Este es un episodio de podcast. Para escucharlo, dale play al enlace de abajo.

Si quieres leer la transcripción de este episodio, la dejamos aquí.

Narradora: Un portón gris y unos soldados resguardan la entrada principal de Mariscal Zavala, una brigada militar al nororiente de la Ciudad de Guatemala. Un lugar que desde 2010 funciona también como prisión de “alta seguridad”. Retiene a expresidentes acusados de corrupción, a empresarios cómplices, y a narcotraficantes de casos catalogados de “alto impacto”. 

Según el Sistema Penitenciario, estos reclusos deben guardar prisión aquí, en Mariscal Zavala, porque su vida corre peligro o porque ponen en riesgo la vida de otros reclusos en otros centros masificados de Guatemala. En los últimos años, organizaciones sociales y medios de comunicación han cuestionado que es, en realidad, una cárcel de élite.   

Mariscal Zavala es el lugar en el que ahora, Virginia Laparra, la protagonista de esta historia, guarda prisión preventiva. 
Virginia Laparra: Mi nombre es Virginia Laparra. Yo soy fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad Regional de Quetzaltenango. De momento estoy suspendida con motivo de este proceso.

Narradora: Virginia Laparra tiene 42 años, mide alrededor de un metro 60 y ata su pelo castaño oscuro, ondulado, en una cola. El tinte se ha ido despintando y deja ver algunas canas. Usa gafas de montura negra para la miopía y el astigmatismo.

Laparra es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria y doctora en Derecho Procesal Penal por la Universidad Da Vinci de Guatemala. En su celda, encima de los colchones de dos literas tiene más de 30 libros, la mayoría de ellos, de derecho penal.

Le gusta leer casi cualquier cosa, pero en los últimos meses se ha dedicado a estudiar su propio caso. 

Virginia Laparra: Lo he leído varias veces y sigo sin entender por qué estoy en prisión preventiva. Estoy en prisión preventiva por algo que nadie en el mundo tendría que estar en prisión preventiva.

Narradora: Soy Melisa Rabanales, periodista de Ocote. Y en este episodio de Radio Ocote Podcast presento los hechos del caso de Virginia Laparra, una fiscal que llevaba 16 años en el Ministerio Público, los últimos seis al frente de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Quetzaltenango. Hoy, es una de los más de treinta operadores políticos perseguidos y criminalizados por el mismo aparato estatal de Guatemala.  

El caso de Laparra es otro ejemplo de lo que los analistas, exmagistrados, periodistas y organizaciones sociales vienen denunciando: la justicia está en crisis en Guatemala y hay una persecución sistemática a quienes han enfrentado la corrupción.

En este episodio te explico por qué llegó a prisión y quiénes están involucrados

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Narradora: La entrada al centro preventivo de Mariscal Zavala queda justo al lado de una colonia residencial, en la zona 17 de Ciudad de Guatemala. Unos 10 soldados y agentes del Sistema Penitenciario registran a las visitas antes de dejarlas pasar. Les piden sus documentos de identificación y hacen una revisión rutinaria y no muy exhaustiva. 

Para llegar a donde están los reclusos en Mariscal Zavala, las visitas tardan unos seis minutos a pie en atravesar un camino de tierra rodeado de un bosque de pinos. Al final del camino hay tres sectores. Cada uno con su propia entrada. Para el 9 de mayo de 2022, en esta prisión habitaban 258 hombres y 18 mujeres. 

Al primer sector se le conoce como “área común”. Es una especie de pequeño barrio, con pasajes angostos. Ahí no hay celdas. Son carpas de vinil y algunas pequeñas champas con paredes de tabla yeso donde guardan prisión reos hombres. 

El siguiente complejo es mucho más lujoso. Tiene un portón negro de metal y una garita de seguridad con un guardia del Sistema Penitenciario. Adentro, viviendas de uno y dos niveles pintadas de color blanco, puertas de madera y varias ventanas. Como una colonia residencial. Tiene pequeños pasillos de cemento, jardines con cipreses frente a las casas y en las áreas comunes. Ahí está el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.

El tercer complejo es el más pequeño. Es un sector de aislamiento al que se le conoce como “bartolinas”. 

