El 1 de marzo de 2022, nueve diputadas y diputados presentaron una iniciativa en el Congreso de la República para crear la Ley para el fomento de la salud menstrual digna en Guatemala.

La propuesta fue presentada por Andrea Villagrán y Evelyn Morataya, diputadas de la bancada Bienestar Nacional (Bien); Ligia Hernández, de Semilla; Sonia Gutiérrez, de Winaq; Manuel Rivera Estevez, de Victoria; Merana Oliva y Marleni Matías, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos; y Eduardo Zachirsson, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

“Un paso crucial para avanzar en la construcción de una sociedad más justa es incidir en la cultura y derribar las barreras que estigmatizan la menstruación”, explican en la propuesta.

Productos menstruales gratuitos

En la iniciativa, el grupo de congresistas señala que la compra de productos para la menstruación aumenta la desigualdad entre mujeres y hombres y se agrava para las mujeres mayas, garífunas y xincas, debido a la exclusión que viven. Además, la falta de acceso a estos productos menstruales, añade la iniciativa, puede dar lugar a infecciones y otros problemas de salud.

Por eso, los diputados consideran que es necesario contar con una ley que promueva  la salud menstrual digna por medio de un acceso universal igualitario gratuito de productos menstruales, “para erradicar prejuicios, estigmas y tabúes”.

Para garantizar esto, la iniciativa propone que el Estado entregue periódicamente una “Canasta de Salud Menstrual” en la que se incluyan toallas sanitarias (desechables o reutilizables), tampones, copas menstruales, esponjas marinas, ropa interior menstruante, telas limpias y absorbentes y cualquier otro producto que se desarrolle en el futuro.

La propuesta es que los artículos de esta canasta se financien con los impuestos recaudados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de la importación y comercialización de productos de higiene menstrual. Según un oficio entregado por la SAT y que fue incluido en la iniciativa, en 2020 se recaudaron Q32.2 millones en estos impuestos.

La diputada Andrea Villagrán explica que para establecer esta forma de financiamiento, tomaron como referencia la Ley del Impuesto sobre la Distribución de Bebidas Alcohólicas Destiladas, aprobada en 2004. En esta normativa se determinó que al menos el 15% de lo recaudado en estos impuestos debía destinarse a los programas de salud sexual y reproductiva, planificación familiar y alcoholismo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). 

De acuerdo con la congresista, hasta ahora no se han hecho estimaciones detalladas sobre los gastos que implicaría poner en marcha esta ley. Añade que los diputados ponentes de la iniciativa consideran que los impuestos generados por los productos menstruales son suficientes para iniciar el proyecto.

En la iniciativa se establece que se deberá priorizar la entrega de la canasta a los centros educativos del sector público de las áreas rurales y urbanas, los centros de detención, los centros psiquiátricos públicos, los hospitales públicos, los albergues públicos, los Centros de Apoyo Integral para las Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) y a las mujeres en situación de vulnerabilidad, como las mujeres en situación de calle, las migrantes y las víctimas de trata.

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Villagrán explica que esto se decidió así, “porque sabemos que el presupuesto no es tan amplio, aunque la idea es que en el futuro (la canasta) esté disponible para todas las mujeres del país”.

Andrea Reyes, directora de la colectivaPeriod, una organización que busca erradicar la pobreza y el estigma a través de la distribución de productos menstruales, la promoción del liderazgo juvenil y la defensa de la equidad menstrual en las políticas, y que participó en la construcción de la iniciativa desde febrero de 2021, explica que en Guatemala no existen datos oficiales sobre los gastos que representan los productos que las mujeres utilizan durante su menstruación.

Reyes estima que las mujeres gastan cada mes entre 30 y 80 quetzales en productos menstruales, es decir, entre 360 y 960 quetzales anualmente. “Imagina lo que representa ese gasto para las mujeres que viven con menos de 1 dólar (7.69 quetzales) al día en Guatemala. Entre comprar una libra de arroz o toallas sanitarias, ellas elegirán la comida. Por esa razón es necesaria una ley como esta”, dice.

En las grandes cadenas de supermercados en Guatemala, un paquete de 10 toallas sanitarias oscila entre 10 y 27 quetzales y un paquete de 16 tampones, puede superar los 57 quetzales.

En el preámbulo de la iniciativa, de hecho, los diputados explican que la pobreza y la precariedad obligan a las mujeres a reutilizar productos menstruales o a utilizar otros métodos improvisados como trapos, hojas o periódicos, lo que puede ocasionar infecciones graves y trastornos de salud, para los que tampoco reciben la atención médica necesaria.

Zuma Calderón, defensora de la salud de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), comparte esto. “Todos los que hemos hecho salud comunitaria hemos sido testigos de estas situaciones que se dan sobre todo en las áreas rurales”, asegura.

“El derecho a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, ha dejado de ser un derecho y se ha convertido en un privilegio de las personas que tienen cierto nivel económico”, cuestiona Calderón.

Andrea Reyes hace énfasis en que esta iniciativa no está pensada para un sector pequeño, sino que favorecería a la mitad de la población de Guatemala. “La menstruación no es una opción y las mujeres, a menos de que suframos de alguna condición que lo imposibilite, menstruamos aproximadamente 40 años”, dice Reyes.

El Programa para el Fomento de la Salud Menstrual

La iniciativa propone crear un Programa para el Fomento de la Salud Menstrual, que estaría a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Este programa se encargaría de la compra y de la entrega gratuita de los productos para la menstruación.

