Claudia González Orellana, Flor de María Gálvez Álvarez, Leily Irina Santizo Rodas y Luis David Gaitán Arana fueron abogados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los cuatro trabajaron como mandatarios judiciales. 

Estaban encargados de investigar, analizar y litigar casos de corrupción que reveló la extinta institución junto con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Su trabajo terminó junto con la salida del organismo de Naciones Unidas en 2019. 

Loas abogados se han enfrentado a casos que el Ministerio Público (MP), a cargo de la Fiscal General Consuelo Porras, abrió en su contra. 

Varias de estas investigaciones surgieron a partir de denuncias de la llamada Fundación Contra el Torrorismo, liderada por Ricardo Méndez Ruiz. 

A eso se le suma los constantes ataques y amenazas que reciben en redes sociales, sobre todo desde cuentas escondidas en el anonimato, que tienen acceso a información privilegiada de expedientes judiciales. 

González es la última que ha tenido que enfrentar esos embates del MP. La abogada fue capturada el 28 de agosto y fue enviada a la cárcel Mariscal Zavala, donde estará mientras dure el proceso penal que se ha iniciado en su contra. 

Con su detención, se aumenta la lista de abogados, fiscales y jueces perseguidos por el MP. Todos tienen en común haber investigado o puesto tras las rejas a funcionarios, empresarios, narcotraficantes y militares. 

Claudia González: «Es estratégico tomarme a mí»

El día de su captura, Claudia González afirmó a los medios de comunicación que su caso era estratégico. La abogada tenía a cargo la defensa de fiscales que investigaron casos anticorrupción y luego fueron criminalizados, como Carlos Vides, Juan Francisco Sandoval, Siomara Sosa y Virginia Laparra. 

Su detención, explicó ese día, los podría dejar sin representación en audiencias u otro tipo de diligencias. «Obviamente es una criminalización y hostigamiento penal innecesario del Ministerio Público», dijo. 

González fue detenida por una denuncia presentada por Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en 2017 fue capturada  por el delito de tráfico de influencias tras solicitar una medida sustitutiva a favor de su hijo implicado en un caso de corrupción. De hecho, la misma González litigó en el caso contra Stalling mientras trabajaba como mandataria de la CICIG.  

La orden de captura contra la abogada se giró por el delito de abuso de autoridad, pese a que en ese entonces no desempeñaba un cargo de funcionaria pública.  

Según la Ley Contra la Corrupción, ese delito lo comete el «funcionario o empleado público que, abusando de su cargo o de su función, ordenare, realizare o permitiere cualquier acto arbitrario o ilegal en perjuicio de la administración pública o de terceras personas». El delito tiene una pena de tres a seis años de prisión. 

«Cuando éramos mandatarios de CICIG, obviamente siendo querellantes adhesivos, no podíamos ser funcionarios públicos, éramos mandatarios de una organización internacional», dijo la abogada a los medios. 

Aparte del caso contra Stalling, González también se encargó de Comisiones Paralelas, una investigación que reveló negociaciones ilegales para integrar las cortes del país.  

Además, estuvo a cargo de la investigación Subordinación del poder legislativo al ejecutivo, un caso por sobornos a diputados en el que estaba implicada la vicepresidenta Roxana Baldetti y la compañía telefónica Tigo. La abogada también trabajó en un expediente abierto contra integrantes de una estructura liderada por Juan Alberto Ortiz López, un narcotraficante conocido como Chamalé. 

El caso contra González está a cargo de Jimi Bremer, titular del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal. Bremer es uno de los funcionarios incluidos como actor corrupto en la Lista Engel. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo señaló de «socavar procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas por ejercer su libertad de expresión, protegida por la legislación guatemalteca».

Flor de María Gálvez:  «Son investigaciones rápidas, sin sustento»

La defensa de los fiscales anticorrupción que han sido perseguidos por el MP estuvo a cargo de otra abogada. Su nombre es Flor de María Gálvez, y también trabajó para la CICIG junto con Claudia González. 

La abogada hoy se encuentra fuera de Guatemala. Se vio obligada a salir del país por las denuncias que ha enfrentado y los ataques en redes sociales que ha recibido. Una arremetida que se intensificó cuando participó en la defensa de Virgina Laparra, detenida en febrero de 2022. 