El espacio es más precario que los otros dos. Al caminar se levanta el polvo. Una puerta de rejas de metal es la entrada al sector. Adentro, hay tres celdas.
La primera mide unos 15 metros cuadrados. Tiene paredes de block pintadas de blanco, y una puerta azul de metal, pesada. Casi siempre está cerrada. Solo se abre un par de horas diarias, además de los martes y sábados, los días de visita. El resto del tiempo, la luz del sol sólo entra al cuarto por una pequeña ventana en la puerta.

En esta celda, en la que caben dos literas, una mesa pequeña y un baño sin puerta con una ducha, un inodoro y un lavamanos, es en la que ahora, a mediados de mayo de 2022, Virginia Laparra lleva casi tres meses encerrada.

Noticiero Canal Antigua: “Las autoridades del Ministerio Público reportaron la tarde de este miércoles la captura de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la impunidad de Quetzaltenango, Lilian Virginia Laparra, a quien señalan de supuestamente haber abusado de su autoridad”… 

Narradora: Hasta antes de su captura, el miércoles 23 de febrero de 2022, Virginia Laparra era agente fiscal y lideraba la Fiscalía Contra la Impunidad, la FECI, en la sede de Quetzaltenango, departamento en el Occidente de Guatemala. 

La FECI nació en 2008, para investigar casos de alto impacto. Se creó en paralelo con la CICIG, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que surgió de un acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. La CICIG apoyó al Ministerio Público a investigar y a perseguir delitos relacionados con la corrupción. 

En Quetzaltenango, la FECI ha tenido a su cargo casos de alto impacto que involucran a funcionarios, a alcaldes, a empresarios. Por ejemplo, ha investigado al exalcalde de Quetzaltenango, Jorge Rolando “Mito” Barrientos, imputado por el delito de fraude, por recibir sobornos de empresarios.

Laparra también señaló malas prácticas de algunos operadores de justicia. Esto le hizo ganarse enemigos. 

Vamos a ir cinco años atrás en el tiempo, a 2017. Entonces, Virginia Laparra llevaba un año al frente de la FECI de Quetzaltenango, y presentó: 

Virginia Laparra: Cuatro denuncias administrativas en contra del juez Lesther Castellanos Rodas, en su momento Juez de Primera Instancia Penal, narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en procesos de mayor riesgo en Quetzaltenango. 

Narradora: Antes de explicarte por qué Laparra presentó estas denuncias contra Lesther Castellanos, necesitamos contexto. 

En 2017 aún funcionaba en Guatemala la CICIG. En Quetzaltenango, la comisión colaboraba con la fiscalía en un expediente a cargo de Virginia Laparra:

Virginia Laparra: Trataba sobre un caso que se estaba investigando de un sindicado…. 

Narradora: El exfutbolista René Villavicencio

Virginia Laparra: Se había agenciado de dinero vendiéndole información de investigaciones a funcionarios públicos. 

Narradora: A René Villavicencio se le señalaba de vender información al exalcalde Mito Barrientos sobre las investigaciones que la FECI llevaba en su contra. El juez que conocía la causa era quien mencionó Laparra antes, Lesther Castellanos Rodas. 

En esta fase del proceso, Villavicencio iba a firmar un convenio de colaboración eficaz con el Ministerio Público. Con este convenio, reconocía su culpabilidad y aceptaba dar información a la fiscalía a cambio de beneficios en su condena. El juez Castellanos debía autorizarlo.

Era un proceso delicado. Había señalamientos contra funcionarios públicos, así que la audiencia estaba bajo reserva. Nadie podía tener detalles sobre lo que pasaba en el caso. Solo la FECI, la CICIG, el exfutbolista, sus abogados y el juez Lesther Castellanos. 

Castellanos rechazó el convenio. Dijo que no cumplía los requisitos. Pero ese no fue realmente el problema. 

La CICIG presentó una recusación contra el juez Lesther Castellanos. Pidió que se le apartara del caso. Argumentó que estaba en duda su imparcialidad. 

Unos días antes, un abogado, Omar Barrios Osorio, que era amigo del juez Castellanos y director del Centro de Estudios de Derecho, una institución privada de formación, había hecho:

Virginia Laparra: Una publicación en fecha 22 de agosto del año 2017, donde él refiere a una solicitud totalmente improcedente, dice, de un convenio de colaboración eficaz. Pero eso no era posible si no tenía información del caso. O sea, tuvo que haber tenido acceso a la documentación.

