Sabemos, por los datos del Ministerio Público, que más de la mitad de las desapariciones de mujeres adultas en Guatemala en los últimos dos años ocurrieron por causas ligadas a la violencia: porque las desaparecen sus agresores o porque se desaparecen ellas, tratando de huir. Pero aún hay un porcentaje sin respuesta clara y muchas incógnitas sobre las niñas, adolescentes y mujeres de las que se perdió el rastro hace años.
Claudina Isabel Velásquez Paiz tenía 19 años y estudiaba Ciencias Jurídicas en la Universidad San Carlos de Guatemala. Una tarde, al salir de clase, fue a una fiesta. Dijo que regresaría a medianoche, pero no lo hizo.
Preocupados, sus padres llamaron a la Policía, pero la respuesta que les dieron fue desesperanzadora. Debían esperar al menos 24 horas para presentar la denuncia. “Ya regresará, no tardará en aparecer”, era común escuchar entonces a las autoridades. La Policía no buscó a Claudina.
Encontraron su cuerpo con un disparo en la frente, en la madrugada. A siete kilómetros del lugar donde la vieron por última vez. Tenía signos de haber sufrido violencia sexual.
El levantamiento de la escena del crimen fue una negligencia tras otra. No buscaron ADN, no analizaron los alrededores para reunir evidencias, no entrevistaron a testigos potenciales. El médico forense, al mancharse el antebrazo de sangre, utilizó el suéter de Claudina para limpiarse.
La necropsia se realizó con muchas irregularidades. No identificaron el cadáver (las huellas de Claudina fueron tomadas mucho después, en el velorio, frente a sus familiares), no se describieron signos de violencia sexual ni quedó registro del resultado del análisis ginecológico.
En el Ministerio Público, los fiscales no pusieron atención al caso. Así se lo dijo la investigadora que llevó el proceso a la familia, cuando le cuestionaron acerca de todas las negligencias. Por la zona en la que apareció la joven, por usar una gargantilla, sandalias y un arete en el ombligo, dijo, desde el inicio se pensó que Claudina era una prostituta.
Su femicidio permanece en la impunidad.
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En Guatemala, en 2005 no se hablaba de las desapariciones de mujeres como un fenómeno, como algo sistémico. Las heridas de una guerra con miles de desapariciones forzadas aún estaban muy abiertas: no habían pasado diez años desde la firma de los Acuerdos de Paz y todavía se buscaban (todavía se buscan) a al menos 45 mil personas, de las que se desconoce su paradero.
Entonces no se nombraban las desapariciones de mujeres. No existían.
A inicios de los 2000 apenas se empezaba a mencionar la palabra femicidio, pero en organizaciones como el Grupo Guatemalteco de Mujeres comenzaron a entender que muchas de las mujeres que habían sido asesinadas antes habían desaparecido.
Al fenómeno como tal, el de la desaparición, se le puso nombre alrededor de 2010. En México, donde desde hacía años el Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio perfilaba la situación de mujeres desaparecidas, contactaron a algunas organizaciones de mujeres de Guatemala. En la frontera con Estados Unidos habían localizado a unas mujeres, con ropa que parecía de algún país centroamericano y querían saber si en Guatemala se llevaba algún registro de desaparecidas.
La pregunta la recibió Carmen López, directora de la Convergencia Cívico Política de Mujeres. “Nos quedamos con esa inquietud y consultamos si había algún registro. En la PNC (Policía Nacional Civil) no había apenas estadísticas, tampoco en el Inacif (Instituto Nacional de Ciencias Forenses)… Estaba totalmente descuidado”, cuenta.
Y ahí empezaron a trabajar, junto con otras organizaciones como la Fundación Sobrevivientes. A preguntar en las instituciones con qué estadísticas contaban y qué protocolos había. La PNC requería que las personas llevaran entre 24 y 72 horas desaparecidas para registrarlas así. Pero muchas mujeres eran localizadas sin vida después de unas pocas horas, como sucedió con Claudina.
“No se sabía por qué desaparecían las mujeres. ¿Qué pasaba con las que no se encontraban, que quizás estaban vivas? Era complejo que las autoridades prestaran atención”, recuerda Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes.
