzgado de Paz de Zacapa otorgó libertad provisional a Acevedo el 24 de diciembre de 1976. Tras salir de prisión, retomó sus labores en Casa Presidencial durante seis meses, según afirmó en la audiencia del Diario Militar. El acusado aseguró que en julio de 1977 presentó su renuncia porque no veía oportunidades de crecimiento laboral en su puesto de «pasador» y necesitaba ganar más dinero para mantener a su hijo.

Acevedo omitió en su relato ante el juez que trabajó en el Estado Mayor Presidencial (EMP) dentro del AGSA o «archivo», en 1977, aún durante el gobierno de Laugerud García. 

Las nóminas del Ministerio de la Defensa comprueban que, entre enero y abril de 1977, Acevedo tenía el cargo de sargento mayor especialista traductor con un salario de Q210. En las planillas se consigna que el 3 de abril de 1977 se dio la baja de Acevedo del AGSA. El fondo documental del Estado Mayor Presidencial no tiene más información de nóminas relacionadas con pagos a Acevedo.

Otro acusado del Diario Militar, Eliseo Barrios Soto, también trabajaba junto a Acevedo en el AGSA. Ocupaba el puesto de sargento mayor especialista programador.

En 1990, dos años antes de graduarse de abogado, Acevedo solicitó a la Policía Nacional eliminar el antecedente por el delito de homicidio. Presentó una constancia extendida en el Juzgado Primero de Primera Instancia del departamento de Chiquimula para certificar que salió de la cárcel el mismo mes de su detención. La Policía Nacional borró este antecedente. 

Ocote solicitó información al Archivo Histórico de la Policía Nacional sobre la investigación relacionada con el crimen y responsables del asesinato de Berreondo. En los documentos de la Policía Nacional no consta que otras personas hayan sido capturadas por el homicidio. No queda registro de que el caso se resolviera.  

Las denuncias en su paso por Cementos Progreso

Toribio Acevedo tiene 31 años de ejercer la profesión de abogado. Según consigna el Registro Mercantil, Acevedo es administrador único de las empresas Seguridad Industrial de Guatemala, S.A (SEINSA) –vigente desde 2002–. Esta compañía ofrece oportunidades de empleo con el logo de Cementos Progreso.  

También fue administrador único de Inversiones Cemsol, S.A, (1992), con dirección en las oficinas de la planta la pedrera de Cementos Progreso. Además, fue mandante de las compañías: Cementos Progreso (2002), Mezcladora (2009), Agregados de Guatemala (2009), Inversiones Maratón (2009), Productos Mineros de Guatemala (2009), Cursa (2009) y Sierra Negra (2009).  Estas empresas registran la misma dirección fiscal del bufete de abogados de Cementos Progreso.

Acevedo asegura que trabajó en empresas de Cementos Progreso entre julio de 1982 y septiembre de 2017, en relación de dependencia laboral. Los crímenes por los que está ligado en el caso Diario Militar son entre 1983 y 1985. El comunicado de Cementos Progreso corrobora que fue empleado de sus empresas asociadas hasta 2017. Pero Acevedo indicó que después de su salida, prestó servicios profesionales de asesoría legal para Cementos Progreso hasta el momento de su detención.

En 2007, Cementos Progreso obtuvo la licencia para empezar a trabajar en el proyecto de la planta cementera San Gabriel, sin realizar una consulta comunitaria como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Doce comunidades indígenas de San Juan Sacatepéquez se oponían al proyecto, realizaron marchas e hicieron varios intentos de legalizar una consulta comunitaria. James Anaya, relator especial de Naciones Unidas de los derechos de los pueblos indígenas, presentó un informe en el cual recomendaba evaluar si se debería suspender, modificar o revocar la licencia para el proyecto, debido a que no se cumplió con el requisito de hacer la consulta a la población.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), asegura que personas de las comunidades de San Juan Sacatepéquez denunciaron a Acevedo por coacción y amenazas, entre 2002 y 2014, cuando trabajaba en el proyecto de la planta San Gabriel.

«Nosotros teníamos información de las comunidades que el señor Toribio tenía vínculos con grupos armados clandestinos que operan en San Juan Sacatepéquez. Los comunitarios interpusieron denuncias, fueron al Ministerio Público, pero sus denuncias no prosperaron», afirma el dirigente.

Pascual indica que recibió información de pobladores acerca de la posible participación de Toribio Acevedo en un atentado cometido en septiembre de 2014, que dejó once personas fallecidas en la aldea Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez. En 2019, se condenó a seis personas por el atentado. No se mencionó a Acevedo durante ese proceso judicial.

«No puedo decir que Toribio Acevedo ejecutó o fue el intelectual (en el atentado de la aldea Los Pajoques), pero él tiene responsabilidad de violaciones a los derechos humanos en San Juan Sacatepéquez», señala Pascual.