Narración: Es decir, que el abogado Omar Barrios había tenido acceso a información del caso que estaba bajo reserva. La CICIG tenía indicios para creer que el juez Castellanos se la había filtrado.

Así que, además de pedir que lo apartaran del caso, la CICIG también denunció administrativamente a Lesther Castellanos ante la Junta de Disciplina Judicial. 

Cuando se enteró de esto, el abogado Omar Barrios fue a hablar con Virginia Laparra a su despacho. Barrios negó que el juez Castellanos le hubiera filtrado información. Dijo que uno de sus alumnos fue quien le filtró los datos del caso.

La fiscal grabó la conversación. Este es un fragmento del audio, publicado por elPeriódico. En él, Omar Barrios recuerda una conversación que tuvo con el juez Lesther Castellanos. 

Omar Barrios: Lesther sí me habla y me dice: “Mire, tengo que hacerle un comentario.. No quisiera causar molestia, pero en una audiencia se mencionó su nombre en relación a nuestra amistad. Y por favor, prefiero yo informárselo, no le puedo dar detalles”. “¿Y qué pasó?” “Supuestamente es por una crítica que hizo a CICIG y me están relacionando con usted” “No digás más le dije yo, nos pueden estar grabando y no quiero tener ningún inconveniente”.  

Narradora: En esa misma reunión, explica Laparra, Omar Barrios le pidió que mediara con la CICIG para que retiraran su nombre de la denuncia, para no manchar su reputación.

Después de la denuncia de la CICIG a Lesther Castellanos, la Junta de Disciplina Judicial lo suspendió cinco días sin goce de salario. Castellanos decidió apelar. Se dio a la tarea de reunir pruebas para demostrar su inocencia. Su argumento era el siguiente: 

Según él, nunca había filtrado información a Omar Barrios y, de hecho, fueron la misma Virginia Laparra y una representante de la CICIG, Flor Gálvez, quienes lo habían hecho mucho antes: el 4 de julio de 2017, un mes antes de la publicación de Omar Barrios. Según Castellanos, ese 4 de julio, en una audiencia de otro proceso contra el exfutbolista Villavicencio:

Lesther Castellanos: Tanto la exfiscal Laparra como la exmandataria de CICIG Flor Gálvez, son ellas las que en un inicio revelan información confidencial. Cuando llegan a la audiencia, yo no sé por qué, la Fiscalía de Asuntos Internos ya investigó, se dan cuenta de que empieza ella a revelar, la fiscal Laparra, todo lo que se negoció del convenio de colaborador eficaz en ese momento.

Narradora: Castellanos asegura que la CICIG lo denunció a él para dañar su reputación y para encubrir el error de Laparra y de Gálvez en esa audiencia. 

Lesther Castellanos: Porque cuando ella me denuncia a mí, que yo fui el que revelé información confidencial, yo presento, en mis pruebas de descargo de la Junta de Disciplina Judicial, y es donde yo encuentro las noticias…

Narradora: Castellanos nos dijo que nos enviaría la información que encontró en las noticias, y que respalda, según su argumento, que Laparra reveló la información detallada del convenio de colaboración eficaz.

Cuando cerramos la edición de este episodio, el 10 de mayo de 2022,  no la había enviado. La única publicación que encontramos sobre la audiencia del 4 de julio es una del medio Prensa Libre. En la nota no se menciona el nombre de Laparra, pero sí el de Flor Gálvez, la mandataria de la CICIG. 

Según la publicación, el MP confirmó en la audiencia que el exfutbolista Villavicencio buscaba ser colaborador eficaz en otro proceso. Flor Gálvez dijo además que él tenía información importante de funcionarios y exfuncionarios. 

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Luis Laparra es abogado. También es el hermano de Virginia y quien lleva su defensa en el caso abierto en su contra. Por teléfono nos explica un detalle que considera importante: el juez Castellanos no solo basó su defensa en las publicaciones de medios de comunicación. 

Pidió una documentación al juzgado que llevaba este otro caso contra Villavicencio, del que él, como juez, no era parte. Quería una copia de lo que se había hablado en la audiencia del 4 de julio de 2017.

