Naciones Unidas informa al Ministerio Público que exfuncionarios de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tienen inmunidad diplomática por el convenio de creación firmado y, por lo tanto, no pueden ser perseguidos, como informó el fiscal Rafael Curruchiche el pasado lunes 17 de enero.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le corrigió la plana al MP y aseguró que Iván Velásquez, junto con el personal internacional que haya trabajado en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuentan con inmunidad diplomática, aun cuando ya no se encuentren en sus cargos. Las declaraciones surgieron, el 18 de enero, un día después de que el Ministerio Público anunciara la persecución contra Velásquez y exfuncionarios de CICIG.
Se sumaron los comunicados del el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Volker Türk, y del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols, expresaran su preocupación por las acciones emprendidas contra exfuncionarios anticorrupción nacionales e internacionales y el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala.
Farhan Daq, portavoz del secretario de la ONU, declaró que tanto el excomisionado Iván Velásquez, como todo el personal internacional que trabajó para la CICIG cuentan con inmunidad, basados en el convenio de creación, firmado por el Estado de Guatemala y Naciones Unidas, en diciembre de 2006.
El convenio de la CICIG, basado en la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, detalla en los capítulos 9 y 10 todo lo relacionado con la inmunidad por el trabajo ejercido. En lo referente a la figura del comisionado dice que: «El Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961»
También asegura que «el derecho y la obligación de renunciar a la inmunidad, cuando ello proceda sin perjuicio del objetivo para el que es otorgada, requiere, en cuanto al Comisionado/a, la autorización del Secretario General de las Naciones Unidas y en el caso del personal de la CICIG, del Comisionado/a.»
«El Secretario General (António Guterres) expresa una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo persecución penal contra quienes intentaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», expresó el portavoz del secretario de Naciones Unidas.
Las acusaciones desde el Ministerio Público
El pasado 16 de enero, mediante un video difundido en las redes sociales del Ministerio Público, el fiscal Rafael Curruchiche, actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) anunciaba una nueva orden de captura en contra de la exfiscal general, Thelma Aldana, hoy en el exilio.
Además de Mayra Veliz, exsecretaria del MP; David Gaitán, exmandatario de la CICIG y de Juan Pablo Carrasco, en ese tiempo abogado. Todos tuvieron algún grado de participación en la firma del convenio de colaboración eficaz de tres altos cargos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, que permitió conocer a detalle negociaciones corruptas con las cuales entregaron más de US$20 millones a exfuncionarios guatemaltecos como Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón.
En ese video, Curruchiche indicó: «Quiero manifestar que la FECI emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la CICIG Iván Velásquez Gómez y la exfuncionaria de CICIG Luz Adriana Camargo Garzón (actualmente ministro y viceministra de la Defensa de Colombia)»
Presentó públicamente una serie de correos electrónicos en los cuales se le informa Velásquez sobre la creación del convenio de cooperación con Odebrecht y se le pide una reunión para firmarlo. En las imágenes y en su declaración, Curruchiche no evidencia ninguna comisión de delito.
Sin embargo, finaliza la grabación indicando que «ante los hechos evidentes en los cuales queda de manifiesto actos ilegales y corruptos que causaron grave detrimento al Estado de Guatemala la Fiscalía Especial contra la Impunidad categóricamente manifiesta que no escatimará esfuerzo alguno para que quienes resulten responsables rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus actos con todo el peso de la ley».
Preocupación generalizada a nivel internacional
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también expresó su preocupación por la persecución judicial que se sigue registrando en Guatemala.
«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos sean los que están siendo perseguidos y procesados», ha afirmado Türk.
«Igualmente preocupantes son los ataques contra quienes intentan combatir contra uno de los peores virus que afligen a cualquier sociedad: la corrupción. Estos procesos judiciales y la falta de garantías al debido proceso socavan el estado de derecho en todo el país», afirmó el Jefe de Derechos Humanos de la ONU.
Asimismo, la Unión Europea también mostró preocupación por las acciones contra ex altos cargos del MP y la CICIG «Estas acciones prolongan tendencia de persecución e intimidación contra quienes participan en investigaciones o juicios relacionados con lucha contra corrupción», publicó Peter Stano, portavoz principal para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad del organismo europeo.
Horas antes, Brian A. Nichols, subsercretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, indicó que «nos preocupan las órdenes de captura del MP contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de judicial guatemalteco».
Diversas organizaciones de derechos humanos se han pronunciado al respecto, incluida Transparencia Internacional, entidad para la cual trabaja actualmente el abogado David Gaitán, uno de los exinvestigadores de CICIG, hoy con orden de detención.
El caso ha cobrado matices políticos y diplomáticos luego que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su solidaridad y apoyo a su ministro Velásquez y aseguró que solo mediante las rupturas como la que él realizó en Guatemala es que las sociedades encuentran caminos de transparencia.
Petro indicó que «La corrupción genera intereses poderosos. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, no tenemos nada que ver con Guatemala».
Alejandro Giammattei respondió a Petro llamándolo guerrillero y le hizo un “llamado a la cordura”. Ante esto, Petro indicó que «cordura es luchar contra la corrupción». Ambos mandatarios llamaron a consultas a sus embajadores tensando las relaciones entre ambos países.
