El Ministerio Público destapó el caso por la resistencia en la Universidad de San Carlos. La causa judicial parece una enredadera que busca no solo asfixiar la carrera de estudiantes y catedráticos, sino la elección de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Sus ramas también han sido encaminadas para oprimir a partidos opositores al Gobierno. En el juzgado, a cargo de Víctor Cruz, fue cortada una de esas bifurcaciones. El juez rechazó parte de los señalamientos de la fiscalía. Aun así, la hiedra sigue viva y es una amenaza.
«El delito de asociación ilícita no es sustentable», dijo Víctor Manuel Cruz Rivera, titular del Juzgado Décimo Penal la madrugada del 25 de noviembre de 2023.
El juez se refería a uno de los cargos que el Ministerio Público (MP) le había imputado a seis personas señaladas de participar en la resistencia y toma de la Universidad de San Carlos (Usac) por la elección de Walter Ramiro Mazariegos Biolis como rector.
Con esa aseveración, Víctor Cruz, señalado como actor corrupto en la Lista Engel de los Estados Unidos, empezó a desarmar el caso por el que el 16 de noviembre capturaron a Andrea Marcela Blanco Fuentes, Javier Alfonso De León Gómez, Alfredo Enrique Beber Aceituno, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Rodolfo Chang Shum y Martín Jorge Macario.
🚨El MP y la PNC buscan ejecutar 27 órdenes de captura que estarían relacionadas con la resistencia contra el rector de la USAC, Walter Mazariegos.
— Ocote (@AgenciaOcote) November 16, 2023
Entre las personas que se busca detener está el exPDH Jordan Rodas y la ex candidata a diputada Marcela Blanco.
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Aparte de ese cargo, el MP también los señaló de sedición en forma continuada, usurpación agravada y depredación de bienes culturales en forma continuada por la toma de la universidad, que duró de mayo de 2022 a junio de 2023.
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Angel Saúl Sánchez Molina, jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Nacional, sostuvo que ellos seis y otras personas integraban una agrupación criminal que había tomado las instalaciones de la universidad para impulsar a algunos partidos políticos en las elecciones de 2023.
Esa fue la justificación con la que el fiscal solicitó que los seis fueran procesados por asociación ilícita, un delito que nació para combatir al crimen organizado y que comúnmente es usado contra pandillas, estructuras del narcotráfico y redes de corrupción incrustadas en el Estado.
Sin pruebas suficientes
Pero el fallo del juez determinó que el MP no había presentado suficientes indicios para demostrar que existía una estructura criminal con «roles» y «funciones» específicas para cada integrante, tal como lo señaló la defensa de los procesados.
Los abogados de los detenidos también habían argumentado que la fiscalía no demostró quiénes eran los jefes, subjefes y operadores de esa supuesta agrupación o un peritaje o análisis criminal que respaldara su existencia y su forma de operar durante un periodo de tiempo.
Para el fiscal, un saludo «de puño» que hizo Eduardo Antonio Velásquez Carrera, un reconocido sociólogo y exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, era un indicio que demostraba su posible participación dentro de la «red criminal» que ocupó la Usac.
Víctor Cruz tampoco los procesó por el delito de sedición, un cargo con el que se busca castigar a quienes se alzan «pública y tumultuariamente para conseguir con violencia» que «funcionarios o empleados públicos» sean separados de sus puestos o para «impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos».
El fiscal Saúl Sánchez afirmó en su intervención que la resistencia actuó violentamente contra el nombramiento de Walter Mazariegos, que había sido elegido «legítimamente» como rector.
Sánchez no mencionó que el funcionario consiguió el cargo gracias a que en el proceso se invalidó arbitrariamente a 35 de las 171 personas que conforman el Cuerpo Electoral Universitario. Luego, mientras se realizaba la elección, grupos de choque ligados a Mazariegos junto con policías antimotines impidieron el ingreso al Parque de la Industria a otros 64 electores.
Lo más duro de escuchar la imputación de Saúl Sánchez es que le diga "usurpadores" a los estudiantes y docentes que defendían la autonomía universitaria… y referirse, ficticiamente a que el proceso de elección a rector, fue "legítimo". ¿Cómo es esto posible? El MP debe recordar… https://t.co/ROmP3BOgDk pic.twitter.com/gxmXgbTayF
— Jovanna Garcon (@jovannagarcon) November 21, 2023
Eso permitió que las 72 personas que estaban con él fueran las únicas que votaran en un proceso de elección tachado de fraudulento que llevó a Estados Unidos a incluirlo en la lista Engel.