Luis Laparra: El doctor Castellanos obtiene unas certificaciones de un proceso que realmente tenía características de ilegal, porque él no puede pedir certificaciones de un proceso donde no ha sido parte. Para dar una certificación, según la ley, hay que notificar a los demás y eso nunca sucedió, no se le notificó a nadie. 

Narradora: Según Virginia Laparra, a Castellanos le dieron varios documentos y audios que no pidió. 

Virginia Laparra: El juez que le entrega la certificación en media hora, le da la certificación de 4 de julio y le agrega una del 9 de agosto de este mismo año. Es decir le estaba dando una certificación de algo que el juez no había solicitado.

Narración: Cuando ella se enteró, presentó otra denuncia administrativa contra él y contra el juez que le dio la información. 

Según Laparra, como parte de su defensa, Castellanos incluyó intimidades y testimonios de Rubén Villavicencio, quien estaba por firmar el convenio de colaborador eficaz. Esto, según ella, comprometía el proceso.  

Virginia Laparra: Él inserta todas las declaraciones que da a la persona indicada que está optando a un convenio de colaboración eficaz. Para esa época ese convenio de colaboración eficaz no había sido aceptado. Lo que significa que esas declaraciones no las podía insertar ni en ese, ni en ningún otro expediente porque eso es una tramitación paralela y puede ser solamente parte de la principal hasta el momento en que en que ya se ha aceptado el convenio de colaboración. No solamente eso. Inserta las declaraciones del colaborador eficaz de la persona que estaba participando para él y de los hijos de él, que los pone en riesgo también… Entonces se presenta la denuncia administrativa porque eso era totalmente imprudente. 

Narradora: Luego, Virginia Laparra presentó otras denuncias. Lo explica su hermano Luis… 

Luis Laparra: ; Y la tercera y la cuarta fue porque cuando él en definitiva sí fue separado del proceso. Un año después de eso seguía haciendo publicaciones y hablando y atacando a  FECI de ese proceso. Entonces se le denunció porque él se pronunció en dos medios: Vea Canal y en Canal Antigua si la memoria no me falla.

Entrevista VEA Canal

Karina de Rottman: Doctor Lesther Castellanos Rodas, según he logrado escudriñar, el tema que usted nos va a denunciar la tarde, la noche del día de hoy, este es un enlace en vivo. Todo se deriva de no querer aceptar las imposiciones puestas por la FECI de Quetzaltenango conjuntamente con la CICIG”. ¿Es verdad o es mentira? 

Lesther Castellanos: “Esto es totalmente cierto Karina, la verdad es que ha sido a raíz de yo no querer acceder a ciertas cuestiones improcedentes en algunos casos en Quetzaltenango”… 

Narradora: Ahora, Castellanos asegura que estaba en su derecho de pedir la información sobre esa audiencia. Y, de hecho, la Junta de Disciplina Judicial, aceptó la apelación y desestimó las denuncias en su contra. Levantaron la sanción de cinco días sin goce de salario. Ahí fue cuando él decidió contraatacar.

Lesther Castellanos: Entonces, yo ahí mismo, en ese momento, no solo me sirve para mis pruebas de descargo ante la Junta de Disciplina Judicial, sino que presento a título personal, como Lesther Castellanos, mi denuncia penal.

Narradora: Una denuncia penal contra Virginia Laparra… Más de la historia, al regreso de la pausa.

***PAUSA DE RADIO OCOTE PODCAST***

Narradora: Antes de la pausa supimos que, después de que desestimaran las denuncias administrativas en su contra, el juez Lesther Castellanos decidió denunciar penalmente a Virginia Laparra. La señaló de falso testimonio, de usurpación de funciones y de abuso de autoridad. 

Lesther Castellanos: ¿Dónde están las facultades que usted dice tener para haber denunciado al juez y no solo, o sea, al juez no, a título personal, sino a título de fiscal de la FECI? No están en el manual del fiscal, no están en el acuerdo de creación de la FECI, no están en la Ley Orgánica del MP.

Narradora: Según Castellanos, Virginia Laparra no tenía atribuciones para denunciarlo como fiscal. 

Para algunos expertos, como el abogado, doctor en Derecho y profesor, Carlos Calderón Paz, el argumento de Lesther Castellanos no tiene ningún sustento legal. Según él, Laparra no solo tenía derecho de denunciarlo, sino también la obligación. 