Durante años, igual que en el caso de Claudina Isabel, el discurso institucional estuvo plagado de prejuicios. Lo recuerda Karla Campos, coordinadora del área de transparencia del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), quien lleva años documentando estadísticas de violencia en Guatemala. “Era más fácil decir: ‘Este país es tan violento que seguro alguien se la llevó’, o ‘Seguro tenía un novio y se fue con él’ o ‘Migró porque tenía necesidad’ —explica—. Yo lo relaciono con los desaparecidos durante el conflicto armado. Es ese mismo argumento de: ‘A saber en qué andaba metida esa persona’. Es la historia que traemos”.
Ligia Hernández es abogada especializada en Derechos Humanos. Hoy es diputada de la bancada Semilla. Hernández confirma todos estos prejuicios. La historia de Claudina Isabel se le ha cruzado en tres ocasiones a lo largo de su carrera. La primera, en la facultad. Las dos estudiaban la misma licenciatura, aunque en diferentes años. La diputada recuerda cómo en los pasillos de la universidad, compañeros y catedráticos comentaban despectivamente lo poco que les extrañaba el asesinato de Claudina. Por las malas juntas, decían. “En ese momento aún se justificaba la violencia contra la mujer”, lamenta Hernández.
La segunda, cuando el caso estaba en investigación. Hernández comenzó a trabajar en el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), una organización en la que apoyó a fortalecer la unidad de escena de crimen del Ministerio Público. Entonces tuvo acceso a varios expedientes, entre ellos el de Claudina. “Ahí me enteré del pésimo abordaje y la irrelevancia que tenía para el MP la muerte de mujeres. Los Leitz (las carpetas de las investigaciones) estaban titulados por los sobrenombres que les daban a las fallecidas”, continúa.
Y la tercera vez, ahora, como diputada de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, que tiene en sus manos una iniciativa de reforma a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. El caso de Claudina tuvo un papel crucial en la aprobación de esta norma.
Las organizaciones de mujeres querían que se nombrara el problema, que se le diera importancia, que se buscara a las desaparecidas. Así que trabajaron una propuesta de ley. Utilizaron como base un precedente que acababa de entrar en vigencia: la Ley Alba-Keneth se había aprobado en 2010 para priorizar la búsqueda y protección de menores de edad desaparecidos.
Hicieron unos ajustes y en 2013 llegó al Congreso de la República la iniciativa 4588, que buscaba aprobar la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas. Tardó un año en conocerse en primer debate y después quedó engavetada, como sucede con muchas de las iniciativas que se encuentran en el Legislativo.
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En paralelo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), conocía el caso de Claudina Isabel Velásquez Paiz. Después de no haber encontrado justicia en Guatemala, la familia de Claudina y organizaciones buscaron apoyo internacional. La sentencia se dictó en 2015, con unas contundentes medidas de reparación.
Entre ellas, la Corte ordenó al Estado de Guatemala adoptar un mecanismo para lograr la búsqueda eficaz e inmediata de mujeres desaparecidas. El Congreso ya tenía la herramienta, el as bajo la manga, la 4588. En enero de 2016 se volvió a presentar en el pleno y en un par de días se le dio segunda y tercera lectura. En marzo de ese año entró en vigencia.
La ley sentó las bases para formular este mecanismo de búsqueda, que tardó dos años en ver la luz. En agosto de 2018 se creó una alerta, nombrada Isabel-Claudina (por Claudina Velásquez y por María Isabel Véliz Franco, otro caso emblemático en Guatemala, que también se conoció en la CorteIDH). También planteó la creación de unos Equipos Locales de Búsqueda (que debe conformar la secretaría ejecutiva del mecanismo y coordinar la Policía Nacional Civil) que a la fecha aún no están integrados.
El fondo de la ley era evitar que casos como el de Claudina o como el de Isabel se repitieran. Que se entendieran las desapariciones de mujeres como un fenómeno con muchas causas, muy ligadas a la violencia.
Esto se está consiguiendo. En presente, en gerundio. Porque a pesar de que la ley fue un buen paso y ha tenido avances considerables, todavía hay preguntas que responder, con precisión, para solucionar de raíz un problema histórico. Esta, la primera:
¿Por qué desaparecen las mujeres en Guatemala?
En los cuatro años que pasaron desde la creación de la ley, las organizaciones e instituciones que le han dado seguimiento han pedido que se analicen las causas por las que las mujeres desaparecen.
