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• ¿Olvido o intención? Ninguno de los planes de gobierno de los presidenciables tiene proyectado un trabajo en favor de las mujeres, indígenas y personas diversas.

• Según personas expertas, la no inclusión demuestra la discriminación que persiste y que se promueve al invisibilizar a todos los sectores desde el ejercicio del gobierno.

• Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen mucha deuda con la diversidad poblacional en Guatemala y es tiempo de empezar a trabajar en su beneficio, según dos profesionales consultados.

En Guatemala el 52% de la población son mujeres, y la población indígena y afrodescendiente, representa el 43.8% según el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero ni esos sectores ni la población LGBTIQA+ forman parte de los planes de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) o de Movimiento Semilla.

En el plan de Movimiento Semilla, se hace mención de las personas con discapacidad a través de la implementación de una «política de personas con discapacidad», frase que aparece en la página 34, pero no existe más información sobre a qué se refieren. Por su parte, el documento de la UNE ni siquiera los menciona o sus dirigentes han dicho si tienen algún plan de trabajo en favor de ese sector.

Sobre la necesidad de contar con educación integral en sexualidad para los niños, niñas y adolescentes, ninguno de los partidos aborda el problema, según el análisis de los Planes de Gobierno de los Partidos Políticos realizado por Karen Cordón pasante del Programa de Estudios de Género, Sexualidades y Feminismos de FLACSO-Guatemala.

Según Victoria Tubin, socióloga maya kaqchikel, esto refleja la exclusión que hay dentro del imaginario social de Guatemala. Enfatiza en que lo poco que se encuentra explícito dentro de esos planes de trabajo no especifica la manera en la que van a llevarlo a cabo.

«El problema es que no se nos ve a las mujeres, mujeres indígenas y pueblos indígenas en igualdad de derecho y como parte de la ciudadanía», afirma Tubin. 

Aunque Movimiento Semilla ha enfatizado en repetidas ocasiones que en su eventual gobierno no se permitirá ningún tipo de discriminación, esa ha sido la única mención a favor de la promoción y defensa de los derechos de población de la diversidad sexual y de género. 

Para Juan Pablo Hernández, de la organización Visibles, que al menos sea nombrada la discriminación es un factor importante. Sin embargo, enfatiza en que esta mención debería ser explícita y contundente, es decir, ser claros en no tolerar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

«Lo que no se nombra no existe y si no lo dicen completo o no lo dejan en un documento formal, no hay seguridad de que sea un tema que verdaderamente les interese», señala Hernández.

Tampoco las juventudes

Por su parte, Juana Sales, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ añade que el plan de Semilla «no habla casi nada de la situación y condición de las juventudes».

En el caso de la candidata Sandra Torres, durante la campaña de la segunda vuelta su discurso ha mantenido un énfasis en «la defensa de la familia tradicional y de los valores». 

Su discurso ha sido señalado en diversos espacios ya que ignora a las familias monoparentales, donde la figura de una madre o un padre está ausente y son otros familiares quienes están al cuidado de la niñez.

Respecto a ello, Hernández hace énfasis en la volatilidad de las declaraciones de la candidata. Esto porque recuerda que en 2015 ella mencionaba el apoyo a las mujeres y a la población LGBTIQA+, pero ahora su campaña evidencia lo contrario.

«No es una persona confiable y, por tanto, no se podría entrar a dialogar políticas públicas con ella», asegura.

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Sales, por su parte, comenta que las propuestas de la UNE no buscan acabar con la pobreza, ya que únicamente se hace alusión a programas sociales enfocados a la juventud, pero el partido no presenta la forma paralela de sacarlos de esas condiciones.

«Ninguno de los programas parte de problemas estructurales como pobreza, exclusión, migración, desalojos/despojos y violencia, para resolver la forma de acabarlos» asegura.

Votaciones en el Congreso, ¿la verdadera agenda de los partidos?

En el organismo Legislativo quedó evidenciada la diferencia de enfoques en temas de derechos elementales y género. En marzo de 2022, 34 de los 51 diputados de la UNE votaron a favor de aprobar la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, una normativa con la que se pretendía criminalizar a las mujeres que abortaran, incluso cuando su propia vida estuviera en riesgo.

De igual forma, aunque en Guatemala no existe legislación sobre el matrimonio igualitario, esta ley le dedicaba un artículo para prohibirlo explícitamente. Otro artículo también prohibía la educación sexual en centros educativos públicos y privados.

Con esto, contradecía leyes como la Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva, también la Ley de dignificación y promoción integral de la mujer y la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia.

Estas son la base de la Estrategia Integral en Sexualidad que es parte del Curriculum Nacional Base, con el cual se pretende enseñar integralmente sobre la sexualidad en la niñez y adolescencia en los centros educativos públicos y privados.