Carlos Calderón: El 297 y 298 del Código Procesal Penal regula la denuncia y luego denuncia obligatoria. Remarcando la denuncia obligatoria como para los funcionarios y empleados públicos que por razón de conocimiento de oficio conocen delitos y tienen la obligación de denunciarlo.  Por otra parte, tenemos en el Código Penal la omisión de denuncia. Quien tiene conocimiento de alguna situación  y no lo pone en información de autoridades también hay omisión de denuncias. Algo específico sobre denuncias administrativas no existe, porque la denuncia está prevista para el proceso penal. Sin embargo, si se puede lo más, se puede lo menos. Según la interpretación que en la lógica jurídica se llama “de lo más a lo menos”. Si se puede denunciar a lo más, se podría a lo menos.

Narradora: Esto quiere decir que, si Virginia Laparra tenía la opción de hacer lo más:  denunciarlo penalmente; podía hacer lo menos: denunciarlo administrativamente; como ya lo había hecho la CICIG. 

Además Calderón asegura que en las leyes y manuales administrativos es imposible detallar todos los procedimientos. Eso no quiere decir que algo que no esté explicado se convierta en un delito.

Carlos Calderón: Pero ahí no dice que se puede comer chicle y tirar chicles en la oficina. Que no se puede orinar en la oficina donde está el jefe. Hay muchas cosas que no se van a decir, es una exageración lo que estoy diciendo, pero es una manera de darle a entender que es algo que no se puede regular exactamente todo, en un manual no va a existir todo. 

Narración: Para la abogada María Eugenia Solís, quien fue gestora en la Oficina de Protección de Testigos del Ministerio Público, el argumento del juez Lesther Castellanos es una aberración jurídica. Lo califica como una excusa sin fundamentos legales para cobrar venganza. 

Maria Eugenia Solís: Son cosas absurdas, arbitrarias. Es terrible, es terrible. Pero además el manual del fiscal puede existir, pero no es superior a la ley, ni es superior a los principios en que deben aplicarse las normas procesales, pues, y hacer la valoración de las situaciones.

Narradora: La defensa de Laparra coincide con María Eugenia Solís y con Carlos Calderón. Dicen que es imposible sostener el argumento porque en ningún manual, ni siquiera en la Ley Orgánica del Ministerio Público, existe algún apartado que explique quién tiene la potestad o no de denunciar administrativamente a un juez. 

Una denuncia penal, como la que planteó Castellanos contra Virginia Laparra, tiene implicaciones más graves que una denuncia administrativa. Cuando se denuncia administrativamente a un fiscal, esta queja se conoce a lo interno del Ministerio Público y puede llevar a una sanción. 

Pero una denuncia penal implica que se cometió un delito. Eso quiere decir que se asigna a una fiscalía para investigarla y se inicia un proceso que puede terminar en juicio y en una condena de cárcel. 

Según los abogados que consultamos para este episodio, no era lo que procedía. Si Virginia Laparra se hubiese equivocado al denunciar a Castellanos y él quería denunciarla a ella, debió haberlo hecho, primero, por la vía administrativa. Carlos Calderón lo explica: 

Carlos Calderón: Siempre se dice en los principios del derecho que el derecho penal es el último recurso a utilizar, y por eso hay un principio que se llama de intervención mínima. Porque el derecho penal es sancionatorio y desde el punto de vista criminológico, genera violencia, es un sistema violento. Es un derecho que se tiene que utilizar después de haber agotado los demás derechos, digamos que no son penales, entonces está el administrativo…

Narradora: Luis Laparra considera que denunciar por lo penal no es ilegal, pero sí malicioso. En ese entonces, la Fiscalía de Asuntos Internos tampoco creía que hubiese argumentos suficientes para abrir un proceso.

Luis Laparra: Viene la Fiscalía en Quetzaltenango, dos veces desestima el proceso a favor de la doctora Laparra. La  propia Fiscalía de Asuntos Internos dijo: “Señor juez esto no es delito, vamos a desestimar”. 

Narradora: Pero Lesther Castellanos insistió y se opuso a la desestimación. Así que el caso contra Laparra continuó abierto desde 2018.

Las cosas en Guatemala empezaban a cambiar. En 2018, el entonces presidente Jimmy Morales expulsó a la CICIG del país. Al Ministerio Público llegó una nueva fiscal general: María Consuelo Porras. 