Esteban Celada, abogado especializado en derechos humanos de las mujeres, recuerda que “mucho de lo que se ha trabajado desde sociedad civil y juzgados permite entender patrones de lo que pasa, pero nos faltan estudios criminológicos y sociológicos de las sentencias, de los resultados que ha habido, para lograr un impacto social”.
En el Observatorio de Mujeres, el portal donde el Ministerio Público comparte estadísticas sobre violencia de género, la Fiscalía reserva un espacio para datos sobre mujeres adultas desaparecidas. Ahí se suben todos los boletines de la alerta Isabel-Claudina y se incluyen gráficas con los datos generales de las alertas registradas, desde el 6 de agosto de 2018, agrupadas por departamento, mes, hora y día de las desapariciones y por edades de las mujeres. El cálculo del MP es de cuatro adultas desaparecidas al día. Si se suma el dato de niñas y adolescentes, la cifra casi duplica: son 7.8 mujeres al día, de 2008 a 2019. Según el año, esta cantidad varía. Por ejemplo, en 2019 fueron 7.1 desaparecidas diarias.
En el desglose general de las alertas, no se incluyen los delitos asociados a estas desapariciones, algo que la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) lleva tiempo solicitando. Dorotea Gómez, defensora de la Mujer, asegura que “el año pasado (2019) una de las intenciones de la Defensoría de la Mujer era identificar cuántas de las mujeres eran víctimas de violencia sexual, violencia física, trata… El MP no pudo facilitar esa información”.
Edda Roblero, encargada de la Unidad de Enlace Mujer de la Dirección de Análisis Criminal del MP, explicó a Agencia Ocote que en esos dos años han comenzado a hacer análisis estadístico y estratégico “que ya nos da hallazgos para entender qué está pasando”.
Hasta ahora, el equipo que Roblero coordina, ha trabajado con apoyo de cooperación internacional para fortalecer el análisis criminal investigativo de mujeres desaparecidas. Según Lucrecia Vásquez, secretaria de la Mujer del MP, recibieron una consultoría del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y Justice Education Society (JES) apoyó con un perfilador a la unidad. En el Plan Operativo Anual del próximo año, la secretaría solicitó que se amplíen los analistas encargados de violencia contra las mujeres.
A partir de este trabajo, a finales de julio de este año, el MP analizó las causas de las desapariciones registradas durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19, del 17 de marzo al 26 de julio de 2020. En el Observatorio compartieron una imagen con una gráfica titulada “Circunstancias confirmadas de la desaparición”, en la que se registraban 19 causas acompañadas de porcentajes (que no llegaban al 100% porque, según Roblero, correspondían únicamente a las mujeres localizadas).
Entre estas circunstancias estaban la alteración de rutina (17%), independencia sentimental (15%), peleas con pareja (11%), discusión familiar (8%), independencia emocional (7%) o independencia económica (4%).
Esta categorización también fue descrita a Agencia Ocote por Edda Roblero, quien explicó algunos de estos conceptos. Una alteración de rutina, indicó, “puede estar sucediendo porque era ya la hora del toque de queda y no se tuvo noticia de la mujer desaparecida, se atrasó regresando del trabajo o fue a algún lugar y no avisó”.
“Con independencia sentimental, (nos referimos a que) ella decide convivir con su pareja, o salió con su pareja y no avisó, o no volvió a la hora avisada”, añadió. La independencia “emocional” tiene otro matiz: “Las mujeres ya no quieren vivir en su entorno familiar, social o de pareja”.
La categoría de independencia económica se refiere a “mujeres que han desaparecido porque necesitan trabajar u obtener recursos económicos en el país”. Esta categoría es diferente a la de “migrante”, bajo la que se registraban apenas el 0.5% de los datos.
Roblero concluyó que estas causas, que ocuparon más del 40% de las circunstancias de desaparición de las mujeres, son voluntarias: ellas decidieron salir de sus casas o tardaron en regresar por una decisión propia que no se relaciona a un hecho criminal. Sin embargo, hizo una aclaración: “El contexto de violencia contra las mujeres las hace vulnerables o las pone en riesgo y esto las puede llevar a tomar este tipo de decisiones”.