La llamada Fundación Contra el Terrorismo presentó una denuncia contra la abogada y contra Claudia González por los delitos de simulación de delito, denuncia falsa, obstrucción a la justicia, asociación ilícita y conspiración. La querella fue presentada luego de que las dos plantearan un recurso en contra de Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle —presidente y abogado de la fundación— por violencia contra la mujer debido a los tratos que recibieron en las audiencias del caso de Virginia Laparra.  

«Nos decían que debíamos estar en prisión por soberbias. Incluso en una ocasión estuvieron cerca de agredirnos, pero el personal del Sistema Penitenciario intervino», relata Gálvez desde el exilio.

La abogada explica a Ocote que los casos que se han emprendido contra los operadores de justicia en Guatemala son parte de una persecución sistemática. Señala que los expedientes son infundados y elaborados en poco tiempo, únicamente con el fin de criminalizarlos. «Son investigaciones rápidas, sin sustento», agrega.

Mientras era mandataria de la CICIG, Gálvez estuvo a cargo de casos como el desfalco millonario en el Ministerio de la Defensa, en el que estuvo implicado Alfonso Portillo y militares que eran cercanos a su gobierno. También en el expediente Agua Mágica, una estafa que lideró Roxana Baldetti como vicepresidenta de Guatemala para limpiar el Lago de Amatitlán; y en el caso Primavera, una investigación que descubrió una red de personas que facilitó la adopción ilegal de niñas y niños.  

«Se interrumpió mi proyecto de vida. Se me impidió continuar con el trabajo que estaba realizando en la defensa de los derechos de las niñas y mujeres», afirma Gálvez sobre su exilio. Antes de salir de Guatemala, la abogada trabajaba para una institución que busca justicia por niñas y adolescentes víctimas de violencia. 

Leily Santizo: «He sido objeto de una persecución abusiva, cruel, desmedida e inhumana»

Claudia González no es la única de los exmandatarios de la CICIG que ha tenido que enfrentar la prisión. Su colega Leily Santizo también lo hizo cuando la capturaron en febrero de 2022. 

Como mandataria de la CICIG, Santizo investigó y litigó casos como Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y cobraba comisiones a cambio de agilizar devoluciones fiscales a empresarios.  

También trabajó en el expediente Manipulación de Justicia, en el que está implicado el militar Erick Melgar Padilla —hermano de Herbert Melgar Padilla, diputado cercano a Jimmy Morales— por interferir y entorpecer la investigación del asesinato de su padre, José Armando Melgar Moreno.

La abogada estuvo además en el caso Génesis, un expediente judicial en el que figuran integrantes de los Mendoza Matta, una familia vinculada con el narcotráfico que despojó de sus tierras a pobladores de Petén. 

El proceso penal contra Santizo inició después de que la abogada defendiera a la exfiscal anticorrupción Eva Siomara Sosa, que fue perseguida por su trabajo en el caso Odebrecht. 

La abogada solicitó que el expediente contra Sosa no fuera conocido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal que fue el que giró la orden de captura contra la exfiscal. En su lugar, Santizo pidió que se trasladara al juzgado de  Erika Aifán, quien entonces tenía entre sus manos la acusación contra la empresa brasileña y otros funcionarios.. 

La Fundación Contra el Terrorismo, que es querellante en el caso, decidió denuniciarla por obstrucción de justicia en enero de 2022. En el siguiente mes fue detenida y tras pasar 28 días en prisión fue ligada a proceso penal pero por otro delito: colusión. Se trataba de una falta menor que permitió que le otorgaran arresto domiciliario. 

En octubre, mientras estaba bajo medidas sustitutivas, se giró una nueva orden de captura en contra Santizo. La señalaban, junto con Juan Francisco Sandoval, de supuestamente tratar de intimidar, a través de los medios, a una jueza que no había trasladado un expediente. Aseguraban que había cometido el delito de obstaculización a la acción penal. 

La detención fue ordenada por Víctor Herrara Ríos, juez de diligencias urgentes, pese a que esos hechos ya eran conocidos en un carpeta de investigación a cargo del Juzgado Tercero de Instancia Penal. Santizo se presentó a esta última judicatura para que anulara la orden. Pero su solicitud quedó en limbo y su captura no se ejecutó. Esto, explica, pese a que llegaba constantemente al MP para firmar, por las medidas sustitutivas dictadas en el primer caso. 

«He sido objeto de una persecución abusiva, cruel, desmedida e inhumana», dice Santizo ahora que está fuera de Guatemala. La abogada decidió salir del país luego de que se emprendiera ese segundo caso en su contra. 