Aumentó la criminalización de los operadores de justicia. Contra los jueces, contra los fiscales. Claudia Escobar, Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Andrei González. Todos perseguidos, todos exiliados. 

Con ese panorama, desde que Lesther Castellanos presentó la denuncia en su contra, Laparra intentó agotar todos los recursos legales para defenderse: presentó amparos, memoriales, pidió desestimaciones… Pero el proceso continuó en investigación en la Fiscalía de Asuntos Internos. 

El 23 de febrero de 2022, la Policía Nacional Civil llegó a la casa de Virginia Laparra, en Quetzaltenango. 

Virginia Laparra: Me mandaron a toda la DEIC de Quetzaltenango para detenerme, como que hubiera sido un gran narcotraficante, una cosa así. 

Narradora: Los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal le informaron de que un juzgado había solicitado una orden de captura en su contra por los delitos de falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Aunque era consciente de la persecución a los jueces y fiscales, nada la había preparado para cuando los agentes llegaron a su casa y, frente a su familia, le pusieron unos grilletes. 

Se desmayó. 

La llevaron al IGSS de Quetzaltenango. Despertó unas horas después y la trasladaron a la Torre de Tribunales en Ciudad de Guatemala. 

Virginia Laparra no fue capturada en cualquier fecha. 

Hay algo de lo que aún no habíamos hablado en este episodio. En 2018, después de que la Junta de Disciplina Judicial desestimara las denuncias administrativas contra Castellanos, la FECI lo denunció penalmente. A él y a Omar Barrios. Los señalaron de tráfico de influencias. 

Virginia Laparra: Se presenta la denuncia penal en contra de ellos, esa se asigna a (la Fiscalía) de delitos administrativos. ​​ 

Narración: Lo que buscaba la fiscalía era que le retiraran a Castellanos el derecho de antejuicio, una inmunidad de la que gozan algunos funcionarios. Sin esa inmunidad, Castellanos podía ser investigado. Pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no lo autorizaron. 

Tiempo después, Barrios y Castellanos pidieron a un juez la desestimación de la denuncia. Pero antes de archivarla, debía realizarse una audiencia en la que Laparra iba a presentar los argumentos por los que se oponía a la desestimación. 

No pudo asistir. La audiencia estaba programada para el 9 de marzo. A ella la habían capturado catorce días antes, el 23 de febrero.

Virginia Laparra: Yo no me podía presentar a la audiencia. Mandé mi excusa y no me la aceptan y no sé qué fue lo que pasó en esa audiencia exactamente, pero, pues, no aceptan la excusa y desestima en el caso. O sea, que yo estuviera en prisión era una forma de asegurar que ese caso se pudiera cerrar porque estando yo ahí, pues tenía muchas cosas que explicar.

Narración: Luego de aplazar seis veces la audiencia de primera declaración y siete días después de su captura, el juez Sergio Mena ligó a proceso a Virginia Laparra por abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Mena aceptó la imputación del MP, que argumentó que Laparra no tenía facultad para denunciar a Castellanos. El juez Mena dictó prisión preventiva aun cuando abogados y organizaciones de defensa de Derechos Humanos aseguraban que no había fundamentos para hacerlo. 

En Guatemala, hay delitos que gozan de medidas sustitutivas como el arresto domiciliario o el pago de fianza. No requieren prisión preventiva en lo que el caso avanza. Por ejemplo, los delitos que le imputaron a Virginia Laparra. 

Pero un juez puede considerar la prisión preventiva únicamente en caso de peligro de fuga o de obstaculización de la justicia. Queda a criterio del juez aunque, claro, debe tener fundamento. Para María Eugenia Solís… 

Maria Eugenia Solís: ¿Que hay un gran margen de discrecionalidad? No. Todas las actuaciones de los jueces penales, familia, laboral, tienen base legal. 

Narración: Hace unos minutos hablábamos de que durante estos años Virginia había interpuesto varios recursos legales para defenderse de las denuncias en su contra. Pues bien, el juez tomó estas acciones como una señal de que ella no quería someterse a la justicia.   