Alejandra González fue la primera secretaria de la Mujer del MP. Tomó posesión en marzo de 2017 y Lucrecia Vásquez la relevó en el puesto en mayo de 2018, con el cambio de fiscal general. Se encargó de implementar la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas y de diseñar el mecanismo y la alerta Isabel-Claudina. González recuerda que la desaparición de mujeres es multicausal y en su mayoría está relacionada con algún tipo de violencia de género.
“Puede que las desapariciones sean voluntarias, pero a raíz de la violencia que viven”, coincide con Roblero. “Habría que ver por qué deciden romper con esa rutina y de alguna manera preocupa a su entorno. Porque creo que eso tampoco es deliberado. Puede ser que huyan por cuestiones de violencia intrafamiliar o violencia de género, que quieren tener un tiempo para decidir antes de volver a la normalidad. Y puede haber un porcentaje menor que rompen con la rutina por cuestiones banales, pero hay tal preocupación por la violencia que se ejerce contra nosotras, que si se rompe con esa rutina, cualquier persona a su alrededor que agota las posibles comunicaciones con ella, presenta una denuncia o la reporta”, concluye.
De hecho, a inicios de agosto, pocos días después de la entrevista de Agencia Ocote con Roblero y de compartir esta información en el portal del Observatorio, el Ministerio Público realizó una presentación virtual de los avances de la alerta Isabel-Claudina, a dos años de su implementación.
Incluyó una gráfica sobre las circunstancias de desaparición de las mujeres desde 2018, diferente a la del Observatorio, en la que agrupó estas causas voluntarias (alteración de rutina, independencia sentimental, emocional, económica…) en una sola, que se denominó “violencia simbólica”. “Son este tipo de conductas que refuerzan un sistema patriarcal, todos estos roles, todo lo que nos han enseñado con respecto a esta discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres”, matizó Roblero.
En la presentación de inicios de agosto, se añadió que 205 de las mujeres localizadas entre 2018 y 2020 habían sido víctimas de algún delito durante su desaparición. La mayoría, de delitos sexuales, muerte violenta, agresión física y robo. En esta gráfica se detallan los hechos violentos:
Según esta información, en los últimos dos años, únicamente se cuenta una víctima de trata de personas. Esto choca con los datos del Ministerio de Gobernación, que desde 2018 registra 132 mujeres víctimas de trata. Esto podría deberse a un desfase en los datos o a que cuando se conoce que una mujer desaparecida puede estar en una red de trata, no se activa la alerta para no advertir a las personas que la tienen retenida, según explica Alejandro Chang, quien se encargó del análisis criminal sobre mujeres desaparecidas en el MP en la anterior administración.
La pandemia por la COVID-19 también tuvo sus efectos en el fenómeno de mujeres desaparecidas, según los datos de la alerta Isabel-Claudina. Roblero aseguró que se reportó una bajada de 47% en los reportes de alertas: “La disminución de denuncias se debe a las restricciones y a la disminución de servicios de líneas telefónicas y de centros de atención de asistencia jurídica que hace que la protección para mujeres se vea mermada. También la falta de personal: las instituciones estamos laborando por turnos por la misma situación de la pandemia”, explicó.
Se encontró que, de las 431 alertas activadas durante la pandemia (del 17 de marzo al 3 de agosto), 56 corresponden a mujeres que desaparecieron con sus hijos.
Los delitos asociados
A través de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público, en Agencia Ocote realizamos varias solicitudes en las que pedimos, entre otras informaciones, los delitos asociados a desapariciones, el registro de los análisis del movimiento criminal relacionado con mujeres desaparecidas y el registro de agresores de mujeres desaparecidas, que permitieran hacer un análisis con los datos de edades de las mujeres, identificación étnico cultural, identidad de género y con las características en las que se dio la desaparición: el municipio, la hora y si fue localizada.
El MP entregó una tabla de datos con 34,865 registros de mujeres desaparecidas (menores de edad y adultas) entre enero de 2008 y el 30 de junio de 2020. Son 14,577 niñas y adolescentes, 15,974 adultas y 4,314 sin datos de edad.
También pedimos esta información al Ministerio de Gobernación, donde la Subdirección General de Operaciones de la PNC registra entre enero de 2008 y el 30 de junio de 2020, 19,355 desapariciones de mujeres (más de 15 mil menos que el MP) y 14,582 de hombres.