Santizo asegura que el hostigamiento en su contra empezó desde antes de su detención. Según la abogada, Consuelo Porras solicitó su destitución de la CICIG en 2019, por supuestos comentarios que ella realizó contra la funcionaria. 

«El primer caso y el otro en realidad son una payasada», afirma Santizo. La abogada cuenta que en un inicio había decidido enfrentar la persecución en tribunales porque era un caso sin sustento, pero considera que los jueces no han sido imparciales y han complacido al MP. 

Hoy, fuera de Guatemala, Santizo dice estar satisfecha con el trabajo que realizó. «Yo puedo ser una profesional exitosa en cualquier otro lado, tengo un reconocimiento internacional. Pero lo que me preocupa es la seguridad de mi familia que está en Guatemala y el futuro del país porque no creo que las cosas cambien en corto tiempo», lamenta.

David Gaitán: «Fue una venganza»

El 16 de enero de 2023, Carol Patricia Flores, jueza de turno señalada por la CICIG, ordenó la captura de David Gaitán, quien había sido mandatario de ese organismo. 

El MP abrió una causa judicial en su contra por los mismos señalamientos que hizo contra Siomara Sosa, la exfiscal defendida por Claudia González y Leily Santizo. Acusó a Gaitán de obstaculización a la acción penal, por las supuestas irregularidades en los acuerdos de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. 

Pero su orden de captura, igual que la de Leily Santizo, quedó en un impasse y no llegó a  ejecutarse. 

Su defensa la señaló de irregular porque la jueza, explica Gaitán, había emitido la orden sin tener control de expediente, que entonces estaba en una sala de apelaciones. 

La sala de apelaciones la tenía bajo su tutela porque debía resolver si apartaba o no del caso a Pedro Laynez, titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, que originalmente conocía la investigación. 

Gaitán explica que la jueza Flores envió la documentación de la orden de captura al otro juez. Pero este se negó a conocerla porque estaba recusado. Algo que también impidió que Laynez pudiera resolver las solicitudes que la defensa planteó en contra de la orden de detención. 

Para Gaitán, esto evidencia que lo que se buscaba era que él permaneciera en prisión, ya que, de haberse ejecutado la captura, hubiera seguido recluido sin poder defenderse debido a ese embrollo legal.

La denuncia, como la de las otras tres abogadas, había sido presentada por la Fundación Contra el Terrorismo. Además, Alejandro Sinibaldi exministro de Comunicaciones señalado en el caso Odebrecht se unió a la misma. 

«La persecución en mi contra fue una venganza», dice ahora Gaitán desde el exilio. El abogado explica que, en un inicio, no había sido mencionado como posible sindicado en el expediente que se abrió contra la exfiscal Sosa. Pero eso cambió por su participación como integrante de la comisión de postulación para la elección de Fiscal General. 

En febrero de 2022, Gaitán integró esta comisión como decano de la Universidad Da Vinci, pero renunció luego de que la Fundación Contra el Terrorismo lo denunciara por no cumplir con un requisito interno de esa casa de estudios para ostentar ese cargo.  

Según los estatutos de la universidad, los decanos debían poseer una maestría. Sin embargo, la casa de estudios había afirmado que hizo una excepción por la carrera de Gaitán. 

«Yo no tenía ninguna investigación abierta, pero desde el momento en que es sabido que yo me opondría rotundamente a que una persona como ella —Consuelo Porras— volviera a ocupar el cargo de Fiscal General, es que empieza la persecución», afirma el abogado. 

Gaitán explica que la denuncia presentada por la Fundación Contra el Terrorismo se tramitó de inmediato y en ocho horas ya estaba asignada en una fiscalía». Hasta hoy esa denuncia no ha sido desestimada ni ha sido judicializada. Eso, dice, también demuestra que únicamente se le ha buscado criminalizar. 

Aparte de participar en el caso Odebrecht, el abogado litigó el caso del Lago de Amatitlán, en el que fue condenada Roxana Baldetti. Gaitán también se encargó del caso Construcción y Corrupción, una investigación que reveló sobornos en el Ministerio de Comunicaciones.  

«Todo esto hace que uno se sienta impotente y frustrado de no poder defenderse por hechos falsos, con casos absurdos que sólo buscan manchar tu nombre, en un sistema de justicia cooptado», dice Gaitán.  

Para el abogado, el exilio también ha supuesto una ruptura de los vínculos con su familia. «Es duro, muy duro en lo emocional», concluye.