Virginia Laparra: Entonces el juez  dice: “Ella ha presentado tantas actividades procesales defectuosas, tantos amparos, tantas apelaciones…” Y tenía… es que ya lo tenía contado, cada numeración de cada cuestión que yo había planteado. Pero no era por plantearlo, había muchas cosas anómalas dentro del expediente por las cuales a mí me asiste el derecho de plantear cada una de estas circunstancias. O sea, el derecho de defensa no es una cuestión de peligro de fuga. Entonces (dice): “Ella no se quiere someter al procedimiento”.

Narración: El abogado Carlos Calderón, considera que… 

Carlos Calderón: El ejercicio de acciones eminentemente legales defensivas no se puede decir que “había una intencionalidad de obstruir o de no someterse al proceso”. Diría yo, sería un poco incongruente esto porque son acciones que la misma ley permite.

Narración: Además el juez Mena explicó que, como Laparra tenía conocimiento de cómo funcionaba el sistema de justicia, eso podía obstaculizar el proceso. María Eugenia Solís rechaza este argumento:

María Eugenia Solís: ¿Porque tiene un doctorado? Ni modo que  me van a condenar por tener un doctorado La están castigando, sancionando. Y que tenga experiencia en litigio y haya tenido esas posiciones en la FECI y todo eso, de ninguna manera es indicio que pueda andar obstaculizando. 

Narradora: Según Virginia Laparra y su abogado, cuando el juez le preguntó a la fiscal del Ministerio Público, María del Rosario Vega Gil, por qué pedía orden de aprehensión y prisión preventiva contra Laparra, ella les contestó: 

Virginia Laparra:“Porque son órdenes de mi jefa y porque tal vez se puede fugar”

Narradora: El juez Mena aceptó los argumentos. Además, en la audiencia dijo que había peligro de fuga, porque otros operadores de justicia ya habían salido de Guatemala. 

Carlos Calderón explica que el criterio de un juez debe basarse únicamente en los hechos del caso que lleva. No puede hacer analogías sin sustento. Tiene que haber suficientes indicios para comprobar que alguien quiera huir. 

Carlos Calderón: Pero esos son otros casos; eso no significa que Virginia Laparra iba a hacer lo mismo. O sea, en el caso de ella había que comprobarle que ya había comprado un boleto aéreo, por ejemplo, por decir algo. Por lo menos algo que nos diga de que había alguna… algo ya más concreto relativo a irse del país. 

Narradora: Aun así, Mena ordenó que Laparra guardara prisión preventiva en Mariscal Zavala. Según la defensa y el mismo director del Sistema Penitenciario, Joaquín Flores, era donde podían resguardar mejor su integridad. 

Ahí, en las bartolinas, en aislamiento, su vida corría menos peligro, ya que no tenía contacto con personas ligadas por casos de corrupción como los que ella había investigado. 

Al caso que planteó el MP en contra de Laparra se adhirieron como querellantes adhesivos Lesther Castellanos, Omar Barrios, y Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo. La Fundación contra el Terrorismo es una organización con posturas conservadoras, considerada de ultraderecha, que durante los últimos años ha propiciado el hostigamiento, las amenazas y el acoso a operadores de justicia en Guatemala. 

En redes sociales, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle, miembros de la fundación, han publicado amenazas y campañas de difamación y desinformación en contra de fiscales, jueces y periodistas. 
También han sido denunciados por la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos, conocida como Udefegua, por violentar a exfiscales, abogadas y operadoras de justicia.

Méndez Ruiz forma parte de la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, integrada por personas identificadas como aliados de estructuras criminales y señaladas de corrupción. María Consuelo Porras, la actual Fiscal General, también está en la lista. 

El abogado Ramón Cadena, quien dirigió la Comisión Internacional de Juristas, explica que los miembros de la fundación: 

Ramón Cadena: Actúan como una organización de choque. ¿Qué hace la fundación como querellante adhesivo en este caso? Ellos argumentan que uno de los objetivos de la Fundación es luchar contra el terrorismo y que por eso se les debe de aceptar en estos casos, pero no es así. Es que es toda una confabulación en contra de Virginia  Laparra en donde hay jueces: Lesther. Donde hay abogados: Omar Barrios. Porque yo creo que el odio viene porque la FECI  sí jugó un papel bien importante en la lucha contra la impunidad. Jugó un papel importante en denunciar a funcionarios que estaban cometiendo actos de corrupción y por lo tanto ahora la venganza es detenerlos. 