Según Karol Castro Girón, jefa del departamento de Equidad de Género de la Policía Nacional Civil, la diferencia de las cifras entre ambas instituciones se debe a que hasta hace un par de años, no operaban de manera conjunta en la búsqueda de mujeres desaparecidas. Aún ahora no comparten la misma base de datos y la PNC no siempre registra información de las mujeres localizadas.
En estos 13 años, por ejemplo, la Policía indica que se localizaron únicamente el 10.7% de mujeres desaparecidas. Desde 2018 (no hay datos previos), el porcentaje del MP es muy superior: el 82% de mujeres fueron localizadas.
Dentro de una misma entidad también hay desfases de datos. Por ejemplo, el MP registra 1,329 mujeres adultas desaparecidas entre agosto de 2008 y julio de 2020. Pero el Observatorio de la Mujer del MP indica que en estos dos años se activaron 3,580 alertas Isabel-Claudina. Son casi el triple.
Lucrecia Vásquez, secretaria de la Mujer del MP, explica que para resolver este tipo de inconsistencias con los datos, la institución construye una plataforma (que llamarán Morfeo, “porque es como un sueño”, dice), que busca llevar un control más minucioso de los casos de desaparecidas, de violencia contra de género y de muertes de mujeres. “Tendremos enlaces directos con los Equipos Locales de Búsqueda y las redes de derivación y habrá acompañamientos virtuales y telefónicos”.
Ni el MP ni la PNC incluyeron en las tablas de datos las causas asociadas a las desapariciones de mujeres. En el caso de Gobernación no se entregó porque, según la resolución, “no obran registros en los archivos de la base de datos de esa Sección de Estadística”.
La Fiscalía incluyó algunos datos sobre el lugar en el que se registró la desaparición de las mujeres. De 2008 a 2013 apenas hay datos, pero a partir de 2014 se registra más información. De los casi 35 mil casos, poco más de 12 mil tienen estos datos. En la mayoría se inscribió “casa particular” en el lugar de los hechos, seguido por lugares abiertos, calles principales o carreteras. Otros de los lugares, en menores porcentajes fueron entidades estatales, centros educativos, centros comerciales, hospitales, iglesias o destacamentos militares.
En la información no se indican los nombres de las calles ni las zonas de los municipios, pero la Unidad de Análisis Criminal del MP sí cuenta con estos datos. Alejandro Chang es psicólogo y criminólogo y fue el encargado de realizar el análisis cuando el mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas se implementó en la Fiscalía.
El criminólogo cotejó las cifras de desapariciones de mujeres con las zonas en donde se había identificado que existía trata de personas y con zonas rojas y de presencia de grupos criminales. Encontró coincidencias que pueden ayudar a entender el fenómeno, aunque, remarca, sin sacar conclusiones definitivas, ya que puede haber otras circunstancias relacionadas con los hechos.
Por ejemplo, según el análisis de Chang, un kilómetro a la redonda de la Plaza de la Constitución, en zona 1, es la zona con más alertas de desapariciones por metro cuadrado. Esta área coincide con presencia de pandillas en la zona. Lo mismo sucedió en la Colonia Prados de Monte María (en Villa Nueva) en la Colonia San Rafael (zona 18) y en la Colonia La Florida (zona 19). En cambio, en los alrededores del Barrio Gerona, en zona 2, también con bastantes reportes de desapariciones de mujeres, no se observó territorio dominado por pandillas.
En la PNC, la encargada de hacer este análisis es la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC). Conversamos con el subinspector Marlon Pérez, jefe de la unidad encargada de personas desaparecidas en el departamento de Guatemala, para comparar los datos de Chang con los de la PNC. Pérez accedió a darnos una entrevista para resolver las dudas sobre el análisis criminal, pero finalmente no concretó la cita ni dio información de los hallazgos relacionados con los motivos de las desapariciones.
El análisis periodístico que podemos hacer es limitado. Los datos que tenemos no son tan específicos como los que maneja la Unidad de Análisis Criminal del MP o la DEIC en la Policía y muchos ni siquiera se recogen en estadísticas.
Por ejemplo, Chang analizó algunos casos investigados como femicidio en el Ministerio Público en los que previamente se había reportado la desaparición de las mujeres. En la mayoría, las mujeres fueron localizadas a más de 25 kilómetros de distancia del punto donde se registró la desaparición.