Aunque no está incluido en la iniciativa, la diputada Andrea Villagrán explica que el MSPAS sería el encargado de crear los reglamentos de este programa y de establecer cómo se conformaría la Canasta de Salud Menstrual para cada establecimiento o municipio y la manera en que serían entregadas a las mujeres.

“Esta sería una ley marco y luego el Ministerio de Salud, junto con el Ministerio de Educación y otras dependencias deberán crear los reglamentos para su cumplimiento”, dice Villagrán.

La congresista recuerda que las dependencias deberán crear estos reglamentos con pertinencia cultural, pues no en todas las regiones del país artículos como los tampones y copas menstruales son aceptados por las mujeres. “Decidimos colocar los diferentes productos dentro de la ley para no limitar todo a toallas sanitarias, pues más adelante se podrían realizar campañas sobre el uso de otros productos como la copa menstrual, que es mucho más económica”, afirma.

Villagrán también explica que se decidió crear un programa específico de salud menstrual para no compartir presupuesto con otros como el Programa de Salud Reproductiva del MSPAS, y para que este se sostuviera de manera independiente.

Según la iniciativa, el Ministerio de Salud, junto con la Defensoría de la Mujer Indígena y la Academia de Lenguas Mayas también tendría que realizar campañas de sensibilización para erradicar prejuicios, tabúes, estigma y discriminación sobre la salud y el ciclo menstrual, también con pertinencia cultural.

La menstruación en el Currículo Nacional Base

La ley, aseguran los diputados, contribuiría además a que la menstruación no represente un ataque a los derechos de las niñas y de las mujeres, como el derecho a la salud, al trabajo, a la no discriminación y la igualdad, al agua y a la educación.

La falta de capacidad para manejar la higiene menstrual o para conseguir medicamentos que alivien el dolor, explican, pueden contribuir a elevar las cifras de inasistencia escolar y resultados deficientes en niñas y adolescentes.

Si se aprobara la iniciativa,el Ministerio de Educación debería incorporar  en el Currículo Nacional Base el tema de salud menstrual, en todos los idiomas nacionales.

Según Andrea Reyes, de Period, esto ayudaría a disminuir el estigma que existe sobre la menstruación. “Este es un paso para tener condiciones más dignas para las mujeres y para las niñas”, expresa Reyes.

En el Currículo Nacional Base ya se incluye un tema sobre el “ciclo menstrual”, pero la diputada Andrea Villagrán aclara que la salud menstrual abarcaría los cuidados que deben tener las niñas y adolescentes durante su menstruación y estaría encaminado a erradicar información errónea sobre este proceso natural de las mujeres.

“La ley obligaría a que las maestras y maestros lo impartan. Sabemos que en la actualidad en muchas escuelas no se hace, y con una ley específica sobre menstruación estamos aumentando su importancia”, dice.

Además, la el Ministerio de Educación también tendría que realizar campañas de sensibilización con el Programa para el Fomento de la Salud Menstrual y tendría que entregar los productos de la Canasta de Salud Menstrual a niñas y adolescentes que cursen desde el cuarto grado de primaria hasta el diversificado en escuelas e institutos públicos.

Las diputadas Sonia Gutiérrez y Ligia Hernández explicaron a Ocote que hasta el momento la iniciativa no ha sido conocida en el pleno de diputados, donde debe ser y asignada a una comisión del Congreso. La congresista Andrea Villagrán dice que es poco probable que la iniciativa se conozca en los próximos días, pues se trata de una propuesta hecha por bancadas opositoras.

La Ley Orgánica del Congreso no establece un plazo para que sea leída en el pleno. En los artículos 109 y 110 de esa normativa únicamente se regula el proceso para presentar iniciativas de ley, sin aclarar en qué período de tiempo debe conocerse.

Luego de que la propuesta sea conocida en el pleno de diputados, la comisión encargada debe analizar y evaluar la iniciativa, y dictaminar si debe regresar al pleno para aprobarse.

La legislación en otros países

En otros países del mundo se ha legislado sobre la menstruación. En Escocia, el acceso a artículos como toallas sanitarias y tampones es gratuito desde noviembre de 2020.

A finales de 2021, el Congreso de México aprobó que se eliminaran los impuestos de tampones, toallas y copas menstruales. Esto ya había sucedido en 2018, en Colombia, a través de un fallo constitucional. Ese mismo año, el Parlamento Europeo redactó un informe en el que solicitó a los estados miembros que eliminaran el “impuesto sobre cuidados y tampones” y se aplicaran exenciones del 0% de IVA en estos productos básicos esenciales.

En Guatemala, el IVA que se paga por productos menstruales es el mismo que el de cualquier otro bien o servicio: el 12%. La ley plantea algunas exenciones, como la venta al menudeo de carnes, pescados, mariscos, frutas, verduras, cereales, legumbres y granos que no excedan los 100 quetzales; o la compra y venta de medicamentos genéricos y antirretrovirales.

En diciembre de 2021, un grupo de diputados del Parlamento Europeo también hizo una solicitud para instar a los países miembros a que eliminen el  “impuesto rosa” o “pink tax”, que es el sobreprecio que tiene un producto o servicio sólo por estar dirigido a las mujeres.

Entre esos artículos está la ropa y los objetos de cuidado personal e higiene, como los shampoos, desodorantes o cuchillas de afeitar, que son más caros en el mercado que los comercializados para hombres.