Durante el debate de aprobación de la ley, cuatro diputados de Semilla votaron en contra de la criminalización, uno estaba ausente y otro con licencia.

La nueva ley fue aprobada con el voto favorable de 101 diputados, lo que generó protestas en la Ciudad de Guatemala, por lo que tres días después, el presidente Alejandro Giammattei la vetó y ordenó archivarla.

Otra iniciativa de odio que fue leída por el pleno en primera lectura en 2021 fue la propuesta de ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género la cual fue presentada por diputados y diputadas de Valor, Vamos y VIVA. 

Esta pretendía institucionalizar la transfobia a través del estigma y de la criminalización hacia la población diversa. De igual forma, censuraba el contenido de los medios de información que trataran el tema. Al final se archivó.

Iniciativa en favor de las niñas y adolescentes sin apoyo

Una iniciativa que se encuentra detenida, pero que podrían volver a impulsar en la próxima legislatura es la propuesta de ley para el fomento de la salud menstrual digna que busca dar acceso gratuito a toallas sanitarias, tampones y otros productos para mujeres, adolescentes y niñas que viven en pobreza y no tienen acceso a esos productos.

Esta propuesta, que no ha encontrado eco entre los parlamentarios, fue presentada por un grupo de diputadas, entre las que se encontraban Ligia Hernández (Semilla), Sonia Gutiérrez (Winaq), Vicenta Jerónimo (MLP),  Merana Oliva y Marleni Matías (UNE), Andrea Villagrán y Evelyn Morataya (Bien), entre otras. 

Otra iniciativa que tampoco ha sido tomada en cuenta es la de Identidad de género que busca reconocer la autodeterminación de género de las personas trans a través de la rectificación de sus documentos personales de identificación.

De igual forma, fomenta la no discriminación y el acceso a la salud, entre otros aspectos. Esta propuesta fue presentada en 2018 por Sandra Morán del extinto partido Convergencia y Walter Félix de URNG-Maíz.

¿Impulsarán los partidos que se disputan la presidencia iniciativas como las anteriores? Para la próxima legislatura la UNE representa la segunda fuerza legislativa con 28 diputados, mientras que Semilla será la tercera con 23.

Victoria Tubin considera que impulsar una agenda en favor o desde las mujeres, mujeres indígenas y pueblos originarios será muy complicado para la próxima legislatura, debido a que se continúa sin una representación real de estos sectores. 

«No creo que al tener Semilla el número de diputados que logró (23 de 160) pueda aprobar leyes en favor de los pueblos. Principalmente por las alianzas y luchas que surgen dentro del Congreso», se lamenta.

Esto mismo es compartido por Juana Sales, quien además declara que «mientras no haya ponentes indígenas conscientes y con claridad, no cambiará nada».

Juan Pablo Hernández comparte con Tubin el hecho de que se ve complicada la promulgación de leyes en beneficio de sectores excluidos frente a grupos parlamentarios como el de Vamos (39) y la UNE(28). Aun así, considera que Semilla será una bancada aliada con la población LGBTIQA+.

«La apuesta no sería que propongan leyes, sino que se opongan a las que ya están o quieran impulsar en el Congreso y que sean un peligro para los derechos de las mujeres y personas diversas», agrega.

¿Qué propuestas son necesarias?

Victoria Tubin enfatiza que las mujeres tejedoras, comerciantes y artesanas deberían tener un espacio digno dentro de la economía de su comunidad. Ellas se han organizado y han buscado que el Congreso reconozca su trabajo a través de una ley que no ha tenido eco.

De igual forma, urge una mejora en el acceso a la salud para las mujeres indígenas, que garantice una atención libre de racismo; otra con énfasis en la agricultura, la protección de las semillas nativas o leyes que no favorezcan a las empresas transnacionales como la minería, afirma la socióloga.

Sales considera que también son importantes las reformas constitucionales para impulsar el pluralismo jurídico. «El racismo sigue siendo muy fuerte, por lo que se debe tomar en cuenta dentro de las propuestas de Gobierno para que exista un ambiente de justicia y de respeto».

Para la población LGBTIQA+, Hernández enfatiza en que las propuestas tendrían que girar en torno a la tipificación de los crímenes y discursos de odio existentes. 

Asimismo, hace mención al fomento de la ley de identidad de género, matrimonio igualitario y adopciones homoparentales, derechos que en otros países ya gozan, pero que en Guatemala se criminalizan. 

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La linterna es un proyecto contra la desinformación en las Elecciones Generales 2023 en Guatemala. Hace verificación del discurso público y detección de bulos. Es coordinado por Ocote con la participación de ConCriterio, elPeriódico, No-Ficción y Ojoconmipisto y es financiado por Capir.