Esta información no está disponible en estadísticas públicas ya que, según abogados y jueces consultados, los expedientes y sentencias de femicidios, homicidios o asesinatos pueden tener información sobre si las mujeres desaparecieron o si fueron víctimas de otros delitos, pero el Organismo Judicial no sistematiza estos datos.
Otro ejemplo: los documentos del MP y de la PNC con los que trabajamos en Agencia Ocote no aclaran si cada desaparición corresponde a una persona o si puede haber duplicidades. Al no incluirse los nombres de las mujeres, no podemos comparar la información de las dos instituciones para ver si una registra datos que la otra no tiene (lo que podría hacer que las cifras aumentaran).
A pesar de esto, es posible sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, sobre la edad de las mujeres desaparecidas. Por los datos de la PNC sabemos que un 65% son adolescentes, de entre 12 y 17 años. Según la información entregada por el MP, el grupo de edad donde se concentran más desapariciones también es el de adolescentes, aunque el porcentaje es menor que en la Policía: 34.24%. Sin embargo, los números de la alerta Isabel-Claudina son distintos: en estos dos últimos años un 71% de las mujeres adultas desaparecidas tenía entre 18 y 30 años. El 29% tenía entre 18 y 20 años.
En cuanto a las tendencias a lo largo de los últimos años, el Ministerio de Gobernación indica que en 2011 los registros de desapariciones de mujeres comenzaron a ascender (y superaron a los de los hombres, por primera vez desde 2008). En 2013 se llegó a un pico en la cantidad de desapariciones y desde entonces comenzó un descenso, también en la brecha entre hombres y mujeres.
El aumento de 2011 en los datos de la PNC se dio sobre todo en adolescentes de entre 12 y 17 años. Esto puede deberse, según Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, a la creación de la alerta Alba-Keneth en agosto de 2010, que hizo que se incrementaran los registros de menores de edad.
Alejandra González, exsecretaria de la mujer del Ministerio Público, añade que las fechas también coinciden con la implementación de la Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. La norma fue creada en 2008, pero los juzgados especializados comenzaron a crearse en 2010. “Empieza a haber una especialización en el tema, una ola de cooperación internacional y un proceso de sensibilización en derechos humanos de las mujeres en casi todas las instituciones. Este aumento podría deberse no tanto a un aumento de mujeres desaparecidas, sino a un aumento de la responsabilidad institucional de reportarlo correctamente”, concluye.
Karla Campos, del GAM, realizó en 2018 un informe de desapariciones, en el que analizó el fenómeno desde 2003. En el documento, relaciona esta subida con el último año de gobierno de Álvaro Colom y con todo el período de Otto Pérez Molina (de 2012 a 2015).
“Desde el 2011, existe un severo incremento en las desapariciones de mujeres, las cuales pueden ser asociadas con diferentes fenómenos criminales, como la trata y la violencia intrafamiliar”, concluye Campos.
Carlos Menocal, quien fue ministro de Gobernación entre 2010 y 2012, explica que en 2011 comenzaron a hacer un estudio en la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) sobre de las desapariciones. “Se hizo un equipo especial y una unidad de inteligencia y tuvimos varios hallazgos de las causas de las desapariciones de mujeres durante esos años” cuenta.
“Primero, vimos que había una migración de mujeres que no informaban a la familia de su traslado hacia Ciudad de Guatemala y Estados Unidos —añade—. Pero también se relacionaron las desapariciones con el crimen organizado y el crecimiento del narco en algunas áreas, con los vínculos de pandillas y con venganzas personales”.
Al comparar los datos generales de mujeres desaparecidas a nivel nacional con los homicidios no se ven tendencias similares. Tampoco con los datos de muertes violentas de mujeres del Inacif (desde 2012, ya que antes la entidad no desglosaba la información en muertes asociadas a hechos criminales y no criminales):
También comparamos los datos de desapariciones con otros delitos que podrían estar asociados con estas, para verificar si existen paralelismos. Las tendencias de los delitos a lo largo de los años no son muy similares:
Pero al hacer el análisis según los lugares donde sucedieron los hechos, sí hay algunas similitudes. Los tres municipios con más desapariciones de mujeres son, según el MP y el Ministerio de Gobernación, Guatemala, Mixco y Villa Nueva. Esto coincide con los lugares que más violaciones, secuestros, lesiones, robos y violencia intrafamiliar registran.