Pero el juez dijo que no se habían dado las «circunstancias» para encuadrar la actuación de los seis señalados en ese delito. La defensa había hecho énfasis en que el MP no había especificado ni presentado indicios sobre los comportamientos que consideraba «violentos».
Saúl Sánchez sostuvo en varias ocasiones que, en las imágenes que la fiscalía aportó, era notorio el «odio» y la «venganza» con la que actuaban contra Walter Mazariegos y la Usac. Una de esas es un video viral sobre las protestas, en el que se observa que un hombre recibe un leve golpe con un palo mientras da declaraciones y se convirtió en burla en las redes sociales.
Esa persona «agredida», como la calificó el fiscal, es Luis Pedro Ortiz, nombrado por Walter Mazariegos como director general de administración de la universidad y uno de los principales testigos del caso.
Cuando la defensa analizó esas imágenes en la sala judicial, el fiscal, los demás abogados y los sindicados no pudieron contener la risa.
Depredar y usurpar
El juez Víctor Cruz únicamente procesó al grupo por dos de los cuatro delitos que la fiscalía les imputó: el de usurpación y depredación de bienes culturales. Pero no argumentó su falló por ambos delitos.
Desde que empezó a resolver, el juez había mencionado que únicamente haría un resumen en su resolución debido a «la hora y el cansancio». Eran casi las tres de la mañana del sábado 25. La audiencia había empezado unas 12 horas atrás.
El delito de usurpación lo comete «quien, con fines de apoderamiento» despoje o pretenda despojar «la posesión o tenencia de un bien inmueble» o quien «con cualquier propósito, invada u ocupe un bien inmueble».
Sin embargo, algunos abogados sostuvieron que sus defendidos estaban ejerciendo su derecho a manifestar y no buscaban apropiarse de las instalaciones. Otros, como Javier Puac, de la defensa de Marcela Blanco, señaló que ella únicamente había llegado al lugar por la invitación pública que hicieron los estudiantes para dar a conocer sus demandas. «Cualquiera podía llegar», dijo.
La fiscalía también pidió que los procesaran por depredación de bienes culturales. En su imputación, Saúl Sánchez afirmó que los edificios y plazas habían sufrido daños, y para demostrarlo presentó videos y fotografías en los que se observan techos, paredes, documentos y baños deteriorados.
Ninguno de los defensores buscó desmentir la existencia de los daños. En cambio, hicieron énfasis en peritajes de la misma fiscalía, que concluían que estos se habían derivado de la falta de mantenimiento y por causas naturales, como la lluvia y la humedad.
Aníbal García, defensor de Eduardo Velásquez y Rodolfo Chang Shum, decano de la Facultad de Veterinaria, afirmó que la fiscalía tampoco especificó en su imputación cuáles de los daños habían sido causados por cada uno de ellos.
El abogado también aseguró que no se presentaron indicios que evidenciaran si ellos habían pasado varios días en el campus central para inculparlos por el deterioro de las instalaciones.
Otros defensores también señalaron que el MP no presentó peritajes o estudios que descartaran que los daños habían sido causados desde 2020, el año en que fue cerrada la universidad a raíz de la pandemia por Covid-19.
Luego de que el juez los ligara a proceso penal por esos dos delitos, el fiscal solicitó que fueran enviados a prisión preventiva mientras dure la investigación.
Pero el juez decidió rechazar la solicitud y ordenó que salieran de la cárcel Mariscal Zavala a cambio de una fianza de Q10 mil cada uno y el compromiso de llegar a colocar su huella biométrica cada quince días en el MP. Esto hasta que finalicen las fases judiciales del caso.
Los seis entregaron su pasaporte para mostrar su compromiso para enfrentar el proceso penal, pero el juez se los devolvió y dijo que estaban sujetos a su conciencia.
«Esto fue defender la autonomía de la universidad», dijo Eduardo Velásquez después de salir de la audiencia en la que se ordenó que salieran de prisión.
Una amenaza latente
Durante la audiencia de primera declaración, la fiscalía dejó entrever otros actores que busca vincular en este caso.
«El Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), el Movimiento Semilla, el Movimiento Político Winaq y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) eran las agrupaciones que estaban detrás de la toma de la Universidad», dijo en una de las intervenciones el fiscal Saúl Sánchez.