Narradora: Virginia Laparra recuerda que una vez, antes de entrar a una audiencia, Raúl Falla Ovalle le gritó a sus espaldas:

Virginia Laparra: “Alguien tiene que pagar por todo lo que hicieron, por todas las personas a las que metieron a prisión”. 

Narradora: Organizaciones como Udefegua, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, abogados y organizaciones sociales coinciden en que el caso de Virginia Laparra se trata de una detención arbitraria. Así lo dice Cadena:

Ramón Cadena: Pero en mi opinión sí estamos ante una situación de detenida política. Es que en Guatemala hay un proceso de detención arbitraria, de persecución, y están utilizando el derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los funcionarios y los jueces, juezas y los acusadores? Inventan el delito, le aplican un delito y la someten a un proceso injusto. 

Narradora: Juan Franscisco Sandoval asegura que es un esfuerzo por desarticular la FECI y perseguir a quienes luchan contra la corrupción. 

Juan Franscico Sandoval: Además de que se carece de elementos que permitan sostener el encarcelamiento de Virginia Laparra. Lo que vemos acá es que lo que existe de trasfondo es una venganza de una persona cercana al Presidente de la República.

Narradora: Juan Fransico Sandoval se refiere a la actual Fiscal General: Consuelo Porras. 

Juan Fransico Sandoval: Y esa es la manera en que han operado en otros casos. En ese sentido es la dinámica del actual sistema de justicia de Guatemala, que ha sido instrumentalizado por la mafia que detectaron las propias investigaciones.

Narradora: El 4 de abril, más de dos meses después de la detención de Laparra, el juez Sergio Mena se excusó de conocer el caso. Unos días antes, ella había entregado dos cartas al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, en donde denunciaba su detención arbitraria, aseguraba que estaba presa por ser mujer y por haber investigado la corrupción y explicaba los procesos que consideraba ilegales por parte del juez Mena. 

Mena argumentó que ella buscaba dañar su reputación al hacer dudar de su imparcialidad.

El 26 de abril, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones rechazó la excusa y le ordenó continuar con el caso. A inicios de mayo no había fecha para la siguiente audiencia de etapa intermedia, en la que el Ministerio Público presentará las pruebas contra Laparra.

Su hermano, Luis Laparra, y el equipo de abogadas de la defensa hacen lo posible por agotar todos los recursos legales y juntar pruebas a su favor. Mientras, Virginia Laparra sigue presa en su celda.

El 18 de abril de 2022, la cuenta de Twitter @DictaLord502_ publicó  un video de ella en prisión. El video fue replicado por las cuentas de Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle, quienes dijeron que ella tiene un trato especial en la cárcel. En el video solo se la ve de pie, hablando con alguien en una celda.

Virginia Laparra no sabe quién la grabó, aunque cree que alguien le pagó a algún recluso o guardia para que lo hiciera. Dice que ella nunca va a estar segura, ni dentro, ni fuera de la cárcel.

En un cuarto donde apenas puede ver la luz, piensa…

Virginia Laparra 55:57 Tengo dos niñas pequeñas, pero solo no importa. No poder verlas, no poder hablar con ellas. No poder cuidarlas. Es espantoso. No te imaginás lo terrible que puede ser escuchar sus gritos de llanto cuando se van. Yo soy claustrofóbica, ustedes no se pueden imaginar la desesperación que a veces me entra. Ayer fue uno de los peores días que he tenido. Es una desesperación horrible. O sea, mantener la puerta, de la luz por una ventanita es horrible… Ahorita me están dejando salir una una hora en la mañana y después de un requerimiento que se tardó casi dos meses en que resolviera, me están dejando salir dos horas por la tarde. Entonces eso ya es un desahogo, pero igual, o sea, estar preso, estar aquí encerrado es una constante tortura de verdad, o sea es una situación que no le deseo yo a nadie jamás…

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Las entrevistas y el guion de este episodio los hice yo, Melisa Rabanales. La edición es de Carmen Quintela. La producción y el montaje sonoro de Isaac Hernández con el apoyo de José Manuel Lemus y Lucas Zapiola. El diseño gráfico es de Alejandro Spilliari. La voz institucional de Radio Ocote Podcast es de Lucía Reinoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.