Edda Roblero recuerda que aunque el mecanismo de búsqueda de mujeres se ha socializado en casi todos los departamentos, los problemas de acceso a las oficinas del MP en los departamentos lejanos a la capital o en los municipios alejados de las cabeceras departamentales puede tener alguna influencia en que muchas denuncias (de desapariciones y otros delitos) se concentren en estas localidades.
Para entender este mapa, tomamos una muestra de los datos (de enero a diciembre de 2019) y los comparamos con las cifras de otros delitos. Encontramos algunos paralelismos entre mujeres desaparecidas, homicidios de mujeres y violaciones. Los diez lugares donde se registraron más desapariciones este año fueron en este orden: Mixco, Guatemala, Villa Nueva, San Juan Sacatepéquez, Chimaltenango, Amatitlán, Villacanales, Puerto Barrios, Morales y San Miguel Petapa. Siete de ellos coinciden con los principales lugares donde la Policía registró homicidios de mujeres y seis con los municipios donde hubo más violaciones.
Sin embargo, el criminólogo Alejandro Chang recuerda que no podemos sacar conclusiones definitivas con estos datos y remarca que se deben revisar las características específicas de cada municipio y de cada caso concreto para lograr información más precisa.
Por ejemplo, en su análisis, Chang encontró algunas coincidencias en los departamentos de Quetzaltenango, Retalhuleu y Suchitepéquez entre alertas Isabel-Claudina relacionadas con migración y operaciones de estructuras de trata de personas.
Carlos Menocal explica que, según los hallazgos que hizo la Digici durante su administración, “en Alta Verapaz en 2010 aumentaron las violaciones sexuales por presencia del narco y esto tuvo relación con las desapariciones”. Al analizar los datos de este departamento, puede verse cómo efectivamente en 2010 las desapariciones de mujeres y la violencia sexual siguen líneas muy cercanas.
Según el exministro, fueron los datos de violencia sexual los que tomó en cuenta el gobierno de Álvaro Colom para declarar a finales de 2010 un estado de Sitio en Alta Verapaz, con la intención de cercar a los Zetas. En 2011, de hecho, puede observarse una disminución de la violencia sexual en este departamento, aunque las desapariciones de mujeres continuaron en aumento.
Conchita Reyes es directora de la Pastoral social de Cáritas de Alta Verapaz, la otra organización de la sociedad civil, junto con Convergencia Cívico Política de Mujeres, que forma parte de la Coordinadora del mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas. Reyes asegura, según el análisis que hacen en la Pastoral de la situación actual, que los casos que conocen en este departamento suelen estar muy relacionados con violencia intrafamiliar y trata de personas.
Al comparar los datos de desaparecidas con los de violencia intrafamiliar en Alta Verapaz entre 2008 y 2020, se ven efectivamente tendencias similares:
Tratamos de comparar también los datos de desaparecidas con víctimas de trata de personas en Alta Verapaz, pero el Ministerio de Gobernación únicamente registra datos desde 2016 y las cifras de este departamento son muy bajas desde entonces (11 casos en los últimos cuatro años y medio) lo que dificulta hacer el análisis de las tendencias.
Las que no aparecen y las que aparecen, cómo aparecen
Cuando una mujer desaparecida es localizada, la alerta Isabel-Claudina que se activó se desactiva automáticamente. Según Edda Roblero, si se observa algún indicio de que hubo hechos violentos o algún delito, se traslada el expediente a la fiscalía que continuará la investigación. Si no, ahí termina el trabajo de las instituciones públicas, se cierra el caso.
Las organizaciones que fiscalizan el trabajo de la coordinadora cuestionan que no existe un seguimiento a las mujeres que aparecieron, ni queda un registro de en qué condición aparecen cuando son halladas.
“Según datos del MP, el 82% de las mujeres son localizadas. Eso no quiere decir que esa mujer localizada no haya sido víctima de algún delito —explica Aljandra González—. Hay que recordar que la persona muchas veces tiene miedo de denunciar. El MP tiene que investigar aunque ella diga que no es víctima, pero es el fiscal el que determina que puede haber algo que no corresponde a la versión que ella da”.
González añade que “están obligados a registrar si la mujer desaparecida presentó una denuncia. Eso queda en el sistema pero no necesariamente lo analiza el fiscal, no siempre hacen ese cruce”.