Su tesis es que, en las recientes elecciones, esos partidos políticos buscaban impulsar el perfil de algunos de sus candidatos a través de la resistencia de estudiantes y catedráticos.
Así, el fiscal justificó las órdenes de captura y solicitudes de antejuicio en contra de integrantes y funcionarios de estos cuatro partidos políticos, que tienen en común ser opositores del gobierno de Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras, y ser agrupaciones catalogadas como progresistas o de izquierda.
Entre ellos sobresalen Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el presidente y vicepresidenta electos, que ganaron con el partido político Movimiento Semilla. Los antejuicios también fueron solicitados en contra de sus diputados Samuel Pérez Álvarez y Román Castellanos. A los cuatro la fiscalía los señala de formar parte y apoyar la resistencia contra Walter Mazariegos.
🚨 El @MPguatemala presentará solicitudes de antejuicio contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo.
— Ocote (@AgenciaOcote) November 16, 2023
Las solicitudes son por su supuesta participación en la resistencia contra el rector de la USAC, Walter Mazariegos.
📸: @_chrisguti y @_soydelviento pic.twitter.com/bnZKAPBMpc
«Este y todos los casos tienen la misma motivación política, que es tanto evitar que Bernardo Arévalo y Karina Herrera asuman la presidencia y vicepresidencia, así como que la bancada no asuma con el partido político», dice Samuel Pérez, jefe del bloque del Movimiento Semilla.
El diputado afirma que si este caso prospera se podría instaurar una dictadura en Guatemala. «También quieren intimidar para que las personas no se pronuncien en contra del régimen de corrupción», agrega.
Hasta ahora, las solicitudes de antejuicio no han sido conocidas por los 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que fueron electos el 15 de noviembre de 2023.
Ellos tienen en sus manos decidir si les dan trámite para que un magistrado de sala de apelaciones (en el caso de los diputados) o una comisión del Congreso (en el caso del presidente y vicepresidenta electos) lleven a cabo las pesquisas y recomienden o no retirarles la inmunidad.
Posterior a esa conclusión, la CSJ (en el caso de los diputados) o el pleno del Congreso (en el caso del presidente y la vicepresidenta electos) resolverán si les retiran ese derecho para que la fiscalía los pueda investigar y luego solicitar su detención o su citación para declarar ante un juez.
Ovidio Orellana, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, afirma que la solicitud de antejuicio contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera no puede ser usada como motivo legal para impedir que asuman sus puestos el próximo 14 de enero.
El abogado explica que la única manera en que esto podría pasar es que, después de agotado todo el procedimiento de antejuicio, ellos sean detenidos o ligados a proceso penal por un juez.
Por este mismo caso, el MP pretende perseguir penalmente a Carlos Barreda Taracena, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, que se separó del bloque que responde a Sandra Torres y que fundó el partido VOS.
Aldo Dávila, que buscó postularse con esa agrupación en las elecciones de este año y que no pudo hacerlo por orden del Tribunal Supremo Electoral, también podría perder su inmunidad por la toma de la Usac.
Adán Pérez y Pérez, diputado de Winaq, es otro de los funcionarios alcanzados con este caso. El MP pidió que fuera sometido a un antejuicio por la resistencia.
La fiscalía también solicitó la captura contra otras personas que no tienen inmunidad: Jordan Rodas Andrade, exprocurador de los Derechos Humanos (PDH) y excandidato a la vicepresidencia del MLP y Cindy Gabriela Dávila Morales, hermana del diputado Aldo Dávila y excandidata a diputada por VOS.
En total fueron 27 órdenes de captura las emitidas y se solicitaron seis procesos de antejuicio.
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El lunes 27 de noviembre, cuando era casi la medianoche, los seis procesados salieron de la prisión militar Mariscal Zavala. Sus familiares y amigos los esperaban afuera, en el mismo lugar en el que un grupo de personas llegó a hacer una vigilia por ellos y donde días antes otros celebraron la graduación de Javier de León como físico.
En una de las paredes de esa prisión aún están pegados papeles con mensajes de apoyo para los capturados por la resistencia. «La Usac no se vende», dice uno de los carteles.
Ese mismo día la fiscalía presentó una apelación con la que busca revertir el fallo que, en buena parte, favoreció a los procesados.