Acevedo tiene dos denuncias desestimadas en el Ministerio Público. La primera por coacción y amenazas en 2003; la segunda por usurpación y falsedad ideológica en 2007. Ambas denuncias estaban a cargo de la Fiscalía Distrital Metropolitana. Moisés Ortiz, encargado de atención a prensa, indicó que no es posible conocer más detalles de las acusaciones, debido a que están archivadas y se trasladarán a otras fiscalías tras una reestructuración en el MP.

En el Organismo Judicial (OJ) no se registran procesos penales en contra de Acevedo por hechos ocurridos en San Juan Sacatepéquez. El único proceso abierto en su contra es por el caso Diario Militar. 

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En 2022, Acevedo declaró ante el juez Gálvez que después de renunciar a su cargo en Cementos Progreso, se presentó al Ministerio Público y le indicaron que no había ninguna investigación en su contra por el caso Diario Militar. 

El acusado mencionó que acudió a la fiscalía por señalamientos anónimos que empezaron a surgir cuando trabajaba en el proyecto de la planta cementera en San Juan Sacatepéquez. En ese momento, Acevedo aseguró que dio copia de sus planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), de su jubilación y otros documentos para que el MP verificara su información. 

«Me agradó que usted (juez) dijera que profundicen sobre esta investigación. Eso me dio la pauta de que el Ministerio Público no había hecho nada más de lo que yo le llevé. Yo al Ministerio Público no le quiero contestar ni una sola pregunta… solo a usted, señor juez, todas las que quiera», manifestó Acevedo.

Ocote contactó por vía telefónica a Acevedo, quien pidió que se le enviaran las preguntas a su dirección de correo electrónico. Al cierre de esta publicación, no se ha pronunciado. 

Entre las pruebas que presentó el MP durante el proceso judicial se encuentran los documentos del AHPN que lo identifican, las copias de nóminas del Estado Mayor Presidencial por pagos otorgados a Acevedo en 1977, declaraciones de las víctimas sobrevivientes y de un testigo con identidad bajo reserva.

La acusación de la fiscalía se encuadra entre 1983 y 1985. Hasta ahora no hay nóminas o pruebas documentales que vinculen a Acevedo con el Estado Mayor Presidencial en ese periodo. Cuando se cometieron los delitos que el MP investiga, hay registro de que él estaba en la nómina de Cementos Progreso.

La defensa del acusado refuta que Acevedo sea responsable de los delitos, debido a que no encaja con la descripción de los testigos y en el periodo de la acusación trabajaba en Cementos Progreso. 

Las declaraciones de testigos del Ministerio Público mencionan que el acusado tiene una cicatriz en la mejilla derecha y una altura aproximada de 1.85 metros. La defensa presentó la cédula de Acevedo para dejar constancia que no tenía cicatrices visibles y que mide 1.71 metros. 

Uno de los abogados de Acevedo es su propio hijo, Byron Omar Acevedo Cordón, quien fue viceministro en el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) durante el gobierno de Jimmy Morales. Además, dirigió el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) del Ministerio de Desarrollo Social y estuvo a cargo de la dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Asuntos Administrativos de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS), durante el gobierno de Otto Pérez Molina.

Gálvez renunció al cargo de juez en noviembre de 2022. Denunció actos de intimidación tras enviar a juicio a nueve expolicías y militares retirados acusados en el caso Diario Militar. 

La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) presentó una solicitud de antejuicio para retirar la inmunidad al juez. La Corte Suprema de Justicia resolvió admitir la solicitud de la FCT. Gálvez se encuentra en el exilio porque considera que en Guatemala no hay garantías para defenderse de las denuncias interpuestas en su contra. 

Claudette Domínguez, jueza suplente luego de la renuncia de Gálvez, otorgó arresto domiciliario a Acevedo argumentando razones humanitarias por problemas de salud del acusado. La jueza resolvió que no había peligro de fuga y no estaba latente el peligro de obstaculización de la verdad, debido a que la fiscalía concluyó la investigación.

Pero, los querellantes presentaron un recurso de apelación, debido a que existe prohibición de otorgar medidas sustitutivas por los delitos que se acusa a Acevedo. En abril, la Sala Primera de Mayor Riesgo ordenó que Acevedo regresara a prisión preventiva. 

Según el registro de detenidos del OJ, Acevedo regresó a la cárcel de Mariscal Zavala. Sin embargo, un mes después, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional para que continúe con arresto domiciliario. 

El proceso judicial contra Acevedo se encuentra en etapa intermedia. La jueza Eva Recinos es ahora la titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, que dirigía Gálvez. Recinos deberá conocer la investigación del MP y decidir si envía a juicio a Acevedo. La próxima audiencia se programó para el 27 de junio.