En ocasiones, el proceso comienza viciado. Los mismos agresores son quienes presentan las denuncias de desaparición. Alejandro Chang asegura que cuando realizaba análisis estratégico en el MP, “poníamos la alerta y ellas mismas nos escribían que no estaban desaparecidas, que sus parejas las habían golpeado y se habían escapado. Publicábamos que (la mujer) estaba localizada y ya nos estaba llamando el denunciante, que dónde estaba. No era la mayoría, pero sí pasaba con bastante frecuencia”.
En la Fundación Sobrevivientes vieron algún caso así. Claudia Hernández cuenta que “una joven que teníamos en el refugio, había puesto una denuncia por violencia y el hombre la empezó a buscar y activó una alerta Isabel-Claudina. A la fundación vinieron los investigadores para ver si se encontraba acá y el hombre activó la alerta dos veces”.
Lucrecia Vásquez, la secretaria de la Mujer, asegura que en 2019 se creó un equipo de seguimiento de los casos de mujeres desaparecidas. Lo conformaron 96 personas en toda Guatemala. “La fiscal —María Consuelo Porras— mandó a fiscalías municipales, distritales y de la mujer que delegaran a un titular y un suplente encargado de la jurisdicción para que le dieran seguimiento a estas mujeres desaparecidas, que vean cómo van las líneas de investigación, que no se duerman. Porque con las mujeres desaparecidas cuesta. Si no las encontrás (en pocas horas), no sabés para dónde agarrar”.
Los casos que no se resuelven en seis, 24, 48 horas, se vuelven una incógnita. En el MP, en la PNC, en la PDH y en las organizaciones lo tienen claro: a estas mujeres hay que seguir buscándolas, pase el tiempo que pase.
Karol Castro, jefa del departamento de Equidad de Género de la Policía Nacional Civil, explica que en las carteleras de las comisarías se colocan las alertas de las mujeres desaparecidas en el sector, para que los agentes que salgan a patrullar tengan en cuenta que deben darle seguimiento.
Eso, con las mujeres que tienen una alerta activada, un boletín con su fotografía y los datos que facilitan su aparición. Pero, ¿qué sucede con las mujeres que llevan años desaparecidas, de las que se perdió la pista antes del 6 de agosto de 2018?
Esta fecha marcó un antes y un después. Un motivo para celebrar. Se le puso nombre a un fenómeno, sí. Se estableció un mecanismo para buscar inmediatamente a mujeres desaparecidas, sí. Los porcentajes de mujeres localizadas aumentaron, también.
Hubo un borrón y cuenta nueva, pero las desaparecidas de antes quedaron en una especie de limbo. Según la información del MP, entre enero de 2008 y julio de 2018, desaparecieron 30,564 mujeres.
La Policía Nacional Civil registra 18,275 desapariciones en este mismo período. El Inacif tiene en sus bases de datos 891 cadáveres de mujeres y 325 de “sexo indeterminado” enterrados como XX entre 2008 y 2018.
La respuesta del Ministerio Público es la siguiente: “Ahí sí es cada fiscalía la que da seguimiento”, admite Lucrecia Vásquez. “La misma ley nos manda avanzar desde cuando aparece (el mecanismo). Las (desaparecidas) anteriores, de cinco, diez, 15 años antes, han sido las fiscalías distritales las que han ido manejando esos datos. Ya es una responsabilidad de cada distrital y municipal”.
Y esto implica que muchos datos se perdieron. Por ejemplo, la ley estableció que cuando una mujer aparece, el MP debe registrarla como localizada. Antes, no era así. “Estas mujeres van a seguir saliendo como desaparecidas”, reconoce la secretaria de la Mujer.
¿Y las que nunca aparecieron?
“No tenemos la capacidad de buscar diez años, 15 años atrás… Posiblemente ya se perdieron pruebas e indicios que nos lleven a dónde estaba ella. Si nos cuesta con estas, imagínate”.
“Estación del Silencio” es un proyecto transnacional coordinado por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la segunda entrega sobre mujeres desaparecidas, en la que participan: Agencia Ocote (Guatemala), elFaro (El Salvador) y ContraCorriente (Honduras).
Financiamiento de Foundation for a Just Society, con apoyo de Oak Foundation y Fondo Centroamericano de Mujeres.
